- “Discriminatorio, inequitativo y desproporcionado”, el régimen fiscal de la empresa
- Falso, que Pemex padezca escasez de recursos, dicen expertos de la UNAM
- Ibarra Muñoz: aun con tributación baja, el mejor manejo de los fondos permitiría capitalizarla
Laura Poy Solano
El intento de privatizar Petróleos Mexicanos (Pemex) con el propósito de obtener mayores recursos para la modernización de su infraestructura tecnológica y capacidad de explotación “no sólo carece de sustento técnico, sino que responde a una argumentación totalmente falsa sobre la carencia de recursos internos para rescatar a la paraestatal”, afirmaron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Reunidos en el auditorio Raoul Fournier Villada, de la Facultad de Medicina, durante la cuarta jornada del debate universitario sobre la reforma energética, David Ibarra Muñoz, ex secretario de Hacienda y Crédito Público, afirmó que incluso con una “tributación excepcionalmente baja, como ocurre en nuestro país, el mejor manejo de los fondos disponibles permitiría holgadamente satisfacer los requerimientos de capital de Pemex durante el periodo de recuperación de sus capacidades productivas”.
En tanto, Ruperto Patiño Manffer, director de la Facultad de Derecho, señaló que al imponer a la paraestatal un régimen fiscal “discriminatorio, inequitativo y desproporcionado, se le obliga a cumplir con una disposición legislativa que resulta violatoria de la Constitución”. Ante un escenario en el cual se da por sentado que las ganancias de Pemex deben pasar en su totalidad a las arcas de la Federación, el Estado mexicano ha manejado el negocio petrolero, advirtió, “incurriendo en graves ineficiencias, pues no existe empresa en el mundo que pueda desarrollarse eficientemente si debe enfrentar un régimen fiscal especial, discriminatorio y prácticamente confiscatorio, a la que además se le ha impedido invertir en investigación y desarrollo condenándola a la obsolescencia”.
No hay formación de cuadros
Catedráticos del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas (IIMAS) enfatizaron que una de las graves carencias es la falta de apoyo y vinculación de Pemex con el sector científico y tecnológico en centros e institutos públicos de investigación, “a los que no les llegan recursos ni tampoco se incentiva la formación de recursos humanos especializados en áreas estratégicas como la exploración y explotación de yacimientos”. En el encuentro, al cual asistieron Susana Gómez, del IIMAS; Dante Jaime Moreno, del Instituto de Geología, y Jordi Trilla, del Centro de Geociencias, los participantes destacaron que en México existe “talento y capacidad para desarrollar importantes avances tecnológicos en el sector energético, pero se requiere de una política de Estado clara, con pautas de inversión y vinculación con el sector público y privado”. Por su parte, Jaime Cárdenas Gracia, catedrático del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), afirmó que al menos hay “diez razones por las cuales la iniciativa presentada por el presidente Felipe Calderón es inconstitucional”.
Destacó que, de aprobarse, “importantes fases de la industria petrolera se entregarían a particulares, nacionales y extranjeros, a lo cual se suma que se estarían creando dos empresas petroleras, una pública y otra privada, que también enfrentarían competencia de mercado”. Planteó que el proyecto gubernamental es privatizador porque los conflictos que se generen entre ambas empresas “no serán dirimidos únicamente por el derecho público, sino que se podrá invocar el derecho privado, pues se entenderán como actos de comercio, cuyas controversias pueden ser solucionadas ante tribunales de otros países”. Edgar Corzo Sosa, catedrático del IIJ, afirmó que si bien la participación, directa o indirecta del sector privado en un área estratégica “no es necesariamente inconstitucional, sí es claro que en todo momento se debe respetar que la propiedad y control de los órganos creados –en el sector petrolero– queden en manos del sector público”.
Reunidos en el auditorio Raoul Fournier Villada, de la Facultad de Medicina, durante la cuarta jornada del debate universitario sobre la reforma energética, David Ibarra Muñoz, ex secretario de Hacienda y Crédito Público, afirmó que incluso con una “tributación excepcionalmente baja, como ocurre en nuestro país, el mejor manejo de los fondos disponibles permitiría holgadamente satisfacer los requerimientos de capital de Pemex durante el periodo de recuperación de sus capacidades productivas”.
En tanto, Ruperto Patiño Manffer, director de la Facultad de Derecho, señaló que al imponer a la paraestatal un régimen fiscal “discriminatorio, inequitativo y desproporcionado, se le obliga a cumplir con una disposición legislativa que resulta violatoria de la Constitución”. Ante un escenario en el cual se da por sentado que las ganancias de Pemex deben pasar en su totalidad a las arcas de la Federación, el Estado mexicano ha manejado el negocio petrolero, advirtió, “incurriendo en graves ineficiencias, pues no existe empresa en el mundo que pueda desarrollarse eficientemente si debe enfrentar un régimen fiscal especial, discriminatorio y prácticamente confiscatorio, a la que además se le ha impedido invertir en investigación y desarrollo condenándola a la obsolescencia”.
No hay formación de cuadros
Catedráticos del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas (IIMAS) enfatizaron que una de las graves carencias es la falta de apoyo y vinculación de Pemex con el sector científico y tecnológico en centros e institutos públicos de investigación, “a los que no les llegan recursos ni tampoco se incentiva la formación de recursos humanos especializados en áreas estratégicas como la exploración y explotación de yacimientos”. En el encuentro, al cual asistieron Susana Gómez, del IIMAS; Dante Jaime Moreno, del Instituto de Geología, y Jordi Trilla, del Centro de Geociencias, los participantes destacaron que en México existe “talento y capacidad para desarrollar importantes avances tecnológicos en el sector energético, pero se requiere de una política de Estado clara, con pautas de inversión y vinculación con el sector público y privado”. Por su parte, Jaime Cárdenas Gracia, catedrático del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), afirmó que al menos hay “diez razones por las cuales la iniciativa presentada por el presidente Felipe Calderón es inconstitucional”.
Destacó que, de aprobarse, “importantes fases de la industria petrolera se entregarían a particulares, nacionales y extranjeros, a lo cual se suma que se estarían creando dos empresas petroleras, una pública y otra privada, que también enfrentarían competencia de mercado”. Planteó que el proyecto gubernamental es privatizador porque los conflictos que se generen entre ambas empresas “no serán dirimidos únicamente por el derecho público, sino que se podrá invocar el derecho privado, pues se entenderán como actos de comercio, cuyas controversias pueden ser solucionadas ante tribunales de otros países”. Edgar Corzo Sosa, catedrático del IIJ, afirmó que si bien la participación, directa o indirecta del sector privado en un área estratégica “no es necesariamente inconstitucional, sí es claro que en todo momento se debe respetar que la propiedad y control de los órganos creados –en el sector petrolero– queden en manos del sector público”.
- “Falsa, la falta de fondos para financiar Pemex”
Viernes 27 de Junio de 2008 | Hora de publicación: 03:14
David Ibarra Muñoz, ex secretario de Hacienda y actual catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que es falso que no se cuente con disposición presupuestal para financiar Pemex y también rechazó el argumento de que si se invierte en la paraestatal se recortará el gasto social en salud y educación.
En tanto, el contralor general de la UNAM, Raúl Robles Segura, afirmó que Petróleos Mexicanos (Pemex) necesita reformarse, pero consideró que la iniciativa actual no plantea la reestructuración pertinente. Durante el cuarto debate sobre la reforma energética organizado por la UNAM, Ibarra Muñoz puntualizó que el intento parcial de privatizar (Pemex) a fin de allegarse recursos carece de sustentos técnicos sólidos. “Aun con la misma baja tributación del país el manejo mejorado de los fondos disponibles permitiría satisfacer los requerimientos de capital de la paraestatal”, aseguró.
El economista refirió que México tiene una de las menores cargas tributarias, pues sólo representa el 11 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en Costa Rica alcanza el 26, en Brasil el 36 y en Noruega casi el 50 por ciento. Raúl Robles Segura enfatizó que la “astringencia” de recursos que experimenta la paraestatal originó la situación deplorable para Pemex. Agregó que lo más preocupante de la iniciativa es el nombramiento de los cuatro consejeros independientes, dos de tiempo completo, que serían designados por el Ejecutivo federal. Señaló que los aspectos laborales son los “ausentes” de las iniciativas, a pesar de que deberían ser pivotes de la misma. En su intervención, el profesor de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón Irán Lagos Chávez afirmó que los intentos por reformar a Pemex bajo una visión neoliberal no son nuevos. Por ello, fue dividido en subsidiarias, “para abrir el paso a los intentos privatizadores”.
Durante la mesa de discusión sobre política industrial de México y su relación con las finanzas y el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) Ignacio Martínez Cortés dijo que es urgente implementar una política energética de Estado, que se constituya como un pilar de la estrategia de competitividad industrial.
Por ello, es necesario realizar una planeación conjunta de los sectores eléctrico, petrolero y petroquímico, indicó. Por su parte, el académico de la Facultad de Economía Gildardo López Tijerina propuso que los recursos del sistema de pensiones sean utilizados para financiar a Pemex, y lograr así autonomía de gestión para fortalecer todas las áreas.
Kikka Roja
El economista refirió que México tiene una de las menores cargas tributarias, pues sólo representa el 11 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en Costa Rica alcanza el 26, en Brasil el 36 y en Noruega casi el 50 por ciento. Raúl Robles Segura enfatizó que la “astringencia” de recursos que experimenta la paraestatal originó la situación deplorable para Pemex. Agregó que lo más preocupante de la iniciativa es el nombramiento de los cuatro consejeros independientes, dos de tiempo completo, que serían designados por el Ejecutivo federal. Señaló que los aspectos laborales son los “ausentes” de las iniciativas, a pesar de que deberían ser pivotes de la misma. En su intervención, el profesor de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón Irán Lagos Chávez afirmó que los intentos por reformar a Pemex bajo una visión neoliberal no son nuevos. Por ello, fue dividido en subsidiarias, “para abrir el paso a los intentos privatizadores”.
Durante la mesa de discusión sobre política industrial de México y su relación con las finanzas y el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) Ignacio Martínez Cortés dijo que es urgente implementar una política energética de Estado, que se constituya como un pilar de la estrategia de competitividad industrial.
Por ello, es necesario realizar una planeación conjunta de los sectores eléctrico, petrolero y petroquímico, indicó. Por su parte, el académico de la Facultad de Economía Gildardo López Tijerina propuso que los recursos del sistema de pensiones sean utilizados para financiar a Pemex, y lograr así autonomía de gestión para fortalecer todas las áreas.
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