- Los 312 agentes participantes en el operativo son investigados
- Hubo ejecuciones extrajudiciales en Chincultik, confirman testimonios
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 5 de octubre. Cuatro de los seis campesinos muertos en el desalojo de la zona arqueológica de Chincultik fueron ejecutados extrajudicialmente, según se desprende de las declaraciones que han proporcionado tanto policías como los lugareños. Cinco de 11 agentes involucrados en los homicidios ya fueron detenidos; dos confesaron su participación y tres más rendían declaración esta noche.De acuerdo con esas declaraciones, Agustín Alfaro Alfaro, de 31 años, originario del ejido Ocotal, quien transportaba al hospital de Comitán a dos heridos durante el desalojo, recibió un disparo en la sien. Las otras tres personas que viajaban con él y que resultaron muertas, incluidos los que ya iban heridos, recibieron balazos en la espalda.Alfaro Alfaro pasaba por la comunidad –aproximadamente a las siete de la noche–, en una camioneta Ford Ranger, acompañado de su esposa y su hijo de tres años. En ese momento Miguel Antonio Martínez López, de 19 años, le pidió ayuda para trasladar a su padre, Miguel Martínez García, quien recibió un tiro. También subió a Rigoberto López Vázquez y Alfredo Hernández Ramírez y otra lugareña que necesitaba atención médica.En total, en el vehículo iban cinco hombres, dos mujeres y el niño de tres años.
A casi un kilómetro de la comunidad encontraron un retén de la Policía Estatal Preventiva (PEP), al frente del que se encontraba el jefe del agrupamiento de caballería y 11 uniformados, a cargo de Amílcar Corzo Díaz, herido durante el desalojo.Los policías de este agrupamiento sostuvieron en sus declaraciones ministeriales que “alguien” les gritó que los lugareños que pretendían pasar iban armados, lo que habría motivado que dispararán contra ellos. Sin embargo, de acuerdo a los reportes preliminares, Alfaro Alfaro murió de un disparo en la sien izquierda, que le dieron cuando ya había bajado del vehículo.A Rigoberto López Vázquez lo ultimaron cuando se encontraba sobre la góndola. Alfredo Hernández Ramírez y Miguel Antonio Ramírez López intentaron correr y recibieron disparos en la espalda. Actualmente, los 312 policías que participaron en el operativo están en calidad de presentados y son investigados.En tanto, policías que participaron en el operativo denunciaron que no hubo organización ni planeación táctica, que los dejaron “solos” y únicamente un subdirector de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana “azuzaba a la gente”.Un grupo denunció que en los hechos del 3 de octubre pasado, “nos llevaron como borregos, porque era un operativo federal (de la policía federal) pero cuando empezó todo ellos (los policías federales) se retiraron.“Cuando llegamos al poblado San Manuel la gente ya sabía (del operativo) y se nos vino encima; en ese momento los policías federales se retiraron y todo se volvió un caos.”
A casi un kilómetro de la comunidad encontraron un retén de la Policía Estatal Preventiva (PEP), al frente del que se encontraba el jefe del agrupamiento de caballería y 11 uniformados, a cargo de Amílcar Corzo Díaz, herido durante el desalojo.Los policías de este agrupamiento sostuvieron en sus declaraciones ministeriales que “alguien” les gritó que los lugareños que pretendían pasar iban armados, lo que habría motivado que dispararán contra ellos. Sin embargo, de acuerdo a los reportes preliminares, Alfaro Alfaro murió de un disparo en la sien izquierda, que le dieron cuando ya había bajado del vehículo.A Rigoberto López Vázquez lo ultimaron cuando se encontraba sobre la góndola. Alfredo Hernández Ramírez y Miguel Antonio Ramírez López intentaron correr y recibieron disparos en la espalda. Actualmente, los 312 policías que participaron en el operativo están en calidad de presentados y son investigados.En tanto, policías que participaron en el operativo denunciaron que no hubo organización ni planeación táctica, que los dejaron “solos” y únicamente un subdirector de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana “azuzaba a la gente”.Un grupo denunció que en los hechos del 3 de octubre pasado, “nos llevaron como borregos, porque era un operativo federal (de la policía federal) pero cuando empezó todo ellos (los policías federales) se retiraron.“Cuando llegamos al poblado San Manuel la gente ya sabía (del operativo) y se nos vino encima; en ese momento los policías federales se retiraron y todo se volvió un caos.”
- El Ministerio de Justicia estatal confirma 4 decesos; “hay información de dos desaparecidos”
- Indagan a 5 policías por muertes durante desalojo en zona arqueológica de Chiapas
Ampliar la imagen Un policía herido durante el operativo del viernes en Chincultik, Chiapas, es trasladado de un hospital regional al de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Foto: Moysés Zúñiga Santiago
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 5 de octubre. El ministro de Justicia del estado, Amador Rodríguez Lozano, informó que cinco policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) están sujetos a investigación por su presunta participación –en distintos grados– en los homicidios de pobladores del ejido San Manuel, cometidos durante el operativo para restituir a la Federación el parque nacional Lagos de Montebello y la zona arqueológica de Chincultik, municipio de La Trinitaria.
Mediante un comunicado de prensa, Rodríguez Lozano explicó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal contra las personas que se apoderaron de los lugares mencionados. En colaboración con las autoridades federales, con base en la averiguación previa PGR/CHIS/ COM/156/2008 para restituir a la Federación ambos sitios, el 3 de octubre se realizó un operativo policiaco interinstitucional, explicó. En ese contexto, abundó, “los pobladores agredieron a las fuerzas del orden público en represalia por la detención de algunos miembros de su comunidad, obstruyendo las vías generales de comunicación, reteniendo ilegalmente a 36 elementos de la SSPC y a tres miembros del Ministerio de Justicia, a quienes golpearon, vejaron y torturaron”. Añadió que los vecinos despojaron a los uniformados de 60 armas largas y 15 cortas, “generándose un intercambio de fuego que provocó pérdida de vidas humanas y lesiones de miembros de la comunidad y elementos de la Policía Estatal Preventiva”. Esos acontecimientos, informó el ministro, arrojaron un saldo de cuatro muertos confirmados: Rigoberto López Vázquez de 35 años; Alfredo Hernández Ramírez, de 40; Miguel Antonio Martínez López, de 19, y Agustín Alfaro Alfaro, de 31.
Apuntó que durante el operativo 22 personas –17 de las cuales son elementos de la Policía Estatal Preventiva– sufrieron lesiones. De igual forma tres mujeres integrantes de la policía estatal preventiva resultaron con intoxicación por gases. Añadió que “se tiene información de dos personas desaparecidas”: Ignacio Hernández López, de 59 años, y Ricardo Ramírez Hernández, de 55. Por otro lado, agregó, existe información no confirmada de que el policía Juan Carlos López Estrada, cuya credencial se encontró en el lugar de los hechos, se encuentra desaparecido y, según versiones extraoficiales, fue golpeado hasta la muerte, pero no ha sido localizado. El Ministerio de Justicia informó que horas después de los hechos un equipo de 90 fiscales del Ministerio Público, igual número de secretarios de acuerdos ministeriales, así como 40 peritos y elementos del Buró Ministerial de Investigación giraron oficios de localización y presentación de 313 personas, entre ellas 31 agentes del grupo táctico de la policía ministerial, cuatro peritos de la dirección de servicios periciales del Ministerio de Justicia y, el resto, elementos de la SSPC.
A las personas presentadas se les han realizado exámenes toxicológicos y clínicos; también se han realizado peritajes de radizonato de sodio, de balística –a 360 armas de cargo– y criminalística de campo. El ministro explicó que los policías Amílcar Corzo Díaz, Javier Moreno Estrada, Juan García Villatoro, Juan Carlos Camacho Teco y Consuelo Espinoza Sánchez se encuentran en calidad de presentados y sujetos a investigación, por su presunta participación en distintos grados en el delito de homicidio. Anunció que se solicitará la declaración del regidor del ayuntamiento de La Trinitaria, Mario Aguilar Guillén, por su presunta participación en esos hechos. Rodríguez Lozano informó que la zona arqueológica y el parque nacional mencionados “ya están desocupados y han recuperado prácticamente la normalidad. Las armas detenidas por los pobladores están siendo devueltas en este momento, y los detenidos en el operativo serán puestos en libertad en las próximas horas por la PGR”.
Expresó que el gobernador Juan Sabines ordenó a la dependencia que se castigue “el abuso de la fuerza pública, el exceso y el autoritarismo, por lo que reiteramos nuestra convicción de no permitir la impunidad y castigar cualquier violación a los derechos humanos”. “La situación en la región ha vuelto a la normalidad, donde existen todas las garantías para los habitantes de la zona y el turismo”, concluyó el ministro.
“De milagro no hubo más muertos, porque es impresionante la cantidad de balazos que se dispararon”, comentó el sacerdote Antonio Flores Guillén, quien ofició la misa de cuerpo presente de algunos fallecidos.La entrega del armamento ocurrió el sábado a las 9 de la noche en la comunidad de Cárdenas, a cuatro kilómetros de Miguel Hidalgo, para evitar la presencia policial en el ejido donde eran velados los cuerpos de Ricardo Ramírez Hernández, Ignacio Hernández López, Rigoberto López Vázquez, Alfredo Hernández Ramírez, Miguel Antonio Martínez y Agustín Alfaro Calvo.Las 77 armas largas y cortas, los chalecos y cascos antibalas, gorras, cargadores, cartuchos, fundas, teléfonos celulares y otras pertenencias fueron llevados en una camioneta por el ejidatario Galindo García Hernández y el abogado Jorge Guillén Figueroa, nombrado representante legal de la comunidad.En Cárdenas recibió los pertrechos el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Bautista Bello, con otros funcionarios estatales. Ello generó tensión, pues el acuerdo era que a cambio el gobierno liberaría a los 36 campesinos detenidos –que habían sido trasladados a San Cristóbal de Las Casas–, la mayoría ancianos, y la promesa no se cumplió de inmediato.Ello causó que entre las 6 y 7 horas los pobladores retuvieran en la casa ejidal a Guillén Figueroa, quien un día antes había sido nombrado representante del ejido.El incumplimiento del gobierno estatal propició que este domingo los ejidatarios estuvieran más molestos, pues ya habían devuelto el armamento y continuaban en la incertidumbre acerca de la suerte de los detenidos, pues sabían que algunos habían sido golpeados.Mientras continuaban las negociaciones por teléfono, los difuntos fueron sepultados; no en grupo, como algunos ejidatarios querían, aunque las tumbas quedaron juntas.Los pobladores argumentaron que los cuerpos de los dos campesinos muertos en la comunidad de Amparo Agua Tinta –adonde fueron llevados para su hospitalización y hasta la tarde del sábado llegaron a Miguel Hidalgo–, ya se estaban descomponiendo y tuvieron que ser sepultados temprano. A esos restos no se les practicó la necropsia de ley, la fiscalía pretendía inhumarlos la noche de este domingo.A las 13 horas se supo que 26 de los 36 detenidos ya habían arribado a Cárdenas para ser entregados a las autoridades de Miguel Hidalgo. Llegaron en un camión de la policía estatal.En ese lapso los detenidos hicieron bromas, pues no sabían que seis de sus vecinos habían sido asesinados el viernes. “Espérenme, no nos hemos peinado”, bromeó un anciano cuando vio el flash de la cámara fotográfica. “Íbamos para el otro lado pero no nos dejaron pasar en la frontera”, le siguió el juego otro viejo a su lado. “Ahora ya hablan y hasta ríen, pero qué tal cuando estábamos detenidos en San Cristóbal con ese friazo”, terció uno más.Cuando se enteraron de la muerte de sus compañeros, las risas se congelaron transformándose en tristeza, y recordaron su calvario a raíz de la detención.“A mí me quitaron la camisola, un reloj, los zapatos, el sombrero; me desvistieron cuando me tuvieron en la carretera; me golpearon las costillas con las armas”, declaró Jaime Hernández Espinosa, de 76 años.“Dormimos en el suelo y hasta ayer nos dieron de comer un poco; ha sido una amarga experiencia que gratuitamente nos ha hecho pasar el gobierno”, añadió.Mientras se esperaba la llegada de los otros detenidos, arribó el sacerdote Flores Guillén, quien dijo que “es muy lamentable y triste la muerte de seis campesinos; es reprobable”.–¿A qué se atribuyen estos hechos? –se le preguntó.–A la falta de gobernabilidad, no hay gobierno y ello es lamentable.Casi a las 3 de la tarde el primer grupo de 12 ejidatarios que estaba en Cárdenas subió a un transporte público que los trasladó a Miguel Hidalgo. Su llegada causó alivio.Los hicieron pasar a la casa ejidal, adonde los visitaron sus familiares. Quince minutos después llegaron los otros 14 campesinos. El siguiente contingente de 10 hombres llegaría después.Liberados los detenidos, la preocupación de los ejidatarios es la salud de más de 10 heridos de bala, sobre todo de Cándido Pérez Méndez y Miguel Martínez García –cuyo hijo Antonio fue sepultado este domingo– que están graves.Con la llegada de los detenidos también fueron puestos en libertad Rodolfo Albores y Límbano Hernández –jubilados del Instituto Nacional de Antropología e Historia que trabajaron en las ruinas de Chincultik–, padres de tres jóvenes que laboran la zona arqueológica y a quienes los pobladores responsabilizan de haber guiado a la policía el viernes, y que fueron retenidos por la comunidad.“Lo que sigue es negociar con el gobierno la indemnización de los deudos, el pago de la curación de los heridos y, sobre todo, el asunto de la posesión de las ruinas de Chincultik”, que están a tres kilómetros del ejido y que dio origen al conflicto que desembocó en el asesinato de seis campesinos. Los vehículos de la policía que dañaron los pobladores no han sido retirados de la comunidad.
■ La PGR se deslinda del violento desalojo que causó seis muertos
Ofensa, la entrega de dinero a agraviados en Chinkultic: ONG
Exige el Frayba pesquisa eficiente; reparar el daño no es sólo pagar, dice
Ángeles Mariscal (Corresponsal)
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 7 de octubre. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) consideró una “ofensa” a la población afectada por el desalojo y la muerte de campesinos de la zona de Chincultik que el gobierno estatal intente “solucionar” con la entrega de dinero los agravios cometidos por los cuerpos policiacos.
En un balance de lo ocurrido en la colonia Miguel Hidalgo, de la zona de Chincultik, el Frayba sostiene que los funcionarios que intervinieron en el operativo violaron los límites y procedimientos democráticos que permiten preservar la seguridad pública, como los derechos fundamentales de la persona, en hechos que van desde las ejecuciones hasta detenciones y agresiones a la población.
Según los testimonios de los campesinos, en el operativo, que habría sido dirigido por Víctor Librado Polo Estrada, subdirector de la policía ministerial, las autoridades y funcionarios no sólo no tomaron las medidas pertinentes para prevenir, de manera razonable, las violaciones al derecho a la vida de los habitantes, sino que sus acciones trajeron en consecuencia la muerte de las seis personas. El centro humanitario exigió a los gobiernos federal y estatal una investigación imparcial y eficiente sobre los hechos, sanción a los responsables, reparación de los daños materiales, y medidas que permitan el resarcimiento de los daños ocasionados al tejido social de la comunidad.
La reparación del daño, adviertió, no se ciñe a la entrega de apoyos económicos, ya que hasta el momento autoridades han optado por aportar 35 mil pesos por gastos funerarios y 75 mil pesos por apoyo económico a las familias que perdieron a sus familiares. También prometieron a los pobladores la entrega de despensas, apoyo en proyectos productivos y de desarrollo comunitario para impulsar fondas o restaurantes turísticos, “significando esto una ofensa a la población ante el agravio perpetrado”. En este contexto, la Procuraduría General de la República (PGR) se deslindó del enfrentamiento entre policías y pobladores de la colonia Miguel Hidalgo, del poblado de Chinkultic, que dejó seis muertos.
En un comunicado, la PGR explica que el 3 de octubre se efectuaron dos operativos en la zona, el primero en Lagos de Montebello y otro en la colonia Miguel Hidalgo. Los policías federales, aseguró, únicamente estuvieron en el desalojo de la caseta de cobro del parque nacional Lagunas de Montebello. A raíz de ese operativo se detuvo a los campesinos Armando Álvarez Alfaro y Abenamar Álvarez Alfaro, a quienes se les acusa de despojo y oposición a que se ejecutara una obra o trabajo público, por lo que se les consignó ante las autoridades.
“Culminado el operativo en el que se aseguró a dichas personas se suscitó un enfrentamiento entre pobladores de la colonia Miguel Hidalgo, del poblado Chinkultic, en el que ningún elemento de la PGR intervino”. El Ministerio de Justicia del estado informó en su momento que “en el segundo de ellos hubo hechos de sangre, motivo por el cual diversos servidores públicos del orden estatal están sujetos a investigación”. Sin embargo, a la PGR le fueron remitidos los detenidos en los dos operativos, 22 de los cuales “obtuvieron su libertad con las reservas de ley, y 37, que estaban en calidad de presentados, obtuvieron su libertad absoluta”.
Kikka Roja
Mediante un comunicado de prensa, Rodríguez Lozano explicó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal contra las personas que se apoderaron de los lugares mencionados. En colaboración con las autoridades federales, con base en la averiguación previa PGR/CHIS/ COM/156/2008 para restituir a la Federación ambos sitios, el 3 de octubre se realizó un operativo policiaco interinstitucional, explicó. En ese contexto, abundó, “los pobladores agredieron a las fuerzas del orden público en represalia por la detención de algunos miembros de su comunidad, obstruyendo las vías generales de comunicación, reteniendo ilegalmente a 36 elementos de la SSPC y a tres miembros del Ministerio de Justicia, a quienes golpearon, vejaron y torturaron”. Añadió que los vecinos despojaron a los uniformados de 60 armas largas y 15 cortas, “generándose un intercambio de fuego que provocó pérdida de vidas humanas y lesiones de miembros de la comunidad y elementos de la Policía Estatal Preventiva”. Esos acontecimientos, informó el ministro, arrojaron un saldo de cuatro muertos confirmados: Rigoberto López Vázquez de 35 años; Alfredo Hernández Ramírez, de 40; Miguel Antonio Martínez López, de 19, y Agustín Alfaro Alfaro, de 31.
Apuntó que durante el operativo 22 personas –17 de las cuales son elementos de la Policía Estatal Preventiva– sufrieron lesiones. De igual forma tres mujeres integrantes de la policía estatal preventiva resultaron con intoxicación por gases. Añadió que “se tiene información de dos personas desaparecidas”: Ignacio Hernández López, de 59 años, y Ricardo Ramírez Hernández, de 55. Por otro lado, agregó, existe información no confirmada de que el policía Juan Carlos López Estrada, cuya credencial se encontró en el lugar de los hechos, se encuentra desaparecido y, según versiones extraoficiales, fue golpeado hasta la muerte, pero no ha sido localizado. El Ministerio de Justicia informó que horas después de los hechos un equipo de 90 fiscales del Ministerio Público, igual número de secretarios de acuerdos ministeriales, así como 40 peritos y elementos del Buró Ministerial de Investigación giraron oficios de localización y presentación de 313 personas, entre ellas 31 agentes del grupo táctico de la policía ministerial, cuatro peritos de la dirección de servicios periciales del Ministerio de Justicia y, el resto, elementos de la SSPC.
A las personas presentadas se les han realizado exámenes toxicológicos y clínicos; también se han realizado peritajes de radizonato de sodio, de balística –a 360 armas de cargo– y criminalística de campo. El ministro explicó que los policías Amílcar Corzo Díaz, Javier Moreno Estrada, Juan García Villatoro, Juan Carlos Camacho Teco y Consuelo Espinoza Sánchez se encuentran en calidad de presentados y sujetos a investigación, por su presunta participación en distintos grados en el delito de homicidio. Anunció que se solicitará la declaración del regidor del ayuntamiento de La Trinitaria, Mario Aguilar Guillén, por su presunta participación en esos hechos. Rodríguez Lozano informó que la zona arqueológica y el parque nacional mencionados “ya están desocupados y han recuperado prácticamente la normalidad. Las armas detenidas por los pobladores están siendo devueltas en este momento, y los detenidos en el operativo serán puestos en libertad en las próximas horas por la PGR”.
Expresó que el gobernador Juan Sabines ordenó a la dependencia que se castigue “el abuso de la fuerza pública, el exceso y el autoritarismo, por lo que reiteramos nuestra convicción de no permitir la impunidad y castigar cualquier violación a los derechos humanos”. “La situación en la región ha vuelto a la normalidad, donde existen todas las garantías para los habitantes de la zona y el turismo”, concluyó el ministro.
- Sepultan a los seis pobladores asesinados el viernes pasado por policías federales y estatales
- Campesinos y gobierno canjean armas por detenidos en operativo de Chincultik
“De milagro no hubo más muertos, porque es impresionante la cantidad de balazos que se dispararon”, comentó el sacerdote Antonio Flores Guillén, quien ofició la misa de cuerpo presente de algunos fallecidos.La entrega del armamento ocurrió el sábado a las 9 de la noche en la comunidad de Cárdenas, a cuatro kilómetros de Miguel Hidalgo, para evitar la presencia policial en el ejido donde eran velados los cuerpos de Ricardo Ramírez Hernández, Ignacio Hernández López, Rigoberto López Vázquez, Alfredo Hernández Ramírez, Miguel Antonio Martínez y Agustín Alfaro Calvo.Las 77 armas largas y cortas, los chalecos y cascos antibalas, gorras, cargadores, cartuchos, fundas, teléfonos celulares y otras pertenencias fueron llevados en una camioneta por el ejidatario Galindo García Hernández y el abogado Jorge Guillén Figueroa, nombrado representante legal de la comunidad.En Cárdenas recibió los pertrechos el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Bautista Bello, con otros funcionarios estatales. Ello generó tensión, pues el acuerdo era que a cambio el gobierno liberaría a los 36 campesinos detenidos –que habían sido trasladados a San Cristóbal de Las Casas–, la mayoría ancianos, y la promesa no se cumplió de inmediato.Ello causó que entre las 6 y 7 horas los pobladores retuvieran en la casa ejidal a Guillén Figueroa, quien un día antes había sido nombrado representante del ejido.El incumplimiento del gobierno estatal propició que este domingo los ejidatarios estuvieran más molestos, pues ya habían devuelto el armamento y continuaban en la incertidumbre acerca de la suerte de los detenidos, pues sabían que algunos habían sido golpeados.Mientras continuaban las negociaciones por teléfono, los difuntos fueron sepultados; no en grupo, como algunos ejidatarios querían, aunque las tumbas quedaron juntas.Los pobladores argumentaron que los cuerpos de los dos campesinos muertos en la comunidad de Amparo Agua Tinta –adonde fueron llevados para su hospitalización y hasta la tarde del sábado llegaron a Miguel Hidalgo–, ya se estaban descomponiendo y tuvieron que ser sepultados temprano. A esos restos no se les practicó la necropsia de ley, la fiscalía pretendía inhumarlos la noche de este domingo.A las 13 horas se supo que 26 de los 36 detenidos ya habían arribado a Cárdenas para ser entregados a las autoridades de Miguel Hidalgo. Llegaron en un camión de la policía estatal.En ese lapso los detenidos hicieron bromas, pues no sabían que seis de sus vecinos habían sido asesinados el viernes. “Espérenme, no nos hemos peinado”, bromeó un anciano cuando vio el flash de la cámara fotográfica. “Íbamos para el otro lado pero no nos dejaron pasar en la frontera”, le siguió el juego otro viejo a su lado. “Ahora ya hablan y hasta ríen, pero qué tal cuando estábamos detenidos en San Cristóbal con ese friazo”, terció uno más.Cuando se enteraron de la muerte de sus compañeros, las risas se congelaron transformándose en tristeza, y recordaron su calvario a raíz de la detención.“A mí me quitaron la camisola, un reloj, los zapatos, el sombrero; me desvistieron cuando me tuvieron en la carretera; me golpearon las costillas con las armas”, declaró Jaime Hernández Espinosa, de 76 años.“Dormimos en el suelo y hasta ayer nos dieron de comer un poco; ha sido una amarga experiencia que gratuitamente nos ha hecho pasar el gobierno”, añadió.Mientras se esperaba la llegada de los otros detenidos, arribó el sacerdote Flores Guillén, quien dijo que “es muy lamentable y triste la muerte de seis campesinos; es reprobable”.–¿A qué se atribuyen estos hechos? –se le preguntó.–A la falta de gobernabilidad, no hay gobierno y ello es lamentable.Casi a las 3 de la tarde el primer grupo de 12 ejidatarios que estaba en Cárdenas subió a un transporte público que los trasladó a Miguel Hidalgo. Su llegada causó alivio.Los hicieron pasar a la casa ejidal, adonde los visitaron sus familiares. Quince minutos después llegaron los otros 14 campesinos. El siguiente contingente de 10 hombres llegaría después.Liberados los detenidos, la preocupación de los ejidatarios es la salud de más de 10 heridos de bala, sobre todo de Cándido Pérez Méndez y Miguel Martínez García –cuyo hijo Antonio fue sepultado este domingo– que están graves.Con la llegada de los detenidos también fueron puestos en libertad Rodolfo Albores y Límbano Hernández –jubilados del Instituto Nacional de Antropología e Historia que trabajaron en las ruinas de Chincultik–, padres de tres jóvenes que laboran la zona arqueológica y a quienes los pobladores responsabilizan de haber guiado a la policía el viernes, y que fueron retenidos por la comunidad.“Lo que sigue es negociar con el gobierno la indemnización de los deudos, el pago de la curación de los heridos y, sobre todo, el asunto de la posesión de las ruinas de Chincultik”, que están a tres kilómetros del ejido y que dio origen al conflicto que desembocó en el asesinato de seis campesinos. Los vehículos de la policía que dañaron los pobladores no han sido retirados de la comunidad.
■ La PGR se deslinda del violento desalojo que causó seis muertos
Ofensa, la entrega de dinero a agraviados en Chinkultic: ONG
Exige el Frayba pesquisa eficiente; reparar el daño no es sólo pagar, dice
Ángeles Mariscal (Corresponsal)
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 7 de octubre. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) consideró una “ofensa” a la población afectada por el desalojo y la muerte de campesinos de la zona de Chincultik que el gobierno estatal intente “solucionar” con la entrega de dinero los agravios cometidos por los cuerpos policiacos.
En un balance de lo ocurrido en la colonia Miguel Hidalgo, de la zona de Chincultik, el Frayba sostiene que los funcionarios que intervinieron en el operativo violaron los límites y procedimientos democráticos que permiten preservar la seguridad pública, como los derechos fundamentales de la persona, en hechos que van desde las ejecuciones hasta detenciones y agresiones a la población.
Según los testimonios de los campesinos, en el operativo, que habría sido dirigido por Víctor Librado Polo Estrada, subdirector de la policía ministerial, las autoridades y funcionarios no sólo no tomaron las medidas pertinentes para prevenir, de manera razonable, las violaciones al derecho a la vida de los habitantes, sino que sus acciones trajeron en consecuencia la muerte de las seis personas. El centro humanitario exigió a los gobiernos federal y estatal una investigación imparcial y eficiente sobre los hechos, sanción a los responsables, reparación de los daños materiales, y medidas que permitan el resarcimiento de los daños ocasionados al tejido social de la comunidad.
La reparación del daño, adviertió, no se ciñe a la entrega de apoyos económicos, ya que hasta el momento autoridades han optado por aportar 35 mil pesos por gastos funerarios y 75 mil pesos por apoyo económico a las familias que perdieron a sus familiares. También prometieron a los pobladores la entrega de despensas, apoyo en proyectos productivos y de desarrollo comunitario para impulsar fondas o restaurantes turísticos, “significando esto una ofensa a la población ante el agravio perpetrado”. En este contexto, la Procuraduría General de la República (PGR) se deslindó del enfrentamiento entre policías y pobladores de la colonia Miguel Hidalgo, del poblado de Chinkultic, que dejó seis muertos.
En un comunicado, la PGR explica que el 3 de octubre se efectuaron dos operativos en la zona, el primero en Lagos de Montebello y otro en la colonia Miguel Hidalgo. Los policías federales, aseguró, únicamente estuvieron en el desalojo de la caseta de cobro del parque nacional Lagunas de Montebello. A raíz de ese operativo se detuvo a los campesinos Armando Álvarez Alfaro y Abenamar Álvarez Alfaro, a quienes se les acusa de despojo y oposición a que se ejecutara una obra o trabajo público, por lo que se les consignó ante las autoridades.
“Culminado el operativo en el que se aseguró a dichas personas se suscitó un enfrentamiento entre pobladores de la colonia Miguel Hidalgo, del poblado Chinkultic, en el que ningún elemento de la PGR intervino”. El Ministerio de Justicia del estado informó en su momento que “en el segundo de ellos hubo hechos de sangre, motivo por el cual diversos servidores públicos del orden estatal están sujetos a investigación”. Sin embargo, a la PGR le fueron remitidos los detenidos en los dos operativos, 22 de los cuales “obtuvieron su libertad con las reservas de ley, y 37, que estaban en calidad de presentados, obtuvieron su libertad absoluta”.
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