La agresión cometida anteayer en esta capital en contra de la activista Norma Andrade, fundadora de la organización Nuestras hijas de regreso a casa en Ciudad Juárez, Chihuahua, exhibe en toda su crudeza el carácter fallido de la actual estrategia de seguridad pública; fortalece las sospechas de que en el país se desarrolla, a la par del paroxismo de violencia atribuible al narcotráfico y las medidas oficiales para combatirlo, una cacería contra activistas, luchadores sociales y defensores de derechos humanos, y exhibe la inoperancia de las autoridades de distintos niveles ante la vulnerabilidad en que se encuentran ciudadanos que han decidido alzar la voz y reclamar justicia, y la población en general.
Luego de ser baleada a las afueras de su domicilio en Ciudad Juárez, en diciembre pasado, la activista fue trasladada al Distrito Federal bajo custodia de la Procuraduría General de la República; sin embargo, según testimonios de familiares, Andrade se encontraba sin protección al momento de ser agredida con un arma blanca el pasado viernes. Ayer, tras recibir el alta médica, la activista juarense manifestó, por medio de su abogada, que evalúa dejar el país ante la probada incapacidad o falta de voluntad de las autoridades para protegerla.
Acaso la conclusión más grave de cuantas puedan extraerse de los hechos referidos es una ausencia del Estado, para todos los efectos prácticos, en lo que hace a la protección y salvaguarda de quienes luchan por los derechos humanos, demandan justicia para las víctimas de los delitos y se movilizan por la pacificación del territorio.
Si algo tienen en común los atentados cometidos contra Andrade y los asesinatos de varios miembros de la familia Reyes Salazar, de Marisela Escobedo, de Nepomuceno Moreno, de Trinidad de la Cruz y de otros ciudadanos que han muerto recientemente en hechos violentos, es que todos ellos habían venido denunciando amenazas y acoso de presuntos delincuentes y de las propias autoridades. Pese a ello, los gobiernos nada pudieron o quisieron hacer para impedir que las agresiones continuaran y llegaran, en la mayoría de los casos, a desenlaces trágicos.
Semejante circunstancia indica que las expresiones del gobierno calderonista sobre el supuesto fortalecimiento del estado de derecho a raíz de la estrategia de seguridad vigente –lo que la propaganda oficial llama la semilla de un México seguro– son pura demagogia: aun suponiendo que fuera cierto el argumento de que tomará tiempo al Estado restablecer el imperio de la ley en las zonas del territorio bajo dominio del crimen organizado, resulta inverosímil que las autoridades sean incapaces de dar protección, cuando menos, a activistas que vienen siendo amenazados y agredidos sistemáticamente durante meses o incluso años.
Frente al quebranto generalizado del estado de derecho que tiene lugar en amplias franjas del territorio, las autoridades de los distintos niveles, empezando por el federal, no pueden mantenerse en la línea discursiva de emitir condenas enérgicas –como hizo la víspera la Secretaría de Gobernación– cada que se presentan hechos como éste, y de formular ofrecimientos de protección que, como ha quedado de manifiesto hasta ahora, no sirven para nada. En lo inmediato, lo que cabe demandar a las autoridades es que pasen al terreno de los hechos: que investiguen las agresiones cometidas contra la activista juarense, garanticen su vida y su integridad física e impidan cualquier agresión en contra de otros dirigentes sociales o activistas de derechos humanos. De lo contrario se extenderá la percepción de un Estado que, en lo que toca a brindar protección a los ciudadanos bajo acecho y a la sociedad en general, es llanamente inexistente.
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Luego de ser baleada a las afueras de su domicilio en Ciudad Juárez, en diciembre pasado, la activista fue trasladada al Distrito Federal bajo custodia de la Procuraduría General de la República; sin embargo, según testimonios de familiares, Andrade se encontraba sin protección al momento de ser agredida con un arma blanca el pasado viernes. Ayer, tras recibir el alta médica, la activista juarense manifestó, por medio de su abogada, que evalúa dejar el país ante la probada incapacidad o falta de voluntad de las autoridades para protegerla.
Acaso la conclusión más grave de cuantas puedan extraerse de los hechos referidos es una ausencia del Estado, para todos los efectos prácticos, en lo que hace a la protección y salvaguarda de quienes luchan por los derechos humanos, demandan justicia para las víctimas de los delitos y se movilizan por la pacificación del territorio.
Si algo tienen en común los atentados cometidos contra Andrade y los asesinatos de varios miembros de la familia Reyes Salazar, de Marisela Escobedo, de Nepomuceno Moreno, de Trinidad de la Cruz y de otros ciudadanos que han muerto recientemente en hechos violentos, es que todos ellos habían venido denunciando amenazas y acoso de presuntos delincuentes y de las propias autoridades. Pese a ello, los gobiernos nada pudieron o quisieron hacer para impedir que las agresiones continuaran y llegaran, en la mayoría de los casos, a desenlaces trágicos.
Semejante circunstancia indica que las expresiones del gobierno calderonista sobre el supuesto fortalecimiento del estado de derecho a raíz de la estrategia de seguridad vigente –lo que la propaganda oficial llama la semilla de un México seguro– son pura demagogia: aun suponiendo que fuera cierto el argumento de que tomará tiempo al Estado restablecer el imperio de la ley en las zonas del territorio bajo dominio del crimen organizado, resulta inverosímil que las autoridades sean incapaces de dar protección, cuando menos, a activistas que vienen siendo amenazados y agredidos sistemáticamente durante meses o incluso años.
Frente al quebranto generalizado del estado de derecho que tiene lugar en amplias franjas del territorio, las autoridades de los distintos niveles, empezando por el federal, no pueden mantenerse en la línea discursiva de emitir condenas enérgicas –como hizo la víspera la Secretaría de Gobernación– cada que se presentan hechos como éste, y de formular ofrecimientos de protección que, como ha quedado de manifiesto hasta ahora, no sirven para nada. En lo inmediato, lo que cabe demandar a las autoridades es que pasen al terreno de los hechos: que investiguen las agresiones cometidas contra la activista juarense, garanticen su vida y su integridad física e impidan cualquier agresión en contra de otros dirigentes sociales o activistas de derechos humanos. De lo contrario se extenderá la percepción de un Estado que, en lo que toca a brindar protección a los ciudadanos bajo acecho y a la sociedad en general, es llanamente inexistente.
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