La masacre revivida: Carmen Aristegui F. : Acteal

La masacre revivida
Carmen Aristegui F.
14 Ago. 09

Fallas en los procedimientos judiciales cometidas por negligencia, ignorancia o abierta maquinación de la autoridad son pan de todos los días en la justicia mexicana. Imposible imaginar siquiera las miles o millones de personas, inocentes o culpables, que se han visto afectadas en sus derechos más elementales por procesos judiciales indebidos. Testimonios falsos, fabricación de pruebas, desaparición de documentos, firmas falsificadas, diligencias no cumplidas, siembra de evidencias, fechas que se dejan expirar, confesiones a la fuerza. La galería es interminable. Famosos casos como el de la finca El Encanto del caso Ruiz Massieu o, más recientemente, el caso de Florence Cassez, con el delirante montaje organizado por la SSP para hacerla aparecer como culpable, independientemente de que lo sea o no en realidad. Casos para ilustrar el incumplimiento del "debido proceso" como un problema agudo, profundo, añejo y sistémico se toman a puños. ¿Por qué la Clínica de Interés Público del CIDE decidió tomar el caso de la matanza de Acteal para revisar lo que puede ocurrir en México en esta materia y tomar, para ello, la defensa de los indígenas que fueron sentenciados por asesinato de hombres, mujeres y niños? La respuesta a esto es ya parte del debate. Desde La Jornada se ha planteado que "El revisionismo histórico de la matanza de Acteal, promovido desde las instituciones de Estado y los medios de comunicación afines al poder, por los asesores y apologistas de los regímenes del PRI y del PAN, condujo a la Suprema Corte de Justicia a tomar una controvertida decisión: ordenar la puesta en libertad de los autores materiales de la muerte de 45 niños, mujeres y hombres indefensos". Diversas voces ahora, desde que ocurrió la masacre, y aún antes de ésta, han señalado que desde el gobierno de Ernesto Zedillo se patrocinó una política contrainsurgente con grupos de paramilitares formados con indígenas de las mismas comunidades. Se creó una espiral de violencia fratricida que desembocó en una masacre inaudita como la de Acteal. Es por ello un crimen de Estado. La existencia y actuación de paramilitares en Chiapas a partir de la insurrección zapatista es un hecho inocultable. Los miles de desplazados en las comunidades fueron producto de ese hostigamiento oficial. La masacre de Acteal no puede entenderse fuera de ese contexto. Quienes dudan de las buenas intenciones de quienes promovieron la defensa de los asesinos y la reapertura del caso encuentran que en el trasfondo de todo existe la decisión de reescribir la historia para sostener la tesis de que lo ocurrido en Acteal fue un enfrentamiento y no un crimen de Estado, cuyas responsabilidades mayores siguen en la impunidad y que apuntan al ex presidente de México. La mayor suspicacia sostiene que la liberación de los primeros 20 indígenas presos por asesinato -iniciada en la madrugada de este jueves gracias a los amparos otorgados por la Corte- permitirá de mejor manera sostener la tesis del enfrentamiento entre indígenas por encima de la del crimen de Estado con responsabilidades históricas y penales gravísimas. Los del CIDE han respondido frente a las sospechas que eligieron el caso por tratarse de "... un asunto en el que se pone de relieve un alto número de irregularidades y violaciones de derechos" y que serviría para alimentar el modelo de educación clínica que se desarrolla en el CIDE, mediante el cual los alumnos, bajo la guía de sus profesores, participan en litigios. José Antonio Caballero, del CIDE, escribió en El Universal que decidieron investigar el caso porque "... las afectaciones sufridas por los indígenas que defendemos no son excepcionales. Por el contrario, son muy frecuentes en los procesos penales que se desarrollan en nuestro país". Sin dudar de la buena fe de estudiantes e investigadores de la Clínica de Interés Público, tampoco se puede descartar la posibilidad de que alguien, interesado por las razones ya escritas, pudiera servirse de su trabajo. ¿Sería descabellado que alguien estuviera intentando, a través de esta revisión judicial, modificar la historia que se sostiene con víctimas, pobladores y sobrevivientes a 11 años de distancia sobre un crimen de Estado? ¿Alguien está usando al CIDE para buscarse otro lugar en la historia? Gran tema para la academia. Los estudiantes de la Clínica deberían investigarlo.

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