Raymundo Riva Palacio
Víctimas de espionaje
Miércoles, 04 de Marzo de 2009
Luis Téllez presentó su renuncia como secretario de Comunicaciones y Transportes porque era insostenible mantenerse en el cargo. Había dejado de ser un activo del presidente Felipe Calderón para convertirse en lastre, y su rendimiento desde hace poco más de dos semanas era decreciente. Todo, como resultado de ocho grabaciones a su teléfono particular, su celular y el privado de su oficina con un origen ilegal, y que encontraron su salida en los medios de comunicación para convertir un acto de espionaje político en un cobro de facturas.
Pero no hay que equivocarse. La salida de Téllez no tiene que ver con su buena o mala actuación al frente de la Secretaría, ni porque haya incurrido en un ilícito. Se fue porque quedó anulado mediante un procedimiento ilegal, que es el espionaje, y cuya conclusión sólo puede darse en un país de incipiente madurez democrática donde acciones ilegales, si son escandalosas e involucran a figuras prominentes, tienen como resultado el juicio sumario contra el afectado, e impunidad para quienes utilizaron un recurso extralegal.
Téllez no es sólo una anécdota en la narrativa política del gobierno de Calderón, o la primera gran víctima en la guerra que se libra en México en el campo de batalla de las telecomunicaciones. Téllez era el secretario de Comunicaciones y Transportes a quien una fuerza poderosa espió. De este tema hay poca discusión, pero es una afrenta abierta al Estado mexicano. Lamentablemente, la agenda de discusión pública en México está totalmente distorsionada. No de ahora, de antaño.
Cuando durante el gobierno de Vicente Fox se revelaron conversaciones telefónicas de la maestra Elba Esther Gordillo, el foco de la discusión fueron los detalles picarescos de sus pláticas, no que había sido sujeta de espionaje. Cuando en este gobierno se dieron a conocer detalles de grabaciones a varios líderes políticos de la oposición, igual. No se cuestiona al delincuente sino a la víctima, lo que es una aberración de la cultura y el sistema político mexicanos.
El origen de todas esas grabaciones es diferente. Hay casos donde quedó claro que fueron los enemigos políticos de la maestra, en su momento, quienes la espiraron y difundieron los materiales. Hay casos en este sexenio donde el espionaje fue realizado por el Cisen o por agentes externos al gobierno. El tipo de espionaje que se hizo sobre Téllez, por sus características de tiempo y recursos humanos, sólo podrían haberlo hecho los servicios de inteligencia militar.
Ningún otro servicio de inteligencia gubernamental, federal o estatal, tiene los recursos para haber hecho un espionaje de la magnitud que el ejecutado sobre el ex secretario de Comunicaciones. Dentro de Los Pinos tienen un listado de sospechosos, entre aquellos que tienen la tecnología y los recursos para ello –mencionan únicamente a Telmex en esta categoría-, como aquellos que no tienen la tecnología pero sí el dinero para poder comprar a un agente extranjero el servicio –donde ubican a TV Azteca, Televisa y a Alfonso Romo, propietario de Reporte Índigo, que divulgó las grabaciones-, pero hasta este momento no se ha podido determinar quiénes actuaron contra el ex secretario.
El espionaje a los líderes políticos lo hizo el Cisen. A los senadores los tiene permanentemente vigilados desde un puesto de espionaje que tiene instalado detrás de la Lotería Nacional, desde donde capta todas las comunicaciones en un radio de tres kilómetros, y en particular las que se desarrollan en las oficinas del Senado, que se localizan en un edificio a menos de 100 metros de donde se encuentran las escuchas. A los gobernadores que también espió el Cisen, se les interceptaron sus teléfonos y se les hizo una vigilancia física, de acuerdo con las personas que han leído los reportes que enviaron los agentes.
Es decir, por la información disponible hasta ahora, hay dos fuentes de espionaje de alto poder visibles en este sexenio, una gubernamental y la otra privada. La gubernamental no es un problema para el Estado mexicano, salvo que estuviera descontrolada, pero sí pude provocar enormes distorsiones en el tejido político y consecuencias en la negociación con los diversos actores políticos si es de mala calidad y, sobre todo, si es mal utilizada. La privada tiene otras dimensiones. Un gobierno no puede permitirse no saber qué fuerza externa está espiando a sus ciudadanos, sean funcionarios o no, puesto que eso significa debilidad, vulnerabilidad y un fallido sistema de contrainteligencia.
El problema se agrava exponencialmente cuando el espionaje se ejecuta contra un secretario de Estado en un cargo de alta responsabilidad como es Comunicaciones, en momentos donde en el sector de las telecomunicaciones se está definiendo el futuro del país con confrontaciones entre grandes grupos económicos. ¿Es posible que uno de ellos liquidara a un secretario para doblegar a un gobierno? Si tienen esa capacidad, ¿están exentos otros secretarios de eventuales extorsiones? Si el espionaje provino del sector privado mexicano, ¿es tan débil el gobierno que una empresa sienta el poder para humillarlo al ponerlo de rodillas? Las preguntas tienen que ser respondidas por el gobierno, y lejos de mantenerlas en reserva, exhibir a los responsables y actuar con el peso que la ley le permita.
El espionaje es una herramienta necesaria para cualquier gobierno, que la utiliza para planear, formular y ejecutar en tiempo sus políticas. El mal uso que se ha hecho del instrumento, como dar a conocer aspectos personales de actores políticos para disminuirles sus márgenes de acción y prestigio, ha pervertido la herramienta y restado efectividad. Pero un gobierno que ignore quién lo espía, queda a merced de fuerzas descontroladas que tendrán la capacidad para hacerle daño en el momento que deseen si no actúa de acuerdo con sus intereses. Esto es inadmisible para cualquier gobierno, inaceptable en cualquier Estado, e imperdonable si la inacción permite la impunidad. La experiencia de Téllez no puede quedar sin ser resuelta, por él, por el gobierno, y por el Estado mismo.
Pero no hay que equivocarse. La salida de Téllez no tiene que ver con su buena o mala actuación al frente de la Secretaría, ni porque haya incurrido en un ilícito. Se fue porque quedó anulado mediante un procedimiento ilegal, que es el espionaje, y cuya conclusión sólo puede darse en un país de incipiente madurez democrática donde acciones ilegales, si son escandalosas e involucran a figuras prominentes, tienen como resultado el juicio sumario contra el afectado, e impunidad para quienes utilizaron un recurso extralegal.
Téllez no es sólo una anécdota en la narrativa política del gobierno de Calderón, o la primera gran víctima en la guerra que se libra en México en el campo de batalla de las telecomunicaciones. Téllez era el secretario de Comunicaciones y Transportes a quien una fuerza poderosa espió. De este tema hay poca discusión, pero es una afrenta abierta al Estado mexicano. Lamentablemente, la agenda de discusión pública en México está totalmente distorsionada. No de ahora, de antaño.
Cuando durante el gobierno de Vicente Fox se revelaron conversaciones telefónicas de la maestra Elba Esther Gordillo, el foco de la discusión fueron los detalles picarescos de sus pláticas, no que había sido sujeta de espionaje. Cuando en este gobierno se dieron a conocer detalles de grabaciones a varios líderes políticos de la oposición, igual. No se cuestiona al delincuente sino a la víctima, lo que es una aberración de la cultura y el sistema político mexicanos.
El origen de todas esas grabaciones es diferente. Hay casos donde quedó claro que fueron los enemigos políticos de la maestra, en su momento, quienes la espiraron y difundieron los materiales. Hay casos en este sexenio donde el espionaje fue realizado por el Cisen o por agentes externos al gobierno. El tipo de espionaje que se hizo sobre Téllez, por sus características de tiempo y recursos humanos, sólo podrían haberlo hecho los servicios de inteligencia militar.
Ningún otro servicio de inteligencia gubernamental, federal o estatal, tiene los recursos para haber hecho un espionaje de la magnitud que el ejecutado sobre el ex secretario de Comunicaciones. Dentro de Los Pinos tienen un listado de sospechosos, entre aquellos que tienen la tecnología y los recursos para ello –mencionan únicamente a Telmex en esta categoría-, como aquellos que no tienen la tecnología pero sí el dinero para poder comprar a un agente extranjero el servicio –donde ubican a TV Azteca, Televisa y a Alfonso Romo, propietario de Reporte Índigo, que divulgó las grabaciones-, pero hasta este momento no se ha podido determinar quiénes actuaron contra el ex secretario.
El espionaje a los líderes políticos lo hizo el Cisen. A los senadores los tiene permanentemente vigilados desde un puesto de espionaje que tiene instalado detrás de la Lotería Nacional, desde donde capta todas las comunicaciones en un radio de tres kilómetros, y en particular las que se desarrollan en las oficinas del Senado, que se localizan en un edificio a menos de 100 metros de donde se encuentran las escuchas. A los gobernadores que también espió el Cisen, se les interceptaron sus teléfonos y se les hizo una vigilancia física, de acuerdo con las personas que han leído los reportes que enviaron los agentes.
Es decir, por la información disponible hasta ahora, hay dos fuentes de espionaje de alto poder visibles en este sexenio, una gubernamental y la otra privada. La gubernamental no es un problema para el Estado mexicano, salvo que estuviera descontrolada, pero sí pude provocar enormes distorsiones en el tejido político y consecuencias en la negociación con los diversos actores políticos si es de mala calidad y, sobre todo, si es mal utilizada. La privada tiene otras dimensiones. Un gobierno no puede permitirse no saber qué fuerza externa está espiando a sus ciudadanos, sean funcionarios o no, puesto que eso significa debilidad, vulnerabilidad y un fallido sistema de contrainteligencia.
El problema se agrava exponencialmente cuando el espionaje se ejecuta contra un secretario de Estado en un cargo de alta responsabilidad como es Comunicaciones, en momentos donde en el sector de las telecomunicaciones se está definiendo el futuro del país con confrontaciones entre grandes grupos económicos. ¿Es posible que uno de ellos liquidara a un secretario para doblegar a un gobierno? Si tienen esa capacidad, ¿están exentos otros secretarios de eventuales extorsiones? Si el espionaje provino del sector privado mexicano, ¿es tan débil el gobierno que una empresa sienta el poder para humillarlo al ponerlo de rodillas? Las preguntas tienen que ser respondidas por el gobierno, y lejos de mantenerlas en reserva, exhibir a los responsables y actuar con el peso que la ley le permita.
El espionaje es una herramienta necesaria para cualquier gobierno, que la utiliza para planear, formular y ejecutar en tiempo sus políticas. El mal uso que se ha hecho del instrumento, como dar a conocer aspectos personales de actores políticos para disminuirles sus márgenes de acción y prestigio, ha pervertido la herramienta y restado efectividad. Pero un gobierno que ignore quién lo espía, queda a merced de fuerzas descontroladas que tendrán la capacidad para hacerle daño en el momento que deseen si no actúa de acuerdo con sus intereses. Esto es inadmisible para cualquier gobierno, inaceptable en cualquier Estado, e imperdonable si la inacción permite la impunidad. La experiencia de Téllez no puede quedar sin ser resuelta, por él, por el gobierno, y por el Estado mismo.
r_rivapalacio@yahoo.com
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