de
por Alejandro Encinas Rodríguez
(publicado en El Universal el 22 de abril de 2008)
La toma de las tribunas en el Congreso de la Unión por legisladores del Frente Amplio Progresista ha desatado una de las más virulentas campañas de encono desde las estructuras del poder. La pretensión de privatizar la industria y la renta petrolera nacional despierta hoy las tentaciones más autoritarias en la ya de por sí deteriorada situación política del país. A quienes disienten de esta iniciativa se les califica con epítetos irresponsables: “golpistas”, “fascistas”. Bajo el argumento de que estas acciones buscan “cancelar el ejercicio de la razón de ser del Congreso”, se les pretende equiparar con Hitler, Mussolini, Pinochet y Victoriano Huerta.
No voy a debatir en torno a estos epítetos que caen por su propio peso: los golpes de Estado se dan desde estructuras del poder, no por la manifestación de integrantes del mismo Poder Legislativo. Cuando la confrontación se da desde la sociedad y desde la oposición por la vía pacífica se llama resistencia civil, cuando se da por la vía violenta se llama revolución. Fascismo se denomina a regímenes políticos autoritarios y totalitarios en ejercicio del poder. Querer equiparar a los disidentes políticos de la izquierda con sus más claros perseguidores resulta más que absurdo.
Me ocupan afirmaciones como las del dirigente nacional del Partido Acción Nacional, en el sentido de que “no vamos a permitir que unos violentos, que unos rijosos que están violentando el país, se salgan con la suya”, o la de un comunicador de la televisión quien afirma que el día en que un grupo de legisladores tomó las tribunas del Congreso “quedará en la memoria histórica como el día en que la minoría de una minoría secuestró el Congreso... impidiendo por la fuerza el ejercicio que es base de la democracia, la libre discusión de las ideas, el respeto a los demás, el derecho a disentir (sic)... violentó el principio democrático del ejercicio de las mayorías pasando por encima de ellas, usurpando (sic) lo que no les dio la sociedad”.
La primera, porque da cuenta del inequívoco rumbo de mayor confrontación política a la que se encamina el país y al aliento de los sectores más conservadores de nuestra sociedad, que impulsan de nueva cuenta la guerra sucia desde los medios de comunicación, llegando al extremo en una radiodifusora de dar a conocer “llamadas del público” que sugieren modificar la frase que en décadas anteriores alentó la derecha de: “haz patria, mata un chilango”, por “haz patria, lincha un perredista”.
La segunda, porque busca encubrir la demanda y el propósito fundamental de los legisladores del FAP, la de garantizar un debate nacional sobre las iniciativas que buscan privatizar una industria de la nación; porque el ejercicio del derecho a disentir se pretende presentar como el mayor de los retrocesos en la vida democrática del país provocado por “una minoría” que, por pequeña que fuese, tiene ese derecho, y porque quien está detrás de esta campaña es justamente la minoría menor de nuestra sociedad, que sería, sin duda, la beneficiaria de la privatización petrolera.
Me refiero no sólo a las grandes corporaciones multinacionales o a las que se han conformado en el país, sino a personajes con nombre y apellido, cuyas fortunas dan cuenta tanto de la enorme concentración del ingreso nacional como de la mayor desigualdad social registrada en la historia del país.
De acuerdo con la revista Forbes, los 10 mexicanos con mayor fortuna personal (Carlos Slim, Alberto Bailleres, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego, Jerónimo Arango, Isaac Saba, Roberto Hernández, Emilio Azcárraga, Alfredo Harp Helú y Lorenzo Zambrano) acumularon una riqueza conjunta de 96 mil millones de dólares, lo que representa 10.2% del PIB del país, de los cuales sólo Slim representa 6.3% del PIB, al concentrar 60 mil millones de dólares. Esta es la verdadera minoría de la minoría, la eventual beneficiaria de la privatización de un recurso estratégico vital para el desarrollo del país y que ha sido dilapidado irresponsablemente por los gobiernos priístas y panistas para justificar su privatización; no los legisladores del FAP, que al igual que los estudiantes en 1968 demandan el diálogo, el debate público y el refrendo sobre uno de los grandes temas de la agenda nacional.
No voy a debatir en torno a estos epítetos que caen por su propio peso: los golpes de Estado se dan desde estructuras del poder, no por la manifestación de integrantes del mismo Poder Legislativo. Cuando la confrontación se da desde la sociedad y desde la oposición por la vía pacífica se llama resistencia civil, cuando se da por la vía violenta se llama revolución. Fascismo se denomina a regímenes políticos autoritarios y totalitarios en ejercicio del poder. Querer equiparar a los disidentes políticos de la izquierda con sus más claros perseguidores resulta más que absurdo.
Me ocupan afirmaciones como las del dirigente nacional del Partido Acción Nacional, en el sentido de que “no vamos a permitir que unos violentos, que unos rijosos que están violentando el país, se salgan con la suya”, o la de un comunicador de la televisión quien afirma que el día en que un grupo de legisladores tomó las tribunas del Congreso “quedará en la memoria histórica como el día en que la minoría de una minoría secuestró el Congreso... impidiendo por la fuerza el ejercicio que es base de la democracia, la libre discusión de las ideas, el respeto a los demás, el derecho a disentir (sic)... violentó el principio democrático del ejercicio de las mayorías pasando por encima de ellas, usurpando (sic) lo que no les dio la sociedad”.
La primera, porque da cuenta del inequívoco rumbo de mayor confrontación política a la que se encamina el país y al aliento de los sectores más conservadores de nuestra sociedad, que impulsan de nueva cuenta la guerra sucia desde los medios de comunicación, llegando al extremo en una radiodifusora de dar a conocer “llamadas del público” que sugieren modificar la frase que en décadas anteriores alentó la derecha de: “haz patria, mata un chilango”, por “haz patria, lincha un perredista”.
La segunda, porque busca encubrir la demanda y el propósito fundamental de los legisladores del FAP, la de garantizar un debate nacional sobre las iniciativas que buscan privatizar una industria de la nación; porque el ejercicio del derecho a disentir se pretende presentar como el mayor de los retrocesos en la vida democrática del país provocado por “una minoría” que, por pequeña que fuese, tiene ese derecho, y porque quien está detrás de esta campaña es justamente la minoría menor de nuestra sociedad, que sería, sin duda, la beneficiaria de la privatización petrolera.
Me refiero no sólo a las grandes corporaciones multinacionales o a las que se han conformado en el país, sino a personajes con nombre y apellido, cuyas fortunas dan cuenta tanto de la enorme concentración del ingreso nacional como de la mayor desigualdad social registrada en la historia del país.
De acuerdo con la revista Forbes, los 10 mexicanos con mayor fortuna personal (Carlos Slim, Alberto Bailleres, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego, Jerónimo Arango, Isaac Saba, Roberto Hernández, Emilio Azcárraga, Alfredo Harp Helú y Lorenzo Zambrano) acumularon una riqueza conjunta de 96 mil millones de dólares, lo que representa 10.2% del PIB del país, de los cuales sólo Slim representa 6.3% del PIB, al concentrar 60 mil millones de dólares. Esta es la verdadera minoría de la minoría, la eventual beneficiaria de la privatización de un recurso estratégico vital para el desarrollo del país y que ha sido dilapidado irresponsablemente por los gobiernos priístas y panistas para justificar su privatización; no los legisladores del FAP, que al igual que los estudiantes en 1968 demandan el diálogo, el debate público y el refrendo sobre uno de los grandes temas de la agenda nacional.
Kikka Roja
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