Militares en la narcoguerra
Miguel Ángel Granados Chapa
23 Dic. 08
Los asesinatos de militares o agentes policiacos en represalia por acciones legales contra la delincuencia es la modalidad a la que correspondería la muerte de ocho militares en Guerrero
La narcoviolencia es un fenómeno poliédrico: bandas de sicarios combaten entre sí para asegurar a sus jefes el control de rutas y de mercados; también se asesina a los adictos y distribuidores incumplidos, para evitar que cunda la insolvencia, la cultura del no pago, que no puede ventilarse ante la justicia sino sólo se enfrenta con la acción directa; se mata, igualmente, en enfrentamientos con las autoridades, cuando éstas persiguen a los delincuentes y éstos se defienden; y también se asesina a militares o agentes policiacos en represalia por acciones legales contra la delincuencia.
A esta modalidad parece corresponder el asesinato y decapitación de ocho miembros del Ejército mexicano en Guerrero. Los cadáveres descabezados de siete de ellos fueron hallados anteayer domingo en Chilpancingo, la capital del estado. Uno más había sido ejecutado la semana anterior. Hubo una novena víctima en esta batida letal: un ex jefe policiaco que en la víspera fue levantado mientras presenciaba una corrida de toros. Se encontraron los cráneos de los degollados en un punto de la capital guerrerense distante del lugar donde fueron localizados los cuerpos.
Si se atiende al mensaje dejado por los asesinos, se trata de una venganza: "Por cada elemento que nos maten, les vamos a matar a 10". El recado parece referido a un episodio reciente, el enfrentamiento entre militares y delincuentes en el municipio de Teloloapan, donde el viernes pasado el saldo fue desfavorable para los hampones, pues tres de ellos cayeron muertos. Miembros del 27 batallón de infantería, acuartelado en Iguala, detuvieron un vehículo con placas del estado de México, cuyos ocupantes dispararon contra los soldados.
Una secuela semejante se produjo hace dos meses en Nuevo León. El 16 de octubre miembros del Ejército capturaron en los municipios de San Nicolás y Guadalupe nueve toneladas de drogas y un arsenal. En los días siguientes fueron asesinados en Monterrey hasta un total de 13 militares, a varios de los cuales también se les decapitó. La crueldad furiosa que concluye en el degüello de soldados y oficiales revela con elocuencia el propósito vindicativo de la operación. Se trata de devolver golpe por golpe.
Comenzó a practicarse la decapitación el año pasado. Durante 2007 se produjeron 23 casos y la cifra se elevó exponencialmente en este agónico 2008, cuando se desprendió la cabeza a 186 personas. Tal crecimiento corresponde al del alza desproporcionada de la letalidad delincuencial. Según el reciente informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin contar este mes de diciembre, durante 2008 se realizaron 5 mil 685 ejecuciones, cifra que más que duplicó la de 2 mil 672 correspondiente a 2007, según datos oficiales del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) de la Procuraduría General de la República.
De esos totales, de acuerdo con el reporte de la CNDH, las bandas delincuenciales "ejecutaron en el 2007 a 56 servidores públicos, 48 militares, 5 marinos y 5 policías, mientras que en el 2008 la cifra se incrementó a 648 servidores públicos, entre ellos se encuentran 52 militares, 105 policías federales, 102 policías preventivos, 163 policías municipales, 151 policías ministeriales así como 75 servidores públicos de distintas dependencias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno".
Las bajas castrenses resultan de la intensificada participación del Ejército en el combate al narcotráfico. La Secretaría de la Defensa Nacional informó el domingo que entre enero y el 19 de diciembre sus efectivos apresaron a 5 mil 873 presuntos delincuentes. En las acciones respectivas, los militares decomisaron sobre todo mariguana (mil 500 toneladas) y cantidades menores de otras drogas (cuatro toneladas de cocaína y 12 kilogramos de heroína). Despojaron a los delincuentes de más de 57 millones de dólares y casi 36 millones de pesos. Y afectaron severamente la distribución de estupefacientes, pues destruyeron 644 pistas clandestinas y aseguraron 279 aeronaves dedicadas a ese propósito. Más de mil vehículos terrestres y 62 embarcaciones fueron también decomisados.
La CNDH, que ha emitido varias recomendaciones a partir de la vulneración de derechos humanos por la actividad castrense, dedica la vigésima de las 21 conclusiones de su informe a la "militarización de la seguridad pública". Resume así su visión sobre el hecho:
"La presencia militar en acciones de seguridad pública recorre el país de sur a norte; la inclusión de la milicia en los cuerpos de seguridad pública va en aumento y su intervención en la prevención del delito y el combate a la delincuencia es un hecho innegable, a pesar de que el gobierno federal ha reconocido que es necesario ir retirándolos (sic) de dichas tareas paulatinamente".
A juicio de la CNDH, la descrita militarización "pone en grave riesgo el sistema de libertades públicas y los derechos humanos de los habitantes del país. Si el problema de la delincuencia exige la intervención del Ejército en tareas policiales, como parece ser el caso, entonces debería modificarse el marco jurídico y prever que los miembros de las fuerzas armadas dedicados a tareas de seguridad pública queden sujetos a condiciones jurídicas del orden civil, por los abusos que cometan, a fin de que prevalezca el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos".
La narcoviolencia es un fenómeno poliédrico: bandas de sicarios combaten entre sí para asegurar a sus jefes el control de rutas y de mercados; también se asesina a los adictos y distribuidores incumplidos, para evitar que cunda la insolvencia, la cultura del no pago, que no puede ventilarse ante la justicia sino sólo se enfrenta con la acción directa; se mata, igualmente, en enfrentamientos con las autoridades, cuando éstas persiguen a los delincuentes y éstos se defienden; y también se asesina a militares o agentes policiacos en represalia por acciones legales contra la delincuencia.
A esta modalidad parece corresponder el asesinato y decapitación de ocho miembros del Ejército mexicano en Guerrero. Los cadáveres descabezados de siete de ellos fueron hallados anteayer domingo en Chilpancingo, la capital del estado. Uno más había sido ejecutado la semana anterior. Hubo una novena víctima en esta batida letal: un ex jefe policiaco que en la víspera fue levantado mientras presenciaba una corrida de toros. Se encontraron los cráneos de los degollados en un punto de la capital guerrerense distante del lugar donde fueron localizados los cuerpos.
Si se atiende al mensaje dejado por los asesinos, se trata de una venganza: "Por cada elemento que nos maten, les vamos a matar a 10". El recado parece referido a un episodio reciente, el enfrentamiento entre militares y delincuentes en el municipio de Teloloapan, donde el viernes pasado el saldo fue desfavorable para los hampones, pues tres de ellos cayeron muertos. Miembros del 27 batallón de infantería, acuartelado en Iguala, detuvieron un vehículo con placas del estado de México, cuyos ocupantes dispararon contra los soldados.
Una secuela semejante se produjo hace dos meses en Nuevo León. El 16 de octubre miembros del Ejército capturaron en los municipios de San Nicolás y Guadalupe nueve toneladas de drogas y un arsenal. En los días siguientes fueron asesinados en Monterrey hasta un total de 13 militares, a varios de los cuales también se les decapitó. La crueldad furiosa que concluye en el degüello de soldados y oficiales revela con elocuencia el propósito vindicativo de la operación. Se trata de devolver golpe por golpe.
Comenzó a practicarse la decapitación el año pasado. Durante 2007 se produjeron 23 casos y la cifra se elevó exponencialmente en este agónico 2008, cuando se desprendió la cabeza a 186 personas. Tal crecimiento corresponde al del alza desproporcionada de la letalidad delincuencial. Según el reciente informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin contar este mes de diciembre, durante 2008 se realizaron 5 mil 685 ejecuciones, cifra que más que duplicó la de 2 mil 672 correspondiente a 2007, según datos oficiales del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) de la Procuraduría General de la República.
De esos totales, de acuerdo con el reporte de la CNDH, las bandas delincuenciales "ejecutaron en el 2007 a 56 servidores públicos, 48 militares, 5 marinos y 5 policías, mientras que en el 2008 la cifra se incrementó a 648 servidores públicos, entre ellos se encuentran 52 militares, 105 policías federales, 102 policías preventivos, 163 policías municipales, 151 policías ministeriales así como 75 servidores públicos de distintas dependencias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno".
Las bajas castrenses resultan de la intensificada participación del Ejército en el combate al narcotráfico. La Secretaría de la Defensa Nacional informó el domingo que entre enero y el 19 de diciembre sus efectivos apresaron a 5 mil 873 presuntos delincuentes. En las acciones respectivas, los militares decomisaron sobre todo mariguana (mil 500 toneladas) y cantidades menores de otras drogas (cuatro toneladas de cocaína y 12 kilogramos de heroína). Despojaron a los delincuentes de más de 57 millones de dólares y casi 36 millones de pesos. Y afectaron severamente la distribución de estupefacientes, pues destruyeron 644 pistas clandestinas y aseguraron 279 aeronaves dedicadas a ese propósito. Más de mil vehículos terrestres y 62 embarcaciones fueron también decomisados.
La CNDH, que ha emitido varias recomendaciones a partir de la vulneración de derechos humanos por la actividad castrense, dedica la vigésima de las 21 conclusiones de su informe a la "militarización de la seguridad pública". Resume así su visión sobre el hecho:
"La presencia militar en acciones de seguridad pública recorre el país de sur a norte; la inclusión de la milicia en los cuerpos de seguridad pública va en aumento y su intervención en la prevención del delito y el combate a la delincuencia es un hecho innegable, a pesar de que el gobierno federal ha reconocido que es necesario ir retirándolos (sic) de dichas tareas paulatinamente".
A juicio de la CNDH, la descrita militarización "pone en grave riesgo el sistema de libertades públicas y los derechos humanos de los habitantes del país. Si el problema de la delincuencia exige la intervención del Ejército en tareas policiales, como parece ser el caso, entonces debería modificarse el marco jurídico y prever que los miembros de las fuerzas armadas dedicados a tareas de seguridad pública queden sujetos a condiciones jurídicas del orden civil, por los abusos que cometan, a fin de que prevalezca el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos".
Revisaremos en otro momento la corrupción de la participación militar en la narcoguerra.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
kikka-roja.blogspot.com/
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