El clima ya se hizo irrespirable para algunos reporteros de varios medios de información veracruzanos que viven aterrados, y desamparados por las autoridades y por sus empleadores: Unos abandonaron el estado o el país. Otros optaron por dedicarse a otra actividad. A unos más los han asesinado. Lo indignante del caso es que los gobiernos federal y estatal sabían lo que les iba a ocurrir a estos profesionales de la información; concretamente, conocían la existencia de una lista de amenazados de muerte.
Estaban sentenciados y las autoridades los dejaron morir. El mismo gobierno de Felipe Calderón lo sabía y advirtió sólo a Televisa, que sacó de Veracruz a su corresponsal Hugo Gallardo San Gabriel, aunque luego lo despidió. No fue el caso de los tres fotorreporteros secuestrados y encontrados muertos el jueves 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Esas muertes desataron de nuevo los temores entre periodistas de Veracruz que, escépticos ante el anuncio del gobernador Javier Duarte de Ochoa de crear “un organismo para su protección”, comenzaron de nuevo a salir del estado o a retirarse de la actividad.
Con la muerte de ochos periodistas a cuestas en menos de un año, la administración de Duarte está en la mira internacional por la vulnerabilidad de los periodistas en el estado, en particular en el puerto de Veracruz, uno de los principales escenarios de la disputa entre los grupos de delincuencia organizada y donde trabajaba la mayoría de los periodistas asesinados.
Las advertencias contra éstos eran conocidas por la Presidencia de la República y por el gobierno de Duarte, según el testimonio del excorresponsal de Televisa. Amnistía Internacional (AI) coincide y asegura que los asesinatos de Gabriel Huge, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez “no ocurrieron sin previo aviso”.
Según la oficina de ese organismo en México, “información recibida por Amnistía Internacional (indica que) los nombres de estos periodistas, junto con otros, aparecieron en una lista circulada el año pasado con una amenaza en su contra.
“A pesar de estar informadas de esta situación, las autoridades estatales no tomaron medidas para asegurar la protección de los periodistas en riesgo, varios de los cuales se vieron obligados a salir del estado por motivos de seguridad”, asegura el organismo con sede en Londres, aunque el gobierno de Duarte niega que existiera esa lista.
AI señala que desde finales de 2010 ocho periodistas han sido asesinados en el estado de Veracruz. La fecha marca el inicio de la administración de Javier Duarte. Ninguno de los asesinatos ha sido esclarecido.
A diferencia de lo ocurrido con los cuatro primeros, el gobierno estatal anunció que pediría a la Procuraduría General de la República (PGR) atraer el caso de los tres fotógrafos por considerar que en esos crímenes intervino la delincuencia organizada. Una semana después de los hechos no lo había formalizado. Sin embargo, pese a la presunción sobre la participación de la delincuencia organizada, en la PGR la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) tampoco ha pedido la atracción del caso.
La huida
Después del asesinato de los reporteros gráficos, de nueva cuenta varios periodistas y editorialistas han salido del estado, han declinado seguir publicando o de plano han renunciado a la profesión.
El miércoles 9 la página de internet Plumas Libres, que se elabora en Xalapa, informó que algunos periodistas “no esperaron ni 24 horas para dejar el estado” después del asesinato de los tres fotorreporteros, mientras que muchos trabajan con miedo.
Con el texto Periodistas comienzan nuevo exilio en Veracruz da cuenta del temor que prevalece entre los comunicadores del estado y cuestiona que hasta ahora Duarte se haya limitado “a cuidar a los dueños de los medios y a sus negocios”. El gobernador, en efecto, ordenó vigilancia policial para los periódicos porteños Notiver, El Dictamen y AZ, donde trabajaba la mayoría de los comunicadores asesinados.
“De qué sirven las patrullas y policías afuera de los periódicos. Sólo cuidan instalaciones. Los dueños nunca salen a demandar el esclarecimiento de la muerte de un periodista. Siempre se quedan en silencio”, cita a un periodista que por razones obvias no identifica.
La cita dice también: “No sé de ningún reportero bajo vigilancia oficial en Veracruz. Seguimos solos pese a las promesas en el gobierno del estado. Salgo de mi casa con miedo. Llego al trabajo con miedo. Como con miedo. Sólo me siento seguro por unos momentos en el diario, donde están los policías; pero después… la zozobra de nueva cuenta”.
Otro periodista que durante más de 30 años cubrió la fuente policiaca adelanta su retiro ante la violencia contra la prensa en el estado: “No pensaba salirme de la reporteada. Tras el asesinato de Miguel Ángel López Velasco y su familia comencé a analizarlo. Con la muerte de Yolanda Ordaz me decidí. No quiero saber nada del periodismo. Menos de la nota roja. Estoy valorando mi vida. Mis historias y vivencias en la fuente se quedarán guardadas un buen tiempo”.
Un reportero más relata la ansiedad bajo la que vive por su cobertura periodística: “No se puede… Con el paso de las horas la misma información te aplasta. Ver cadáveres regados a cada momento te sume en tribulaciones. Entiendes que la autoridad ya no es quien resuelve el crimen. Se han vuelto recolectores de cadáveres y el reportero es cronista de la muerte”.
Gallardo San Gabriel cuenta que en julio de 2011, después del asesinato de la reportera de Notiver, Yolanda Ordaz, él tuvo que salir del estado contra su voluntad y por órdenes de sus jefes, tanto en el estado como en la Ciudad de México.
No fue el único. En un relato que publicó apenas el martes 1 de mayo en su portal electrónico MI revista con el título ¡Estoy vivo!, asegura que tras los primeros asesinatos, propietarios y directores de medios de comunicación veracruzanos salieron de la ciudad o cuando menos enviaron a sus hijos al extranjero.
“Reporteros de la sección policiaca, como Andrés Salomón, de XEU de Veracruz, abandonaron la ciudad. Le siguieron Enrique Bautista y Arturo González, de El Dictamen; Gabriel Huge, de Notiver, y otro más del periódico Imagen. Trascendió que periodistas de otros puntos del estado también lo hicieron.”
En su caso, confirmado por el propio Gallardo a Proceso, cuenta que su jefe inmediato, Rogerio Pano Rebolledo, le dijo que su vida estaba en peligro, que tenía que salir del estado junto con su familia. Irse a otro estado o incluso al extranjero porque había una lista de reporteros que iban a ejecutar.
Gallardo, que alega no haber recibido nunca ninguna amenaza, refiere que la información la había entregado la propia Presidencia de la República a sus jefes. Ignacio Reyna Carrera, director general de la televisora en el estado, le dijo también que tenía que salir. “Que sólo sería por dos o tres meses en lo que se calmaban las cosas, con la promesa de que regresaría a mi trabajo cotidiano”.
Cuenta que el 26 de julio del año pasado, dos días después de que apareciera el cuerpo de Yolanda Ordaz, salió de Veracruz en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, escoltado por personal de la Marina. El aparato formaba parte del equipo desplegado para una visita que realizaba Felipe Calderón.
Junto con su familia, el reportero aterrizó en el hangar presidencial, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde lo recibió personal del Estado Mayor Presidencial.
Refiere que en agosto siguiente su jefe en México, Miguel Ángel García Briseño, director de Televisa Regional, lo buscó preocupado porque su familia se había regresado a Veracruz.
“El 21 de diciembre fui convocado a una sorpresiva reunión con Ignacio Reyna Carrera, director de Televisa Veracruz. El encuentro fue en instalaciones de Televisa Santa Fe, en el Distrito Federal… La entrevista fue en la oficina de Raquel Bernal, gerente administrativa de la Dirección de Televisa Regional, a cargo de Miguel Ángel García Briseño, alguna vez director de Telever.”
Reyna le dijo que Televisa México no le podía seguir pagando su estadía en la Ciudad de México y que Televisa Veracruz no lo podía seguir manteniendo sin trabajar; pero “como según él aún no había condiciones para que yo regresara a la ciudad, optaba por liquidarme de la empresa”, después de 14 años de trabajar para el monopolio.
Más todavía, dice en su testimonio, “me pidió que no volviera a Veracruz y mucho menos que trabajara en algún otro medio de comunicación” porque según el directivo “soy una caja de resonancia, que algo malo me podía suceder y que rebotaría en la imagen de Televisa”.
Asegura que en la búsqueda de empleo en medios veracruzanos “me he enterado… (de) que hay una especie de acuerdo con dueños y directores de los medios más importantes, al parecer coordinados por una mano oficial poderosa, que sugieren que no sea yo contratado porque me han ‘etiquetado’ como un periodista de riesgo”.
Escalada sin precedente
La representación en México de la organización no gubernamental Artículo 19, promotora de la defensa de la libertad de expresión e información en el mundo, ha documentado la desastrosa situación para la prensa en el gobierno de Duarte:
“Durante el segundo semestre de 2011 el estado de Veracruz vivió una escalada de violencia sin precedente, similar a la que hundió a Tamaulipas. En el lapso de unas cuantas semanas cuatro periodistas fueron asesinados, 13 escaparon del estado por amenazas y uno más desapareció sin que hasta ahora se sepa nada de su paradero.”
En un escrito dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) antes del secuestro y asesinato de los tres reporteros gráficos, la organización registró en ese lapso 66 agresiones contra el ejercicio de la libertad de expresión. Los más graves: Cuatro asesinatos de periodistas o trabajadores de medios de comunicación, un ataque violento y un desaparecido. Afirma que en 33 casos quienes cometieron las agresiones fueron agentes estatales.
Refiere que poco antes de que terminara el año, un grupo armado atacó un diario en el municipio de Córdoba, a 170 kilómetros de Xalapa, la capital del estado. Los atacantes prendieron fuego a la redacción y a las áreas de diseño y publicidad.
Rebasado por la violencia contra la prensa, Duarte de Ochoa anunció el viernes 4 la creación de “un organismo para la protección de los profesionales de los medios de comunicación y otro para atender a las víctimas de los grupos delincuenciales”.
La creación del organismo para la prensa está lejos de concretarse pues, según dijo ese día el gobernante, habrá de esperar las propuestas de los directivos y dueños de los medios del estado. Después de ese anuncio comenzó la vigilancia policial afuera de las instalaciones de Notiver, El Dictamen y AZ.
El anuncio de Duarte contrasta con su decisión previa de suprimir la Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas, un organismo descentralizado creado por su antecesor Fidel Herrera Beltrán. El actual gobernador también hizo desaparecer el Colegio de Periodistas.
El 6 de julio de 2011 Duarte publicó en la Gaceta Oficial de Veracruz un decreto para anunciar, por razones económicas, la extinción de ambos organismos que se financiaban con recursos públicos y estaban bajo el control de la Secretaría de Gobierno del estado y de la Dirección General de Comunicación Social, respectivamente.
La comisión “para la defensa de los periodistas” había sido creada por decreto de Herrera en mayo de 2006. Su propósito era “garantizar los derechos e intereses de las personas que ejerzan actividades propias del periodismo en los medios de comunicación de la entidad veracruzana”, pero operó sólo como una entidad burocrática para administrar en parte la relación del gobierno con la prensa.
De acuerdo con las cuentas públicas del estado, la Comisión ejerció 3 millones 300 mil pesos en cinco años, entre 2006 y 2010. En el mismo periodo del gobierno de Herrera, el colegio consumió 8 millones 600 mil pesos.
Los periodistas asesinados trabajaban en los periódicos porteños ahora resguardados por la policía. Gabriel Huge era tío de Guillermo Luna y ambos habían sido reporteros de Notiver. Al momento de su muerte trabajaban para la agencia fotográfica veracruznews.com. Esteban Rodríguez había trabajado para el diario AZ. Junto con ellos fue asesinada Irasema Becerra, pareja de Luna y vendedora de publicidad de El Dictamen.
Periodistas locales aseguran que sus colegas vivieron bajo amenaza durante más de un año. Tío y sobrino habían renunciado a Notiver y salieron del estado cuando fue asesinada su compañera Yolanda Ordaz de la Cruz, el 26 de julio de 2011.
Un mes antes había sido acribillado el columnista del mismo diario Miguel Ángel López Velasco. Un comando entró de madrugada a su casa y lo mató junto con su esposa, Agustina Solana, y su hijo, Misael López Solana, que también hacía fotografía para Notiver.
Huge había regresado al puerto en enero de este año. Luna, unas semanas antes.
Esteban Rodríguez trabajó cinco años para AZ y durante un año cubrió la guardia nocturna de la fuente policial para TV Azteca Veracruz. También había salido del estado después de esos asesinatos y regresó al puerto, pero dejó el periodismo y se empleó como soldador en un taller mecánico.
proceso.com.mx
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kikka-roja.blogspot.com
Estaban sentenciados y las autoridades los dejaron morir. El mismo gobierno de Felipe Calderón lo sabía y advirtió sólo a Televisa, que sacó de Veracruz a su corresponsal Hugo Gallardo San Gabriel, aunque luego lo despidió. No fue el caso de los tres fotorreporteros secuestrados y encontrados muertos el jueves 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Esas muertes desataron de nuevo los temores entre periodistas de Veracruz que, escépticos ante el anuncio del gobernador Javier Duarte de Ochoa de crear “un organismo para su protección”, comenzaron de nuevo a salir del estado o a retirarse de la actividad.
Con la muerte de ochos periodistas a cuestas en menos de un año, la administración de Duarte está en la mira internacional por la vulnerabilidad de los periodistas en el estado, en particular en el puerto de Veracruz, uno de los principales escenarios de la disputa entre los grupos de delincuencia organizada y donde trabajaba la mayoría de los periodistas asesinados.
Las advertencias contra éstos eran conocidas por la Presidencia de la República y por el gobierno de Duarte, según el testimonio del excorresponsal de Televisa. Amnistía Internacional (AI) coincide y asegura que los asesinatos de Gabriel Huge, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez “no ocurrieron sin previo aviso”.
Según la oficina de ese organismo en México, “información recibida por Amnistía Internacional (indica que) los nombres de estos periodistas, junto con otros, aparecieron en una lista circulada el año pasado con una amenaza en su contra.
“A pesar de estar informadas de esta situación, las autoridades estatales no tomaron medidas para asegurar la protección de los periodistas en riesgo, varios de los cuales se vieron obligados a salir del estado por motivos de seguridad”, asegura el organismo con sede en Londres, aunque el gobierno de Duarte niega que existiera esa lista.
AI señala que desde finales de 2010 ocho periodistas han sido asesinados en el estado de Veracruz. La fecha marca el inicio de la administración de Javier Duarte. Ninguno de los asesinatos ha sido esclarecido.
A diferencia de lo ocurrido con los cuatro primeros, el gobierno estatal anunció que pediría a la Procuraduría General de la República (PGR) atraer el caso de los tres fotógrafos por considerar que en esos crímenes intervino la delincuencia organizada. Una semana después de los hechos no lo había formalizado. Sin embargo, pese a la presunción sobre la participación de la delincuencia organizada, en la PGR la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) tampoco ha pedido la atracción del caso.
La huida
Después del asesinato de los reporteros gráficos, de nueva cuenta varios periodistas y editorialistas han salido del estado, han declinado seguir publicando o de plano han renunciado a la profesión.
El miércoles 9 la página de internet Plumas Libres, que se elabora en Xalapa, informó que algunos periodistas “no esperaron ni 24 horas para dejar el estado” después del asesinato de los tres fotorreporteros, mientras que muchos trabajan con miedo.
Con el texto Periodistas comienzan nuevo exilio en Veracruz da cuenta del temor que prevalece entre los comunicadores del estado y cuestiona que hasta ahora Duarte se haya limitado “a cuidar a los dueños de los medios y a sus negocios”. El gobernador, en efecto, ordenó vigilancia policial para los periódicos porteños Notiver, El Dictamen y AZ, donde trabajaba la mayoría de los comunicadores asesinados.
“De qué sirven las patrullas y policías afuera de los periódicos. Sólo cuidan instalaciones. Los dueños nunca salen a demandar el esclarecimiento de la muerte de un periodista. Siempre se quedan en silencio”, cita a un periodista que por razones obvias no identifica.
La cita dice también: “No sé de ningún reportero bajo vigilancia oficial en Veracruz. Seguimos solos pese a las promesas en el gobierno del estado. Salgo de mi casa con miedo. Llego al trabajo con miedo. Como con miedo. Sólo me siento seguro por unos momentos en el diario, donde están los policías; pero después… la zozobra de nueva cuenta”.
Otro periodista que durante más de 30 años cubrió la fuente policiaca adelanta su retiro ante la violencia contra la prensa en el estado: “No pensaba salirme de la reporteada. Tras el asesinato de Miguel Ángel López Velasco y su familia comencé a analizarlo. Con la muerte de Yolanda Ordaz me decidí. No quiero saber nada del periodismo. Menos de la nota roja. Estoy valorando mi vida. Mis historias y vivencias en la fuente se quedarán guardadas un buen tiempo”.
Un reportero más relata la ansiedad bajo la que vive por su cobertura periodística: “No se puede… Con el paso de las horas la misma información te aplasta. Ver cadáveres regados a cada momento te sume en tribulaciones. Entiendes que la autoridad ya no es quien resuelve el crimen. Se han vuelto recolectores de cadáveres y el reportero es cronista de la muerte”.
Gallardo San Gabriel cuenta que en julio de 2011, después del asesinato de la reportera de Notiver, Yolanda Ordaz, él tuvo que salir del estado contra su voluntad y por órdenes de sus jefes, tanto en el estado como en la Ciudad de México.
No fue el único. En un relato que publicó apenas el martes 1 de mayo en su portal electrónico MI revista con el título ¡Estoy vivo!, asegura que tras los primeros asesinatos, propietarios y directores de medios de comunicación veracruzanos salieron de la ciudad o cuando menos enviaron a sus hijos al extranjero.
“Reporteros de la sección policiaca, como Andrés Salomón, de XEU de Veracruz, abandonaron la ciudad. Le siguieron Enrique Bautista y Arturo González, de El Dictamen; Gabriel Huge, de Notiver, y otro más del periódico Imagen. Trascendió que periodistas de otros puntos del estado también lo hicieron.”
En su caso, confirmado por el propio Gallardo a Proceso, cuenta que su jefe inmediato, Rogerio Pano Rebolledo, le dijo que su vida estaba en peligro, que tenía que salir del estado junto con su familia. Irse a otro estado o incluso al extranjero porque había una lista de reporteros que iban a ejecutar.
Gallardo, que alega no haber recibido nunca ninguna amenaza, refiere que la información la había entregado la propia Presidencia de la República a sus jefes. Ignacio Reyna Carrera, director general de la televisora en el estado, le dijo también que tenía que salir. “Que sólo sería por dos o tres meses en lo que se calmaban las cosas, con la promesa de que regresaría a mi trabajo cotidiano”.
Cuenta que el 26 de julio del año pasado, dos días después de que apareciera el cuerpo de Yolanda Ordaz, salió de Veracruz en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, escoltado por personal de la Marina. El aparato formaba parte del equipo desplegado para una visita que realizaba Felipe Calderón.
Junto con su familia, el reportero aterrizó en el hangar presidencial, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde lo recibió personal del Estado Mayor Presidencial.
Refiere que en agosto siguiente su jefe en México, Miguel Ángel García Briseño, director de Televisa Regional, lo buscó preocupado porque su familia se había regresado a Veracruz.
“El 21 de diciembre fui convocado a una sorpresiva reunión con Ignacio Reyna Carrera, director de Televisa Veracruz. El encuentro fue en instalaciones de Televisa Santa Fe, en el Distrito Federal… La entrevista fue en la oficina de Raquel Bernal, gerente administrativa de la Dirección de Televisa Regional, a cargo de Miguel Ángel García Briseño, alguna vez director de Telever.”
Reyna le dijo que Televisa México no le podía seguir pagando su estadía en la Ciudad de México y que Televisa Veracruz no lo podía seguir manteniendo sin trabajar; pero “como según él aún no había condiciones para que yo regresara a la ciudad, optaba por liquidarme de la empresa”, después de 14 años de trabajar para el monopolio.
Más todavía, dice en su testimonio, “me pidió que no volviera a Veracruz y mucho menos que trabajara en algún otro medio de comunicación” porque según el directivo “soy una caja de resonancia, que algo malo me podía suceder y que rebotaría en la imagen de Televisa”.
Asegura que en la búsqueda de empleo en medios veracruzanos “me he enterado… (de) que hay una especie de acuerdo con dueños y directores de los medios más importantes, al parecer coordinados por una mano oficial poderosa, que sugieren que no sea yo contratado porque me han ‘etiquetado’ como un periodista de riesgo”.
Escalada sin precedente
La representación en México de la organización no gubernamental Artículo 19, promotora de la defensa de la libertad de expresión e información en el mundo, ha documentado la desastrosa situación para la prensa en el gobierno de Duarte:
“Durante el segundo semestre de 2011 el estado de Veracruz vivió una escalada de violencia sin precedente, similar a la que hundió a Tamaulipas. En el lapso de unas cuantas semanas cuatro periodistas fueron asesinados, 13 escaparon del estado por amenazas y uno más desapareció sin que hasta ahora se sepa nada de su paradero.”
En un escrito dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) antes del secuestro y asesinato de los tres reporteros gráficos, la organización registró en ese lapso 66 agresiones contra el ejercicio de la libertad de expresión. Los más graves: Cuatro asesinatos de periodistas o trabajadores de medios de comunicación, un ataque violento y un desaparecido. Afirma que en 33 casos quienes cometieron las agresiones fueron agentes estatales.
Refiere que poco antes de que terminara el año, un grupo armado atacó un diario en el municipio de Córdoba, a 170 kilómetros de Xalapa, la capital del estado. Los atacantes prendieron fuego a la redacción y a las áreas de diseño y publicidad.
Rebasado por la violencia contra la prensa, Duarte de Ochoa anunció el viernes 4 la creación de “un organismo para la protección de los profesionales de los medios de comunicación y otro para atender a las víctimas de los grupos delincuenciales”.
La creación del organismo para la prensa está lejos de concretarse pues, según dijo ese día el gobernante, habrá de esperar las propuestas de los directivos y dueños de los medios del estado. Después de ese anuncio comenzó la vigilancia policial afuera de las instalaciones de Notiver, El Dictamen y AZ.
El anuncio de Duarte contrasta con su decisión previa de suprimir la Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas, un organismo descentralizado creado por su antecesor Fidel Herrera Beltrán. El actual gobernador también hizo desaparecer el Colegio de Periodistas.
El 6 de julio de 2011 Duarte publicó en la Gaceta Oficial de Veracruz un decreto para anunciar, por razones económicas, la extinción de ambos organismos que se financiaban con recursos públicos y estaban bajo el control de la Secretaría de Gobierno del estado y de la Dirección General de Comunicación Social, respectivamente.
La comisión “para la defensa de los periodistas” había sido creada por decreto de Herrera en mayo de 2006. Su propósito era “garantizar los derechos e intereses de las personas que ejerzan actividades propias del periodismo en los medios de comunicación de la entidad veracruzana”, pero operó sólo como una entidad burocrática para administrar en parte la relación del gobierno con la prensa.
De acuerdo con las cuentas públicas del estado, la Comisión ejerció 3 millones 300 mil pesos en cinco años, entre 2006 y 2010. En el mismo periodo del gobierno de Herrera, el colegio consumió 8 millones 600 mil pesos.
Los periodistas asesinados trabajaban en los periódicos porteños ahora resguardados por la policía. Gabriel Huge era tío de Guillermo Luna y ambos habían sido reporteros de Notiver. Al momento de su muerte trabajaban para la agencia fotográfica veracruznews.com. Esteban Rodríguez había trabajado para el diario AZ. Junto con ellos fue asesinada Irasema Becerra, pareja de Luna y vendedora de publicidad de El Dictamen.
Periodistas locales aseguran que sus colegas vivieron bajo amenaza durante más de un año. Tío y sobrino habían renunciado a Notiver y salieron del estado cuando fue asesinada su compañera Yolanda Ordaz de la Cruz, el 26 de julio de 2011.
Un mes antes había sido acribillado el columnista del mismo diario Miguel Ángel López Velasco. Un comando entró de madrugada a su casa y lo mató junto con su esposa, Agustina Solana, y su hijo, Misael López Solana, que también hacía fotografía para Notiver.
Huge había regresado al puerto en enero de este año. Luna, unas semanas antes.
Esteban Rodríguez trabajó cinco años para AZ y durante un año cubrió la guardia nocturna de la fuente policial para TV Azteca Veracruz. También había salido del estado después de esos asesinatos y regresó al puerto, pero dejó el periodismo y se empleó como soldador en un taller mecánico.
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