Reorientar el presupuesto
los primeros en perder SON LOS TRABAJADORES, los corren, y Fecal no va hacer nada para proteger a la población.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados solicitó ayer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentar, a más tardar en 48 horas, un replanteamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación enviado hace casi un mes por el Ejecutivo federal al Congreso, a lo que la dependencia respondió que el nuevo proyecto estará listo “a más tardar” el próximo 20 de octubre y en él se incluirán los ajustes correspondientes a las estimaciones de crecimiento, tasas de interés, inflación y precios del petróleo.
La revisión solicitada por San Lázaro es de obvia sensatez, pues el documento del gobierno calderonista no toma en cuenta la alarmante inestabilidad de la economía mundial creada por los quebrantos financieros estadunidenses (y por el millonario plan de rescate supuestamente destinado a subsanarlos) y está desactualizado con respecto a indicadores tan básicos para la economía nacional como las cotizaciones internacionales del petróleo y la caída de las remesas monetarias enviadas al país por los connacionales que trabajan en Estados Unidos.
Debe señalarse, sin embargo, que el comportamiento incauto de las autoridades económicas no es coyuntural. De hecho, la crisis económica presente no surgió en las últimas dos semanas, sino que se originó hace más de un año con la debacle en el sector inmobiliario en Estados Unidos, y con los consecuentes efectos nocivos para el mercado financiero. De entonces a la fecha, el gobierno federal se ha empeñado en desatender los evidentes riesgos de colapso y se ha escudado sistemáticamente en la pretendida “solidez de la economía mexicana”. Como botón de muestra de tal actitud, el jefe del Ejecutivo federal afirmó, a principios de este año, cuando ya la crisis inmobiliaria e hipotecaria causaba estragos en la nación vecina, que le “emocionaba” la incierta perspectiva de la economía mundial.
Tal imprevisión ha resultado onerosa para el país no sólo en términos económicos y en el tiempo que se ha perdido para formular medidas de atenuación a la crisis, sino también en términos políticos: una Presidencia que no es capaz de prever y de entender los signos del presente experimenta, inexorablemente, una erosión institucional como la que implica que el Legislativo le devuelva un proyecto presupuestal a todas luces anacrónico e inoportuno. Tal erosión, que se suma al déficit de legitimidad que acompaña a la presente administración desde su origen, se traduce, para colmo de males, en una transferencia neta de poder e influencia a la cúpula legislativa priísta, la cual, aunque constituye la tercera fuerza parlamentaria, desempeña un papel central en temas como el de la pretendida privatización de la industria petrolera, la aprobación de los presupuestos, las modificaciones penales que pretende introducir el calderonismo y otros asuntos de la agenda legislativa, hasta el punto de que muchas veces parece ser el Revolucionario Institucional, y no Acción Nacional, el factor dominante de la alianza política de facto que ostenta el poder.
Desde otro punto de vista, la circunstancia presente debería llevar al Ejecutivo y al Legislativo a ir más allá de un simple proceso de recortes, ajustes y reasignaciones del Presupuesto de Egresos y a las disposiciones fiscales y abandonar el modelo económico neoliberal adoptado desde la administración de Carlos Salinas, continuado por las sucesivas administraciones, incluida la actual, cuya aplicación ha implicado la contención de los salarios, la cancelación de los mecanismos de bienestar social, el abandono del campo, la privatización corrupta de las empresas y facultades públicas y la apertura indiscriminada de los mercados. Este modelo, que beneficia a los capitales financieros –especialmente los transnacionales– en detrimento de la población, se ha colapsado en el país desde el cual se ha pretendido imponer como la panacea para las llamadas países en desarrollo, y su caída ha sido a tal grado evidente que incluso Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial y neoliberal ferviente, admitió hace un par de días que el sistema “ya no funciona” .
En un contexto nacional en el que persisten la inflación, el desempleo, la pobreza, la falta de educación y salud y la carencia de horizontes de movilidad social, el gasto público debe fungir como el instrumento por medio del cual el Estado reactive la economía la economía interna, genere empleos e infraestructura, atienda las necesidades básicas de la población y se prepare para recibir a los mexicanos que regresen al territorio nacional a consecuencia de la contracción del mercado laboral y del recrudecimiento de la persecución en su contra en el país vecino. Se requiere, y con urgencia, que el poder público entienda la necesidad de poner la economía al servicio de la gente y renuncie a la escuela imperante desde hace dos décadas, que sacrifica a la población para servir a los capitales. Por ello, el proyecto de presupuesto necesita, más que de ajustes y recortes, una reorientación de fondo a fin de disminuir el impacto que la crisis mundial está teniendo en la sociedad. Si no se actúa en ese sentido, las propias instancias Legislativa y Ejecutiva estarán poniendo en riesgo la gobernabilidad, de suyo precaria, en la que se sustentan.
La revisión solicitada por San Lázaro es de obvia sensatez, pues el documento del gobierno calderonista no toma en cuenta la alarmante inestabilidad de la economía mundial creada por los quebrantos financieros estadunidenses (y por el millonario plan de rescate supuestamente destinado a subsanarlos) y está desactualizado con respecto a indicadores tan básicos para la economía nacional como las cotizaciones internacionales del petróleo y la caída de las remesas monetarias enviadas al país por los connacionales que trabajan en Estados Unidos.
Debe señalarse, sin embargo, que el comportamiento incauto de las autoridades económicas no es coyuntural. De hecho, la crisis económica presente no surgió en las últimas dos semanas, sino que se originó hace más de un año con la debacle en el sector inmobiliario en Estados Unidos, y con los consecuentes efectos nocivos para el mercado financiero. De entonces a la fecha, el gobierno federal se ha empeñado en desatender los evidentes riesgos de colapso y se ha escudado sistemáticamente en la pretendida “solidez de la economía mexicana”. Como botón de muestra de tal actitud, el jefe del Ejecutivo federal afirmó, a principios de este año, cuando ya la crisis inmobiliaria e hipotecaria causaba estragos en la nación vecina, que le “emocionaba” la incierta perspectiva de la economía mundial.
Tal imprevisión ha resultado onerosa para el país no sólo en términos económicos y en el tiempo que se ha perdido para formular medidas de atenuación a la crisis, sino también en términos políticos: una Presidencia que no es capaz de prever y de entender los signos del presente experimenta, inexorablemente, una erosión institucional como la que implica que el Legislativo le devuelva un proyecto presupuestal a todas luces anacrónico e inoportuno. Tal erosión, que se suma al déficit de legitimidad que acompaña a la presente administración desde su origen, se traduce, para colmo de males, en una transferencia neta de poder e influencia a la cúpula legislativa priísta, la cual, aunque constituye la tercera fuerza parlamentaria, desempeña un papel central en temas como el de la pretendida privatización de la industria petrolera, la aprobación de los presupuestos, las modificaciones penales que pretende introducir el calderonismo y otros asuntos de la agenda legislativa, hasta el punto de que muchas veces parece ser el Revolucionario Institucional, y no Acción Nacional, el factor dominante de la alianza política de facto que ostenta el poder.
Desde otro punto de vista, la circunstancia presente debería llevar al Ejecutivo y al Legislativo a ir más allá de un simple proceso de recortes, ajustes y reasignaciones del Presupuesto de Egresos y a las disposiciones fiscales y abandonar el modelo económico neoliberal adoptado desde la administración de Carlos Salinas, continuado por las sucesivas administraciones, incluida la actual, cuya aplicación ha implicado la contención de los salarios, la cancelación de los mecanismos de bienestar social, el abandono del campo, la privatización corrupta de las empresas y facultades públicas y la apertura indiscriminada de los mercados. Este modelo, que beneficia a los capitales financieros –especialmente los transnacionales– en detrimento de la población, se ha colapsado en el país desde el cual se ha pretendido imponer como la panacea para las llamadas países en desarrollo, y su caída ha sido a tal grado evidente que incluso Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial y neoliberal ferviente, admitió hace un par de días que el sistema “ya no funciona” .
En un contexto nacional en el que persisten la inflación, el desempleo, la pobreza, la falta de educación y salud y la carencia de horizontes de movilidad social, el gasto público debe fungir como el instrumento por medio del cual el Estado reactive la economía la economía interna, genere empleos e infraestructura, atienda las necesidades básicas de la población y se prepare para recibir a los mexicanos que regresen al territorio nacional a consecuencia de la contracción del mercado laboral y del recrudecimiento de la persecución en su contra en el país vecino. Se requiere, y con urgencia, que el poder público entienda la necesidad de poner la economía al servicio de la gente y renuncie a la escuela imperante desde hace dos décadas, que sacrifica a la población para servir a los capitales. Por ello, el proyecto de presupuesto necesita, más que de ajustes y recortes, una reorientación de fondo a fin de disminuir el impacto que la crisis mundial está teniendo en la sociedad. Si no se actúa en ese sentido, las propias instancias Legislativa y Ejecutiva estarán poniendo en riesgo la gobernabilidad, de suyo precaria, en la que se sustentan.
Kikka Roja
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