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Infraestructura estratégica
Son ominosos los indicios de la decisión de las cúpulas del PAN y el PRI y algunos de la “oposición” para entregar el petróleo a los intereses de seguridad de Estados Unidos y a poderosos consorcios externos y sus voraces socios locales. Lo hacen en momentos de grave crisis económica mundial y nacional, y cuando la riqueza petrolera del país adquiere más peso geoestratégico por la creciente dificultad mundial en la localización de petróleo convencional. La inconstitucional reforma energética, que ahora Washington tramita por medio de Calderón, es un esquema de largo alcance que contempla el desmantelamiento de los fundamentos de la soberanía y de la integridad territorial mexicana.
Generada por la política económica adoptada por quienes se autocalifican de reformistas, la debacle nacional, en sus manifestaciones más lamentables, corrupción, delincuencia organizada, narcotráfico, etcétera, es usada como excusa para desmontar los cimientos del proyecto histórico de la nación. La política económica vigente por 26 años: un persistente despojo a la economía popular y de clase media y al patrimonio nacional es el problema central para la seguridad nacional mexicana, que se agrava por el uso policial-represivo de las fuerzas armadas, desgastándolas, minando sus bases logísticas y alejándolas de la función de defensa nacional.
Frente a esta situación, la iniciativa del PRI para adicionar el artículo 32 de la Ley Federal de Seguridad Privada, si bien pretende que “el resguardo de las instalaciones estratégicas sea una función cuyo ejercicio corra a cargo de las autoridades del país”, es indiferente a “que la protección de tales inmuebles sea realizada directamente por el Estado o concesionada a particulares” (La Jornada, 5/11/08, p. 13). El problema es que, si bien se indica que por “instalación estratégica” se incluye a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, los caminos y carreteras, los puentes nacionales e internacionales, los puertos, recintos terminales e instalaciones portuarias, los aeropuertos, las instalaciones nucleares o con procesos radiactivos, las fronteras, estaciones migratorias, aduanas y obras de infraestructura hidráulica, y además se puntualiza en la referida ley que los prestadores de servicios deben abstenerse de proporcionarlos “en cualquier instalación considerada estratégica en los términos proyectados en la norma” (ibidem), dichas definiciones pueden cambiar.
El asunto es muy delicado, pues las fuerzas armadas, alejadas de su función de defensa nacional, están comprometidas en la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia (tareas propias a cuerpos policiales y de inteligencia), además de que se trata de múltiples instalaciones: sólo en Pemex son varios miles distribuidas a lo largo y ancho del país que necesitan resguardo: como en Colombia, queda así la puerta abierta a firmas (nacionales y extranjeras) tipo Blackwater, SyColeman, DynCorp vinculadas al Pentágono y a la CIA.
El peligro a la integridad territorial del país por la acción de ejércitos mercenarios de Estados Unidos se acrecienta: la Iniciativa Mérida impulsa el contratismo en materia de seguridad mientras el proyecto de reformas y adiciones a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petróleo de Calderón, como advierten Raúl Carrancá, Sergio Cárdenas y Virgilio Caballero, “… reduce y anula tramposamente el significado de área estratégica del Estado sobre el petróleo, hidrocarburos y petroquímica, al referir el significado de área estratégica a lo que disponga la propia ley y olvida que la Constitución obliga a la exclusividad del Estado sobre estos recursos”.
Si se concede a privados la extracción, almacenaje y distribución de hidrocarburos, entonces los nuevos propietarios de ductos y otra infraestructura contratan a sus propias “firmas de seguridad” (ejércitos mercenarios): es el resguardo de algo que por ley ya no es estratégico, sino suyo y que cubre el territorio nacional.
Generada por la política económica adoptada por quienes se autocalifican de reformistas, la debacle nacional, en sus manifestaciones más lamentables, corrupción, delincuencia organizada, narcotráfico, etcétera, es usada como excusa para desmontar los cimientos del proyecto histórico de la nación. La política económica vigente por 26 años: un persistente despojo a la economía popular y de clase media y al patrimonio nacional es el problema central para la seguridad nacional mexicana, que se agrava por el uso policial-represivo de las fuerzas armadas, desgastándolas, minando sus bases logísticas y alejándolas de la función de defensa nacional.
Frente a esta situación, la iniciativa del PRI para adicionar el artículo 32 de la Ley Federal de Seguridad Privada, si bien pretende que “el resguardo de las instalaciones estratégicas sea una función cuyo ejercicio corra a cargo de las autoridades del país”, es indiferente a “que la protección de tales inmuebles sea realizada directamente por el Estado o concesionada a particulares” (La Jornada, 5/11/08, p. 13). El problema es que, si bien se indica que por “instalación estratégica” se incluye a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, los caminos y carreteras, los puentes nacionales e internacionales, los puertos, recintos terminales e instalaciones portuarias, los aeropuertos, las instalaciones nucleares o con procesos radiactivos, las fronteras, estaciones migratorias, aduanas y obras de infraestructura hidráulica, y además se puntualiza en la referida ley que los prestadores de servicios deben abstenerse de proporcionarlos “en cualquier instalación considerada estratégica en los términos proyectados en la norma” (ibidem), dichas definiciones pueden cambiar.
El asunto es muy delicado, pues las fuerzas armadas, alejadas de su función de defensa nacional, están comprometidas en la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia (tareas propias a cuerpos policiales y de inteligencia), además de que se trata de múltiples instalaciones: sólo en Pemex son varios miles distribuidas a lo largo y ancho del país que necesitan resguardo: como en Colombia, queda así la puerta abierta a firmas (nacionales y extranjeras) tipo Blackwater, SyColeman, DynCorp vinculadas al Pentágono y a la CIA.
El peligro a la integridad territorial del país por la acción de ejércitos mercenarios de Estados Unidos se acrecienta: la Iniciativa Mérida impulsa el contratismo en materia de seguridad mientras el proyecto de reformas y adiciones a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petróleo de Calderón, como advierten Raúl Carrancá, Sergio Cárdenas y Virgilio Caballero, “… reduce y anula tramposamente el significado de área estratégica del Estado sobre el petróleo, hidrocarburos y petroquímica, al referir el significado de área estratégica a lo que disponga la propia ley y olvida que la Constitución obliga a la exclusividad del Estado sobre estos recursos”.
Si se concede a privados la extracción, almacenaje y distribución de hidrocarburos, entonces los nuevos propietarios de ductos y otra infraestructura contratan a sus propias “firmas de seguridad” (ejércitos mercenarios): es el resguardo de algo que por ley ya no es estratégico, sino suyo y que cubre el territorio nacional.
Kikka Roja
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