Mañana al anochecer se efectuará en la Ciudad de México (y caminatas semejantes ocurrirán en 55 ciudades más) la marcha cuyo lema es “Iluminemos (a) México” en protesta contra la inseguridad que se extiende por todo el País. 40 años atrás, el 27 de agosto de 1968, tuvo lugar la mayor expresión multitudinaria de la movilización estudiantil y ciudadana que aquel año buscaba respeto a las libertades públicas. Con cuatro décadas de distancia, esas marchas muestran la necesidad de participación de la gente en los asuntos de su incumbencia.
El secuestro y asesinato de Fernando Martí movieron a agrupaciones civiles a manifestarse contra el incremento en el número de secuestros, notorio durante la actual Administración federal. Por un lado, México Unido Contra la Delincuencia, hizo propuestas que dieron lugar a la apresurada cita al Consejo Nacional de Seguridad Pública, en que participaron su presidenta, María Elena Morera y el empresario Alejandro Martí, cuyo infortunio suscitó la indignación social que se expresará mañana. El padre de Fernando, lanzó entonces un ultimátum a las autoridades, para que dejen sus cargos si no son capaces de enfrentar a la delincuencia organizada. También definió como una forma de corrupción el cobrar sueldos gubernamentales, sin cumplir las responsabilidades respectivas.
Por otro lado, otras agrupaciones y ciudadanos por su cuenta idearon la realización de la marcha de mañana. Convocaron a ella, entre otras agrupaciones, el Movimiento Pro Vecino, encabezado por Laura Elena Herrerón, que respondió a la energía de Elías Kuri Terrazas, un empresario ansioso por no quedarse con los brazos cruzados y que hoy coordina el comité organizador de la movilización sabatina. Ambos buscaron a la señora Morera para invitarla a participar en la organización sin tener respuesta. Las dos notorias activistas figuraron entre los convocantes a la marcha del 27 de junio de 2004, motivada por una situación en que, para desgracia de todos, nos hallamos de nuevo. Pero es notorio que entre ellas, y sus organizaciones se abrió una fisura, que se mostró en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública a la que Herrerón no fue invitada. Ese desdén será en cierta medida curado pasado mañana cuando el presidente Calderón interrumpa su asueto dominical para recibir a los organizadores de la marcha, quienes le entregarán propuestas que se añadan a las acciones previstas en el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Las reticencias entre las agrupaciones convocantes no han impedido que, como hace cuatro años, los medios de comunicación electrónica, y algunos impresos, se sumen con entusiasmo a la promoción de la marcha, que partirá de la glorieta de la Independencia y llegará al Zócalo, donde se encenderán miles de veladoras, con el propósito de iluminar a México.
Las diferencias entre las organizadoras acaso provienen de que la presidenta de Pro Vecino pasó del activismo social al electoral, si bien lo hizo de modo políticamente correcto. Hace dos años fue candidata a senadora por el partido de Elba Esther Gordillo, Nueva Alianza y esa protagónica promoción quizá no fue bien vista en México Contra la Delincuencia. Sea de ello lo que fuere, no parece que eso obstruya el éxito de un llamado cuya respuesta es un exacto medidor del hartazgo ciudadano ante la vulnerabilidad social que provoca la infame pareja de crimen organizado e inacción gubernamental, que le depara impunidad.
También hace 40 años la sociedad mexicana (sus emergentes sectores medios en particular) estaba harta de su falta de lugar en el espacio público, y del autoritarismo presidencial, que se manifestaría en sus peores extremos en 1968. A partir de julio, la represión con que el Gobierno quiso hacer abortar una imaginaria conjura contra los Juegos Olímpicos, que se realizarían en octubre siguiente, suscitó una inesperada reacción en las escuelas superiores del Distrito Federal, que con el rector de la Universidad Nacional, ingeniero Javier Barros Sierra, ensamblaron la defensa de la autonomía universitaria con la promoción de “los derechos más entrañables del pueblo mexicano”, según definió el propio líder universitario a las libertades públicas.
Una de las formas de la movilización de entonces fueron marchas callejeras cuya restricción o franca prohibición formaba parte del arsenal gubernamental para promover el quietismo, la inercia de una sociedad distraída de su condición ciudadana y hecha, en su inmensa mayoría, a la comodidad de la sujeción al poder. Un punto culminante de esas expresiones ocurrió el 27 de agosto, una marcha que según calculó el periódico oficialista El Día, reunió a 400 mil personas. Fue convocada por la coalición de maestros de enseñanza media y superior pro libertades democráticas, la agrupación con que los catedráticos más sensibles acompañaron a sus alumnos en sus demandas, que incluían la libertad de los presos políticos. El más conspicuo de ellos, el dirigente ferrocarrilero encarcelado desde nueve años atrás, Demetrio Vallejo, se hizo presente a la culminación de la marcha, en el Zócalo, mediante una carta en que explicaba hallarse en huelga de hambre en espera de “que la palabra presidencial sea cumplida y se haga plena justicia”.
La trascendencia de la marcha del 27 de agosto fue aminorada por el Gobierno mediante una provocación traicionera que le permitió agudizar la represión hasta hacerla culminar dos meses después.
El secuestro y asesinato de Fernando Martí movieron a agrupaciones civiles a manifestarse contra el incremento en el número de secuestros, notorio durante la actual Administración federal. Por un lado, México Unido Contra la Delincuencia, hizo propuestas que dieron lugar a la apresurada cita al Consejo Nacional de Seguridad Pública, en que participaron su presidenta, María Elena Morera y el empresario Alejandro Martí, cuyo infortunio suscitó la indignación social que se expresará mañana. El padre de Fernando, lanzó entonces un ultimátum a las autoridades, para que dejen sus cargos si no son capaces de enfrentar a la delincuencia organizada. También definió como una forma de corrupción el cobrar sueldos gubernamentales, sin cumplir las responsabilidades respectivas.
Por otro lado, otras agrupaciones y ciudadanos por su cuenta idearon la realización de la marcha de mañana. Convocaron a ella, entre otras agrupaciones, el Movimiento Pro Vecino, encabezado por Laura Elena Herrerón, que respondió a la energía de Elías Kuri Terrazas, un empresario ansioso por no quedarse con los brazos cruzados y que hoy coordina el comité organizador de la movilización sabatina. Ambos buscaron a la señora Morera para invitarla a participar en la organización sin tener respuesta. Las dos notorias activistas figuraron entre los convocantes a la marcha del 27 de junio de 2004, motivada por una situación en que, para desgracia de todos, nos hallamos de nuevo. Pero es notorio que entre ellas, y sus organizaciones se abrió una fisura, que se mostró en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública a la que Herrerón no fue invitada. Ese desdén será en cierta medida curado pasado mañana cuando el presidente Calderón interrumpa su asueto dominical para recibir a los organizadores de la marcha, quienes le entregarán propuestas que se añadan a las acciones previstas en el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Las reticencias entre las agrupaciones convocantes no han impedido que, como hace cuatro años, los medios de comunicación electrónica, y algunos impresos, se sumen con entusiasmo a la promoción de la marcha, que partirá de la glorieta de la Independencia y llegará al Zócalo, donde se encenderán miles de veladoras, con el propósito de iluminar a México.
Las diferencias entre las organizadoras acaso provienen de que la presidenta de Pro Vecino pasó del activismo social al electoral, si bien lo hizo de modo políticamente correcto. Hace dos años fue candidata a senadora por el partido de Elba Esther Gordillo, Nueva Alianza y esa protagónica promoción quizá no fue bien vista en México Contra la Delincuencia. Sea de ello lo que fuere, no parece que eso obstruya el éxito de un llamado cuya respuesta es un exacto medidor del hartazgo ciudadano ante la vulnerabilidad social que provoca la infame pareja de crimen organizado e inacción gubernamental, que le depara impunidad.
También hace 40 años la sociedad mexicana (sus emergentes sectores medios en particular) estaba harta de su falta de lugar en el espacio público, y del autoritarismo presidencial, que se manifestaría en sus peores extremos en 1968. A partir de julio, la represión con que el Gobierno quiso hacer abortar una imaginaria conjura contra los Juegos Olímpicos, que se realizarían en octubre siguiente, suscitó una inesperada reacción en las escuelas superiores del Distrito Federal, que con el rector de la Universidad Nacional, ingeniero Javier Barros Sierra, ensamblaron la defensa de la autonomía universitaria con la promoción de “los derechos más entrañables del pueblo mexicano”, según definió el propio líder universitario a las libertades públicas.
Una de las formas de la movilización de entonces fueron marchas callejeras cuya restricción o franca prohibición formaba parte del arsenal gubernamental para promover el quietismo, la inercia de una sociedad distraída de su condición ciudadana y hecha, en su inmensa mayoría, a la comodidad de la sujeción al poder. Un punto culminante de esas expresiones ocurrió el 27 de agosto, una marcha que según calculó el periódico oficialista El Día, reunió a 400 mil personas. Fue convocada por la coalición de maestros de enseñanza media y superior pro libertades democráticas, la agrupación con que los catedráticos más sensibles acompañaron a sus alumnos en sus demandas, que incluían la libertad de los presos políticos. El más conspicuo de ellos, el dirigente ferrocarrilero encarcelado desde nueve años atrás, Demetrio Vallejo, se hizo presente a la culminación de la marcha, en el Zócalo, mediante una carta en que explicaba hallarse en huelga de hambre en espera de “que la palabra presidencial sea cumplida y se haga plena justicia”.
La trascendencia de la marcha del 27 de agosto fue aminorada por el Gobierno mediante una provocación traicionera que le permitió agudizar la represión hasta hacerla culminar dos meses después.
Kikka Roja
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