lajornada
Al encabezar la ceremonia de la Marcha de la Lealtad en el Castillo de Chapultepec, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván, realizó una equívoca defensa de la propuesta de reforma política enviada en diciembre pasado al Congreso por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa; dijo, al respecto, que "sólo mediante reformas integrales estaremos en condiciones de consolidar ese bienestar colectivo que todos exigen, pero que no todos procuran"; llamó a construir acuerdos políticos basados "en la madurez y en el fino diálogo"; subrayó la importancia de "garantizar un sistema político que dé cauce a la resolución de conflictos", y señaló que "la cohesión de la sociedad es un factor indispensable e insustituible para concretar el proyecto del país".
Las declaraciones formuladas por el titular de la Sedena dejan entrever un desarreglo institucional de gran calado –que, según puede verse, ha alcanzado a las fuerzas armadas– que sienta un mal precedente en la interacción entre los ámbitos militar y civil. A juzgar por lo expresado en su alocución, el general Galván Galván pasa por alto que los objetivos fundamentales de las fuerzas a las que representa son, de acuerdo con la Constitución, salvaguardar el territorio nacional y preservar la soberanía, y que no deben involucrarse en asuntos de índole política, ni mucho menos indicar a las autoridades civiles ni a los representantes populares –quienes son, en última instancia, los que habrán de decidir sobre la iniciativa calderonista de reformas políticas– lo que deben o no hacer.
El tono empleado por Galván Galván podría ser interpretado como una señal ominosa por el conjunto de la clase política y, más específicamente, como una presión orientada a imponerle la aprobación de las modificaciones legales referidas. Si bien es cierto, como lo señaló el militar, que "tensar el tejido social lastima y obstruye el avance", es innegable, sin embargo, que el origen principal de las tensiones que hoy desgarran ese tejido provienen de las decisiones adoptadas por el propio gobierno federal en materia de economía, de seguridad y de relaciones con las entidades federativas, y que los impactos y costos de tales medidas son, precisamente, los que han introducido "nubarrones en el porvenir" o, a mayor precisión, riesgos reales de estallido social y de ingobernabilidad.
Es inquietante, por lo demás, que el general secretario aluda a "detractores de México", expresión que no es fácil encajar en ninguno de los actores políticos e ideológicos presentes en el escenario republicano actual; resulta inevitable preguntarse, en consecuencia, si el titular de la Defensa Nacional formuló una alusión sesgada a los múltiples detractores del actual gobierno; si hubiese sido el caso, ello pondría de manifiesto un faccionalismo fuera de lugar y una amenaza inaceptable a la libertad de expresión.
Sin duda, la convivencia pacífica "es un bien inestimable". Su preservación demanda que las instituciones cumplan con su tarea, y la de las fuerzas armadas consiste en preservar la soberanía y la integridad territoriales, en auxiliar a la población en casos de emergencia y en asistir al Ejecutivo federal en forma disciplinada, pero no en transformarse en un actor deliberante en el terreno político. Tal pretensión empeoraría la actual crisis de legitimidad, representatividad y operatividad de los organismos del Estado y, habida cuenta de la debilidad y el extravío que dejan traslucir muchas de las decisiones gubernamentales, podría llevar al país a escenarios de pesadilla.
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Las declaraciones formuladas por el titular de la Sedena dejan entrever un desarreglo institucional de gran calado –que, según puede verse, ha alcanzado a las fuerzas armadas– que sienta un mal precedente en la interacción entre los ámbitos militar y civil. A juzgar por lo expresado en su alocución, el general Galván Galván pasa por alto que los objetivos fundamentales de las fuerzas a las que representa son, de acuerdo con la Constitución, salvaguardar el territorio nacional y preservar la soberanía, y que no deben involucrarse en asuntos de índole política, ni mucho menos indicar a las autoridades civiles ni a los representantes populares –quienes son, en última instancia, los que habrán de decidir sobre la iniciativa calderonista de reformas políticas– lo que deben o no hacer.
El tono empleado por Galván Galván podría ser interpretado como una señal ominosa por el conjunto de la clase política y, más específicamente, como una presión orientada a imponerle la aprobación de las modificaciones legales referidas. Si bien es cierto, como lo señaló el militar, que "tensar el tejido social lastima y obstruye el avance", es innegable, sin embargo, que el origen principal de las tensiones que hoy desgarran ese tejido provienen de las decisiones adoptadas por el propio gobierno federal en materia de economía, de seguridad y de relaciones con las entidades federativas, y que los impactos y costos de tales medidas son, precisamente, los que han introducido "nubarrones en el porvenir" o, a mayor precisión, riesgos reales de estallido social y de ingobernabilidad.
Es inquietante, por lo demás, que el general secretario aluda a "detractores de México", expresión que no es fácil encajar en ninguno de los actores políticos e ideológicos presentes en el escenario republicano actual; resulta inevitable preguntarse, en consecuencia, si el titular de la Defensa Nacional formuló una alusión sesgada a los múltiples detractores del actual gobierno; si hubiese sido el caso, ello pondría de manifiesto un faccionalismo fuera de lugar y una amenaza inaceptable a la libertad de expresión.
Sin duda, la convivencia pacífica "es un bien inestimable". Su preservación demanda que las instituciones cumplan con su tarea, y la de las fuerzas armadas consiste en preservar la soberanía y la integridad territoriales, en auxiliar a la población en casos de emergencia y en asistir al Ejecutivo federal en forma disciplinada, pero no en transformarse en un actor deliberante en el terreno político. Tal pretensión empeoraría la actual crisis de legitimidad, representatividad y operatividad de los organismos del Estado y, habida cuenta de la debilidad y el extravío que dejan traslucir muchas de las decisiones gubernamentales, podría llevar al país a escenarios de pesadilla.
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