jenaro villamil
México, D.F., 20 de mayo (apro).- Las tres complejas y ricas sesiones de debate en el Senado sobre la reforma petrolera han tenido dos puntos de disenso claros: las iniciativas de Calderón son privatizadoras y si violan la Constitución.
Es claro que existen dos bloques sin matices en este sentido. El único consenso creciente: la necesidad de una “segunda expropiación” de Pemex frente a la Secretaría de Hacienda resulta ser inútil por ahora, ya que el gobierno federal no acompañó sus iniciativas de una profunda reforma fiscal para liberar a la paraestatal de la extracción de recursos que ha hecho Hacienda, como apuntó David Ibarra Muñoz desde el primer día del debate. Sobre la anticonstitucionalidad de las iniciativas presentadas por Calderón, este martes el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juventino Castro y Castro no sólo afirmó que van en contra de los artículos 27 y 28 de la Constitución (éste último clave porque advierte que las áreas estratégicas, como el petróleo, deben estar en manos de la nación), sino que también es viable y necesaria una consulta popular para definir el futuro de una reforma de este calado. A la argumentación del veterano ministro le siguió Jaime Cárdenas, exconsejero del IFE, quien detalló una lista de por lo menos ocho artículos constitucionales que son violentados en las cinco iniciativas enviadas por Calderón. Afirmó que éstas son “claramente privatizadoras”.
Arnaldo Córdova explicó que la figura nueva de “contratos de aprovechamiento” o de “beneficio” son contratos de riesgo prohibidos por la Constitución porque significan un usufructo de la explotación petrolera. La contraparte en este debate, Héctor Fix Fierro, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Mario Alberto Becerra y, en menor medida, Arturo Zaldívar, afirmaron que no hay violación alguna a la Constitución y que pueden existir distintas interpretaciones a la prohibición tajante del artículo 27 constitucional. Sin embargo, no han tenido argumentos contundentes para convencer por qué si la industria petrolera es definida como un área estratégica por la Constitución –distinta al área prioritaria, susceptible de ser privatizada o concesionada-- el sector de refinación, transporte, ductos y almacenamiento debe tener inversión de terceros o privados, nacionales o extranjeros. Tampoco se ha aclarado por qué si México reservó todo su sector energético en el capítulo sexto del Tratado de Libre Comercio, negociado en la era de Carlos Salinas de Gortari, ahora se pretende abrir este sector, algo que ni el “Innombrable” pudo realizar, aunque ganas no le faltaran.
Estos puntos son fundamentales para el futuro del debate. De la definición de si continuamos o no considerando al petróleo como un área estratégica, depende considerar si llegó o no el momento de privatizar parte de la industria petrolera o simplemente crear una confusión jurídica, política y económica que beneficiará sólo a quienes ven a nuestro petróleo como parte de sus reservas (léase Estados Unidos). La semana pasada, el ingeniero Javier Jiménez Espriú se llevó la tarde con una exposición notable, en la que afirmó que el problema principal de las iniciativas de Calderón es que son intentos de simulación y de engaño. Pretenden negar lo que explícitamente proponen: abrir áreas claves del proceso de la industria petrolera. Los defensores de la reforma calderonista no han sido muy afortunados porque no abundan ni resuelven el tema estratégico fundamental: bajo qué consideraciones jurídicas, históricas y económicas es necesario cambiar el candado expresado en el artículo 27 constitucional.
Aquí entraron en colisión las visiones históricas de Lorenzo Meyer, quien hizo una explicación clara y documentada sobre el valor del petróleo y el nacionalismo mexicano, y la de Héctor Aguilar Camín, quien se fue por la vía de la metáfora fácil al decir que el petróleo forma parte de nuestra “mitología nacionalista” y debemos cambiarla. Más desafortunado aún fue el dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, quien sólo alcanzó a definir como “pontífices del petróleo” a los opositores a las reformas calderonistas, pero no le agregó una idea sugestiva o convincente a las iniciativas. No sólo eso. Abandonó la plaza en la apertura de los debates. Si ese gesto de Germán Martínez definirá la actitud del gobierno de Calderón, entonces el debate será ganado por los opositores, a menos de que alguien pueda argumentar sensatamente y no con desplantes de autosuficiencia tecnocrática –como los de Carlos Elizondo Mayer Serra-- que las restricciones y alcances de la Constitución en materia de petróleo siguen siendo vigentes para una nación dependiente como México.
Arnaldo Córdova explicó que la figura nueva de “contratos de aprovechamiento” o de “beneficio” son contratos de riesgo prohibidos por la Constitución porque significan un usufructo de la explotación petrolera. La contraparte en este debate, Héctor Fix Fierro, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Mario Alberto Becerra y, en menor medida, Arturo Zaldívar, afirmaron que no hay violación alguna a la Constitución y que pueden existir distintas interpretaciones a la prohibición tajante del artículo 27 constitucional. Sin embargo, no han tenido argumentos contundentes para convencer por qué si la industria petrolera es definida como un área estratégica por la Constitución –distinta al área prioritaria, susceptible de ser privatizada o concesionada-- el sector de refinación, transporte, ductos y almacenamiento debe tener inversión de terceros o privados, nacionales o extranjeros. Tampoco se ha aclarado por qué si México reservó todo su sector energético en el capítulo sexto del Tratado de Libre Comercio, negociado en la era de Carlos Salinas de Gortari, ahora se pretende abrir este sector, algo que ni el “Innombrable” pudo realizar, aunque ganas no le faltaran.
Estos puntos son fundamentales para el futuro del debate. De la definición de si continuamos o no considerando al petróleo como un área estratégica, depende considerar si llegó o no el momento de privatizar parte de la industria petrolera o simplemente crear una confusión jurídica, política y económica que beneficiará sólo a quienes ven a nuestro petróleo como parte de sus reservas (léase Estados Unidos). La semana pasada, el ingeniero Javier Jiménez Espriú se llevó la tarde con una exposición notable, en la que afirmó que el problema principal de las iniciativas de Calderón es que son intentos de simulación y de engaño. Pretenden negar lo que explícitamente proponen: abrir áreas claves del proceso de la industria petrolera. Los defensores de la reforma calderonista no han sido muy afortunados porque no abundan ni resuelven el tema estratégico fundamental: bajo qué consideraciones jurídicas, históricas y económicas es necesario cambiar el candado expresado en el artículo 27 constitucional.
Aquí entraron en colisión las visiones históricas de Lorenzo Meyer, quien hizo una explicación clara y documentada sobre el valor del petróleo y el nacionalismo mexicano, y la de Héctor Aguilar Camín, quien se fue por la vía de la metáfora fácil al decir que el petróleo forma parte de nuestra “mitología nacionalista” y debemos cambiarla. Más desafortunado aún fue el dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, quien sólo alcanzó a definir como “pontífices del petróleo” a los opositores a las reformas calderonistas, pero no le agregó una idea sugestiva o convincente a las iniciativas. No sólo eso. Abandonó la plaza en la apertura de los debates. Si ese gesto de Germán Martínez definirá la actitud del gobierno de Calderón, entonces el debate será ganado por los opositores, a menos de que alguien pueda argumentar sensatamente y no con desplantes de autosuficiencia tecnocrática –como los de Carlos Elizondo Mayer Serra-- que las restricciones y alcances de la Constitución en materia de petróleo siguen siendo vigentes para una nación dependiente como México.
jenarovi@yahoo.com.mx
Kikka Roja
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