- Mensaje de impunidad a agentes del operativo de 2006: Centro Prodh
- Avalan sanción leve a policía acusado de ataque sexual a mujer atenquense
Emir Olivares Alonso
La justicia del estado de México ratificó su decisión de que el único policía sentenciado por las agresiones sexuales contra las mujeres detenidas en el operativo en San Salvador Atenco (en 2006) no pise la cárcel, aun cuando el equipo jurídico del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) apeló de la decisión del juez de condenar al uniformado sólo por “actos libidinosos”, delito no grave.
Doroteo Blas Marcelo, policía estatal acusado e identificado por una de las 26 mujeres atacadas sexualmente de obligarla a hacerle sexo oral, fue sentenciado en mayo pasado a tres años, dos meses y siete días de prisión, pena conmutable por el pago de 8 mil 427 pesos. Este fallo fue impugnado por los abogados de la ONG; sin embargo, un magistrado estatal lo ratificó.
Jaqueline Sáenz, del Centro Prodh, resaltó que con esto se manda un mensaje de impunidad para los más de 2 mil agentes que participaron en los operativos. “El Estado les otorga protección (a los agentes que agredieron a las mujeres), pues, si bien condena al agente, no lo obliga a pisar la cárcel.”
Agregó que mientras las autoridades condenaron a más de 112 años de prisión (por pena acumulada) al líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle; a más de 67 años a Héctor Galindo y Felipe Álvarez, y a más de 30 años de prisión a 10 personas, paradójicamente del lado de los policías sólo se ha sentencia a un uniformado por un delito no grave y a cinco más se les procesa por abuso de autoridad, tampoco grave.
“En este caso prevalece la impunidad; pese a que son delitos graves (agresiones sexuales), las autoridades son omisas en investigar diligentemente y, por el contrario, obligan a las víctimas a identificar a sus agresores”, señaló Sáenz.
Refirió que el Centro Prodh acompaña jurídicamente el caso de 11 de las 26 mujeres que han reportado haber sido objeto de abusos sexuales. Tras la sentencia, dijo, se prepara un amparo “como última opción a escala interna” para acceder a la justicia. Recordó que el 28 de abril de este año se presentó una petición a la Comisión Internacional de Derechos Humanos en la que se demanda al Estado mexicano “por múltiples violaciones a las garantías” de las mujeres.
La resolución del magistrado no modificó el tipo de delito ni el tiempo de sentencia contra Blas Marcelo, aunque sí decidió –a diferencia del juez– destituir del cargo al policía y reparar el daño a la víctima con una cantidad de 9 mil 162 pesos.
“Lo anterior muestra la manera en que los elementos de las fuerzas de seguridad actúan al margen de la ley con total impunidad, sin medios de control y sanción efectivos y con la aquiescencia del Estado”, subrayó Sáenz.
Doroteo Blas Marcelo, policía estatal acusado e identificado por una de las 26 mujeres atacadas sexualmente de obligarla a hacerle sexo oral, fue sentenciado en mayo pasado a tres años, dos meses y siete días de prisión, pena conmutable por el pago de 8 mil 427 pesos. Este fallo fue impugnado por los abogados de la ONG; sin embargo, un magistrado estatal lo ratificó.
Jaqueline Sáenz, del Centro Prodh, resaltó que con esto se manda un mensaje de impunidad para los más de 2 mil agentes que participaron en los operativos. “El Estado les otorga protección (a los agentes que agredieron a las mujeres), pues, si bien condena al agente, no lo obliga a pisar la cárcel.”
Agregó que mientras las autoridades condenaron a más de 112 años de prisión (por pena acumulada) al líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle; a más de 67 años a Héctor Galindo y Felipe Álvarez, y a más de 30 años de prisión a 10 personas, paradójicamente del lado de los policías sólo se ha sentencia a un uniformado por un delito no grave y a cinco más se les procesa por abuso de autoridad, tampoco grave.
“En este caso prevalece la impunidad; pese a que son delitos graves (agresiones sexuales), las autoridades son omisas en investigar diligentemente y, por el contrario, obligan a las víctimas a identificar a sus agresores”, señaló Sáenz.
Refirió que el Centro Prodh acompaña jurídicamente el caso de 11 de las 26 mujeres que han reportado haber sido objeto de abusos sexuales. Tras la sentencia, dijo, se prepara un amparo “como última opción a escala interna” para acceder a la justicia. Recordó que el 28 de abril de este año se presentó una petición a la Comisión Internacional de Derechos Humanos en la que se demanda al Estado mexicano “por múltiples violaciones a las garantías” de las mujeres.
La resolución del magistrado no modificó el tipo de delito ni el tiempo de sentencia contra Blas Marcelo, aunque sí decidió –a diferencia del juez– destituir del cargo al policía y reparar el daño a la víctima con una cantidad de 9 mil 162 pesos.
“Lo anterior muestra la manera en que los elementos de las fuerzas de seguridad actúan al margen de la ley con total impunidad, sin medios de control y sanción efectivos y con la aquiescencia del Estado”, subrayó Sáenz.
Kikka Roja
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