Emilio Godoy
MÉXICO, D.F. (apro).- Los sobornos pagados por la transnacional estadunidense Wal-Mart en México podrían derivar en una ola de demandas civiles y penales, como lo presagian las siete querellas presentadas hasta el pasado jueves 10.
Esas acciones legales se centran en los 15 directores del Consejo de Administración de la empresa y altos ejecutivos, a quienes se acusa de incumplir su obligación de velar por los intereses de los accionistas. Las demandas también buscan que la corporación, en vez de los tenedores de títulos, recupere el dinero perdido tanto por el escándalo como por los costos asociados a su resolución.
Los litigios, revisados por Apro, se basan en violaciones a la Ley contra Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) de 1977, que prohíbe a las compañías efectuar desembolsos ilícitos para obtener contratos.
Se podría considerar que la querella más trascendental es la iniciada el pasado jueves 3 por el Sistema de Jubilación de Maestros de California (CalSTRS, por sus siglas en inglés), que posee más de 856 mil miembros y con activos superiores a los 152 mil millones de dólares.
En su alegato de 42 páginas, identificado con el número 7490, esa institución –que posee más de 5 millones de acciones, con un valor de 313 millones de dólares– centra sus acusaciones en el Consejo de Administración, seis exdirectores y tres exaltos directivos de su filial en México.
“La empresa está minimizando asiduamente la magnitud de las implicaciones financieras para Wal-Mart y sus accionistas”, resalta el pliego presentado ante el Tribunal de Equidad de Delaware, que atiende casos de derecho privado.
Implicados
El pasado 21 de abril, The New York Times reveló que la cadena de tiendas había desembolsado más de 24 millones de dólares en pagos anómalos a funcionarios mexicanos de todos niveles entre 2002 y 2005 para obtener permisos de construcción, cambios de uso de suelo y avales ambientales. Señaló que ello ocurrió con la abierta aprobación de la dirigencia de la empresa en el país.
Además, el periódico estadunidense exhibió que los principales ejecutivos de Wal-Mart –fundada en 1962– encubrieron su propia investigación interna.
No fue sino hasta diciembre de 2011 cuando la compañía notificó de esos hechos al Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y a la Comisión de Comercio y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), que abrieron pesquisas al respecto. En las últimas semanas, la cadena ha perdido millones de dólares en su valor accionario.
Las demandas se dirigen contra Michael T. Duke –presidente de la corporación desde 2009–, Aída A. Álvarez, James W. Breyer, M. Michele Burns, James I. Cash, Jr., Roger C. Corbett, Douglas N. Daft, Gregory B. Penner, Steven S. Reinemund, H. Lee Scott, Jr., Arne M. Sorenson, Jim C. Walton, S. Robson Walton (hijos ambos del fundador de la cadena, Sam Walton), Christopher J. Williams y Linda S. Wolf.
Además, tres de las demandas señalan también a Eduardo Castro-Wright, Eduardo Solórzano y José Luis Rodríguezmacedo Rivera.
En enero de 2005, Castro-Wright fue nombrado director de Operaciones de la división estadunidense de Wal-Mart y luego, en ese mismo año, ascendió a presidente de Wal-Mart US.
Solórzano es ahora jefe ejecutivo de Wal-Mart Latinoamérica, mientras que Rodríguez macedo fue hasta abril último vicepresidente Sénior de Asuntos Legales, Éticos y de Cumplimiento de Wal-Mart de México.
“La prolongada falla del Consejo en abordar los señalamientos detallados y creíbles de actividad criminal, ocurrida con el consentimiento tácito o expreso de los altos ejecutivos presentes y pasados, y la complicidad de los ejecutivos al más alto nivel de la compañía en acallar cualquier investigación sobre estos alegatos, están causando y continuarán causando un daño sustancial”, enfatiza el documento del CalSTRS.
Este fondo denunció que H. Lee Scott se desprendió de 2 millones 193 mil 605 acciones entre el 20 de diciembre de 2011 y el 27 de marzo de este año, con réditos por 13 millones 367 mil 934 dólares, luego de que The New York Times contactara a la empresa sobre su investigación.
Mientras, Castro-Wright vendió el 20 de marzo último 143 mil 206 títulos, con una ganancia por un millón 716 mil 037 dólares.
“La falla consciente de los acusados para aplicar un sistema de controles interno para detectar y prevenir el pago ilegal de sobornos en México, su falla consciente para actuar una vez que el esquema de sobornos fue expuesto, y los hechos de algunos acusados para encubrirlo, han perjudicado y lo seguirán haciendo a Wal-Mart y su negocio, su buena voluntad y su reputación”, arguye el documento.
Complicidad, negligencia…
Otras dos demandas coincidieron el 25 de abril en dos cortes distintas de Estados Unidos. Por un lado, John Cottrell, residente del estado de Texas y accionista de Wal-Mart Stores, Inc., interpuso un pliego acusatorio ante la Corte del Distrito Oeste de Arkansas en contra de los 15 directores de la empresa.
Los directores y ejecutivos de Wal-Mart “fueron intencionalmente negligentes y/o inconscientemente ignoraron su deber fiduciario de lealtad a la empresa al tomar varias decisiones para las cuales no había una justificación de negocios válida”, cita el texto, de 31 páginas de extensión, marcado con la clave 4:12-cv-04041.
Esa conducta derivó en “el funcionamiento de un esquema sistemático y extendido de sobornar a funcionarios mexicanos con el propósito de obtener varios permisos gubernamentales y fallando en investigar adecuada y apropiadamente dicho esquema”, refiere el pliego, signado por James C. Wyly, abogado del despacho Wyly Rommel, con oficinas en Arkansas y Texas.
La querella entablada el día 25 por la accionista Henrietta Klein, accionista de Wal-Mart, se expresa en términos similares.
A los ejecutivos “se les pide usar su mayor habilidad para administrar Wal-Mart justamente, pero han mostrado una desatención brutal de sus responsabilidades”, argumenta el documento, calcado con el código 7455 y presentado ante el Tribunal de Equidad de Delaware.
Además de los directores de la corporación, Klein sindica a Eduardo Castro-Wright, director ejecutivo de Wal-Mart de México entre 2001 y 2004; Eduardo Solórzano, que ocupó ese cargo en 2005, y José Luis Rodríguezmacedo Rivera, consejero general de la corporación en ese mismo año. Los tres fueron piezas centrales en el esquema de desembolsos ilegales, según la investigación del New York Times.
Al operar ese esquema corrupto, los acusados “debieron estar conscientes del riesgo de perjuicios serios para la empresa”.
En diciembre de 2011, los representantes legales de Klein le pidieron por escrito a Robson Walton acceso a los registros de la compañía para determinar si el Consejo había roto sus deberes fiduciarios, pero recibieron una negativa. El argumento: “No existe una base creíble para inferir que el Consejo de Directores de la empresa se ha involucrado en anomalías o mala administración”
El 25 de abril Wal-Mart anunció que Tom Gean, exfiscal de la Corte del Distrito Occidental de Arkansas y quien ha trabajado para la minorista desde 2004, estará a cargo del cumplimiento de la FCPA dentro de la cadena.
Además, la corporación informó de que el despacho de abogados Jones Day lidera la investigación interna e informará al Comité de Auditoría del directorio, que permaneció omiso durante las maniobras financieras anómalas, según las denuncias presentadas.
“Los ejecutivos y directores debieron ejercer una supervisión razonable y prudente de la administración, políticas, prácticas y controles de los asuntos financieros y de negocios de Wal-Mart”, arguye Cottrell en su escrito ante la corte.
La mayoría del Consejo, prosigue, tiene intereses y carece de independencia, y todos sus miembros actuales han demostrado su falta de voluntad e inhabilidad para abordar las denuncias, por lo cual pide un juicio con un jurado.
Wal-Mart, que posee 10 mil 130 tiendas en 27 países, registró en el año fiscal que concluyó en enero de este año, ventas por 443 mil 900 millones de dólares, para un incremento de 5.9% en comparación con el periodo previo. Además, le entregó a sus accionistas 11 mil 300 millones de dólares en dividendos y recompra de valores.
Globalmente emplea a más de 2 millones de personas. En México opera 2 mil 138 unidades y emplea a 230 mil “asociados”, el eufemismo utilizado por Wal-Mart para nombrar a sus trabajadores.
A su larga tradición de demandas por violaciones a derechos laborales y de denuncias por sus prácticas comerciales, ahora Wal-Mart encara señalamientos por un inadecuado gobierno corporativo.
Intereses perjudicados
Con la marcha de los días, la inconformidad ha crecido entre los poseedores de títulos del conglomerado.
El 27 de abril, el Sistema de Pensiones de los Empleados de la Policía Municipal de Luisiana, que posee acciones de la cadena, se querelló ante la Corte del Distrito Oeste de Arkansas en contra de los directores y los tres ejecutivos que pasaron por México.
“Los acusados fallaron en asegurar que Wal-Mart, sus directores y ejecutivos cumplieran con leyes anticorrupción estadunidenses y extranjeras y el propio código de conducta de la corporación”, esgrime el documento, de 56 páginas y clave 4:12-cv-04045.
También fallaron, resume el pliego, en realizar una investigación adecuada de conocidas violaciones potenciales a esas leyes y al encubrir esas contravenciones.
De todos los procesos iniciados hasta ahora, es el único que alude a las tácticas del emporio para superar a la competencia, pues “alcanzó el éxito al cortar costos de abasto y almacenamiento y transfiriendo la mayoría de esos ahorros al consumidor”.
Pero los textos legales no mencionan los abusos laborales y políticas comerciales de Wal-Mart.
La parte acusadora se refiere también a las medidas de gobierno corporativo y éticas existentes dentro de la compañía, pero virtualmente abandonadas durante el escándalo.
Los Lineamientos de gobierno corporativo de la empresa piden que los directores “revisen el cumplimiento con leyes y regulaciones aplicables y adopten políticas de conducta corporativa para asegurar ese cumplimiento”.
Además, el Código de conducta empresarial y ética estipula: “No toleramos, permitimos o nos involucramos en sobornos, corrupción o prácticas antiéticas de ningún tipo. El soborno de funcionarios de Estados Unidos o el extranjero es ilegal bajo las leyes tanto de Estados Unidos como de los países donde operamos. La política de Wal-Mart va más allá de estos requerimientos legales y prohíbe pagos corruptos en todas las circunstancias, ya sea en tratos con funcionarios públicos o individuos en el sector privado.
“Diez de los 15 miembros actuales del Consejo son incapaces de decidir respecto de una demanda, sea que orquestaron la conducta anómala, jugaron un rol activo en la conspiración o rompieron sus deberes de lealtad y buena fe al ignorar la conducta ilegal”, destaca la demanda.
A este descontento se sumó Elizabeth L. Tuberville, una accionista residente en Arkansas y quien enderezó su acción legal el 30 de abril para “recuperar para Wal-Mart y sus accionistas los cientos de millones de dólares por daños financieros y de reputación causados por el esquema de sobornos”, según el pliego de 35 cuartillas y clave 4:12-cv-04046.
La acusadora también invoca el código de ética, que estipula que los directores no encubran o ignoren violaciones a la ley anticorrupción estadunidense.
En sus reportes de 2006 a 2011 ante la SEC, la cadena de tiendas no reveló las irregularidades, con lo que los directores violaron sus deberes fiduciarios y las leyes de valores al entregar declaraciones falsas y distorsionadas a los accionistas, relata el documento, firmado también por el abogado Wyly.
El 1 de mayo, Kathryn Johnston Lomax, quien posee 300 acciones de la firma desde mayo de 2010, se incorporó a los pleitos legales.
“A causa del esquema de sobornos, que evidencia la ausencia de controles internos adecuados para garantizar el apego a la ley, Wal-Mart ha sido severamente perjudicado en una miríada de actividades que resultaron en la exposición de la empresa a su responsabilidad por violaciones a la FCPA”, cita su demanda, de 22 páginas y código 4:12-cv-04047.
El 8 de diciembre de 2011 la corporación informó en su reporte 10-Q –una descripción detallada de su operación financiera– que envió a la SEC que investigaba posibles quebrantos a la ley anticorrupción estadunidense.
“La mayor amenaza para la cadena no sería las cuantiosas sumas de dinero que tendrá que pagar en sanciones y acuerdos judiciales, sino el impacto potencial sobre su reputación, su relación con los clientes y el ánimo de los empleados”, anticipa la demanda de Cottrell.
En suma, los acusadores piden que los acusados devuelvan a la empresa todas las compensaciones y remuneraciones recibidas de Wal-Mart y que éstos instauren, mantengan y financien programas efectivos de cumplimiento para asegurar que los directivos, ejecutivos y empleados no se involucren en prácticas ilícitas.
Litigio extenso
Estos son apenas los primeros capítulos de un largo y costoso proceso, a criterio de expertos.
Al menos cinco despachos estadunidenses especializados en temas bursátiles han abierto investigaciones sobre los sobornos.
“Como en la mayoría de acciones de aplicación de la FCPA, no importará si los pagos de Wal-Mart, si son sujetos al escrutinio judicial, resultan en violaciones a esa ley”, comentó el estadunidense Mike Koehler, experto en temas anticorrupción, en su blog “FCPA Professor”.
Su razonamiento es que “aunque el consejero de Wal-Mart puede esgrimir argumentos válidos, legales, legítimos y reales en mesas de salones de conferencias a puerta cerrada en Washington, D.C., para realmente desafiar al Departamento de Justicia en una instancia de escrutinio y colocarlo con la mayor carga de prueba en juicio, primero se requiere que la empresa sea indiciada criminalmente, algo que pocos dirigentes corporativos están deseosos de dejar que ocurra”.
De hecho, en la historia de la aplicación de la FCPA el DOJ sólo ha llegado a esa medida en dos ocasiones, que terminaron en fracasos judiciales. Uno de ellos estuvo relacionado con el pago de sobornos de la contratista helvética-sueca ABB a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad.
En medio de ese panorama tendrá lugar la asamblea anual de accionistas, programada para el próximo 1 de junio en la Universidad de Arkansas, y en la cual el Consejo de Dirección estará bajo presión a causa del escándalo.
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kikka-roja.blogspot.com
MÉXICO, D.F. (apro).- Los sobornos pagados por la transnacional estadunidense Wal-Mart en México podrían derivar en una ola de demandas civiles y penales, como lo presagian las siete querellas presentadas hasta el pasado jueves 10.
Esas acciones legales se centran en los 15 directores del Consejo de Administración de la empresa y altos ejecutivos, a quienes se acusa de incumplir su obligación de velar por los intereses de los accionistas. Las demandas también buscan que la corporación, en vez de los tenedores de títulos, recupere el dinero perdido tanto por el escándalo como por los costos asociados a su resolución.
Los litigios, revisados por Apro, se basan en violaciones a la Ley contra Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) de 1977, que prohíbe a las compañías efectuar desembolsos ilícitos para obtener contratos.
Se podría considerar que la querella más trascendental es la iniciada el pasado jueves 3 por el Sistema de Jubilación de Maestros de California (CalSTRS, por sus siglas en inglés), que posee más de 856 mil miembros y con activos superiores a los 152 mil millones de dólares.
En su alegato de 42 páginas, identificado con el número 7490, esa institución –que posee más de 5 millones de acciones, con un valor de 313 millones de dólares– centra sus acusaciones en el Consejo de Administración, seis exdirectores y tres exaltos directivos de su filial en México.
“La empresa está minimizando asiduamente la magnitud de las implicaciones financieras para Wal-Mart y sus accionistas”, resalta el pliego presentado ante el Tribunal de Equidad de Delaware, que atiende casos de derecho privado.
Implicados
El pasado 21 de abril, The New York Times reveló que la cadena de tiendas había desembolsado más de 24 millones de dólares en pagos anómalos a funcionarios mexicanos de todos niveles entre 2002 y 2005 para obtener permisos de construcción, cambios de uso de suelo y avales ambientales. Señaló que ello ocurrió con la abierta aprobación de la dirigencia de la empresa en el país.
Además, el periódico estadunidense exhibió que los principales ejecutivos de Wal-Mart –fundada en 1962– encubrieron su propia investigación interna.
No fue sino hasta diciembre de 2011 cuando la compañía notificó de esos hechos al Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y a la Comisión de Comercio y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), que abrieron pesquisas al respecto. En las últimas semanas, la cadena ha perdido millones de dólares en su valor accionario.
Las demandas se dirigen contra Michael T. Duke –presidente de la corporación desde 2009–, Aída A. Álvarez, James W. Breyer, M. Michele Burns, James I. Cash, Jr., Roger C. Corbett, Douglas N. Daft, Gregory B. Penner, Steven S. Reinemund, H. Lee Scott, Jr., Arne M. Sorenson, Jim C. Walton, S. Robson Walton (hijos ambos del fundador de la cadena, Sam Walton), Christopher J. Williams y Linda S. Wolf.
Además, tres de las demandas señalan también a Eduardo Castro-Wright, Eduardo Solórzano y José Luis Rodríguezmacedo Rivera.
En enero de 2005, Castro-Wright fue nombrado director de Operaciones de la división estadunidense de Wal-Mart y luego, en ese mismo año, ascendió a presidente de Wal-Mart US.
Solórzano es ahora jefe ejecutivo de Wal-Mart Latinoamérica, mientras que Rodríguez macedo fue hasta abril último vicepresidente Sénior de Asuntos Legales, Éticos y de Cumplimiento de Wal-Mart de México.
“La prolongada falla del Consejo en abordar los señalamientos detallados y creíbles de actividad criminal, ocurrida con el consentimiento tácito o expreso de los altos ejecutivos presentes y pasados, y la complicidad de los ejecutivos al más alto nivel de la compañía en acallar cualquier investigación sobre estos alegatos, están causando y continuarán causando un daño sustancial”, enfatiza el documento del CalSTRS.
Este fondo denunció que H. Lee Scott se desprendió de 2 millones 193 mil 605 acciones entre el 20 de diciembre de 2011 y el 27 de marzo de este año, con réditos por 13 millones 367 mil 934 dólares, luego de que The New York Times contactara a la empresa sobre su investigación.
Mientras, Castro-Wright vendió el 20 de marzo último 143 mil 206 títulos, con una ganancia por un millón 716 mil 037 dólares.
“La falla consciente de los acusados para aplicar un sistema de controles interno para detectar y prevenir el pago ilegal de sobornos en México, su falla consciente para actuar una vez que el esquema de sobornos fue expuesto, y los hechos de algunos acusados para encubrirlo, han perjudicado y lo seguirán haciendo a Wal-Mart y su negocio, su buena voluntad y su reputación”, arguye el documento.
Complicidad, negligencia…
Otras dos demandas coincidieron el 25 de abril en dos cortes distintas de Estados Unidos. Por un lado, John Cottrell, residente del estado de Texas y accionista de Wal-Mart Stores, Inc., interpuso un pliego acusatorio ante la Corte del Distrito Oeste de Arkansas en contra de los 15 directores de la empresa.
Los directores y ejecutivos de Wal-Mart “fueron intencionalmente negligentes y/o inconscientemente ignoraron su deber fiduciario de lealtad a la empresa al tomar varias decisiones para las cuales no había una justificación de negocios válida”, cita el texto, de 31 páginas de extensión, marcado con la clave 4:12-cv-04041.
Esa conducta derivó en “el funcionamiento de un esquema sistemático y extendido de sobornar a funcionarios mexicanos con el propósito de obtener varios permisos gubernamentales y fallando en investigar adecuada y apropiadamente dicho esquema”, refiere el pliego, signado por James C. Wyly, abogado del despacho Wyly Rommel, con oficinas en Arkansas y Texas.
La querella entablada el día 25 por la accionista Henrietta Klein, accionista de Wal-Mart, se expresa en términos similares.
A los ejecutivos “se les pide usar su mayor habilidad para administrar Wal-Mart justamente, pero han mostrado una desatención brutal de sus responsabilidades”, argumenta el documento, calcado con el código 7455 y presentado ante el Tribunal de Equidad de Delaware.
Además de los directores de la corporación, Klein sindica a Eduardo Castro-Wright, director ejecutivo de Wal-Mart de México entre 2001 y 2004; Eduardo Solórzano, que ocupó ese cargo en 2005, y José Luis Rodríguezmacedo Rivera, consejero general de la corporación en ese mismo año. Los tres fueron piezas centrales en el esquema de desembolsos ilegales, según la investigación del New York Times.
Al operar ese esquema corrupto, los acusados “debieron estar conscientes del riesgo de perjuicios serios para la empresa”.
En diciembre de 2011, los representantes legales de Klein le pidieron por escrito a Robson Walton acceso a los registros de la compañía para determinar si el Consejo había roto sus deberes fiduciarios, pero recibieron una negativa. El argumento: “No existe una base creíble para inferir que el Consejo de Directores de la empresa se ha involucrado en anomalías o mala administración”
El 25 de abril Wal-Mart anunció que Tom Gean, exfiscal de la Corte del Distrito Occidental de Arkansas y quien ha trabajado para la minorista desde 2004, estará a cargo del cumplimiento de la FCPA dentro de la cadena.
Además, la corporación informó de que el despacho de abogados Jones Day lidera la investigación interna e informará al Comité de Auditoría del directorio, que permaneció omiso durante las maniobras financieras anómalas, según las denuncias presentadas.
“Los ejecutivos y directores debieron ejercer una supervisión razonable y prudente de la administración, políticas, prácticas y controles de los asuntos financieros y de negocios de Wal-Mart”, arguye Cottrell en su escrito ante la corte.
La mayoría del Consejo, prosigue, tiene intereses y carece de independencia, y todos sus miembros actuales han demostrado su falta de voluntad e inhabilidad para abordar las denuncias, por lo cual pide un juicio con un jurado.
Wal-Mart, que posee 10 mil 130 tiendas en 27 países, registró en el año fiscal que concluyó en enero de este año, ventas por 443 mil 900 millones de dólares, para un incremento de 5.9% en comparación con el periodo previo. Además, le entregó a sus accionistas 11 mil 300 millones de dólares en dividendos y recompra de valores.
Globalmente emplea a más de 2 millones de personas. En México opera 2 mil 138 unidades y emplea a 230 mil “asociados”, el eufemismo utilizado por Wal-Mart para nombrar a sus trabajadores.
A su larga tradición de demandas por violaciones a derechos laborales y de denuncias por sus prácticas comerciales, ahora Wal-Mart encara señalamientos por un inadecuado gobierno corporativo.
Intereses perjudicados
Con la marcha de los días, la inconformidad ha crecido entre los poseedores de títulos del conglomerado.
El 27 de abril, el Sistema de Pensiones de los Empleados de la Policía Municipal de Luisiana, que posee acciones de la cadena, se querelló ante la Corte del Distrito Oeste de Arkansas en contra de los directores y los tres ejecutivos que pasaron por México.
“Los acusados fallaron en asegurar que Wal-Mart, sus directores y ejecutivos cumplieran con leyes anticorrupción estadunidenses y extranjeras y el propio código de conducta de la corporación”, esgrime el documento, de 56 páginas y clave 4:12-cv-04045.
También fallaron, resume el pliego, en realizar una investigación adecuada de conocidas violaciones potenciales a esas leyes y al encubrir esas contravenciones.
De todos los procesos iniciados hasta ahora, es el único que alude a las tácticas del emporio para superar a la competencia, pues “alcanzó el éxito al cortar costos de abasto y almacenamiento y transfiriendo la mayoría de esos ahorros al consumidor”.
Pero los textos legales no mencionan los abusos laborales y políticas comerciales de Wal-Mart.
La parte acusadora se refiere también a las medidas de gobierno corporativo y éticas existentes dentro de la compañía, pero virtualmente abandonadas durante el escándalo.
Los Lineamientos de gobierno corporativo de la empresa piden que los directores “revisen el cumplimiento con leyes y regulaciones aplicables y adopten políticas de conducta corporativa para asegurar ese cumplimiento”.
Además, el Código de conducta empresarial y ética estipula: “No toleramos, permitimos o nos involucramos en sobornos, corrupción o prácticas antiéticas de ningún tipo. El soborno de funcionarios de Estados Unidos o el extranjero es ilegal bajo las leyes tanto de Estados Unidos como de los países donde operamos. La política de Wal-Mart va más allá de estos requerimientos legales y prohíbe pagos corruptos en todas las circunstancias, ya sea en tratos con funcionarios públicos o individuos en el sector privado.
“Diez de los 15 miembros actuales del Consejo son incapaces de decidir respecto de una demanda, sea que orquestaron la conducta anómala, jugaron un rol activo en la conspiración o rompieron sus deberes de lealtad y buena fe al ignorar la conducta ilegal”, destaca la demanda.
A este descontento se sumó Elizabeth L. Tuberville, una accionista residente en Arkansas y quien enderezó su acción legal el 30 de abril para “recuperar para Wal-Mart y sus accionistas los cientos de millones de dólares por daños financieros y de reputación causados por el esquema de sobornos”, según el pliego de 35 cuartillas y clave 4:12-cv-04046.
La acusadora también invoca el código de ética, que estipula que los directores no encubran o ignoren violaciones a la ley anticorrupción estadunidense.
En sus reportes de 2006 a 2011 ante la SEC, la cadena de tiendas no reveló las irregularidades, con lo que los directores violaron sus deberes fiduciarios y las leyes de valores al entregar declaraciones falsas y distorsionadas a los accionistas, relata el documento, firmado también por el abogado Wyly.
El 1 de mayo, Kathryn Johnston Lomax, quien posee 300 acciones de la firma desde mayo de 2010, se incorporó a los pleitos legales.
“A causa del esquema de sobornos, que evidencia la ausencia de controles internos adecuados para garantizar el apego a la ley, Wal-Mart ha sido severamente perjudicado en una miríada de actividades que resultaron en la exposición de la empresa a su responsabilidad por violaciones a la FCPA”, cita su demanda, de 22 páginas y código 4:12-cv-04047.
El 8 de diciembre de 2011 la corporación informó en su reporte 10-Q –una descripción detallada de su operación financiera– que envió a la SEC que investigaba posibles quebrantos a la ley anticorrupción estadunidense.
“La mayor amenaza para la cadena no sería las cuantiosas sumas de dinero que tendrá que pagar en sanciones y acuerdos judiciales, sino el impacto potencial sobre su reputación, su relación con los clientes y el ánimo de los empleados”, anticipa la demanda de Cottrell.
En suma, los acusadores piden que los acusados devuelvan a la empresa todas las compensaciones y remuneraciones recibidas de Wal-Mart y que éstos instauren, mantengan y financien programas efectivos de cumplimiento para asegurar que los directivos, ejecutivos y empleados no se involucren en prácticas ilícitas.
Litigio extenso
Estos son apenas los primeros capítulos de un largo y costoso proceso, a criterio de expertos.
Al menos cinco despachos estadunidenses especializados en temas bursátiles han abierto investigaciones sobre los sobornos.
“Como en la mayoría de acciones de aplicación de la FCPA, no importará si los pagos de Wal-Mart, si son sujetos al escrutinio judicial, resultan en violaciones a esa ley”, comentó el estadunidense Mike Koehler, experto en temas anticorrupción, en su blog “FCPA Professor”.
Su razonamiento es que “aunque el consejero de Wal-Mart puede esgrimir argumentos válidos, legales, legítimos y reales en mesas de salones de conferencias a puerta cerrada en Washington, D.C., para realmente desafiar al Departamento de Justicia en una instancia de escrutinio y colocarlo con la mayor carga de prueba en juicio, primero se requiere que la empresa sea indiciada criminalmente, algo que pocos dirigentes corporativos están deseosos de dejar que ocurra”.
De hecho, en la historia de la aplicación de la FCPA el DOJ sólo ha llegado a esa medida en dos ocasiones, que terminaron en fracasos judiciales. Uno de ellos estuvo relacionado con el pago de sobornos de la contratista helvética-sueca ABB a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad.
En medio de ese panorama tendrá lugar la asamblea anual de accionistas, programada para el próximo 1 de junio en la Universidad de Arkansas, y en la cual el Consejo de Dirección estará bajo presión a causa del escándalo.
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