Los crímenes de la corrupción
Miguel Ángel Granados Chapa
7 Jun. 09
Las fallas en las dependencias públicas se traducen en muchos de los casos en poner en riesgo la vida de quienes reciben servicios de las mismas
No es irresponsable, ni siquiera es aventurado suponer que el origen remoto de la tragedia de Hermosillo, en que murieron 38 niños y por lo menos 15 más están en riesgo, gravemente lesionados, es la corrupción. La guardería ABC en que ocurrió el estrujante desastre era un establecimiento subrogado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. La ley permite a ese organismo hacer que particulares presenten servicios que no está en condiciones de ofrecer directamente, ya sea por falta de recursos materiales o humanos, o por no agrandar la plantilla laboral. La subrogación se basa en contratos que deben licitarse o asignarse directamente, y cuyo resultado asegure que las prestaciones a los derechohabientes se ofrezcan en forma adecuada.
En el caso de la guardería incendiada anteayer posiblemente se actuó ilegalmente, situación que debe establecer con claridad la indagación ordenada por el presidente de la República (amén de la que en el fuero común emprendan las autoridades de Sonora). Sólo de ese modo se explica la aceptación de que el local donde debían prestarse cuidados y resguardo a niños de muy escasa edad, que requieren instalaciones y trato profesional, haya sido antes una maquiladora y se haya conservado la estructura metálica de una nave industrial. La ubicación en una zona fabril era asimismo inadecuada y parece estar en la causa inmediata de la tragedia, pues la quemazón se habría iniciado en un taller adjunto. Las informaciones iniciales indican que la guardería no contaba con sistema alguno de prevención y seguridad. De no ser por la pronta actuación de vecinos voluntarios, la dimensión del negro acontecimiento hubiera sido mucho mayor, pues las paredes pudieron venirse abajo aplastándolo todo.
A lo largo de los años no han dejado de expresarse denuncias por manejos inadecuados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si bien es posible identificar en esa iniciativa la defensa y promoción de su propio interés mercantil, no puede dejar de señalarse que las Farmacias Similares, el gran negocio de Víctor González Torres, el doctor Simi, comenzó su Movimiento nacional contra la corrupción a partir de sus tratos con el IMSS, signados por ese vicio ancestral y en apariencia inextirpable.
La gravedad de la corrupción en ciertas zonas de la administración pública, y del IMSS en particular, pone en riesgo la vida y la salud de las personas. Hace no mucho, cuando todavía estaba Juan Molinar Horcasitas al frente de ese instituto, se abrió una licitación internacional en que se permitió a los postores no probar que contaban con las instalaciones correspondientes, sino comprometerse a construirlas en caso de ganar el concurso. Esa decisión, ha insistido Alberto Barranco Chavarría, "colocaba en peligro la vida de 4 mil 500 pacientes en opción de hemodiálisis interdiaria para sobrevivir" (El Universal, 3 de junio).
Quizá Molinar Horcasitas halló obstáculos en el Seguro Social que no pudo remover. Tal vez le ocurre lo mismo en la Secretaría de Comunicaciones, algunas de cuyas áreas están minadas por decisiones del ex secretario Luis Téllez, llevado a presidir la Bolsa Mexicana de Valores por algunos de los sujetos que presuntamente él regulaba desde la SCT. Justamente en los días de enero en que estallaba (todavía en privado entonces) el conflicto con Purificación Carpinteyro, Téllez designó director de Aeronáutica Civil a Héctor González Weeks. El nuevo funcionario poseía experiencia en el ramo, desde la operación empresarial. Pero su trayectoria no era la mejor. Había trabajado en Cintra, el consorcio que agrupó a Mexicana y Aeroméxico, y en Aerolitoral. Su desempeño más reciente, sin embargo, había ocurrido en Aerolíneas Mesoamericanas, Alma, que tuvo que suspender sus operaciones por quebrantos financieros apenas en noviembre de 2008, sólo unas semanas antes de su paso al sector público.
A González Weeks le ha tocado, en este semestre al frente de la aviación civil, enfrentar la enésima crisis de esa industria. Además de sus problemas estructurales, nunca resueltos, el aerotransporte de pasajeros se ha encarecido por diversos factores, como el alza en el precio de los combustibles, que las empresas buscan paliar disminuyendo el costo de su mano de obra, al punto de buscar la eliminación del contrato colectivo de trabajo, como pretendió Mexicana. De nuevo la fusión de las grandes líneas aparece en el horizonte inmediato como una solución al menos temporal de sus dificultades, agravadas en las semanas recientes por la crisis sanitaria. Se prevé asimismo el que se unan las empresas nuevas de bajo costo Interjet y Volaris, cuyos propietarios (Miguel Alemán y Pedro Aspe) tuvieron presencia en el sector público y en la política, lo que al parecer podría otorgarles alguna ventaja sobre otras aerolíneas.
Esta última afirmación se deriva de las aireaciones externadas por Eduardo Morales Mega, propietario de Aviacsa, la empresa que esta semana derrotó el intento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de mantenerla en tierra. El 2 de junio una orden de la SCT paralizó las actividades de esa aerolínea, que ha perseverado en el dificultoso campo de la aviación civil desde que fue creada en los años setenta por el gobierno del doctor Manuel Velasco Suárez para suplir la falta de servicio aéreo de las grandes líneas a Chiapas. Después de varias visitas de verificación a sus condiciones de seguridad, la última de las cuales terminó el 29 de mayo, la autoridad determinó el martes siguiente la suspensión de los vuelos que realiza la flota de 25 aparatos de Aviacsa. La decisión, según la empresa puesta en práctica antes de que se cumpliera el plazo de cinco días (se entiende que hábiles) para enmendar las deficiencias señaladas por la SCT, dejó en tierra a cientos de pasajeros que con razón mostraron su irritación con la aerolínea, que vendió boletos para fechas en que podría haber estado paralizada. Viajeros y aerolínea sufrieron pérdidas por una decisión que un juez federal consideró infundada, según lo declaró al otorgar la suspensión provisional que permitió a Aviacsa reemprender sus vuelos el viernes por la noche.
La Secretaría de Comunicaciones, aun antes de emprender las acciones legales correspondientes (solicitar la revisión del amparo y presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura), embistió contra el juez que echó abajo su decisión. El director jurídico de la SCT, Gerardo Sánchez Henkel, hizo notar que el juez actúa en Ciudad Valles, "donde ni siquiera hay aeropuerto", como si eso tuviera que ver con el conflicto legal, y ha otorgado la reapertura de giros negros en Monterrey. Sánchez Henkel llegó al extremo de responsabilizar al juzgador por los accidentes que puedan ocurrir a la empresa amparada.
Sánchez Henkel estuvo en las noticias por otro asunto, presumiblemente causado por la corrupción de personal jurídico a sus órdenes. Quince abogados de su dependencia están suspendidos y sujetos a una investigación porque probablemente actuaron con desidia en beneficio de Iusacell, el consorcio telefónico de Ricardo Salinas Pliego. Esa empresa obtuvo la suspensión provisional en un juicio ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa contra la resolución de la SCT de licitar dos bandas del espectro de telefonía móvil. La Unidad de Asuntos Jurídicos debía impedir que la provisional se convirtiera en suspensión definitiva, pero los abogados encargados de hacerlo practicaron el tortuguismo y el término para iniciar el recurso estuvo a punto de vencer. De no haberse iniciado la segunda instancia, Iusacell continuaría en posibilidad de seguir arrendando sus propias bandas, lo que le representa millones de pesos. De allí que se presuma que los abogados en cuestión no actuaron por ineptitud sino porque se les aceitó la mano. Sorprende por ello que el secretario Molinar Horcasitas haya exculpado de antemano a la empresa de Salinas Pliego, asegurando que la indagación se limita a establecer la responsabilidad de los funcionarios en entredicho. Si se trata de cohecho, cabe tanta responsabilidad al que mata la vaca como a quien tiene la pata.
La importancia de denunciar públicamente la corrupción quedó probada con la renuncia de un funcionario de Pemex, causada por una información de Reforma a la que habremos de referirnos.
No es irresponsable, ni siquiera es aventurado suponer que el origen remoto de la tragedia de Hermosillo, en que murieron 38 niños y por lo menos 15 más están en riesgo, gravemente lesionados, es la corrupción. La guardería ABC en que ocurrió el estrujante desastre era un establecimiento subrogado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. La ley permite a ese organismo hacer que particulares presenten servicios que no está en condiciones de ofrecer directamente, ya sea por falta de recursos materiales o humanos, o por no agrandar la plantilla laboral. La subrogación se basa en contratos que deben licitarse o asignarse directamente, y cuyo resultado asegure que las prestaciones a los derechohabientes se ofrezcan en forma adecuada.
En el caso de la guardería incendiada anteayer posiblemente se actuó ilegalmente, situación que debe establecer con claridad la indagación ordenada por el presidente de la República (amén de la que en el fuero común emprendan las autoridades de Sonora). Sólo de ese modo se explica la aceptación de que el local donde debían prestarse cuidados y resguardo a niños de muy escasa edad, que requieren instalaciones y trato profesional, haya sido antes una maquiladora y se haya conservado la estructura metálica de una nave industrial. La ubicación en una zona fabril era asimismo inadecuada y parece estar en la causa inmediata de la tragedia, pues la quemazón se habría iniciado en un taller adjunto. Las informaciones iniciales indican que la guardería no contaba con sistema alguno de prevención y seguridad. De no ser por la pronta actuación de vecinos voluntarios, la dimensión del negro acontecimiento hubiera sido mucho mayor, pues las paredes pudieron venirse abajo aplastándolo todo.
A lo largo de los años no han dejado de expresarse denuncias por manejos inadecuados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si bien es posible identificar en esa iniciativa la defensa y promoción de su propio interés mercantil, no puede dejar de señalarse que las Farmacias Similares, el gran negocio de Víctor González Torres, el doctor Simi, comenzó su Movimiento nacional contra la corrupción a partir de sus tratos con el IMSS, signados por ese vicio ancestral y en apariencia inextirpable.
La gravedad de la corrupción en ciertas zonas de la administración pública, y del IMSS en particular, pone en riesgo la vida y la salud de las personas. Hace no mucho, cuando todavía estaba Juan Molinar Horcasitas al frente de ese instituto, se abrió una licitación internacional en que se permitió a los postores no probar que contaban con las instalaciones correspondientes, sino comprometerse a construirlas en caso de ganar el concurso. Esa decisión, ha insistido Alberto Barranco Chavarría, "colocaba en peligro la vida de 4 mil 500 pacientes en opción de hemodiálisis interdiaria para sobrevivir" (El Universal, 3 de junio).
Quizá Molinar Horcasitas halló obstáculos en el Seguro Social que no pudo remover. Tal vez le ocurre lo mismo en la Secretaría de Comunicaciones, algunas de cuyas áreas están minadas por decisiones del ex secretario Luis Téllez, llevado a presidir la Bolsa Mexicana de Valores por algunos de los sujetos que presuntamente él regulaba desde la SCT. Justamente en los días de enero en que estallaba (todavía en privado entonces) el conflicto con Purificación Carpinteyro, Téllez designó director de Aeronáutica Civil a Héctor González Weeks. El nuevo funcionario poseía experiencia en el ramo, desde la operación empresarial. Pero su trayectoria no era la mejor. Había trabajado en Cintra, el consorcio que agrupó a Mexicana y Aeroméxico, y en Aerolitoral. Su desempeño más reciente, sin embargo, había ocurrido en Aerolíneas Mesoamericanas, Alma, que tuvo que suspender sus operaciones por quebrantos financieros apenas en noviembre de 2008, sólo unas semanas antes de su paso al sector público.
A González Weeks le ha tocado, en este semestre al frente de la aviación civil, enfrentar la enésima crisis de esa industria. Además de sus problemas estructurales, nunca resueltos, el aerotransporte de pasajeros se ha encarecido por diversos factores, como el alza en el precio de los combustibles, que las empresas buscan paliar disminuyendo el costo de su mano de obra, al punto de buscar la eliminación del contrato colectivo de trabajo, como pretendió Mexicana. De nuevo la fusión de las grandes líneas aparece en el horizonte inmediato como una solución al menos temporal de sus dificultades, agravadas en las semanas recientes por la crisis sanitaria. Se prevé asimismo el que se unan las empresas nuevas de bajo costo Interjet y Volaris, cuyos propietarios (Miguel Alemán y Pedro Aspe) tuvieron presencia en el sector público y en la política, lo que al parecer podría otorgarles alguna ventaja sobre otras aerolíneas.
Esta última afirmación se deriva de las aireaciones externadas por Eduardo Morales Mega, propietario de Aviacsa, la empresa que esta semana derrotó el intento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de mantenerla en tierra. El 2 de junio una orden de la SCT paralizó las actividades de esa aerolínea, que ha perseverado en el dificultoso campo de la aviación civil desde que fue creada en los años setenta por el gobierno del doctor Manuel Velasco Suárez para suplir la falta de servicio aéreo de las grandes líneas a Chiapas. Después de varias visitas de verificación a sus condiciones de seguridad, la última de las cuales terminó el 29 de mayo, la autoridad determinó el martes siguiente la suspensión de los vuelos que realiza la flota de 25 aparatos de Aviacsa. La decisión, según la empresa puesta en práctica antes de que se cumpliera el plazo de cinco días (se entiende que hábiles) para enmendar las deficiencias señaladas por la SCT, dejó en tierra a cientos de pasajeros que con razón mostraron su irritación con la aerolínea, que vendió boletos para fechas en que podría haber estado paralizada. Viajeros y aerolínea sufrieron pérdidas por una decisión que un juez federal consideró infundada, según lo declaró al otorgar la suspensión provisional que permitió a Aviacsa reemprender sus vuelos el viernes por la noche.
La Secretaría de Comunicaciones, aun antes de emprender las acciones legales correspondientes (solicitar la revisión del amparo y presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura), embistió contra el juez que echó abajo su decisión. El director jurídico de la SCT, Gerardo Sánchez Henkel, hizo notar que el juez actúa en Ciudad Valles, "donde ni siquiera hay aeropuerto", como si eso tuviera que ver con el conflicto legal, y ha otorgado la reapertura de giros negros en Monterrey. Sánchez Henkel llegó al extremo de responsabilizar al juzgador por los accidentes que puedan ocurrir a la empresa amparada.
Sánchez Henkel estuvo en las noticias por otro asunto, presumiblemente causado por la corrupción de personal jurídico a sus órdenes. Quince abogados de su dependencia están suspendidos y sujetos a una investigación porque probablemente actuaron con desidia en beneficio de Iusacell, el consorcio telefónico de Ricardo Salinas Pliego. Esa empresa obtuvo la suspensión provisional en un juicio ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa contra la resolución de la SCT de licitar dos bandas del espectro de telefonía móvil. La Unidad de Asuntos Jurídicos debía impedir que la provisional se convirtiera en suspensión definitiva, pero los abogados encargados de hacerlo practicaron el tortuguismo y el término para iniciar el recurso estuvo a punto de vencer. De no haberse iniciado la segunda instancia, Iusacell continuaría en posibilidad de seguir arrendando sus propias bandas, lo que le representa millones de pesos. De allí que se presuma que los abogados en cuestión no actuaron por ineptitud sino porque se les aceitó la mano. Sorprende por ello que el secretario Molinar Horcasitas haya exculpado de antemano a la empresa de Salinas Pliego, asegurando que la indagación se limita a establecer la responsabilidad de los funcionarios en entredicho. Si se trata de cohecho, cabe tanta responsabilidad al que mata la vaca como a quien tiene la pata.
La importancia de denunciar públicamente la corrupción quedó probada con la renuncia de un funcionario de Pemex, causada por una información de Reforma a la que habremos de referirnos.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
kikka-roja.blogspot.com/
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