John M. Ackerman: La hora de la verdad

John M. Ackerman La hora de la verdad Cada día que pasa sin que el Instituto Federal Electoral (IFE) permita el acceso ciudadano a las boletas electorales representa una violación a la ley y una burla a la ciudadanía. Es falso que las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación obliguen al instituto a destruir la documentación electoral. Tampoco hace falta que los consejeros esperen la resolución definitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La ley obliga a la autoridad a otorgar acceso desde ahora. La negativa a hacerlo demuestra que el “nuevo” IFE se encuentra más preocupado por quedar bien con el gobierno de Calderón que por reconstruir la confianza de la ciudadanía en el árbitro de las elecciones. Es cierto que el año pasado el TEPJF ratificó la negativa que el IFE había dado a la revista Proceso. Sin embargo, esta sentencia no sentó jurisprudencia, ya que se requieren tres resoluciones en el mismo sentido para tal desenlace. No existe ningún mandato judicial que exija que el Consejo General rechace futuras solicitudes y mucho menos algo que lo obligue a prender fuego a esos importantes documentos públicos. También vale la pena recordar que actualmente nos encontramos en una nueva coyuntura jurídica. Hoy los mexicanos tenemos consagrado en el artículo 6º de la Constitución el “principio de máxima publicidad” que se aplica a todas las solicitudes de acceso a la información. Asimismo, la nueva redacción del artículo 99 constitucional otorga explícitamente al tribunal electoral la facultad de “inaplicar” disposiciones legales que sean contrarias a la Carta Magna. Si tuvieran la voluntad de utilizarlas, estas nuevas herramientas permitirían a las autoridades electorales abrir los paquetes electorales, así como declarar anticonstitucional su destrucción prematura. La reciente resolución del pleno de la Suprema Corte de la Nación sobre las boletas no implicaría obstáculo alguno para una decisión en este sentido. Los ministros no emitieron orden alguna hacia el IFE o el tribunal electoral, sino simplemente se negaron a entrar al fondo del asunto, dado que según ellos se trataba únicamente de un “asunto electoral”. Desafortunadamente, parece que los consejeros no están a la altura del momento histórico. Primero vino la desafortunada ocurrencia del consejero presidente, quien propuso exhibir las boletas en una vitrina antes de su destrucción. Después, el consejero Nacif cínicamente ha “confesado” que de haberle tocado decidir en torno a la apertura de las boletas se hubiera manifestado a favor de su acceso, pero que las condiciones se han modificado y en la actualidad “ya se ha desahogado todo un camino legal que imposibilita dicha apertura” (La Jornada, 9/7/08). En lugar de asumir su responsabilidad como autoridad máxima en materia electoral, resulta que el consejero prefiere comportarse como un burócrata de ventanilla acostumbrado a ahuyentar a los ciudadanos con un “créame, me hubiera gustado ayudarle, pero mi reglamento no me lo permite”. El nuevo Reglamento de Transparencia aprobado por los consejeros el jueves pasado también revela su tibio compromiso con la transparencia. En vez de diseñar un órgano plenamente autónomo y ciudadanizado que auspicie la aplicación de la ley, crearon un órgano a modo, integrado por un consejero electoral, el contralor del instituto y un “experto” externo nombrado por el Consejo General. Con esta estructura, sería como si el secretario de Gobernación, el secretario de la Función Pública y un amigo “externo” nombrado por el propio gabinete de Calderón fueran quienes integraran el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). Paradojas de la vida, resulta que el IFE, el organismo “ciudadanizado” por excelencia, nos ofrecerá menores garantías que el propio gobierno federal en materia de transparencia. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha solicitado al IFE que concentre todos los paquetes electorales en una sola ubicación. Un movimiento de este tipo no sería recomendable, ya que podría poner en riesgo la integridad de las boletas. Sin embargo, llama la atención que con su solicitud la Sedena implícitamente acepta que el IFE puede manipular los documentos antes de destruirlos. Si se le permite a la autoridad concentrar los paquetes en un solo lugar, lo lógico sería también permitir el escrutinio público. Esperemos que los consejeros entren en razón y permitan la consulta directa de la documentación electoral de 2006, tal como hizo en su momento el Instituto Electoral del Distrito Federal. La digitalización de las boletas podría ser útil para guardar la memoria histórica para el futuro, pero de ninguna manera se equipara con la importancia política que implicaría el acceso directo. Una consulta física de las boletas también sería la única forma de constatar las condiciones de resguardo y de confirmar que no haya habido algún “reacomodo” del material durante los últimos dos años.

Kikka Roja