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Fue necesaria la intervención directa de Estados Unidos, por medio de una comisión especial encabezada por el subsecretario de Estado, Thomas Shannon, para que los estamentos oligárquico-militares que subvirtieron la democracia el pasado 28 de junio en Honduras acordaran poner fin a su aventura golpista, profundizaran las gestiones para destrabar la crisis política en aquel país y aceptaran formalmente, mediante la firma de un documento, el establecimento de un gobierno de conciliación. La eventual restitución del legítimo presidente, Manuel Zelaya Rosales, tendrá que ser ratificada en días próximos por el Congreso de la nación centroamericana.
De tal forma, los sectores en pugna en Honduras dieron un paso importante para la resolución de un conflicto que parecía hallarse en un impasse insuperable, y acordaron el restablecimiento de una normalidad institucional que, de cualquier forma, no podrá ser la misma que la que había hasta antes del 28 de junio: en caso de ser avalada por la instancia legislativa, dicha normalización se llevará a cabo sobre bases democráticas vulneradas por la vía de las armas y por encima de las vidas que se perdieron como consecuencia de las acciones represivas emprendidas por el gobierno usurpador.
Para el gorilato encabezado por Roberto Micheletti, acorralado entre el rechazo y el aislamiento internacional y las admirables muestras de resistencia popular al interior de Honduras, el resultado de las negociaciones encierra una perspectiva de derrota, pues demuestra la inviabilidad de su proyecto golpista y el fracaso de sus aspiraciones por legitimarse mediante la realización de las elecciones presidenciales del próximo 29 de noviembre, las cuales, de cualquier forma, habrían estado descalificadas de antemano.
Sin embargo, y a contrapelo del beneplácito expresado por la comunidad internacional y por el propio Zelaya, el acuerdo comentado reviste elementos cuestionables, empezando por la recuperación de los postulados incongruentes y antidemocráticos de la propuesta desarrollada por el mandatario costarricense Oscar Arias, particularmente el referido a premiar a los golpistas mediante su inclusión en un gobierno de unidad.
Tales claroscuros se profundizan al analizar el papel desempeñado por Estados Unidos, país que exhibió una reacción tibia y tardía en las semanas siguientes al golpe militar, así como una división entre las posturas del presidente Barack Obama y del Departamento de Estado, encabezado por Hillary Clinton. De manera significativa, la encargada de la política exterior estadunidense se congratuló el pasado viernes con el pueblo de Honduras, así como con el presidente Zelaya y el señor Micheletti por el acuerdo alcanzado, y el propio Thomas Shannon se refirió a ambos personajes como héroes de la democracia hondureña, en un empeño improcedente por equiparar a un mandatario elegido democráticamente con el dirigente de un gobierno cuartelario que justamente significó un enorme retroceso para el país y la región en términos democráticos.
Asimismo, resulta por lo menos cuestionable que el Congreso hondureño sea el responsable de avalar o no la restitución de Zelaya en el cargo, pues fue esa misma instancia la que avaló, el pasado 28 de junio, el cuartelazo en Honduras, presentó una apócrifa carta de renuncia del mandatario e invistió como presidente interino a Micheletti.
En suma, la conclusión formal de la crisis política en Honduras y el reconocimiento de la necesidad de restañar la institucionalidad democrática en ese país son hechos de suyo positivos. Pero la comunidad internacional deberá estar atenta para que esto no sea usado como coartada para convalidar la intentona golpista y dejar impunes los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los últimos cuatro meses en aquella nación.
De tal forma, los sectores en pugna en Honduras dieron un paso importante para la resolución de un conflicto que parecía hallarse en un impasse insuperable, y acordaron el restablecimiento de una normalidad institucional que, de cualquier forma, no podrá ser la misma que la que había hasta antes del 28 de junio: en caso de ser avalada por la instancia legislativa, dicha normalización se llevará a cabo sobre bases democráticas vulneradas por la vía de las armas y por encima de las vidas que se perdieron como consecuencia de las acciones represivas emprendidas por el gobierno usurpador.
Para el gorilato encabezado por Roberto Micheletti, acorralado entre el rechazo y el aislamiento internacional y las admirables muestras de resistencia popular al interior de Honduras, el resultado de las negociaciones encierra una perspectiva de derrota, pues demuestra la inviabilidad de su proyecto golpista y el fracaso de sus aspiraciones por legitimarse mediante la realización de las elecciones presidenciales del próximo 29 de noviembre, las cuales, de cualquier forma, habrían estado descalificadas de antemano.
Sin embargo, y a contrapelo del beneplácito expresado por la comunidad internacional y por el propio Zelaya, el acuerdo comentado reviste elementos cuestionables, empezando por la recuperación de los postulados incongruentes y antidemocráticos de la propuesta desarrollada por el mandatario costarricense Oscar Arias, particularmente el referido a premiar a los golpistas mediante su inclusión en un gobierno de unidad.
Tales claroscuros se profundizan al analizar el papel desempeñado por Estados Unidos, país que exhibió una reacción tibia y tardía en las semanas siguientes al golpe militar, así como una división entre las posturas del presidente Barack Obama y del Departamento de Estado, encabezado por Hillary Clinton. De manera significativa, la encargada de la política exterior estadunidense se congratuló el pasado viernes con el pueblo de Honduras, así como con el presidente Zelaya y el señor Micheletti por el acuerdo alcanzado, y el propio Thomas Shannon se refirió a ambos personajes como héroes de la democracia hondureña, en un empeño improcedente por equiparar a un mandatario elegido democráticamente con el dirigente de un gobierno cuartelario que justamente significó un enorme retroceso para el país y la región en términos democráticos.
Asimismo, resulta por lo menos cuestionable que el Congreso hondureño sea el responsable de avalar o no la restitución de Zelaya en el cargo, pues fue esa misma instancia la que avaló, el pasado 28 de junio, el cuartelazo en Honduras, presentó una apócrifa carta de renuncia del mandatario e invistió como presidente interino a Micheletti.
En suma, la conclusión formal de la crisis política en Honduras y el reconocimiento de la necesidad de restañar la institucionalidad democrática en ese país son hechos de suyo positivos. Pero la comunidad internacional deberá estar atenta para que esto no sea usado como coartada para convalidar la intentona golpista y dejar impunes los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los últimos cuatro meses en aquella nación.
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