Estrictamente Personal
La batalla por el botín
November 18, 2009
— 12:00 am
En los últimos días, la sociedad mexicana vio pasar frente a sus ojos una realidad frente a la cual no puede hacer nada: la repartición del dinero público entre intereses particulares. Fue la negociación sobre el presupuesto, que ha dejado de cumplir su propósito original y convertido en un botín. Los poderosos -que se miden por el número de legisladores que controlan-, se repartieron las bolsas más grandes después de una serie de batallas que dieron forma a la Ley de Egresos aprobada el martes.
1.- La pelea más seria se dio en el PRI, tras una reunión de la bancada donde el coordinador Francisco Rojas reclamó al presidente de la Comisión de Presupuesto, Luis Videgaray, que estuviera manejando todo a favor de los intereses de su jefe político, el gobernador Enrique Peña Nieto. Rojas hablaba por él y por varios estados. Lo que había hecho Videgaray, dijo un legislador, fueron “triquiñuelas”: citaba a reuniones a la misma hora en la que él negociaba en otro lugar con representantes de un gobernador, ajustes a su presupuesto.
Videgaray, ex secretario de Finanzas de Peña Nieto, cometió un error político. Al presidir la Comisión que asigna los presupuestos, veló primero por los recursos para el estado de México, en lugar de dejarlo hasta el final, como debió proceder. Cuando descubrieron sus reuniones paralelas, estalló el conflicto. La falta de experiencia política de Videgaray expuso a Peña Nieto, a quien varios gobernadores le perdieron la confianza y empezaron a ver con recelo, pues no conciben que el diputado haya actuado sin su autorización.
2.- Las desconfianzas que hay contra el liderazgo del PRI se acentuaron por la forma como actuó el escudero de la presidente nacional Beatriz Paredes, Óscar Levín. El PRI quería frenar el gasto del gobierno y había incorporado en el dictamen la idea de que sólo se autorizaran aquellos de la estructura orgánica. El concepto estaba motivado por los incrementos que el gobierno de Felipe Calderón hizo con la alta burocracia: 30% en la burocracia autorizada en estructura, y 140% en la estructura informal (como directores adjuntos que subieron de 867 en 2006 a mil 247 en 2009).
Cuando recientemente Calderón declaró que era falso que se hubiera incrementado la burocracia, Levín, también muy cercano al secretario de Hacienda, Agustín Carstens, operó para eliminar la idea y salvar cara al Presidente, que dijo una verdad a medias. Sólo la burocracia administrativa, la baja, se redujo de 600 mil a unas 585 mil plazas; la alta sí subió. Hacienda y Levín eliminaron esa idea a cambio de incorporar en el dictamen el compromiso de Carstens para elaborar un plan de austeridad. Lo mismo ofreció al PRI en 2007 a cambio de la aprobación del presupuesto, pero no cumplió.
3.- Los dos temas que demoraron la aprobación del presupuesto se atribuyeron al campo y a mayores recursos que deseaba el líder de la Confederación Nacional Campesina, Cruz López, diputado del PRI, así como el presupuesto carretero. López peleó por recursos adicionales que le prometió Hacienda a través de Levin para que respaldara el aumento en el IVA. Al incumplirle, los peleó. Pero además, logró que se modificaran las reglas de operación, mediante las cuales el Ejecutivo tenía el control total del manejo de los recursos al campo.
En el caso de las carreteras, hubo dos ganadores. El estado de México recibió poco más del 10% del monto total presupuestado, ligeramente arriba de 21 mil millones de pesos, que era lo que le había prometido Carstens a Peña Nieto a cambio del respaldo para aumentar el IVA. El gobernador Ulises Ruiz, que también recibió una oferta similar para obtener su apoyo por el IVA, obtuvo casi otro 10% del gran total.
4.- La capacidad que tuvo el PRI en la repartición de presupuestos se dio por acuerdo previo con el PAN. Los coordinadores de las bancadas, Josefina Vázquez Mota y Rojas, junto con Levín, acordaron que a cambio de que el PRI retirara la exigencia de que el dinero de los programas sociales fueran manejados por los gobernadores y no por el Ejecutivo, “sacarían las manos” de las negociaciones del PRI en San Lázaro. Gracias a ello, la gestión de los programas, en especial Oportunidades, seguirá siendo responsabilidad del secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero.
5.- Pese a ese acuerdo, los subsecretarios de Hacienda, Dionisio Pérez Jácome, de Egresos, y José Antonio Meade, de Ingresos, presionaron a diputados y gobernadores para impedir recortes a varios programas, especialmente sociales. Incluso, llegaron a amenazarlos veladamente que si no los apoyaban podrían no entregarles los 13 mil millones de pesos en aportaciones federales correspondientes a 2009, indispensables para el cierre fiscal de varios estados. A cambio, se incorporó en el dictamen que será una obligación de Hacienda entregar en tiempo y forma las participaciones federales.
Las negociaciones presupuestales dibujan la aberración en la que se ha convertido la Ley de Egresos y la urgencia de modificar el método y el cálculo de los montos. Mientras sea primero la negociación sobre el total de la bolsa y el presupuesto se reparta sobre lo recaudado, persistirá la cultura del gasto y no de la austeridad. Los cálculos tienen que cambiarse, como lo demuestra un estudio práctico de carreteras, cuya experiencia enseña que no importa lo que aprueben los diputados, Hacienda es quien decide finalmente qué se hace y qué no se hace. Ese rubro es el de mayor subejercicio. El presupuesto de 2009 le asignó 14 mil 500 millones de pesos a carreteras, de los cuales se han aplicado 8 mil.
El diseño institucional del presupuesto está hecho añicos y produce las batallas entre los poderosos por el dinero, que lo usan como pago de favores políticos o construcción de alianzas futuristas. La población no forma parte de la ecuación, aunque de ahí es de donde salen los recursos para que una cúpula, sólo una cúpula, se reparta los dineros en función de sus intereses particulares. Esto reclama, urgente, un cambio.
1.- La pelea más seria se dio en el PRI, tras una reunión de la bancada donde el coordinador Francisco Rojas reclamó al presidente de la Comisión de Presupuesto, Luis Videgaray, que estuviera manejando todo a favor de los intereses de su jefe político, el gobernador Enrique Peña Nieto. Rojas hablaba por él y por varios estados. Lo que había hecho Videgaray, dijo un legislador, fueron “triquiñuelas”: citaba a reuniones a la misma hora en la que él negociaba en otro lugar con representantes de un gobernador, ajustes a su presupuesto.
Videgaray, ex secretario de Finanzas de Peña Nieto, cometió un error político. Al presidir la Comisión que asigna los presupuestos, veló primero por los recursos para el estado de México, en lugar de dejarlo hasta el final, como debió proceder. Cuando descubrieron sus reuniones paralelas, estalló el conflicto. La falta de experiencia política de Videgaray expuso a Peña Nieto, a quien varios gobernadores le perdieron la confianza y empezaron a ver con recelo, pues no conciben que el diputado haya actuado sin su autorización.
2.- Las desconfianzas que hay contra el liderazgo del PRI se acentuaron por la forma como actuó el escudero de la presidente nacional Beatriz Paredes, Óscar Levín. El PRI quería frenar el gasto del gobierno y había incorporado en el dictamen la idea de que sólo se autorizaran aquellos de la estructura orgánica. El concepto estaba motivado por los incrementos que el gobierno de Felipe Calderón hizo con la alta burocracia: 30% en la burocracia autorizada en estructura, y 140% en la estructura informal (como directores adjuntos que subieron de 867 en 2006 a mil 247 en 2009).
Cuando recientemente Calderón declaró que era falso que se hubiera incrementado la burocracia, Levín, también muy cercano al secretario de Hacienda, Agustín Carstens, operó para eliminar la idea y salvar cara al Presidente, que dijo una verdad a medias. Sólo la burocracia administrativa, la baja, se redujo de 600 mil a unas 585 mil plazas; la alta sí subió. Hacienda y Levín eliminaron esa idea a cambio de incorporar en el dictamen el compromiso de Carstens para elaborar un plan de austeridad. Lo mismo ofreció al PRI en 2007 a cambio de la aprobación del presupuesto, pero no cumplió.
3.- Los dos temas que demoraron la aprobación del presupuesto se atribuyeron al campo y a mayores recursos que deseaba el líder de la Confederación Nacional Campesina, Cruz López, diputado del PRI, así como el presupuesto carretero. López peleó por recursos adicionales que le prometió Hacienda a través de Levin para que respaldara el aumento en el IVA. Al incumplirle, los peleó. Pero además, logró que se modificaran las reglas de operación, mediante las cuales el Ejecutivo tenía el control total del manejo de los recursos al campo.
En el caso de las carreteras, hubo dos ganadores. El estado de México recibió poco más del 10% del monto total presupuestado, ligeramente arriba de 21 mil millones de pesos, que era lo que le había prometido Carstens a Peña Nieto a cambio del respaldo para aumentar el IVA. El gobernador Ulises Ruiz, que también recibió una oferta similar para obtener su apoyo por el IVA, obtuvo casi otro 10% del gran total.
4.- La capacidad que tuvo el PRI en la repartición de presupuestos se dio por acuerdo previo con el PAN. Los coordinadores de las bancadas, Josefina Vázquez Mota y Rojas, junto con Levín, acordaron que a cambio de que el PRI retirara la exigencia de que el dinero de los programas sociales fueran manejados por los gobernadores y no por el Ejecutivo, “sacarían las manos” de las negociaciones del PRI en San Lázaro. Gracias a ello, la gestión de los programas, en especial Oportunidades, seguirá siendo responsabilidad del secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero.
5.- Pese a ese acuerdo, los subsecretarios de Hacienda, Dionisio Pérez Jácome, de Egresos, y José Antonio Meade, de Ingresos, presionaron a diputados y gobernadores para impedir recortes a varios programas, especialmente sociales. Incluso, llegaron a amenazarlos veladamente que si no los apoyaban podrían no entregarles los 13 mil millones de pesos en aportaciones federales correspondientes a 2009, indispensables para el cierre fiscal de varios estados. A cambio, se incorporó en el dictamen que será una obligación de Hacienda entregar en tiempo y forma las participaciones federales.
Las negociaciones presupuestales dibujan la aberración en la que se ha convertido la Ley de Egresos y la urgencia de modificar el método y el cálculo de los montos. Mientras sea primero la negociación sobre el total de la bolsa y el presupuesto se reparta sobre lo recaudado, persistirá la cultura del gasto y no de la austeridad. Los cálculos tienen que cambiarse, como lo demuestra un estudio práctico de carreteras, cuya experiencia enseña que no importa lo que aprueben los diputados, Hacienda es quien decide finalmente qué se hace y qué no se hace. Ese rubro es el de mayor subejercicio. El presupuesto de 2009 le asignó 14 mil 500 millones de pesos a carreteras, de los cuales se han aplicado 8 mil.
El diseño institucional del presupuesto está hecho añicos y produce las batallas entre los poderosos por el dinero, que lo usan como pago de favores políticos o construcción de alianzas futuristas. La población no forma parte de la ecuación, aunque de ahí es de donde salen los recursos para que una cúpula, sólo una cúpula, se reparta los dineros en función de sus intereses particulares. Esto reclama, urgente, un cambio.
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