Des-Peña-dero
7 Feb. 09
Justo cuando Enrique Peña consigue construir un cierto consenso en torno a su figura como el más viable precandidato tricolor a la Presidencia, viejos fantasmas podrían ahuyentar su anhelo. Bueno para labrarse la imagen de personaje telenovelero, el gobernador mexiquense no ha podido plantarse en la escena como un político con posibilidades, talento y habilidades para ir más allá de donde se encuentra. Se le reconoce por la facilidad con que se enamora y aparece en las revistas de la farándula, por el despilfarro de recursos para cuidar precisamente esa imagen y por apoyar electoralmente a sus colegas tricolores, pero hasta ahora no se le reconoce por alguna idea, operación o iniciativa política de envergadura. Peor aún, en el campo político se le tiene presente por tres razones: porque no ha podido ni querido atender debidamente los abusos cometidos en Atenco; porque no quiere sacudirse la sombra de su antecesor, sin importarle quedar como cómplice; y porque en la zona conurbada del estado de México con el Distrito Federal las innumerables ejecuciones ni siquiera lo despeinan.
En esa circunstancia, el lunes -cuando los ministros de la Suprema Corte se pronuncien en torno a los abusos cometidos en Atenco- Enrique Peña tendrá que recalibrar si esos fantasmas no terminan por espantar a quienes ya lo miran como el más viable precandidato presidencial tricolor.
* * *
Hasta ahora frente a lo que pueda ocurrir el lunes en la Corte, el precandidato ha minimizado el caso Atenco por dos vías. Por un lado, y con cierta razón temporal, ha señalado que la investigación de los abusos cometidos en Atenco no refleja sino la opinión del ministro José de Jesús Gudiño. Por otro lado, y de manera lamentable, el procurador mexiquense Alberto Bazbaz ha dicho, con la cachaza de quien reconoce en la impunidad el más sólido recurso para eludir responsabilidades, que cualquiera que sea la decisión del pleno de ministros no tiene ningún efecto jurídico. Y es cierto, la resolución no tendrá mayor efecto jurídico... pero políticamente puede ser mortal para las aspiraciones presidenciales de Peña.
Despreciar o minimizar la opinión de uno o varios ministros de la Corte puede no sólo despeinar a Peña, también puede reavivar la aspiración de algunos otros cuadros tricolores -llámese Manlio Fabio Beltrones o Beatriz Paredes- por concursar en la carrera de la postulación presidencial y que, después de haber dejado sentir su querer, con prudencia atemperaron sus ansias dejando solo en el aparador -con vitrina muy delgada- al Golden Boy de Atlacomulco. Si Peña no atiende debida e inteligentemente ese problema, sobrará untarse más gel en el copete.
* * *
En la postura que los ministros adopten el lunes, hay un ingrediente no valorado por la corte de asesores, mercadotecnistas e imagólogos del actor mexiquense. En la Corte hay conciencia del papelón protagonizado al exonerar al gobernador poblano Mario Marín en el caso Lydia Cacho. El prestigio y la credibilidad de los ministros que le extendieron el certificado de impunidad rodaron por los suelos y, ahora, no están en condiciones de repetir el numerito. Actuar con estricto apego a derecho y absoluto desapego a justicia les significó un costo altísimo. Y sin que ello suponga que vayan a cebarse en Peña, no pueden salir con el cuento de que lo ocurrido en Atenco -abusos, golpes, encarcelamientos y violaciones sexuales- fue un incidente menor de un desafortunado operativo policiaco que, en lo sucesivo, es menester evitar.
No, si los ministros quieren consolidarse como un Poder de la Unión están obligados a reivindicar la vigencia del Estado de derecho sin que ello suponga permitir, alentar y tolerar la violación de los derechos humanos como tampoco renunciar al legítimo uso de la fuerza pública. Así como Enrique Peña se juega mucho en la decisión de los ministros, los ministros también se juegan mucho en su resolución.
* * *
Desde luego, en un auténtico Estado de derecho y en una democracia consolidada, la sola investigación de la Corte hubiera supuesto que los funcionarios involucrados solicitaran licencia mientras la indagatoria transcurría y concluía.
México, sin embargo, no congrega esas características y entonces, a pesar de la investigación, ni Enrique Peña; ni su secretario de Gobierno, Humberto Benítez; ni ¡el procurador general de la República!, Eduardo Medina Mora; ni el director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes (estos dos últimos, secretario de Seguridad Pública y secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en mayo de 2006, cuando ocurrieron los hechos) sintieron ese llamado, generalmente dictado por la ética política, de separarse del cargo mientras se determinaba si son o no responsables en las violaciones ocurridas en Atenco.
¿Para qué, si a fin de cuentas la resolución no tendrá efecto jurídico? Ésa ha de haber sido la pregunta que se formularon -si llegaron a cuestionarse su conducta en aquel evento, donde la policía actuó en la segunda embestida como un grupo de pandilleros, dispuestos a cobrar venganza por los agravios recibidos. En este punto, una brevísima disgresión. No deja de llamar la atención que el actual jefe de Eduardo Medina Mora y Miguel Ángel Yunes, o sea, el presidente de la República, siempre tan preocupado por la imagen de México en el exterior, ni siquiera les haya sugerido separarse del cargo. A lo mejor el mandatario no quiere al procurador, pero tampoco lo detesta. A lo mejor los compromisos con Elba Esther Gordillo le impedían remover a Yunes. A lo mejor pensó que separarlos del cargo podría ser una catástrofe y, ya sabe, no le gusta ser catastrofista.
* * *
Es cierto, lo bailado ni los ministros se lo quitan a los involucrados. Pero en el caso de Peña hay un problema: el vals de sus aspiraciones ni siquiera empieza. Por eso resulta asombroso que, en relación con los hechos ocurridos en Atenco, el gobernador haya tomado algunas tibias medidas sin reconocer, en ese suceso, una piedra importante en el camino de sus aspiraciones. Una piedra que incluso puede tener derrames más allá de las fronteras, en particular por el caso de Cristina Valls, la mujer española violada por los policías. Podrá conquistar Peña a muchas otras mujeres, pero a ésa la agravió en lo más profundo y, eso, va a pesar en su porvenir político.
Si Enrique Peña en verdad pretende postularse como candidato a la Presidencia tiene frente a sí un muy serio problema. Es posible que a él los fantasmas no lo asusten pero, sin duda, sí pueden espantar a quienes apoyan sus aspiraciones y ambiciones políticas. Es posible que esos fantasmas les vengan muy a modo a sus adversarios para revivirlos cuando mejor convenga, como también puede ser que se transformen en obuses del "fuego amigo" cuando haya que decidir quién va por la grande.
En vez de dejar insepultos los asuntos relacionados con las andanzas de su tío Arturo, con los abusos cometidos en Atenco y los cuerpos de los ejecutados en su dominio, Enrique Peña tendría que actuar con entereza política y no como personaje de telenovela. En otras palabras, debería restarle brillantina a su conducta y, si se puede, darle algo de brillo.
En esa circunstancia, el lunes -cuando los ministros de la Suprema Corte se pronuncien en torno a los abusos cometidos en Atenco- Enrique Peña tendrá que recalibrar si esos fantasmas no terminan por espantar a quienes ya lo miran como el más viable precandidato presidencial tricolor.
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Hasta ahora frente a lo que pueda ocurrir el lunes en la Corte, el precandidato ha minimizado el caso Atenco por dos vías. Por un lado, y con cierta razón temporal, ha señalado que la investigación de los abusos cometidos en Atenco no refleja sino la opinión del ministro José de Jesús Gudiño. Por otro lado, y de manera lamentable, el procurador mexiquense Alberto Bazbaz ha dicho, con la cachaza de quien reconoce en la impunidad el más sólido recurso para eludir responsabilidades, que cualquiera que sea la decisión del pleno de ministros no tiene ningún efecto jurídico. Y es cierto, la resolución no tendrá mayor efecto jurídico... pero políticamente puede ser mortal para las aspiraciones presidenciales de Peña.
Despreciar o minimizar la opinión de uno o varios ministros de la Corte puede no sólo despeinar a Peña, también puede reavivar la aspiración de algunos otros cuadros tricolores -llámese Manlio Fabio Beltrones o Beatriz Paredes- por concursar en la carrera de la postulación presidencial y que, después de haber dejado sentir su querer, con prudencia atemperaron sus ansias dejando solo en el aparador -con vitrina muy delgada- al Golden Boy de Atlacomulco. Si Peña no atiende debida e inteligentemente ese problema, sobrará untarse más gel en el copete.
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En la postura que los ministros adopten el lunes, hay un ingrediente no valorado por la corte de asesores, mercadotecnistas e imagólogos del actor mexiquense. En la Corte hay conciencia del papelón protagonizado al exonerar al gobernador poblano Mario Marín en el caso Lydia Cacho. El prestigio y la credibilidad de los ministros que le extendieron el certificado de impunidad rodaron por los suelos y, ahora, no están en condiciones de repetir el numerito. Actuar con estricto apego a derecho y absoluto desapego a justicia les significó un costo altísimo. Y sin que ello suponga que vayan a cebarse en Peña, no pueden salir con el cuento de que lo ocurrido en Atenco -abusos, golpes, encarcelamientos y violaciones sexuales- fue un incidente menor de un desafortunado operativo policiaco que, en lo sucesivo, es menester evitar.
No, si los ministros quieren consolidarse como un Poder de la Unión están obligados a reivindicar la vigencia del Estado de derecho sin que ello suponga permitir, alentar y tolerar la violación de los derechos humanos como tampoco renunciar al legítimo uso de la fuerza pública. Así como Enrique Peña se juega mucho en la decisión de los ministros, los ministros también se juegan mucho en su resolución.
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Desde luego, en un auténtico Estado de derecho y en una democracia consolidada, la sola investigación de la Corte hubiera supuesto que los funcionarios involucrados solicitaran licencia mientras la indagatoria transcurría y concluía.
México, sin embargo, no congrega esas características y entonces, a pesar de la investigación, ni Enrique Peña; ni su secretario de Gobierno, Humberto Benítez; ni ¡el procurador general de la República!, Eduardo Medina Mora; ni el director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes (estos dos últimos, secretario de Seguridad Pública y secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en mayo de 2006, cuando ocurrieron los hechos) sintieron ese llamado, generalmente dictado por la ética política, de separarse del cargo mientras se determinaba si son o no responsables en las violaciones ocurridas en Atenco.
¿Para qué, si a fin de cuentas la resolución no tendrá efecto jurídico? Ésa ha de haber sido la pregunta que se formularon -si llegaron a cuestionarse su conducta en aquel evento, donde la policía actuó en la segunda embestida como un grupo de pandilleros, dispuestos a cobrar venganza por los agravios recibidos. En este punto, una brevísima disgresión. No deja de llamar la atención que el actual jefe de Eduardo Medina Mora y Miguel Ángel Yunes, o sea, el presidente de la República, siempre tan preocupado por la imagen de México en el exterior, ni siquiera les haya sugerido separarse del cargo. A lo mejor el mandatario no quiere al procurador, pero tampoco lo detesta. A lo mejor los compromisos con Elba Esther Gordillo le impedían remover a Yunes. A lo mejor pensó que separarlos del cargo podría ser una catástrofe y, ya sabe, no le gusta ser catastrofista.
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Es cierto, lo bailado ni los ministros se lo quitan a los involucrados. Pero en el caso de Peña hay un problema: el vals de sus aspiraciones ni siquiera empieza. Por eso resulta asombroso que, en relación con los hechos ocurridos en Atenco, el gobernador haya tomado algunas tibias medidas sin reconocer, en ese suceso, una piedra importante en el camino de sus aspiraciones. Una piedra que incluso puede tener derrames más allá de las fronteras, en particular por el caso de Cristina Valls, la mujer española violada por los policías. Podrá conquistar Peña a muchas otras mujeres, pero a ésa la agravió en lo más profundo y, eso, va a pesar en su porvenir político.
Si Enrique Peña en verdad pretende postularse como candidato a la Presidencia tiene frente a sí un muy serio problema. Es posible que a él los fantasmas no lo asusten pero, sin duda, sí pueden espantar a quienes apoyan sus aspiraciones y ambiciones políticas. Es posible que esos fantasmas les vengan muy a modo a sus adversarios para revivirlos cuando mejor convenga, como también puede ser que se transformen en obuses del "fuego amigo" cuando haya que decidir quién va por la grande.
En vez de dejar insepultos los asuntos relacionados con las andanzas de su tío Arturo, con los abusos cometidos en Atenco y los cuerpos de los ejecutados en su dominio, Enrique Peña tendría que actuar con entereza política y no como personaje de telenovela. En otras palabras, debería restarle brillantina a su conducta y, si se puede, darle algo de brillo.
Correo electrónico: sobreaviso@latinmail.com
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