LA REPRESIÓN DE ULISES RUIZ EN OAXACA: Comité de Liberación 25 de Noviembre

• Medina Mora, entre otros, acusado por tortura física y sicológica
• Liberados de Oaxaca presentan denuncias contra aprehensores

Gustavo Castillo García
Miembros del Comité de Liberación 25 de Noviembre, frente a la PGR Foto: María Luisa Severiano

La organización civil oaxaqueña Comité de Liberación 25 de Noviembre presentó una denuncia penal en contra de ex secretarios de Seguridad Pública Federal (SSP) y de la Defensa Nacional, así como del ex comisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP), por presunta responsabilidad en delitos de tortura física y sicológica, tratos crueles, lesiones, violencia física y moral, robo, abuso de autoridad y sexual, amenazas de muerte, privación ilegal de la libertad y uso indebido de la fuerza pública. contra 143 detenidos durante el movimiento social de Oaxaca en el año 2006. Los funcionarios acusados son: Eduardo Medina Mora, ex titular de la SSP y actual procurador general de la República; el ex secretario de la Defensa Nacional, Clemente Ricardo Vega García; el ex comisionado de la PFP Alejandro Martínez Aduna, así como otros servidores federales y del estado de Oaxaca involucrados en acciones de fuerza ejercidas contra integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), de miembros de otras organizaciones sociales y de ciudadanos que no estuvieron involucrados en la protesta social de hace dos años en aquel estado. La denuncia fue presentada este viernes en la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), por 27 personas, quienes consideraron que fueron encarceladas y privadas de su libertad a pesar de ser inocentes de los cargos que se les imputaron –como quedó demostrado al término de los procesos que se les instruyeron– por la supuesta comisión de diversos actos ilícitos durante el movimiento social.

La abogada Alba Gabriela Cruz Ramos, coordinadora jurídica del Comité de Liberación 25 de Noviembre, organización creada para defender a los afectados durante el conflicto social en el que se pedía la renuncia del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, presentó la documentación que acredita que desde el 25 y hasta el 20 de diciembre de 2006 se cometieron actos posiblemente constitutivos de delito, en los que los acusados “hayan participado directa o indirectamente por acción u omisión, en los hechos perpetrados en nuestra contra”. En una conferencia de prensa ofrecida luego de formalizar la denuncia, algunos afectados emitieron un comunicado de prensa en el que señalaron: “cuando nos detuvieron fuimos trasladados a los penales de Mihuatlán, Tlacolula y el de mediana seguridad en Tepic, Nayarit. En el trayecto se nos trató con vejaciones, insultos y amenazas de ser arrojados al vacío desde los helicópteros y el avión en que estábamos siendo trasladados.“Gracias a la defensa y pese a todos los obstáculos que las instituciones oponían para acceder a la justicia con un debido proceso, ganamos nuestra libertad en diversas etapas y, lejos de debilitarnos, adquirimos mayor fortaleza y conciencia, y por eso estamos aquí, porque fuimos tratados como criminales, cuando a todas luces éramos inocentes. Por eso reclamamos justicia a las mismas instituciones que nos violentaron”, afirmaron en el documento.

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