Con la salida de Luis Téllez Kuenzler de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y en menor medida la de Sergio Vela del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la actual administración emprende una política de control de daños que no necesariamente rendirá los frutos deseados.
Ambas remociones eran indispensables porque el segundo exhibió, desde sus primeras semanas en el cargo, ineficiencia y frivolidad que causaron una severa afectación al manejo oficial de la cultura, y porque la credibilidad del primero estaba gravemente dañada, tanto por su inopinado y desafortunado desempeño como vocero gubernamental tras el avionazo en el que murieron el ex secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, el ex subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos y otras 11 personas, como por el escándalo que se desató cuando se hizo pública una conversación en la que afirmaba que el ex presidente Carlos Salinas de Gortari se robó la mitad de la llamada partida secreta asignada a Presidencia.
Sin embargo, cabe preguntarse por qué se esperó tanto tiempo para destituir a ambos. Si la impericia y la insensibilidad de Vela fueron palpables desde un inicio, en el caso de Téllez el nombramiento mismo constituyó un paso en falso que hizo pensar en una vinculación entre la actual administración y el salinismo que pudiese ir más allá de las coincidencias en un proyecto económico neoliberal y antipopular.
Posteriormente, la SCT dirigida por el ahora ex funcionario no fue capaz (como no lo han sido tampoco las comisiones federales del ramo) de arbitrar en forma adecuada los choques de intereses entre los conglomerados empresariales que se disputan el mercado de las telecomunicaciones.
También fue deplorable el manejo de Téllez como responsable de facto de la comunicación gubernamental y la investigación de la caída del jet en el que viajaban Mouriño, Vasconcelos y otras personas: en ese episodio, el funcionario ahora defenestrado se apresuró a presentar conclusiones que no tenían fundamento, repartió con ligereza responsabilidades a controladores aéreos y a pilotos, se empeñó en descartar antes de tiempo hipótesis que no fueran las de una caída accidental, y con ello, en vez de dar certidumbre y tranquilidad a la opinión pública, alborotó los rumores de que el desastre ocurrido cerca de Reforma y Periférico, en esta capital, había sido consecuencia de un atentado.
Pero la mancha más grave en el expediente de Téllez fue su señalamiento –en el curso de una plática por teléfono celular, cuya grabación salió posteriormente a la luz– de que su ex jefe Salinas se había apropiado indebidamente de dineros públicos. Tal revelación era, como se señaló en su oportunidad en este espacio, indicativa de una obligada deslealtad: hacia el propio Salinas, si se trata de una mentira, o hacia el país, si es cierta, pues en ese caso el ex secretario de Comunicaciones y Transportes habría tenido que poner a las instancias correspondientes en aviso de un hecho delictivo; por lo demás, no haber dimitido de inmediato tras conocerse la grabación fue una conducta lesiva para Felipe Calderón, pues éste quedaba, irremediablemente, en la posición de reclutador de personas sin escrúpulos.
En tales circunstancias, los 19 días en los que Téllez permaneció en el cargo desde que se inició el escándalo hasta ayer, que fue removido, fueron suficientes para causar desprestigio al gabinete en su conjunto, y resulta incomprensible que cuando el titular del Ejecutivo federal finalmente se decidió a prescindir del colaborador indiscreto, lo haya nombrado asesor, práctica que evoca los vicios del priísmo gobernante, que conservaba dentro del presupuesto, contra viento y marea, a funcionarios impresentables.
Por lo demás, la tardanza de las remociones referidas da lugar a que se les señale como acciones dirigidas a fortalecer las alicaídas preferencias electorales del partido gobernante y a pensar, con preocupación, en el gravísimo desgaste de un equipo de gobierno que enfrenta, antes de la mitad de su periodo, y en un contexto económico, político y de seguridad ciertamente adverso, una notoria escasez de cuadros y de relevos.
kikka-roja.blogspot.com/
Ambas remociones eran indispensables porque el segundo exhibió, desde sus primeras semanas en el cargo, ineficiencia y frivolidad que causaron una severa afectación al manejo oficial de la cultura, y porque la credibilidad del primero estaba gravemente dañada, tanto por su inopinado y desafortunado desempeño como vocero gubernamental tras el avionazo en el que murieron el ex secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, el ex subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos y otras 11 personas, como por el escándalo que se desató cuando se hizo pública una conversación en la que afirmaba que el ex presidente Carlos Salinas de Gortari se robó la mitad de la llamada partida secreta asignada a Presidencia.
Sin embargo, cabe preguntarse por qué se esperó tanto tiempo para destituir a ambos. Si la impericia y la insensibilidad de Vela fueron palpables desde un inicio, en el caso de Téllez el nombramiento mismo constituyó un paso en falso que hizo pensar en una vinculación entre la actual administración y el salinismo que pudiese ir más allá de las coincidencias en un proyecto económico neoliberal y antipopular.
Posteriormente, la SCT dirigida por el ahora ex funcionario no fue capaz (como no lo han sido tampoco las comisiones federales del ramo) de arbitrar en forma adecuada los choques de intereses entre los conglomerados empresariales que se disputan el mercado de las telecomunicaciones.
También fue deplorable el manejo de Téllez como responsable de facto de la comunicación gubernamental y la investigación de la caída del jet en el que viajaban Mouriño, Vasconcelos y otras personas: en ese episodio, el funcionario ahora defenestrado se apresuró a presentar conclusiones que no tenían fundamento, repartió con ligereza responsabilidades a controladores aéreos y a pilotos, se empeñó en descartar antes de tiempo hipótesis que no fueran las de una caída accidental, y con ello, en vez de dar certidumbre y tranquilidad a la opinión pública, alborotó los rumores de que el desastre ocurrido cerca de Reforma y Periférico, en esta capital, había sido consecuencia de un atentado.
Pero la mancha más grave en el expediente de Téllez fue su señalamiento –en el curso de una plática por teléfono celular, cuya grabación salió posteriormente a la luz– de que su ex jefe Salinas se había apropiado indebidamente de dineros públicos. Tal revelación era, como se señaló en su oportunidad en este espacio, indicativa de una obligada deslealtad: hacia el propio Salinas, si se trata de una mentira, o hacia el país, si es cierta, pues en ese caso el ex secretario de Comunicaciones y Transportes habría tenido que poner a las instancias correspondientes en aviso de un hecho delictivo; por lo demás, no haber dimitido de inmediato tras conocerse la grabación fue una conducta lesiva para Felipe Calderón, pues éste quedaba, irremediablemente, en la posición de reclutador de personas sin escrúpulos.
En tales circunstancias, los 19 días en los que Téllez permaneció en el cargo desde que se inició el escándalo hasta ayer, que fue removido, fueron suficientes para causar desprestigio al gabinete en su conjunto, y resulta incomprensible que cuando el titular del Ejecutivo federal finalmente se decidió a prescindir del colaborador indiscreto, lo haya nombrado asesor, práctica que evoca los vicios del priísmo gobernante, que conservaba dentro del presupuesto, contra viento y marea, a funcionarios impresentables.
Por lo demás, la tardanza de las remociones referidas da lugar a que se les señale como acciones dirigidas a fortalecer las alicaídas preferencias electorales del partido gobernante y a pensar, con preocupación, en el gravísimo desgaste de un equipo de gobierno que enfrenta, antes de la mitad de su periodo, y en un contexto económico, político y de seguridad ciertamente adverso, una notoria escasez de cuadros y de relevos.
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