De acuerdo con un informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en los primeros seis meses de este año se ha registrado un subejercicio de más de 17 mil millones de pesos en el paquete presupuestario autorizado al gobierno federal por el Congreso. Para poner el monto en perspectiva, baste mencionar que la cantidad equivale al presupuesto total asignado en 2008 a organismos como el Conacyt, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las secretarías de la Función Pública y del Trabajo y Previsión Social. Al mismo tiempo, el documento revela que de estos recursos no ejercidos, alrededor de 70 por ciento se concentra en las secretarías de Educación Pública, Salud y Comunicaciones y Transportes, lo que en los hechos se traduce en el castigo a ramos básicos para la actividad del país.
En el contexto actual, la presencia de este subejercicio en el gasto público resulta inaceptable, dadas las necesidades que padecen los rubros mencionados, de por sí castigados por décadas de abandono por parte de los gobiernos neoliberales. Por añadidura, el hecho contraviene el espíritu del Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, un paquete económico que mostraba, en su balance general, signos positivos, y que fue producto de una negociación en la que participaron las distintas fuerzas políticas del país y que derivó en una serie de recortes y reasignaciones con respecto a la propuesta del Ejecutivo (que privilegiaba rubros como la seguridad pública y las fuerzas armadas, así como el pago de la deuda pública, en detrimento del desarrollo social y económico), a fin de incorporar las necesidades de diversos sectores de la población. Como resultado, se otorgaron ingresos extraordinarios a las 10 entidades más pobres del país, se favoreció de manera significativa el gasto social y se beneficiaron los sectores educativo y agropecuario. Así, el no emplear eficaz y cabalmente esos recursos apunta a un manejo irresponsable e ineficaz de las finanzas públicas y a un incumplimiento de lo que, al menos en el papel, parecía positivo.
Por lo demás, el hecho apunta a una gran inconsecuencia con relación a la postura del gobierno federal en el contexto de la discusión en torno a la reforma petrolera.
Durante los últimos meses, la administración calderonista ha argumentado que una de las razones de peso para aprobar la iniciativa en materia de energéticos que presentó el Ejecutivo en abril pasado radica en la necesidad de sanear la difícil situación financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex). Cuando se ha dicho que, para tal fin, bastaría con que se le permitiera a la paraestatal emplear las cuantiosas ganancias que ella misma genera, las autoridades federales han recurrido incluso a afirmar que dejarle esos recursos a Pemex implicaría quitárselos a rubros como la educación, la salud y el desarrollo de infraestructura. Deben recordarse, al respecto, las palabras del titular de la SHCP, Agustín Carstens, quien tres días antes de que se presentara la iniciativa del Ejecutivo afirmó que, sin reforma petrolera, el gobierno tendría que elegir entre “más impuestos o menor gasto”.
Sin embargo, y a la luz de los datos referidos ayer por Hacienda, vuelve a quedar en evidencia que el interés del gobierno federal por sacar adelante la llamada reforma energética, en los términos que plantea la iniciativa presidencial, no pasa por un mejoramiento de las condiciones de vida de la población; para ello bastaría un manejo más eficaz de los recursos públicos, un combate frontal a la corrupción en la administración pública y un régimen fiscal eficiente y justo. Más aún, es de suponer que incluso en caso de que la iniciativa oficial en materia petrolera salga adelante, este tipo de subejercicios se seguirán presentando, en perjuicio de sectores de suma importancia como la educación, la salud y el desarrollo de infraestructura de comunicaciones. Es necesario, pues, que, por elementales razones de transparencia y rendición de cuentas, se aclaren las razones por las que esos recursos no han sido ejercidos.
En el contexto actual, la presencia de este subejercicio en el gasto público resulta inaceptable, dadas las necesidades que padecen los rubros mencionados, de por sí castigados por décadas de abandono por parte de los gobiernos neoliberales. Por añadidura, el hecho contraviene el espíritu del Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, un paquete económico que mostraba, en su balance general, signos positivos, y que fue producto de una negociación en la que participaron las distintas fuerzas políticas del país y que derivó en una serie de recortes y reasignaciones con respecto a la propuesta del Ejecutivo (que privilegiaba rubros como la seguridad pública y las fuerzas armadas, así como el pago de la deuda pública, en detrimento del desarrollo social y económico), a fin de incorporar las necesidades de diversos sectores de la población. Como resultado, se otorgaron ingresos extraordinarios a las 10 entidades más pobres del país, se favoreció de manera significativa el gasto social y se beneficiaron los sectores educativo y agropecuario. Así, el no emplear eficaz y cabalmente esos recursos apunta a un manejo irresponsable e ineficaz de las finanzas públicas y a un incumplimiento de lo que, al menos en el papel, parecía positivo.
Por lo demás, el hecho apunta a una gran inconsecuencia con relación a la postura del gobierno federal en el contexto de la discusión en torno a la reforma petrolera.
Durante los últimos meses, la administración calderonista ha argumentado que una de las razones de peso para aprobar la iniciativa en materia de energéticos que presentó el Ejecutivo en abril pasado radica en la necesidad de sanear la difícil situación financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex). Cuando se ha dicho que, para tal fin, bastaría con que se le permitiera a la paraestatal emplear las cuantiosas ganancias que ella misma genera, las autoridades federales han recurrido incluso a afirmar que dejarle esos recursos a Pemex implicaría quitárselos a rubros como la educación, la salud y el desarrollo de infraestructura. Deben recordarse, al respecto, las palabras del titular de la SHCP, Agustín Carstens, quien tres días antes de que se presentara la iniciativa del Ejecutivo afirmó que, sin reforma petrolera, el gobierno tendría que elegir entre “más impuestos o menor gasto”.
Sin embargo, y a la luz de los datos referidos ayer por Hacienda, vuelve a quedar en evidencia que el interés del gobierno federal por sacar adelante la llamada reforma energética, en los términos que plantea la iniciativa presidencial, no pasa por un mejoramiento de las condiciones de vida de la población; para ello bastaría un manejo más eficaz de los recursos públicos, un combate frontal a la corrupción en la administración pública y un régimen fiscal eficiente y justo. Más aún, es de suponer que incluso en caso de que la iniciativa oficial en materia petrolera salga adelante, este tipo de subejercicios se seguirán presentando, en perjuicio de sectores de suma importancia como la educación, la salud y el desarrollo de infraestructura de comunicaciones. Es necesario, pues, que, por elementales razones de transparencia y rendición de cuentas, se aclaren las razones por las que esos recursos no han sido ejercidos.
Kikka Roja
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