20 Nov. 09
PEDIR PERAS AL OLMO:
SI HAY MILLONES DE PADRES QUE NI SE ACUERDAN EN DESCUBRIR LA PERSONALIDAD DE SUS HIJOS.
CUANTOS PENDEJOS SE DEDICAN A CRITICAR A SUS PROPIOS HIJOS SIN ATENDER SUS NECESIDADES INTELECTUALES, SOLO SE QUEJAN DE QUE HAY QUE DARLES DE TRAGAR.
Y CUANTAS PENDEJAS SE DEDICAN A MEDIR EL GRADO DE cuánto joden LOS NIÑOS DURANTE EL DIA, Y NO SE DIGA DE "LO MUCHO QUE SE QUEJAN CUANDO LOS NIÑOS ESTAN DE VACACIONES".
y la pederastia
y el abandono
y el mercado sexual
y el gobierno panista hipócrita fabricante de mata niños
ES EL DESPRECIO TOTAL A LOS NIÑOS.
Susana Sottoli
Hoy la Convención sobre los Derechos del Niño cumple 20 años. Adoptada de forma unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, la Convención es el primer instrumento internacional legalmente vinculante que afirma los derechos humanos para todos los niños y niñas, en todos los países y culturas, en todo momento y sin excepción alguna.
Este vigésimo aniversario se conmemora en el contexto de una crisis económica global que impacta directamente en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes, pues están desproporcionalmente representados entre los grupos más pobres y vulnerables. En tiempos de crisis, se encuentran ante un mayor riesgo de abandonar la escuela para trabajar y complementar los ingresos familiares decrecientes. Además, las familias se ven forzadas a recortar su gasto en los rubros de alimentación, salud y educación, lo cual tiene un impacto directo e inmediato en el bienestar de los niños.
Ante este panorama un tanto desalentador, la Convención cobra especial relevancia, dado que constituye un instrumento internacional que marca la ruta a seguir en defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia no sólo para evitar retrocesos, sino para avanzar en la resolución de las asignaturas pendientes.
Al aceptar las obligaciones de la Convención, los Estados partes -incluyendo México- se han comprometido a garantizar los derechos de la infancia, en tiempos ordinarios como en tiempos de crisis.
En 20 años, la Convención ha tenido un impacto determinante sobre las leyes, las políticas públicas y las instituciones en todas las regiones del mundo. En México, la Convención fue ratificada al año de su adopción, en 1990, y desde entonces se ha ido adoptando un marco legal conforme a los principios que ésta establece. En el año 2000 se promulgó la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes; en el 2005 se aprobó la reforma al artículo 18 constitucional que establece un sistema de justicia especializado para los adolescentes en conflicto con la ley; en el 2007 se logró también sancionar como delitos graves la prostitución, la pornografía, el turismo sexual y la trata con fines de explotación de niños, niñas y adolescentes.
También se han logrado avances considerables en materia de bienestar de la niñez a través de abordajes innovadores orientados a disminuir la mortalidad infantil (de 36.2 por cada mil nacidos en 1990 a 15.2 en la actualidad); ampliar coberturas de educación básica (la cual es hoy casi universal); y brindar mayores niveles de protección social a los niños y sus familias.
Sin embargo, a pesar de los avances, el cumplimiento de los derechos de la infancia está siendo afectado por las profundas disparidades que persisten en el país. Entre las principales asignaturas pendientes de la agenda marcada por la Convención se encuentran la inclusión y la calidad educativas, especialmente para los niños de comunidades rurales e indígenas. En 2008, todavía existían 930 mil niños y niñas entre 5 y 14 años fuera de la escuela. Y en 2006, sólo el 65 por ciento de los adolescentes de 15 a 17 años asistían a la escuela.
El combate al trabajo infantil es otra asignatura pendiente: todavía 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes trabajan, cargando con una responsabilidad que no les corresponde, impidiéndoles desarrollar su pleno potencial y construir oportunidades para su futuro.
Otro reto es el de la erradicación de la violencia que afecta de manera profunda y duradera a los niños en sus casas, sus escuelas y comunidades. Más del 50 por ciento de los niños, niñas y adolescentes señala haber sufrido alguna forma de maltrato en algún momento de su vida (2006).
Para responder a estos importantes desafíos, resulta clave construir un sistema integral de protección de los derechos de la infancia. Dicho sistema se compone de un marco legal constantemente fortalecido conforme a los principios de la Convención; una institucionalidad que involucre a los tres niveles de gobierno y los tres poderes del Estado, y permita abordar de manera integral las múltiples dimensiones de los temas de infancia; una estrategia nacional de acción que refleje los compromisos de la Convención y sirva de plataforma para una coordinación efectiva; un sistema de información completo sobre la situación de los derechos de la niñez; una asignación presupuestaria suficiente, oportuna y equitativa; y la consolidación del compromiso de toda la sociedad alrededor del cumplimiento de los derechos de la infancia.
En el contexto adverso que estamos atravesando, el XX aniversario de la Convención nos recuerda la obligación de colocar a los niños en el centro de la respuesta a la crisis y de todo el quehacer público. Es un llamado a renovar el compromiso por la infancia y a unir esfuerzos para construir un México apropiado para todos los niños, niñas y adolescentes.
Este vigésimo aniversario se conmemora en el contexto de una crisis económica global que impacta directamente en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes, pues están desproporcionalmente representados entre los grupos más pobres y vulnerables. En tiempos de crisis, se encuentran ante un mayor riesgo de abandonar la escuela para trabajar y complementar los ingresos familiares decrecientes. Además, las familias se ven forzadas a recortar su gasto en los rubros de alimentación, salud y educación, lo cual tiene un impacto directo e inmediato en el bienestar de los niños.
Ante este panorama un tanto desalentador, la Convención cobra especial relevancia, dado que constituye un instrumento internacional que marca la ruta a seguir en defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia no sólo para evitar retrocesos, sino para avanzar en la resolución de las asignaturas pendientes.
Al aceptar las obligaciones de la Convención, los Estados partes -incluyendo México- se han comprometido a garantizar los derechos de la infancia, en tiempos ordinarios como en tiempos de crisis.
En 20 años, la Convención ha tenido un impacto determinante sobre las leyes, las políticas públicas y las instituciones en todas las regiones del mundo. En México, la Convención fue ratificada al año de su adopción, en 1990, y desde entonces se ha ido adoptando un marco legal conforme a los principios que ésta establece. En el año 2000 se promulgó la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes; en el 2005 se aprobó la reforma al artículo 18 constitucional que establece un sistema de justicia especializado para los adolescentes en conflicto con la ley; en el 2007 se logró también sancionar como delitos graves la prostitución, la pornografía, el turismo sexual y la trata con fines de explotación de niños, niñas y adolescentes.
También se han logrado avances considerables en materia de bienestar de la niñez a través de abordajes innovadores orientados a disminuir la mortalidad infantil (de 36.2 por cada mil nacidos en 1990 a 15.2 en la actualidad); ampliar coberturas de educación básica (la cual es hoy casi universal); y brindar mayores niveles de protección social a los niños y sus familias.
Sin embargo, a pesar de los avances, el cumplimiento de los derechos de la infancia está siendo afectado por las profundas disparidades que persisten en el país. Entre las principales asignaturas pendientes de la agenda marcada por la Convención se encuentran la inclusión y la calidad educativas, especialmente para los niños de comunidades rurales e indígenas. En 2008, todavía existían 930 mil niños y niñas entre 5 y 14 años fuera de la escuela. Y en 2006, sólo el 65 por ciento de los adolescentes de 15 a 17 años asistían a la escuela.
El combate al trabajo infantil es otra asignatura pendiente: todavía 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes trabajan, cargando con una responsabilidad que no les corresponde, impidiéndoles desarrollar su pleno potencial y construir oportunidades para su futuro.
Otro reto es el de la erradicación de la violencia que afecta de manera profunda y duradera a los niños en sus casas, sus escuelas y comunidades. Más del 50 por ciento de los niños, niñas y adolescentes señala haber sufrido alguna forma de maltrato en algún momento de su vida (2006).
Para responder a estos importantes desafíos, resulta clave construir un sistema integral de protección de los derechos de la infancia. Dicho sistema se compone de un marco legal constantemente fortalecido conforme a los principios de la Convención; una institucionalidad que involucre a los tres niveles de gobierno y los tres poderes del Estado, y permita abordar de manera integral las múltiples dimensiones de los temas de infancia; una estrategia nacional de acción que refleje los compromisos de la Convención y sirva de plataforma para una coordinación efectiva; un sistema de información completo sobre la situación de los derechos de la niñez; una asignación presupuestaria suficiente, oportuna y equitativa; y la consolidación del compromiso de toda la sociedad alrededor del cumplimiento de los derechos de la infancia.
En el contexto adverso que estamos atravesando, el XX aniversario de la Convención nos recuerda la obligación de colocar a los niños en el centro de la respuesta a la crisis y de todo el quehacer público. Es un llamado a renovar el compromiso por la infancia y a unir esfuerzos para construir un México apropiado para todos los niños, niñas y adolescentes.
La autora es representante de UNICEF en México.
kikka-roja.blogspot.com/
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