Javier González Garza
7 Feb. 09
Cuando el Estado falla, la primera víctima es la sociedad. En días pasados fuimos testigos de un hecho paradigmático en nuestro país: la tortura y muerte del general Mauro Enrique Tello Quiñones. Nos encontramos en una situación de violencia prolongada donde bandas criminales e incluso ya grupos de autodefensa le disputan al Estado el poder y el control de territorio nacional.
Los informes señalan que el general fue salvajemente torturado, que falleció por hemorragia y que recibió 11 tiros de gracia. Las desgracias intrínsecas de los hechos se traducen en la pérdida de legitimidad del Estado, debido a la percepción ciudadana de que éste no es capaz de ejercer el monopolio de la fuerza, ni cubrir las necesidades fundamentales que una sociedad demanda y menos aún proteger a los ciudadanos de la barbarie del mercado frente al aumento de precios y el desempleo.
La idealización de las personas surge a la muerte de éstas. No debiera ser así. Hay que darle el valor justo a las personas, aunque éstas hayan muerto de una manera desafortunada seguirán siendo lo que fueron, sin mentiras, sin halagos, ya que la muerte no es una virtud, sino una circunstancia.
Cuando el 8 de septiembre de 1997 se realizó un operativo policiaco en la colonia Buenos Aires, hubo una balacera y fueron detenidos seis jóvenes por policías capitalinos y llevados a la delegación Tláhuac, de donde no salieron con vida.
El jefe de Agrupamientos de la Secretaría de Seguridad Pública era nada menos que Mauro Enrique Tello Quiñones, quien dirigió el operativo policiaco en el que fueron ejecutados aquellos jóvenes. Algunos días después, la justicia militar ordenó el arresto de tres altos oficiales del Ejército por falsear declaraciones en torno a los hechos. Los mandos militares enjuiciados estaban adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del entonces Departamento del Distrito Federal bajo las órdenes del jefe de la institución, general de división Enrique Salgado. Tello Quiñones fue puesto a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional y fue juzgado por tribunales militares. Días después, se le dictó una orden de aprehensión como presunto responsable del delito de homicidio calificado, fue encarcelado. Un año más tarde, se revocó tal auto de prisión dictado por el juez militar y fue liberado. Hasta aquí esa historia.
Hay diferencias cardinales entre seguridad pública y seguridad nacional que el gobierno parece no entender. La seguridad pública debe buscar la erradicación de los factores que propician la comisión de conductas ilícitas que subvierten el orden público, esto es, la seguridad pública debe basarse en la justicia social. En el caso de la seguridad nacional, la naturaleza propia de las conductas transgresoras implica una magnitud tal que pone en riesgo a la sociedad en su conjunto y a las instituciones del Estado. Esto es, en el primer caso hablamos de delitos; en el segundo de crímenes, distinción que, sin embargo, no contempla nuestro marco jurídico. La naturaleza intrínseca a estos problemas supone, entonces, una solución distinta y una metodología para enfrentarlos, también diferente. Los problemas de seguridad pública pueden y deben ser resueltos a través de políticas transversales preventivas que aseguren a la población el desarrollo integral y, en consecuencia, garanticen la justicia social. Las amenazas en seguridad nacional deben ser atacadas, de manera integral, con todas las herramientas y fuerza del Estado, con toda su legitimidad, cuando los métodos de resolución pacífica de controversias han sido agotados.
El objeto de la seguridad es entonces la protección de las personas para el libre ejercicio de sus derechos, esto lo vincula a las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales. Para decirlo claro: la seguridad debe traducirse en una sociedad sin carencias y libre de temor.
En México, grupos organizados retan abiertamente al Estado, ¿cómo puede el gobierno garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, como es el de la seguridad, si ni siquiera puede garantizar una alimentación suficiente para todos sus habitantes? ¿Hace algo para evitar que especuladores ataquen los precios de los alimentos o para bajar el precio de los energéticos? La respuesta es clara: no. El gobierno no ha sido capaz de ejercer políticas o crear instrumentos que impidan que esta crisis financiera agrave la ya de por sí deplorable situación que sufren las familias mexicanas desde hace, cuando menos, 25 años.
No podemos seguir enfrentando al crimen organizado con declaraciones de guerra, con más policía o más armamento. Debemos entender que para acabar con las causas sociales y estructurales que provocan la delincuencia es necesario el cumplimiento de los principios constitucionales de justicia social que conforman nuestro proyecto originario de nación. Hasta entonces tendremos resultados tan lamentables como el deceso del general Tello Quiñones.
kikka-roja.blogspot.com/
Los informes señalan que el general fue salvajemente torturado, que falleció por hemorragia y que recibió 11 tiros de gracia. Las desgracias intrínsecas de los hechos se traducen en la pérdida de legitimidad del Estado, debido a la percepción ciudadana de que éste no es capaz de ejercer el monopolio de la fuerza, ni cubrir las necesidades fundamentales que una sociedad demanda y menos aún proteger a los ciudadanos de la barbarie del mercado frente al aumento de precios y el desempleo.
La idealización de las personas surge a la muerte de éstas. No debiera ser así. Hay que darle el valor justo a las personas, aunque éstas hayan muerto de una manera desafortunada seguirán siendo lo que fueron, sin mentiras, sin halagos, ya que la muerte no es una virtud, sino una circunstancia.
Cuando el 8 de septiembre de 1997 se realizó un operativo policiaco en la colonia Buenos Aires, hubo una balacera y fueron detenidos seis jóvenes por policías capitalinos y llevados a la delegación Tláhuac, de donde no salieron con vida.
El jefe de Agrupamientos de la Secretaría de Seguridad Pública era nada menos que Mauro Enrique Tello Quiñones, quien dirigió el operativo policiaco en el que fueron ejecutados aquellos jóvenes. Algunos días después, la justicia militar ordenó el arresto de tres altos oficiales del Ejército por falsear declaraciones en torno a los hechos. Los mandos militares enjuiciados estaban adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del entonces Departamento del Distrito Federal bajo las órdenes del jefe de la institución, general de división Enrique Salgado. Tello Quiñones fue puesto a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional y fue juzgado por tribunales militares. Días después, se le dictó una orden de aprehensión como presunto responsable del delito de homicidio calificado, fue encarcelado. Un año más tarde, se revocó tal auto de prisión dictado por el juez militar y fue liberado. Hasta aquí esa historia.
Hay diferencias cardinales entre seguridad pública y seguridad nacional que el gobierno parece no entender. La seguridad pública debe buscar la erradicación de los factores que propician la comisión de conductas ilícitas que subvierten el orden público, esto es, la seguridad pública debe basarse en la justicia social. En el caso de la seguridad nacional, la naturaleza propia de las conductas transgresoras implica una magnitud tal que pone en riesgo a la sociedad en su conjunto y a las instituciones del Estado. Esto es, en el primer caso hablamos de delitos; en el segundo de crímenes, distinción que, sin embargo, no contempla nuestro marco jurídico. La naturaleza intrínseca a estos problemas supone, entonces, una solución distinta y una metodología para enfrentarlos, también diferente. Los problemas de seguridad pública pueden y deben ser resueltos a través de políticas transversales preventivas que aseguren a la población el desarrollo integral y, en consecuencia, garanticen la justicia social. Las amenazas en seguridad nacional deben ser atacadas, de manera integral, con todas las herramientas y fuerza del Estado, con toda su legitimidad, cuando los métodos de resolución pacífica de controversias han sido agotados.
El objeto de la seguridad es entonces la protección de las personas para el libre ejercicio de sus derechos, esto lo vincula a las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales. Para decirlo claro: la seguridad debe traducirse en una sociedad sin carencias y libre de temor.
En México, grupos organizados retan abiertamente al Estado, ¿cómo puede el gobierno garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, como es el de la seguridad, si ni siquiera puede garantizar una alimentación suficiente para todos sus habitantes? ¿Hace algo para evitar que especuladores ataquen los precios de los alimentos o para bajar el precio de los energéticos? La respuesta es clara: no. El gobierno no ha sido capaz de ejercer políticas o crear instrumentos que impidan que esta crisis financiera agrave la ya de por sí deplorable situación que sufren las familias mexicanas desde hace, cuando menos, 25 años.
No podemos seguir enfrentando al crimen organizado con declaraciones de guerra, con más policía o más armamento. Debemos entender que para acabar con las causas sociales y estructurales que provocan la delincuencia es necesario el cumplimiento de los principios constitucionales de justicia social que conforman nuestro proyecto originario de nación. Hasta entonces tendremos resultados tan lamentables como el deceso del general Tello Quiñones.
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