México SA: Mouriño Raterazo, Cesar Nava, Guillermo Ortiz Matinez: Privatizar PEMEX

Carlos Fernández-Vega cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx ■ No sólo en abril ■ Se desmorona la fast track ■ Acabar con la simulación Vista parcial de la asistencia a la asamblea informativa sobre la privatización de Petróleos Mexicanos, presidida por Andrés Manuel López Obrador ayer domingo en el zócalo capitalino Foto: Cristina Rodríguez Todo indica que un primer resultado positivo de la movilización ciudadana para la defensa del petróleo es que al cesto de la basura se ha ido la aprobación fast track de la “reforma” calderonista cocinada por los panistas y la ultra derecha tricolor, es decir, los mismos que han destrozado el país en los 25 años que llevan instalados en Los Pinos. Sin el voto de la mayoría de los priístas, la “reforma” calderonista no se aprueba, y aún en el mejor de los esfuerzos otorgarle el sí en unas cuantas sesiones (seis a lo más) que quedan del periodo ordinario de sesiones sería una demostración por demás cínica de los acuerdos amarrados en lo oscurito entre los prianistas. De allí a que Andrés Manuel cante su primera victoria: “no habrá madruguete... Es casi un hecho que en el actual periodo de sesiones, que termina el 30 de abril, no podrá aprobarse la iniciativa entreguista en materia petrolera”, aseveración que se complementa con la hecha por Beatriz Paredes, presidenta del PRI, quien el sábado pasado advirtió sobre la imposibilidad de que tal “reforma” salga adelante en el presente mes, dada la “insuficiencia” de tiempo. Bien, pero es el primer paso, sólo el primero, porque no se trata de evitar su aprobación en abril para que la palomeen en un periodo extraordinario, o en septiembre, durante el ordinario, sino de cancelarla. Beatriz Paredes reconoce que en abril no pasa, pero hasta allí llega el compromiso, cuando el objetivo debe ser desechar la calderonista y aprobar una reforma real, seria, en beneficio del país –obvio es que de Pemex también–, y no la del inquilino de Los Pinos con todo tipo de trucos que disfrazan el traspaso de la riqueza petrolera a manos privadas, amén de las violaciones constitucionales enmascaradas de “progreso y bienestar para los mexicanos” (Calderón dixit). Y aprobada una reforma de esa naturaleza, de lo que se trata también es de acabar con la simulación, de echar para atrás todo lo ilegalmente hecho hasta el momento, con todo tipo de concesiones y cesiones disfrazadas, sin olvidar que así comenzaron en el ámbito de la generación eléctrica, y a estas alturas 40 por ciento de ella está en manos de particulares. En este contexto, dos destacados expertos en materia energética (Víctor Rodríguez Padilla y José Luis Apodaca Villarreal) nos repiten la dosis (ver México SA del sábado 12 de abril) en el análisis de la “reforma” calderonista, ahora enfocado a los simulados contratos de riesgo en ella promovidos: Al respecto, el análisis destaca “que quede bien claro: la iniciativa del Ejecutivo federal prevé contratos de riesgo. Obviamente no aparecen con ese nombre, ni se les destaca como una modalidad de contratación prevista en la ley. Están encubiertos con un lenguaje legal engorroso y sus diferentes elementos han sido separados y colocados en distintos ordenamientos para ocultarlos mejor. Sin embargo, una lectura cuidadosa del paquete de iniciativas permite reconstruir el rompecabezas. Y la conclusión es inequívoca. Son contratos de riesgo. Cierto, no se trata de una de las modalidades clásicas que se utilizan en la industria petrolera internacional; es una forma contractual sui generis, pero su objetivo y naturaleza es la misma de los contratos que les permite a compañías trasnacionales expoliar los recursos naturales de los países productores”. Veamos por qué. La iniciativa de ley deja abierta la posibilidad a la situación siguiente: “Pemex podrá contratar a una empresa petrolera extranjera para que explore por su cuenta y riesgo en una zona que le asigne el organismo público. Ninguna otra empresa privada podrá operar en esa zona exclusiva. La compañía realizará las inversiones que considere necesarias en estudios geológicos y geofísicos, así como en pozos de exploración con la finalidad de descubrir una acumulación de hidrocarburos”. Si logra encontrar un yacimiento y éste contiene la cantidad suficiente de petróleo y gas para ser considerada viable comercialmente, el proyecto se declara exitoso y tiene derecho a recibir una recompensa monetaria de Pemex, además del derecho a desarrollar el yacimiento. Si la cantidad de hidrocarburos es insuficiente y la explotación del hallazgo se declara no económica, la compañía pierde todo lo que invirtió y concluye la contratación sin que Pemex tenga que desembolsar nada. El objetivo del desarrollo de un yacimiento es la producción, “así que la acción conlleva extraer, producir y explotar, actividades reservadas para el Estado de acuerdo con la Constitución. La compañía extranjera tendrá que entregar los hidrocarburos a Pemex, pero sería simbólica, pues se realiza en la tubería y en el medidor de la compañía extranjera. Pemex no necesariamente recibirá la producción físicamente, pues los tubos por los que fluirían los hidrocarburos serían de Pemex o de una empresa privada. En cualquier caso, la paraestatal puede encargar a la empresa que produjo los hidrocarburos o a otra firma privada transportar la producción hasta los puntos de exportación o hasta las refinerías (públicas o privadas). Es decir, todas las operaciones podrán ser realizadas por firmas privadas y la presencia de Pemex en el terreno para ejercer sus responsabilidades, realizarse mediante empresas de servicios contratadas para tal efecto”. En síntesis, “la iniciativa de Felipe Calderón contiene contratos de riesgo que entregarán una parte sustantiva de la renta petrolera a las compañías petroleras trasnacionales, disfrazados de ‘contratos de servicio’ para darle la vuelta a la prohibición constitucional”. Las rebanadas del pastel Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México, dice que la “reforma” calderonista “va en la dirección correcta”, y lo afirma quien en 1995, al frente de Hacienda, juró que el capital financiero trasnacional “sólo capitalizará temporalmente” a la banca reprivatizada. Hoy, 90 por ciento de ella es extranjera… Y si de cinismo se trata, allí está César Nava, secretario del inquilino de Los Pinos, para quien el enjuague del empresario-funcionario Mouriño es un “tema superado”.

Kikka Roja