- El Revolucionario Institucional afina su proyecto alternativo y trabaja a marchas forzadas
- Se intensifica el cabildeo en San Lázaro para intentar proteger a los grandes evasores fiscales
La discusión y modificación de la propuesta fiscal del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa continúa a marchas forzadas en la Cámara de Diputados, donde la fracción mayoritaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pretende cerrar el paso al gravamen de dos por ciento al consumo, restar el impacto del incremento del cuatro por ciento al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) en materia de telecomunicaciones y abordar la desaparición del régimen de consolidación fiscal.
El avance del trabajo legislativo es lento y tortuoso porque la Comisión de Hacienda decidió cancelar su reunión de ayer por la tarde. En tanto decenas de cabilderos se reúnen con diputados de todos los partidos, en su afán de convencerlos de votar en contra de los impuestos que afectarían las ramas empresariales que por ahora evaden el pago de impuestos.
La determinación de la presidencia de la Comisión de Hacienda obedeció a que el grupo de diputados del PRI especialistas en economía sostuvieron una reunión privada para determinar el rumbo de la postura priísta en San Lázaro.
Los representantes del Revolucionario Institucional se reunirán con senadores, la dirigencia nacional de su partido y los gobernadores del mismo para determinar el rumbo de su propuesta.
También en el contexto de la presentación de sus propuestas económicas alternativas para 2010, las fracciones de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados explicaron que, gracias al régimen de consolidación fiscal y al diferimiento en el pago del impuesto sobre la renta (ISR), 29 de las empresas más grandes del país, así como 6 bancos, pagaron en 2008, en promedio, sólo 3 por ciento de sus ingresos por concepto de impuestos.
En contraste, explicaron, Petróleos Mexicanos destinó ese año 58 por ciento sus ventas al fisco y no se le difirió el pago de un solo peso. En cambio, Cementos Mexicanos (Cemex) consiguió, merced a créditos fiscales, la devolución de 23 mil 562 millones de pesos, lo que hizo posible que reportara utilidades por 2 mil 323 millones.
El PT explicó que Cemex no sólo no pagó impuestos, sino que con la devolución el fisco le permitió a la empresa reportar utilidades de 9.7 por ciento en ese periodo, respecto de 2007.
En la exposición de motivos de la propuesta del PT, se señala que en la actualidad se da la paradoja que el sistema tributario, en la vertiente del ISR, está sustentado estructuralmente en las retenciones sobre la nómina y prestaciones de los trabajadores, y no en los ingresos efectivos de las empresas.
Así, a pesar de que los ingresos de las empresas representan entre 55 y 60 por ciento de lo que capta el país, su contribución al pago del ISR como porcentaje del producto interno bruto ha sido de 2.6 por ciento en promedio durante los pasados siete años. Los asalariados, responsables de 25 por ciento del ingreso nacional, han contribuido 2.2 por ciento en promedio durante el mismo periodo, indicó.
Lo anterior implica que aun cuando la contribución fiscal de las empresas debería ser al menos el doble que las de los asalariados, ello no ocurre gracias a los regímenes fiscales especiales, señaladamente el de consolidación fiscal, que permite a varias empresas con intereses comunes ser tratadas como una sola al momento de pagar impuestos.
Las facilidades fiscales a las grandes empresas fueron creadas, recuerda la iniciativa, con el argumento de que redundarían en una mayor inversión y más empleo. No obstante, la propia Auditoría Superior de la Federación concluyó, en su revisión de la cuenta pública 2005, que las devoluciones a 50 grandes contribuyentes superaron 216 por ciento el aumento en inversión privada.
La propuesta de PRD y PT incluye la eliminación de la consolidación fiscal y el diferimiento de impuestos, así como dotar al Congreso de acceso a la información fiscal para conocer la realidad de los ingresos fiscales de la Federación y poder medir el impacto recaudatorio y la eficacia de los cambios tributarios que apruebe.
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El avance del trabajo legislativo es lento y tortuoso porque la Comisión de Hacienda decidió cancelar su reunión de ayer por la tarde. En tanto decenas de cabilderos se reúnen con diputados de todos los partidos, en su afán de convencerlos de votar en contra de los impuestos que afectarían las ramas empresariales que por ahora evaden el pago de impuestos.
La determinación de la presidencia de la Comisión de Hacienda obedeció a que el grupo de diputados del PRI especialistas en economía sostuvieron una reunión privada para determinar el rumbo de la postura priísta en San Lázaro.
Los representantes del Revolucionario Institucional se reunirán con senadores, la dirigencia nacional de su partido y los gobernadores del mismo para determinar el rumbo de su propuesta.
También en el contexto de la presentación de sus propuestas económicas alternativas para 2010, las fracciones de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados explicaron que, gracias al régimen de consolidación fiscal y al diferimiento en el pago del impuesto sobre la renta (ISR), 29 de las empresas más grandes del país, así como 6 bancos, pagaron en 2008, en promedio, sólo 3 por ciento de sus ingresos por concepto de impuestos.
En contraste, explicaron, Petróleos Mexicanos destinó ese año 58 por ciento sus ventas al fisco y no se le difirió el pago de un solo peso. En cambio, Cementos Mexicanos (Cemex) consiguió, merced a créditos fiscales, la devolución de 23 mil 562 millones de pesos, lo que hizo posible que reportara utilidades por 2 mil 323 millones.
El PT explicó que Cemex no sólo no pagó impuestos, sino que con la devolución el fisco le permitió a la empresa reportar utilidades de 9.7 por ciento en ese periodo, respecto de 2007.
En la exposición de motivos de la propuesta del PT, se señala que en la actualidad se da la paradoja que el sistema tributario, en la vertiente del ISR, está sustentado estructuralmente en las retenciones sobre la nómina y prestaciones de los trabajadores, y no en los ingresos efectivos de las empresas.
Así, a pesar de que los ingresos de las empresas representan entre 55 y 60 por ciento de lo que capta el país, su contribución al pago del ISR como porcentaje del producto interno bruto ha sido de 2.6 por ciento en promedio durante los pasados siete años. Los asalariados, responsables de 25 por ciento del ingreso nacional, han contribuido 2.2 por ciento en promedio durante el mismo periodo, indicó.
Lo anterior implica que aun cuando la contribución fiscal de las empresas debería ser al menos el doble que las de los asalariados, ello no ocurre gracias a los regímenes fiscales especiales, señaladamente el de consolidación fiscal, que permite a varias empresas con intereses comunes ser tratadas como una sola al momento de pagar impuestos.
Las facilidades fiscales a las grandes empresas fueron creadas, recuerda la iniciativa, con el argumento de que redundarían en una mayor inversión y más empleo. No obstante, la propia Auditoría Superior de la Federación concluyó, en su revisión de la cuenta pública 2005, que las devoluciones a 50 grandes contribuyentes superaron 216 por ciento el aumento en inversión privada.
La propuesta de PRD y PT incluye la eliminación de la consolidación fiscal y el diferimiento de impuestos, así como dotar al Congreso de acceso a la información fiscal para conocer la realidad de los ingresos fiscales de la Federación y poder medir el impacto recaudatorio y la eficacia de los cambios tributarios que apruebe.
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