Investigación y abuso
EditorialAyer, luego de varios días de permanecer preso en el Reclusorio Norte de la ciudad de México, fue puesto en libertad el médico radiólogo Carlos Martínez Neri, a quien la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo y acusó por la fuga del presunto secuestrador Ángel Cisneros Marín, quien escapó del Hospital de Xoco, en el que labora Martínez Neri, donde aquel se encontraba en calidad de detenido bajo el resguardo de tres agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), quienes también fueron arrestados y consignados. Hasta donde se sabe, el supuesto delincuente ingresó al hospital con lesiones de consideración, fue sometido a examen por Martínez Neri y aprovechó para escapar cuando el radiólogo fue a revelar las placas que le había tomado.
La captura del médico generó movilizaciones de solidaridad de sus compañeros de trabajo, y el Gobierno del Distrito Federal, de cuya Secretaría de Salud depende el nosocomio mencionado, asumió la defensa del especialista.
El episodio no sólo es ilustrativo de la incapacidad de las autoridades responsables de la procuración de justicia hasta para vigilar a presuntos infractores detenidos, sino también de su tendencia a afectar a inocentes y a responsabilizarlos por la ineptitud policial.
El manifiesto abuso cometido contra Martínez Neri desafía la lógica elemental y resulta lamentable tener que recordar que la tarea del personal médico y paramédico no consiste en impedir la fuga de los pacientes acusados de hechos delictivos, sino en curarlos. Sin embargo, el episodio dista de ser un hecho aislado. Se inscribe en una vieja práctica conocida como “fabricación de culpables”, característica de autoridades que han perdido el control de la situación, como ocurre actualmente con las instituciones encargadas de prevenir y perseguir a los criminales.
Es preocupante la posibilidad de que la captura referida indique el resurgimiento de esta práctica, que fue habitual en el sexenio pasado. Cuando la PGR estuvo a cargo de Rafael Macedo de la Concha, era común que la policía judicial, después AFI, intentara subsanar su ineptitud presionando y hostilizando a periodistas para que revelaran sus fuentes de información, y saltaron a la luz pública persecuciones y encarcelamientos de inocentes: baste recordar los casos de Artemisa Aguilar, empleada del Instituto Nacional de Migración (INM), injustamente acusada y encarcelada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), entonces a cargo de José Luis Santiago Vasconcelos, de pertenecer a una organización dedicada al tráfico de personas; las imputaciones contra Nahum Acosta Lugo, ex director de Giras de la Presidencia, a quien se acusó, sin fundamentos, de vínculos con el cártel de Juárez y fue recluido en el penal de alta seguridad de La Palma, y la pesadilla que vivió el arquitecto Joaquín Romero Aparicio, sujeto a un prolongado arraigo porque agentes de la AFI le encontraron parecido físico con el narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes.
Actualmente, los abusos como el que sufrió el radiólogo Martínez Neri tienen como telón de fondo el empecinamiento gubernamental en corresponsabilizar a la sociedad del combate contra la delincuencia, pretensión absurda y carente de toda justificación legal: salvo lo que se especifica en la tipificación del delito de encubrimiento, la prevención del delito y la persecución de quienes lo cometen es responsabilidad de las autoridades, no de la población. El llamado a los ciudadanos a que se involucren en la “guerra” proclamada por la administración calderonista contra la criminalidad resulta, además, irresponsable y sumamente peligroso para quienes lo acaten, habida cuenta de que las corporaciones policiales se encuentran, con toda evidencia, infiltradas por el narcotráfico y por las bandas de secuestradores, y no son capaces, en consecuencia, de garantizar la seguridad ni siquiera de sus propios jefes.
Es necesario, en suma, que el gobierno federal asuma sus responsabilidades y las consecuencias de sus propias acciones y deje de criminalizar a la ciudadanía. Cierto, el país está lleno de delincuentes en libertad, y eso es muy grave. Pero es incluso peor que, ante el fracaso de la política oficial de seguridad pública, y en un acto de simulación inaceptable, se opte por llenar las cárceles con gente inocente.
Kikka Roja
La captura del médico generó movilizaciones de solidaridad de sus compañeros de trabajo, y el Gobierno del Distrito Federal, de cuya Secretaría de Salud depende el nosocomio mencionado, asumió la defensa del especialista.
El episodio no sólo es ilustrativo de la incapacidad de las autoridades responsables de la procuración de justicia hasta para vigilar a presuntos infractores detenidos, sino también de su tendencia a afectar a inocentes y a responsabilizarlos por la ineptitud policial.
El manifiesto abuso cometido contra Martínez Neri desafía la lógica elemental y resulta lamentable tener que recordar que la tarea del personal médico y paramédico no consiste en impedir la fuga de los pacientes acusados de hechos delictivos, sino en curarlos. Sin embargo, el episodio dista de ser un hecho aislado. Se inscribe en una vieja práctica conocida como “fabricación de culpables”, característica de autoridades que han perdido el control de la situación, como ocurre actualmente con las instituciones encargadas de prevenir y perseguir a los criminales.
Es preocupante la posibilidad de que la captura referida indique el resurgimiento de esta práctica, que fue habitual en el sexenio pasado. Cuando la PGR estuvo a cargo de Rafael Macedo de la Concha, era común que la policía judicial, después AFI, intentara subsanar su ineptitud presionando y hostilizando a periodistas para que revelaran sus fuentes de información, y saltaron a la luz pública persecuciones y encarcelamientos de inocentes: baste recordar los casos de Artemisa Aguilar, empleada del Instituto Nacional de Migración (INM), injustamente acusada y encarcelada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), entonces a cargo de José Luis Santiago Vasconcelos, de pertenecer a una organización dedicada al tráfico de personas; las imputaciones contra Nahum Acosta Lugo, ex director de Giras de la Presidencia, a quien se acusó, sin fundamentos, de vínculos con el cártel de Juárez y fue recluido en el penal de alta seguridad de La Palma, y la pesadilla que vivió el arquitecto Joaquín Romero Aparicio, sujeto a un prolongado arraigo porque agentes de la AFI le encontraron parecido físico con el narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes.
Actualmente, los abusos como el que sufrió el radiólogo Martínez Neri tienen como telón de fondo el empecinamiento gubernamental en corresponsabilizar a la sociedad del combate contra la delincuencia, pretensión absurda y carente de toda justificación legal: salvo lo que se especifica en la tipificación del delito de encubrimiento, la prevención del delito y la persecución de quienes lo cometen es responsabilidad de las autoridades, no de la población. El llamado a los ciudadanos a que se involucren en la “guerra” proclamada por la administración calderonista contra la criminalidad resulta, además, irresponsable y sumamente peligroso para quienes lo acaten, habida cuenta de que las corporaciones policiales se encuentran, con toda evidencia, infiltradas por el narcotráfico y por las bandas de secuestradores, y no son capaces, en consecuencia, de garantizar la seguridad ni siquiera de sus propios jefes.
Es necesario, en suma, que el gobierno federal asuma sus responsabilidades y las consecuencias de sus propias acciones y deje de criminalizar a la ciudadanía. Cierto, el país está lleno de delincuentes en libertad, y eso es muy grave. Pero es incluso peor que, ante el fracaso de la política oficial de seguridad pública, y en un acto de simulación inaceptable, se opte por llenar las cárceles con gente inocente.
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