lajornada
El Senado de la República aprobó ayer por mayoría –75 votos a favor, de los legisladores del PRI, del PAN y del PVEM; 27 en contra, del PRD y del PT, y una abstención– la propuesta de nombramiento de Arturo Chávez Chávez como titular de la Procuraduría General de la República (PGR), presentada a principios de este mes por el jefe del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, y repudiada desde entonces por diversos organismos de defensa de los derechos humanos y activistas individuales.
Sin adelantar juicios sobre el desempeño que pudiera tener Chávez Chávez al frente de la PGR, el solo hecho de que su postulación haya sido motivo de desconfianza e impugnación de amplios sectores de la sociedad –como quedó de manifiesto ayer mismo a las afueras de Xicoténcatl, donde se realizó una manifestación para protestar por la designación– hacía deseable y necesario que los legisladores asumieran una actitud reflexiva, crítica y sensible, y reconocieran la improcedencia de ratificarlo en el cargo.
Tales consideraciones se ven reforzadas si se toma en cuenta que el sucesor de Eduardo Medina Mora es un funcionario sobre quien pesan justificados cuestionamientos, entre otras cosas por la actitud omisa, negligente e insensible con que desempeñó el cargo de procurador de Justicia de Chihuahua durante el gobierno del panista Francisco Barrio (1992-1998), periodo que se caracterizó por el incremento en el número de feminicidios cometidos en esa entidad y por los despropósitos declarativos del entonces fiscal estatal y sus colaboradores, quienes recomendaron el uso de espray para los ojos y asistir a cursos de karate como medidas para prevenir los asesinatos, e insinuaron que éstos eran responsabilidad de las propias mujeres por usar minifalda. De tal forma, el arribo de Chávez Chávez a la PGR ahonda la erosión institucional que padece esa dependencia, alejada de su compromiso formal de cumplir la ley y procurar justicia, y erigida, en cambio, en instancia dedicada a la fabricación de culpables y en gestora de revanchas políticas.
Por lo demás, resulta inaceptable que el PRI justificara el respaldo de sus legisladores a la designación del nuevo procurador argumentando que, en caso contrario, el jefe del Ejecutivo podría proponer a alguien peor. Igualmente impresentable es el alegato de que el Revolucionario Institucional decidió dejarle la responsabilidad al Ejecutivo federal, pues si bien es cierto que es a esa institución a la que corresponde la procuración de justicia en el ámbito federal, no puede ignorarse que la Constitución otorga al Legislativo –concretamente al Senado, de acuerdo con el artículo 76 de la Carta Magna– la facultad de ratificar o rechazar ése y otros nombramientos, y que el propósito de esa disposición es corresponsabilizar a los legisladores y darles instrumentos para corregir decisiones presidenciales equivocadas.
Las bancadas senatoriales del PRI y del PAN optaron, sin embargo, por llevar a la cámara de la que forman parte a abdicar de su responsabilidad de ejercer un contrapeso republicano a los errores del Ejecutivo. No sorprende de los albiazules, quienes reproducen hoy en día la antigua sumisión de los legisladores priístas a la Presidencia. La postura del tricolor, que pasó de la crítica al respaldo a Chávez Chávez, alimentará, de manera inevitable, las sospechas sociales de que obedece a una negociación inconfesable entre los dos partidos que han monopolizado el poder durante el ciclo neoliberal.
En el momento presente, los senadores de la República habrían debido dirigir la vista a lo ocurrido en San Lázaro durante la comparecencia del titular de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, quien, tras haber llegado a la dependencia en medio de impugnaciones por su desastroso desempeño como director de la Policía Federal Preventiva y de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones, ha enfrentado críticas severísimas de todo el espectro político –con la previsible excepción del partido gobernante– por su responsabilidad en la peor crisis de seguridad pública que ha padecido el país en la historia contemporánea.
Para que las dependencias de seguridad pública y de procuración de justicia puedan cumplir sus tareas en forma satisfactoria requieren de credibilidad, de respaldo social y de consenso. La PGR que encabezará Chávez Chávez obtuvo tales condiciones en la clase política, pero no en la sociedad; la SSP no las tiene ni en una ni en otra. El gobierno calderonista tendría que entender que, en tal circunstancia, los mandos de ambas dependencias no son parte posible de la solución, sino componente irremediable del problema.
Para finalizar, con el nombramiento y la ratificación referidos, el Ejecutivo y el Legislativo transmiten, voluntaria o involuntariamente, un mensaje claro y alarmante a la sociedad: que la impunidad, los atropellos y las irregularidades que prevalecieron durante la gestión de Chávez Chávez en Chihuahua pueden repetirse en todo el territorio nacional. Para el conjunto de la institucionalidad política, el doble gesto constituye una catástrofe en materia de autoridad y de credibilidad.
Sin adelantar juicios sobre el desempeño que pudiera tener Chávez Chávez al frente de la PGR, el solo hecho de que su postulación haya sido motivo de desconfianza e impugnación de amplios sectores de la sociedad –como quedó de manifiesto ayer mismo a las afueras de Xicoténcatl, donde se realizó una manifestación para protestar por la designación– hacía deseable y necesario que los legisladores asumieran una actitud reflexiva, crítica y sensible, y reconocieran la improcedencia de ratificarlo en el cargo.
Tales consideraciones se ven reforzadas si se toma en cuenta que el sucesor de Eduardo Medina Mora es un funcionario sobre quien pesan justificados cuestionamientos, entre otras cosas por la actitud omisa, negligente e insensible con que desempeñó el cargo de procurador de Justicia de Chihuahua durante el gobierno del panista Francisco Barrio (1992-1998), periodo que se caracterizó por el incremento en el número de feminicidios cometidos en esa entidad y por los despropósitos declarativos del entonces fiscal estatal y sus colaboradores, quienes recomendaron el uso de espray para los ojos y asistir a cursos de karate como medidas para prevenir los asesinatos, e insinuaron que éstos eran responsabilidad de las propias mujeres por usar minifalda. De tal forma, el arribo de Chávez Chávez a la PGR ahonda la erosión institucional que padece esa dependencia, alejada de su compromiso formal de cumplir la ley y procurar justicia, y erigida, en cambio, en instancia dedicada a la fabricación de culpables y en gestora de revanchas políticas.
Por lo demás, resulta inaceptable que el PRI justificara el respaldo de sus legisladores a la designación del nuevo procurador argumentando que, en caso contrario, el jefe del Ejecutivo podría proponer a alguien peor. Igualmente impresentable es el alegato de que el Revolucionario Institucional decidió dejarle la responsabilidad al Ejecutivo federal, pues si bien es cierto que es a esa institución a la que corresponde la procuración de justicia en el ámbito federal, no puede ignorarse que la Constitución otorga al Legislativo –concretamente al Senado, de acuerdo con el artículo 76 de la Carta Magna– la facultad de ratificar o rechazar ése y otros nombramientos, y que el propósito de esa disposición es corresponsabilizar a los legisladores y darles instrumentos para corregir decisiones presidenciales equivocadas.
Las bancadas senatoriales del PRI y del PAN optaron, sin embargo, por llevar a la cámara de la que forman parte a abdicar de su responsabilidad de ejercer un contrapeso republicano a los errores del Ejecutivo. No sorprende de los albiazules, quienes reproducen hoy en día la antigua sumisión de los legisladores priístas a la Presidencia. La postura del tricolor, que pasó de la crítica al respaldo a Chávez Chávez, alimentará, de manera inevitable, las sospechas sociales de que obedece a una negociación inconfesable entre los dos partidos que han monopolizado el poder durante el ciclo neoliberal.
En el momento presente, los senadores de la República habrían debido dirigir la vista a lo ocurrido en San Lázaro durante la comparecencia del titular de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, quien, tras haber llegado a la dependencia en medio de impugnaciones por su desastroso desempeño como director de la Policía Federal Preventiva y de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones, ha enfrentado críticas severísimas de todo el espectro político –con la previsible excepción del partido gobernante– por su responsabilidad en la peor crisis de seguridad pública que ha padecido el país en la historia contemporánea.
Para que las dependencias de seguridad pública y de procuración de justicia puedan cumplir sus tareas en forma satisfactoria requieren de credibilidad, de respaldo social y de consenso. La PGR que encabezará Chávez Chávez obtuvo tales condiciones en la clase política, pero no en la sociedad; la SSP no las tiene ni en una ni en otra. El gobierno calderonista tendría que entender que, en tal circunstancia, los mandos de ambas dependencias no son parte posible de la solución, sino componente irremediable del problema.
Para finalizar, con el nombramiento y la ratificación referidos, el Ejecutivo y el Legislativo transmiten, voluntaria o involuntariamente, un mensaje claro y alarmante a la sociedad: que la impunidad, los atropellos y las irregularidades que prevalecieron durante la gestión de Chávez Chávez en Chihuahua pueden repetirse en todo el territorio nacional. Para el conjunto de la institucionalidad política, el doble gesto constituye una catástrofe en materia de autoridad y de credibilidad.
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