TLCAN y migración campesina

editorial

De acuerdo con un informe elaborado por la Cámara de Diputados, el flujo de migrantes indocumentados de nuestro país hacia Estados Unidos y Canadá se incrementará alrededor de 10 por ciento en 2008, una vez que entre en vigor el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que permitirá la importación sin aranceles de maíz y frijol. En el documento, los legisladores establecen que, a la par de la apertura indiscriminada de las fronteras mexicanas a los productos agrícolas extranjeros, el campo mexicano ha padecido el retiro de casi 50 por ciento de los subsidios gubernamentales durante la década anterior, lo que coloca a los campesinos nacionales “en clara desventaja” con relación a los productores estadunidenses y canadienses –que reciben grandes subvenciones por parte de sus respectivos gobiernos–, por lo cual optarían “por abandonar el campo para buscar trabajo”, principalmente en la nación vecina del norte.

En efecto, la migración del campo es un fenómeno que se explica, en buena medida, por la persistencia de una política deliberada de los gobiernos recientes, que consiste en empobrecer a la población campesina y, de esa manera, empujarla a emigrar a las grandes ciudades o bien a otros países, para no tener que procurarles condiciones de subsistencia dignas en los entornos rurales. El abandono del campo ha sido apuntalado por la entrada en vigor de un acuerdo inequitativo de origen, como lo es el TLCAN, que no obstante los beneficios que ha significado para un puñado de grandes productores agrícolas, ha resultado devastador para el grueso de quienes viven y dependen del sector agrícola, un conjunto mayoritariamente constituido por pequeños propietarios y sus familias.

Según el informe más reciente sobre desarrollo elaborado por el Banco Mundial, las medidas propias de gobiernos neoliberales, como el retiro de los apoyos oficiales y la apertura de las fronteras a la importación de alimentos –ambas, puestas en práctica desde la firma del TLCAN–, han provocado una reducción de 25 por ciento en la población rural. A su vez, esto ocasiona la movilidad de ese sector hacia los centros urbanos –donde las expectativas de empleo tampoco son abundantes– y, finalmente, la migración indocumentada a Estados Unidos.

El fenómeno migratorio trae consigo consecuencias por demás conocidas: la desintegración de las familias, que deriva en la ruptura del tejido social; el sometimiento de los trabajadores mexicanos –la mayoría de ellos indocumentados– a condiciones laborales inhumanas, jornadas extenuantes y salarios muy inferiores a los que perciben los trabajadores estadunidenses, e incluso los migrantes de otros países, así como centenares de muertes al año. Tan sólo en 2007, alrededor de 500 mexicanos –más de uno al día– fallecieron al intentar cruzar la frontera. Es de suponer que una buena cantidad de estas muertes son saldo de la responsabilidad gubernamental por el abandono del campo.

Por último, no deja de ser paradójico que el gobierno de Estados Unidos se muestre sumamente preocupado por frenar el flujo migratorio proveniente de nuestro país, al grado de que proponga la construcción de muros y demás entelequias que, a lo sumo, sólo servirán para hacer la migración más peligrosa y acaso más mortífera, pero no para detenerla, y al mismo tiempo promueva medidas que, como el TLCAN, generan las condiciones que terminan por provocar la migración. Al respecto, sería mucho más efectiva y humana una revisión a fondo de ese tratado, a fin de frenar lo que hoy parece inminente: la entrada libre de grano extranjero al país, que constituirá, a no dudarlo, un golpe demoledor para el campo mexicano y sus habitantes.

Kikka Roja