EPN envió abogados a la Corte Penal Internacional para detener demandas por crímenes de lesa humanidad.
Revolución Tres Punto Cero by Emma Martínez
¿NO QUE LA CORRUPCIÓN NO ES ÉL?
(08 de mayo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Poco después de diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón anunció la llamada ‘Guerra contra el narcotráfico’, por medio de su estrategia de seguridad que se basó principalmente en el uso de efectivos militares en tareas exclusivas de las fuerzas de seguridad pública, Baja California fue una de las primeras entidades del país en ser escenario de los llamados “operativos conjuntos”, viéndose invadida por el ejército y provocando, según la sociedad, que la situación de violencia se recrudeciera a tal punto que, de acuerdo con cifras del Banco de Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Baja California fue el estado con más homicidios reportados al Ministerio Público, durante ese sexenio.
Según la Federación Internacional de Derechos Humanos (FlDH), en ningún punto del país el uso del Ejército estuvo precedido de una declaratoria de Estado de emergencia, única forma constitucional por medio del cual pueden ser limitados ciertos derechos y libertades fundamentales, y tampoco fue acompañado de la creación de un marco legal adecuado que delimitara las funciones de las fuerzas federales en esta estrategia.
Además la política de seguridad no contempló límites al uso de la fuerza armada, teniendo como consecuencia que se suscitaran ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil. Fue hasta 2012 cuando Calderón emitió protocolos para regular el actuar de los efectivos federales en una estrategia que tenía ya más de cinco años en funcionamiento. “Durante todos estos años, la falta de un marco legal claro facilitó la comisión de graves abusos por los efectivos federales. No obstante, esos protocolos no satisfacían el principio de legalidad ni regulaban adecuadamente el uso de la fuerza”, señala la organización.
Y sentencia “en la estrategia de la ‘guerra contra la delincuencia organizada’, nunca se tomaron las debidas precauciones normativas y prácticas para evitar que la población civil fuera objeto de asesinatos y otros graves crímenes. Más grave aún es el hecho de que ninguno de los casos que fueron denunciados se investigaron, por consiguiente no se sancionaron. Por el contrario, existió una práctica sistemática por parte de los más altos funcionarios del Ejecutivo Federal, incluido Felipe Calderón y los altos mandos del Ejército, la Armada y la Secretaría de Seguridad Pública de negar estos hechos, restarles importancia, ponerlos en duda o considerarlos ‘incidentes aislados’”.
Las cifras oficiales del sexenio de Felipe Calderón estiman que más de 130 mil víctimas de homicidios estuvieron ligados a la estrategia de seguridad; hubo poco más de 160 mil personas desplazadas internamente; el número de desapariciones forzadas asciende a más de 40 mil. Hasta 2010 se calculaba ya el impacto en la niñez, en un total de 30 mil huérfanos como consecuencia de la estrategia federal.
Sobre la problemática, recientemente el presidente del Consejo Nacional de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, anunció que solicitará que se reactive la denuncia que presentaron ciudadanos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que “el panista Felipe Calderón sea juzgado y encarcelado por crímenes de guerra y por crímenes de lesa humanidad”. Agregando “aunque la denuncia ya fue admitida, Enrique Peña Nieto mandó embajadores y abogados para que se rechazara. Pero Calderón Hinojosa tiene que ir a la cárcel por los delitos que cometió, ya que actuó de manera irresponsable y comenzó con la tragedia que actualmente vive México”.
Testimonios de víctimas y sus familiares provenientes de los expedientes de instituciones oficiales y ONG’S, documentan que a partir del 2009 se evidenció un incremento alarmante en los casos de tortura y desaparición forzada en el país.
“De momento me dejaron de asfixiar y empecé́ a sentir que me despojaban de mis botas, pantalones y ropa y sentí cómo metían mis pies dentro de un recipiente de metal con agua, estando yo de pie y con las manos atadas colgando y en esos momentos empecé a escuchar cómo chocaban algunos cables con electricidad y de repente sentí una fuerte descarga eléctrica que me provocaron con algo metálico en mis testículos (sic).”
Torturas psicológicas y actos de violencia sexual fueron los principales hostigamientos denunciados por las víctimas queque lograron sobrevivir. Los testimonios relatan circunstancias donde les hicieron creer que los iban a matar, que ya habían matado o que iban a matar a miembros de su familia, a cambio de que declararan lo que ellos querían, y algunas declaraciones afirman que parecían estar investigados, ya que conocían el nombre de sus padres, hermano e hijos.
La tortura fue tal que lo trasladaron al hospital. Según un familiar, “me dijo que lo golpeaban mucho, le pusieron la bolsa, una toalla mojada y dice le dijeron que nunca nadie había aguantado tanto”. Fue atacado sexualmente por militares, por largos lapsos de tiempo y durante dos de los días que permaneció en el cuartel militar.
“Una voz con acento volvió y comentó: métanlo al baño, estado dentro la voz con acento ‘chilango’ me dijo: ‘mira hijo de tu puta madre, harás lo que te diga’, dándome golpes a puño cerrado en el estómago y a los costados a lo que caí al piso porque uno de los golpes me sacó el aire, decía también: ‘sólo tienes que firmar y no hacer preguntas de nada si te dicen algo dices que ‘si’, yo le dije que ya no me golpeara por favor, por ultimo me dio un puntapié sobre la pierna izquierda, me levante como pude (sic) .”
“Comenzaron con descargas eléctricas con un aparato que nos lastimaba, tanto en las piernas como en los costados y el estómago, yo les rogaba que por favor nos dejaran en paz, al menos a él que era un niño, les pregunté que por qué hacían eso, que nosotros no habíamos hecho nada y nos contestaban preguntándonos que ¿dónde estaba? (…)y nosotros les dijimos que no entendiamos de quién hablaba, que por favor no nos torturaran pero no nos hicieron caso, y así nos tuvieron como unas dos horas, dejándonos de golpear y dar toques de electricidad por unos ratos, para luego volver a hacerlo (sic), querían que les dijéramos ‘todo’, pero no sabíamos qué querían, nunca entendimos nada.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) solicitó el 13 de septiembre de 2014 a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, abrir un examen preliminar contra México por crímenes contra la humanidad cometidos durante el mandato de Felipe Calderón. Próximamente la Corte Penal Internacional (CPI) se pronunciará sobre la demanda contra el ex mandatario.
Sobre el tema, la abogada e historiadora Margarita López afirma que “ante las pruebas no debe existir obstáculo para condenar a Calderón Hinojosa, salvo Peña Nieto, quien jamás colaborará en la defensa de las más de 129 mil víctimas y sus familias, esto no se comprende al ser un acto deshumanizado, pero sí se puede conectar dicha decisión al papel que Peña Nieto desempeña en materia de seguridad, ya que sigue el mismo patrón, fingir atacar al narcotráfico, por medio de lo cual las instituciones de seguridad del Estado llevan a cabo torturas y desapariciones forzadas de forma sistemática y dentro de un esquema organizado, al amparo del ejecutivo”.
Y agrega “difícilmente la CPI llegará a una acusación. Aunque existen pruebas suficientes de que sí se trata de delitos de lesa humanidad, en particular si se cometieron en forma sistemática, se debe demostrar que el Estado no ha perseguido los delitos en cuestión, ahí es donde interviene el poder del ejecutivo, la fabricación de pruebas que pretendan demostrar que sí, en efecto, existen ‘investigaciones’”.
Y declara, “la CPI puede iniciar investigaciones con mayor profundidad en el caso, pero Peña Nieto ya envió un grupo de representantes a La Haya para tratar de detener la actuación de la CPI. A principio de año la entonces sub secretaria del área de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Lía Limón, y Mariana Benítez de Asuntos Internacionales de la PGR, a la par de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), cabildearon en La Haya que ese tribunal siquiera analice las distintas peticiones contra el Estado mexicano”.
Por su parte, la historiadora Adela Cedillo comenta “desde que, en medio de un profundo cuestionamiento a su legitimidad, Felipe Calderón asumió la presidencia en diciembre de 2006, el acontecer nacional gira en torno a una guerra que le fue impuesta a la ciudadanía sin ninguna consulta previa. Hoy el terror ha escalado, se ha naturalizado y ha cobrado unas dimensiones que no parecen humanas y en medio de la vorágine, la sociedad aturdida intenta buscar respuestas a un fenómeno que rebasa por mucho nuestra capacidad de entendimiento, pues se desarrolla con una celeridad que impide cualquier asimilación de lo ocurrido”.
Y agrega “lo que la sociedad atribuyó al potencial maquiavélico de Calderón, es en realidad una estrategia pensada, diseñada e implementada desde los Estados Unidos. Prueba de ello es que mientras al interior del país Calderón es criticado y considerado como un gobernante sordo y obstinado, EEUU lo felicitó por su labor y le otorgó reconocimientos. Lo que los Estados Unidos proyectó, en concreto, era la creación de un Estado fallido, que sólo conservara su potencial coercitivo para reprimir a la sociedad civil organizada, pero que con su debilidad institucional justificara una mayor intervención norteamericana en los asuntos internos de México”.
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kikka-roja.blogspot.com
Revolución Tres Punto Cero by Emma Martínez
¿NO QUE LA CORRUPCIÓN NO ES ÉL?
Según la Federación Internacional de Derechos Humanos (FlDH), en ningún punto del país el uso del Ejército estuvo precedido de una declaratoria de Estado de emergencia, única forma constitucional por medio del cual pueden ser limitados ciertos derechos y libertades fundamentales, y tampoco fue acompañado de la creación de un marco legal adecuado que delimitara las funciones de las fuerzas federales en esta estrategia.
Además la política de seguridad no contempló límites al uso de la fuerza armada, teniendo como consecuencia que se suscitaran ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil. Fue hasta 2012 cuando Calderón emitió protocolos para regular el actuar de los efectivos federales en una estrategia que tenía ya más de cinco años en funcionamiento. “Durante todos estos años, la falta de un marco legal claro facilitó la comisión de graves abusos por los efectivos federales. No obstante, esos protocolos no satisfacían el principio de legalidad ni regulaban adecuadamente el uso de la fuerza”, señala la organización.
Y sentencia “en la estrategia de la ‘guerra contra la delincuencia organizada’, nunca se tomaron las debidas precauciones normativas y prácticas para evitar que la población civil fuera objeto de asesinatos y otros graves crímenes. Más grave aún es el hecho de que ninguno de los casos que fueron denunciados se investigaron, por consiguiente no se sancionaron. Por el contrario, existió una práctica sistemática por parte de los más altos funcionarios del Ejecutivo Federal, incluido Felipe Calderón y los altos mandos del Ejército, la Armada y la Secretaría de Seguridad Pública de negar estos hechos, restarles importancia, ponerlos en duda o considerarlos ‘incidentes aislados’”.
Las cifras oficiales del sexenio de Felipe Calderón estiman que más de 130 mil víctimas de homicidios estuvieron ligados a la estrategia de seguridad; hubo poco más de 160 mil personas desplazadas internamente; el número de desapariciones forzadas asciende a más de 40 mil. Hasta 2010 se calculaba ya el impacto en la niñez, en un total de 30 mil huérfanos como consecuencia de la estrategia federal.
Sobre la problemática, recientemente el presidente del Consejo Nacional de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, anunció que solicitará que se reactive la denuncia que presentaron ciudadanos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que “el panista Felipe Calderón sea juzgado y encarcelado por crímenes de guerra y por crímenes de lesa humanidad”. Agregando “aunque la denuncia ya fue admitida, Enrique Peña Nieto mandó embajadores y abogados para que se rechazara. Pero Calderón Hinojosa tiene que ir a la cárcel por los delitos que cometió, ya que actuó de manera irresponsable y comenzó con la tragedia que actualmente vive México”.
Testimonios de víctimas y sus familiares provenientes de los expedientes de instituciones oficiales y ONG’S, documentan que a partir del 2009 se evidenció un incremento alarmante en los casos de tortura y desaparición forzada en el país.
“De momento me dejaron de asfixiar y empecé́ a sentir que me despojaban de mis botas, pantalones y ropa y sentí cómo metían mis pies dentro de un recipiente de metal con agua, estando yo de pie y con las manos atadas colgando y en esos momentos empecé a escuchar cómo chocaban algunos cables con electricidad y de repente sentí una fuerte descarga eléctrica que me provocaron con algo metálico en mis testículos (sic).”
Torturas psicológicas y actos de violencia sexual fueron los principales hostigamientos denunciados por las víctimas queque lograron sobrevivir. Los testimonios relatan circunstancias donde les hicieron creer que los iban a matar, que ya habían matado o que iban a matar a miembros de su familia, a cambio de que declararan lo que ellos querían, y algunas declaraciones afirman que parecían estar investigados, ya que conocían el nombre de sus padres, hermano e hijos.
La tortura fue tal que lo trasladaron al hospital. Según un familiar, “me dijo que lo golpeaban mucho, le pusieron la bolsa, una toalla mojada y dice le dijeron que nunca nadie había aguantado tanto”. Fue atacado sexualmente por militares, por largos lapsos de tiempo y durante dos de los días que permaneció en el cuartel militar.
“Una voz con acento volvió y comentó: métanlo al baño, estado dentro la voz con acento ‘chilango’ me dijo: ‘mira hijo de tu puta madre, harás lo que te diga’, dándome golpes a puño cerrado en el estómago y a los costados a lo que caí al piso porque uno de los golpes me sacó el aire, decía también: ‘sólo tienes que firmar y no hacer preguntas de nada si te dicen algo dices que ‘si’, yo le dije que ya no me golpeara por favor, por ultimo me dio un puntapié sobre la pierna izquierda, me levante como pude (sic) .”
“Comenzaron con descargas eléctricas con un aparato que nos lastimaba, tanto en las piernas como en los costados y el estómago, yo les rogaba que por favor nos dejaran en paz, al menos a él que era un niño, les pregunté que por qué hacían eso, que nosotros no habíamos hecho nada y nos contestaban preguntándonos que ¿dónde estaba? (…)y nosotros les dijimos que no entendiamos de quién hablaba, que por favor no nos torturaran pero no nos hicieron caso, y así nos tuvieron como unas dos horas, dejándonos de golpear y dar toques de electricidad por unos ratos, para luego volver a hacerlo (sic), querían que les dijéramos ‘todo’, pero no sabíamos qué querían, nunca entendimos nada.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) solicitó el 13 de septiembre de 2014 a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, abrir un examen preliminar contra México por crímenes contra la humanidad cometidos durante el mandato de Felipe Calderón. Próximamente la Corte Penal Internacional (CPI) se pronunciará sobre la demanda contra el ex mandatario.
Sobre el tema, la abogada e historiadora Margarita López afirma que “ante las pruebas no debe existir obstáculo para condenar a Calderón Hinojosa, salvo Peña Nieto, quien jamás colaborará en la defensa de las más de 129 mil víctimas y sus familias, esto no se comprende al ser un acto deshumanizado, pero sí se puede conectar dicha decisión al papel que Peña Nieto desempeña en materia de seguridad, ya que sigue el mismo patrón, fingir atacar al narcotráfico, por medio de lo cual las instituciones de seguridad del Estado llevan a cabo torturas y desapariciones forzadas de forma sistemática y dentro de un esquema organizado, al amparo del ejecutivo”.
Y agrega “difícilmente la CPI llegará a una acusación. Aunque existen pruebas suficientes de que sí se trata de delitos de lesa humanidad, en particular si se cometieron en forma sistemática, se debe demostrar que el Estado no ha perseguido los delitos en cuestión, ahí es donde interviene el poder del ejecutivo, la fabricación de pruebas que pretendan demostrar que sí, en efecto, existen ‘investigaciones’”.
Y declara, “la CPI puede iniciar investigaciones con mayor profundidad en el caso, pero Peña Nieto ya envió un grupo de representantes a La Haya para tratar de detener la actuación de la CPI. A principio de año la entonces sub secretaria del área de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Lía Limón, y Mariana Benítez de Asuntos Internacionales de la PGR, a la par de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), cabildearon en La Haya que ese tribunal siquiera analice las distintas peticiones contra el Estado mexicano”.
Por su parte, la historiadora Adela Cedillo comenta “desde que, en medio de un profundo cuestionamiento a su legitimidad, Felipe Calderón asumió la presidencia en diciembre de 2006, el acontecer nacional gira en torno a una guerra que le fue impuesta a la ciudadanía sin ninguna consulta previa. Hoy el terror ha escalado, se ha naturalizado y ha cobrado unas dimensiones que no parecen humanas y en medio de la vorágine, la sociedad aturdida intenta buscar respuestas a un fenómeno que rebasa por mucho nuestra capacidad de entendimiento, pues se desarrolla con una celeridad que impide cualquier asimilación de lo ocurrido”.
Y agrega “lo que la sociedad atribuyó al potencial maquiavélico de Calderón, es en realidad una estrategia pensada, diseñada e implementada desde los Estados Unidos. Prueba de ello es que mientras al interior del país Calderón es criticado y considerado como un gobernante sordo y obstinado, EEUU lo felicitó por su labor y le otorgó reconocimientos. Lo que los Estados Unidos proyectó, en concreto, era la creación de un Estado fallido, que sólo conservara su potencial coercitivo para reprimir a la sociedad civil organizada, pero que con su debilidad institucional justificara una mayor intervención norteamericana en los asuntos internos de México”.
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