Javier González Garza
15 Nov. 08
Luego del trágico acontecimiento donde perdieran la vida el secretario de Gobernación, el responsable de la oficina de implementación de la reforma judicial de la Presidencia y 12 personas más, volvimos a escuchar a Felipe Calderón declarando la guerra, como estrategia única de combate a las redes criminales, que han encontrado cobijo en la deficiencia de las instituciones de seguridad, del marco jurídico y en los más graves niveles de impunidad presentes en nuestro sistema de impartición de justicia.
La estrategia es equivocada desde su concepción. En su momento, denunciamos que la salida del Ejército y la Armada de México a las calles es violatoria al marco constitucional en materia de Fuerzas Armadas y garantías individuales. Si esto no fuera suficiente, el 9 de mayo de 2007, dentro de la estructura funcional del Ejército Mexicano, se creó un cuerpo especial dedicado a labores de seguridad pública: el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, "con lo cual no sólo se violentaron las facultades exclusivas atribuidas al Congreso de la Unión" desde 1824, sino también se "desvirtúa la naturaleza jurídica de la propia institución castrense, cuya misión fundamental, es y debe ser, la defensa de la patria".
Aún más, el procurador general de la República, Eduardo Medina-Mora Icaza, anunció el pasado 23 de septiembre, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados: "es necesario transformar los problemas de seguridad nacional en problemas de seguridad pública". Ello se reflejó contundentemente en la propuesta de presupuesto que envió el Ejecutivo a la Cámara de Diputados. En ella "se propuso un aumento de 9 mil 700 plazas a la Secretaría de Seguridad Pública, respecto de 2008; de las cuales a la Policía Federal Preventiva corresponden 7 mil 274", así como un significativo aumento en la partida para la "Prevención del delito con perspectiva nacional", esto establece claramente que para el gobierno federal, la prevención del delito no es otra cosa que el simple incremento de la policía en las calles.
El pasado 30 de septiembre, Calderón envió el paquete de iniciativas en materia de seguridad pública y procuración de justicia, entre las cuales se encuentra la denominada Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En ella "supedita a los gobernadores de las entidades federativas a las decisiones del secretario de Gobernación", mediante la estructura del Consejo Nacional. También se "proporciona al secretario de Seguridad Pública la facultad de dirigir todas las políticas y acciones en materia de seguridad pública en los tres ámbitos de gobierno, a través de la presidencia de la Conferencia de Secretarios de Seguridad Pública". Asimismo el Sistema Nacional de Evaluación y Control de Confianza es "encabezado por el Centro Nacional, cuyo órgano de gobierno estaría conformado por el secretario de Gobernación, el de Seguridad Pública y el procurador general de la República, desde donde se controlarían las actividades formativas, de ingreso, profesionalización, permanencia, promoción y certificación de los integrantes de los cuerpos policiacos y policiacos ministeriales en el orden federal, estatal y municipal". Con todo ello se vulnera el pacto federal plasmado en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
Coincidimos con lo expresado por el doctor Irvin Waller, director del Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad de las Naciones Unidas: "aumentar los presupuestos, incluso con grandes sumas para pagar a más policías, [no derivará] en una diferencia sustancial en los niveles de criminalidad". Esto "no significa que no deban destinarse recursos públicos al efecto, sino que éstos deben ser utilizados de manera eficiente en el combate de los factores de riesgo y no únicamente para la implementación de medidas de coerción". Resulta indispensable, "equilibrar un sistema moderno de imposición de la ley y de justicia penal, que privilegie la inteligencia en la lucha contra los factores precursores del delito que ponen en riesgo a los ciudadanos".
Resulta imprescindible que todas las entidades de la administración pública, los tres Poderes de la Unión y los tres ámbitos de gobierno "implementen acciones preventivas para el desarrollo integral de niños, niñas, jóvenes, mujeres, personas con capacidades diferentes, pueblos indígenas, adultos mayores y de cualquier grupo que se encuentre en situación de desventaja por alguna circunstancia específica". Debemos entender el desarrollo integral como "un proceso sistémico económico, social, cultural y político, que garantice el mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan".
"El cambio de paradigma que proponemos es, esencialmente, cambiar las armas por los libros, cambiar los policías por los médicos, cambiar la coerción por la cultura y cambiar las municiones por los alimentos".
La estrategia es equivocada desde su concepción. En su momento, denunciamos que la salida del Ejército y la Armada de México a las calles es violatoria al marco constitucional en materia de Fuerzas Armadas y garantías individuales. Si esto no fuera suficiente, el 9 de mayo de 2007, dentro de la estructura funcional del Ejército Mexicano, se creó un cuerpo especial dedicado a labores de seguridad pública: el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, "con lo cual no sólo se violentaron las facultades exclusivas atribuidas al Congreso de la Unión" desde 1824, sino también se "desvirtúa la naturaleza jurídica de la propia institución castrense, cuya misión fundamental, es y debe ser, la defensa de la patria".
Aún más, el procurador general de la República, Eduardo Medina-Mora Icaza, anunció el pasado 23 de septiembre, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados: "es necesario transformar los problemas de seguridad nacional en problemas de seguridad pública". Ello se reflejó contundentemente en la propuesta de presupuesto que envió el Ejecutivo a la Cámara de Diputados. En ella "se propuso un aumento de 9 mil 700 plazas a la Secretaría de Seguridad Pública, respecto de 2008; de las cuales a la Policía Federal Preventiva corresponden 7 mil 274", así como un significativo aumento en la partida para la "Prevención del delito con perspectiva nacional", esto establece claramente que para el gobierno federal, la prevención del delito no es otra cosa que el simple incremento de la policía en las calles.
El pasado 30 de septiembre, Calderón envió el paquete de iniciativas en materia de seguridad pública y procuración de justicia, entre las cuales se encuentra la denominada Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En ella "supedita a los gobernadores de las entidades federativas a las decisiones del secretario de Gobernación", mediante la estructura del Consejo Nacional. También se "proporciona al secretario de Seguridad Pública la facultad de dirigir todas las políticas y acciones en materia de seguridad pública en los tres ámbitos de gobierno, a través de la presidencia de la Conferencia de Secretarios de Seguridad Pública". Asimismo el Sistema Nacional de Evaluación y Control de Confianza es "encabezado por el Centro Nacional, cuyo órgano de gobierno estaría conformado por el secretario de Gobernación, el de Seguridad Pública y el procurador general de la República, desde donde se controlarían las actividades formativas, de ingreso, profesionalización, permanencia, promoción y certificación de los integrantes de los cuerpos policiacos y policiacos ministeriales en el orden federal, estatal y municipal". Con todo ello se vulnera el pacto federal plasmado en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
Coincidimos con lo expresado por el doctor Irvin Waller, director del Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad de las Naciones Unidas: "aumentar los presupuestos, incluso con grandes sumas para pagar a más policías, [no derivará] en una diferencia sustancial en los niveles de criminalidad". Esto "no significa que no deban destinarse recursos públicos al efecto, sino que éstos deben ser utilizados de manera eficiente en el combate de los factores de riesgo y no únicamente para la implementación de medidas de coerción". Resulta indispensable, "equilibrar un sistema moderno de imposición de la ley y de justicia penal, que privilegie la inteligencia en la lucha contra los factores precursores del delito que ponen en riesgo a los ciudadanos".
Resulta imprescindible que todas las entidades de la administración pública, los tres Poderes de la Unión y los tres ámbitos de gobierno "implementen acciones preventivas para el desarrollo integral de niños, niñas, jóvenes, mujeres, personas con capacidades diferentes, pueblos indígenas, adultos mayores y de cualquier grupo que se encuentre en situación de desventaja por alguna circunstancia específica". Debemos entender el desarrollo integral como "un proceso sistémico económico, social, cultural y político, que garantice el mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan".
"El cambio de paradigma que proponemos es, esencialmente, cambiar las armas por los libros, cambiar los policías por los médicos, cambiar la coerción por la cultura y cambiar las municiones por los alimentos".
Con información del sitio: prdleg.diputados.gob.mx Debate_parlamentario_/
eguridad_justicia_02.html
Kikka Roja
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