Ulises Ruiz: un hombre llamado impunidad
Miguel Ángel Granados Chapa
18 Oct. 09
Pretendiendo engañar a los miembros de la SCJN que lo investigaban, Ulises Ruiz dio respuesta a una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la estrategia no le dio el resultado que buscaba
Pleno de confianza en sí mismo, el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, hizo el viernes dos anuncios: que permanecerá en su cargo hasta diciembre de 2010, al concluir su sexenio; y que entregará el poder al candidato del PRI, que seguramente resultará triunfador en las elecciones de julio próximo.
Demandada su renuncia por un sector numeroso y activo de la sociedad oaxaqueña en 2006, al calor de la sostenida y extensa protesta popular en su contra, y expuesta su responsabilidad en los informes de varias comisiones que indagaron lo sucedido en el funesto segundo semestre de aquel año, Ruiz Ortiz se mostró seguro de quedar impune de las acciones y omisiones que desde muy diversas fuentes se le imputan, y que quedaron señaladas en la resolución a que arribaron el miércoles los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante la propuesta de no formularle reproche alguno, o de señalarlo por tener una responsabilidad atenuada, siete miembros del pleno decidieron que tenía una responsabilidad lisa y llana.
Sin disminuir un ápice la relevancia que tiene esa resolución del mayor tribunal de la República, al parecer no se desprenderá de ella ninguna consecuencia adversa, política o penal, para el gobernador de Oaxaca. Se han multiplicado las demandas de juicio político en su contra, pero no prosperarán porque su partido por lo menos lo apoyará. Y siendo el grupo más grande en San Lázaro, capaz de formar la mayoría absoluta aliado con el Partido Verde, ni siquiera en la Comisión de Gobernación saldría avante la propuesta de enjuiciar políticamente a Ruiz. Y mucho menos puede esperarse acción penal en su contra, ni en el ámbito local, porque la Procuraduría de Justicia depende del Ejecutivo, ni en el federal, porque está vigente el compromiso que permitió al gobernador de Oaxaca resistir el vendaval que amenazó derribarlo hace tres años. No es imaginable que el entonces subsecretario de Gobernación que contribuyó a la permanencia de Ruiz en su cargo se convirtiera hoy en factor contrario a la estabilidad del gobernador, pues el Arturo Chávez Chávez que ostentaba aquella responsabilidad en la porción final del gobierno de Fox es el mismo Arturo Chávez Chávez que hace mes y medio fue nombrado procurador de la República.
Por lo menos dos investigaciones, una de la Comisión Civil Internacional de Observadores por los Derechos Humanos, y otra de la Comisión Nacional respectiva, concluyeron en atribuir responsabilidades al gobernador en los sostenidos actos de represión cometidos contra miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la Sección 22 del sindicato nacional del magisterio y ciudadanos en general. Por ello mismo, la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, elegida el 2 de julio de 2006, uno de los peores días en la vida política de Ruiz, ya que su amigo, valedor y jefe Roberto Madrazo resultó estrepitosamente derrotado, convino al año siguiente en demandar de la Suprema Corte de Justicia el ejercicio de su facultad pesquisitoria, contenida en el segundo párrafo del artículo 97 constitucional.
Ante el pedido de la Cámara de Diputados, el máximo tribunal venció sus reticencias a realizar de nuevo una investigación constitucional y acordó emprenderla en relación con los sucesos ocurridos entre mayo de 2006 y enero de 2007, de los cuales resultaron muertas por lo menos 20 personas, en la expresión más cabal, pero no la única, del autoritarismo homicida vigente en Oaxaca. La Corte accedió a indagar las violaciones graves a las garantías individuales que se hubieran cometido en ese lapso y nombró al efecto a dos magistrados adscritos a tribunales de circuito, Manuel Baráibar Constantino y Roberto Lara Hernández.
El hecho mismo de que un órgano del Poder Legislativo federal y el tribunal mayor de la República se ocuparan de aquellos sucesos era prueba de su relevancia y gravedad. Consciente de ello, y de las consecuencias no necesariamente jurídicas pero sí políticas y éticas de la intervención de la Corte, Ruiz quiso impedirla. Envió para ello su respuesta de aceptación de las recomendaciones emitidas por la CNDH, con la que pretendía engañar a los ministros y dar por concluidas las pesquisas sobre su actuación, pero no tuvo éxito. La indagación se realizó (y hasta fue ampliada para comprender una nueva jornada de represión, ocurrida en julio de 2007), y concluyó en marzo pasado.
Aunque algunos pasos de la comisión investigadora fueron objetados por la APPO (porque los magistrados demandaron de autoridades locales información sobre personas y organizaciones que sólo se obtiene mediante el ejercicio ilícito de funciones de inteligencia policial) y porque al trazar el contexto en que habrían incurrido las violaciones a las garantías individuales parecía que se atribuía su comisión a las víctimas de tales violaciones (que por definición sólo pueden ser perpetradas por órganos de autoridad), los trabajos encargados por la Corte produjeron un informe preliminar de más de 6 mil páginas contenidas en 39 tomos. Conforme a la regulación establecida por la Corte para limitarse a sí misma, de esa extensa documentación partió el ministro Mariano Azuela para formular su dictamen que estuvo listo a comienzos de este mes. El 5 de octubre el pleno de la Corte acordó que la ponencia del ex presidente de la Corte estuviera disponible en la red para su universal conocimiento, y finalmente durante tres días de esta semana, del lunes 12 al miércoles 14, el peno discutió el dictamen, cuyas propuestas fundamentales no fueron compartidas por la mayoría de los ministros. Los razonamientos de éstos, y no el dictamen de Azuela, configuraron la resolución del pleno por lo que su redacción definitiva está en curso. Por aplicación de los mecanismos judiciales, el propio autor del dictamen hará el engrose final (como se llama a la operación de incorporar los pareceres triunfantes en la discusión). En broma, Azuela dijo que lo hará "no con gran entusiasmo", que acaso fue la misma sensación con que cumplió su deber de elaborar el dictamen, puesto que él había votado en contra de que el cuerpo al que ha pertenecido por décadas y del que saldrá el mes entrante se ocupara del asunto.
Respecto del papel de Ruiz en aquel conflicto, el dictamen proponía reprocharle sólo el no contar con un cuerpo de seguridad estatal eficiente. Pero el ministro Juan N. Silva Meza razonó en sentido contrario y propuso extender la responsabilidad de las violaciones a las garantías individuales no sólo al gobernador de Oaxaca sino también al presidente Vicente Fox (punto que no prosperó), a sus secretarios y otros funcionarios.
Dijo Silva Meza que "los poderes ejecutivos, federal y estatal tienen responsabilidad directa en los acontecimientos... sin que su responsabilidad se puede atenuar o atemperar por la circunstancia de que no se abstuvieron por completo de actuar con la voluntad de resolver el conflicto social o bien porque no se está ante una omisión absoluta sino frente a resultados indeseados -como se dice en el dictamen que se analiza. La lesión a las garantías individuales y los derechos individuales (es) atribuible por acción y en especial por omisión grave, como resultado de su posición de jerarquía y de mando...
"Es verdad que en el caso los titulares de los poderes ejecutivos, federal y estatal llevaron a cabo actos dirigidos a tratar de solucionar el conflicto social, pero no eran los idóneos ni fueron capaces de impedir, en primer lugar, la movilización ciudadana a gran escala y, en segundo, que diversos servidores públicos incurrieran en una violación generalizada de garantías y derechos, cuando los mencionados poderes ejecutivos tenían las facultades y atribuciones constitucionales y legales para hacer cesar dichas acciones. Ello trajo como consecuencia que además de las garantías individuales y derechos individuales que en el dictamen se consideran infringidos... se encuentre plenamente acreditado que también se mancillaron los derechos a conocer la verdad, a la indemnización y acceso a la información".
Cuando se puso a votación ese punto el secretario de acuerdos anunció "que existe una mayoría de siete votos en contra del proyecto y por sostener que el gobernador del estado tiene una responsabilidad lisa y llana", términos que había utilizado Silva Meza al votar.
La exoneración de Fox amerita examen aparte.
Pleno de confianza en sí mismo, el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, hizo el viernes dos anuncios: que permanecerá en su cargo hasta diciembre de 2010, al concluir su sexenio; y que entregará el poder al candidato del PRI, que seguramente resultará triunfador en las elecciones de julio próximo.
Demandada su renuncia por un sector numeroso y activo de la sociedad oaxaqueña en 2006, al calor de la sostenida y extensa protesta popular en su contra, y expuesta su responsabilidad en los informes de varias comisiones que indagaron lo sucedido en el funesto segundo semestre de aquel año, Ruiz Ortiz se mostró seguro de quedar impune de las acciones y omisiones que desde muy diversas fuentes se le imputan, y que quedaron señaladas en la resolución a que arribaron el miércoles los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante la propuesta de no formularle reproche alguno, o de señalarlo por tener una responsabilidad atenuada, siete miembros del pleno decidieron que tenía una responsabilidad lisa y llana.
Sin disminuir un ápice la relevancia que tiene esa resolución del mayor tribunal de la República, al parecer no se desprenderá de ella ninguna consecuencia adversa, política o penal, para el gobernador de Oaxaca. Se han multiplicado las demandas de juicio político en su contra, pero no prosperarán porque su partido por lo menos lo apoyará. Y siendo el grupo más grande en San Lázaro, capaz de formar la mayoría absoluta aliado con el Partido Verde, ni siquiera en la Comisión de Gobernación saldría avante la propuesta de enjuiciar políticamente a Ruiz. Y mucho menos puede esperarse acción penal en su contra, ni en el ámbito local, porque la Procuraduría de Justicia depende del Ejecutivo, ni en el federal, porque está vigente el compromiso que permitió al gobernador de Oaxaca resistir el vendaval que amenazó derribarlo hace tres años. No es imaginable que el entonces subsecretario de Gobernación que contribuyó a la permanencia de Ruiz en su cargo se convirtiera hoy en factor contrario a la estabilidad del gobernador, pues el Arturo Chávez Chávez que ostentaba aquella responsabilidad en la porción final del gobierno de Fox es el mismo Arturo Chávez Chávez que hace mes y medio fue nombrado procurador de la República.
Por lo menos dos investigaciones, una de la Comisión Civil Internacional de Observadores por los Derechos Humanos, y otra de la Comisión Nacional respectiva, concluyeron en atribuir responsabilidades al gobernador en los sostenidos actos de represión cometidos contra miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la Sección 22 del sindicato nacional del magisterio y ciudadanos en general. Por ello mismo, la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, elegida el 2 de julio de 2006, uno de los peores días en la vida política de Ruiz, ya que su amigo, valedor y jefe Roberto Madrazo resultó estrepitosamente derrotado, convino al año siguiente en demandar de la Suprema Corte de Justicia el ejercicio de su facultad pesquisitoria, contenida en el segundo párrafo del artículo 97 constitucional.
Ante el pedido de la Cámara de Diputados, el máximo tribunal venció sus reticencias a realizar de nuevo una investigación constitucional y acordó emprenderla en relación con los sucesos ocurridos entre mayo de 2006 y enero de 2007, de los cuales resultaron muertas por lo menos 20 personas, en la expresión más cabal, pero no la única, del autoritarismo homicida vigente en Oaxaca. La Corte accedió a indagar las violaciones graves a las garantías individuales que se hubieran cometido en ese lapso y nombró al efecto a dos magistrados adscritos a tribunales de circuito, Manuel Baráibar Constantino y Roberto Lara Hernández.
El hecho mismo de que un órgano del Poder Legislativo federal y el tribunal mayor de la República se ocuparan de aquellos sucesos era prueba de su relevancia y gravedad. Consciente de ello, y de las consecuencias no necesariamente jurídicas pero sí políticas y éticas de la intervención de la Corte, Ruiz quiso impedirla. Envió para ello su respuesta de aceptación de las recomendaciones emitidas por la CNDH, con la que pretendía engañar a los ministros y dar por concluidas las pesquisas sobre su actuación, pero no tuvo éxito. La indagación se realizó (y hasta fue ampliada para comprender una nueva jornada de represión, ocurrida en julio de 2007), y concluyó en marzo pasado.
Aunque algunos pasos de la comisión investigadora fueron objetados por la APPO (porque los magistrados demandaron de autoridades locales información sobre personas y organizaciones que sólo se obtiene mediante el ejercicio ilícito de funciones de inteligencia policial) y porque al trazar el contexto en que habrían incurrido las violaciones a las garantías individuales parecía que se atribuía su comisión a las víctimas de tales violaciones (que por definición sólo pueden ser perpetradas por órganos de autoridad), los trabajos encargados por la Corte produjeron un informe preliminar de más de 6 mil páginas contenidas en 39 tomos. Conforme a la regulación establecida por la Corte para limitarse a sí misma, de esa extensa documentación partió el ministro Mariano Azuela para formular su dictamen que estuvo listo a comienzos de este mes. El 5 de octubre el pleno de la Corte acordó que la ponencia del ex presidente de la Corte estuviera disponible en la red para su universal conocimiento, y finalmente durante tres días de esta semana, del lunes 12 al miércoles 14, el peno discutió el dictamen, cuyas propuestas fundamentales no fueron compartidas por la mayoría de los ministros. Los razonamientos de éstos, y no el dictamen de Azuela, configuraron la resolución del pleno por lo que su redacción definitiva está en curso. Por aplicación de los mecanismos judiciales, el propio autor del dictamen hará el engrose final (como se llama a la operación de incorporar los pareceres triunfantes en la discusión). En broma, Azuela dijo que lo hará "no con gran entusiasmo", que acaso fue la misma sensación con que cumplió su deber de elaborar el dictamen, puesto que él había votado en contra de que el cuerpo al que ha pertenecido por décadas y del que saldrá el mes entrante se ocupara del asunto.
Respecto del papel de Ruiz en aquel conflicto, el dictamen proponía reprocharle sólo el no contar con un cuerpo de seguridad estatal eficiente. Pero el ministro Juan N. Silva Meza razonó en sentido contrario y propuso extender la responsabilidad de las violaciones a las garantías individuales no sólo al gobernador de Oaxaca sino también al presidente Vicente Fox (punto que no prosperó), a sus secretarios y otros funcionarios.
Dijo Silva Meza que "los poderes ejecutivos, federal y estatal tienen responsabilidad directa en los acontecimientos... sin que su responsabilidad se puede atenuar o atemperar por la circunstancia de que no se abstuvieron por completo de actuar con la voluntad de resolver el conflicto social o bien porque no se está ante una omisión absoluta sino frente a resultados indeseados -como se dice en el dictamen que se analiza. La lesión a las garantías individuales y los derechos individuales (es) atribuible por acción y en especial por omisión grave, como resultado de su posición de jerarquía y de mando...
"Es verdad que en el caso los titulares de los poderes ejecutivos, federal y estatal llevaron a cabo actos dirigidos a tratar de solucionar el conflicto social, pero no eran los idóneos ni fueron capaces de impedir, en primer lugar, la movilización ciudadana a gran escala y, en segundo, que diversos servidores públicos incurrieran en una violación generalizada de garantías y derechos, cuando los mencionados poderes ejecutivos tenían las facultades y atribuciones constitucionales y legales para hacer cesar dichas acciones. Ello trajo como consecuencia que además de las garantías individuales y derechos individuales que en el dictamen se consideran infringidos... se encuentre plenamente acreditado que también se mancillaron los derechos a conocer la verdad, a la indemnización y acceso a la información".
Cuando se puso a votación ese punto el secretario de acuerdos anunció "que existe una mayoría de siete votos en contra del proyecto y por sostener que el gobernador del estado tiene una responsabilidad lisa y llana", términos que había utilizado Silva Meza al votar.
La exoneración de Fox amerita examen aparte.
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