Sube la comida: AUMENTO a ALIMENTOS fue de 40% por impuestos y carga fiscal IVA EPN peña nieto mata pobres
DENUNCIAN COMERCIANTES DE LA CENTRAL DE ABASTOS
Alimentos aumentan 40% por mayor carga fiscal
Productores son inscritos por el comerciante, sin su consentimiento, a la base del SAT, lo que implica un delito; se exige factura electrónica para validar compras y esto aumenta costos.
PAULINA GÓMEZ ROBLES JUN 25, 2015 |
Finanzas Públicas Alza De Alimentos Centrales De Abasto Finanzas Públicas Impreso Reforma Hacendaría Valores En el país hay alrededor de 64 centrales de abasto. Foto Archivo EE: Francisco Peña
Pacto fiscal no se respetará en el presupuesto del 2016
En el 2016, recorte de $135,000 millones
Se extenderá política de protección
La carga fiscal que arrojó la reforma hacendaria a los comerciantes de la central de abasto y mercados del país provocó que se incrementaran hasta en 40% los precios de los alimentos de la canasta básica que se comercializan en este sector, denunció Perla Escalante.
La presidenta de la Asociación de Comerciantes y Productores de la Central de Abasto del Distrito Federal aseguró que dicha situación afecta de manera directa a la población (amas de casa) y a la economía nacional.
“Es un problema grave para las familias, comercios y la economía nacional, que provoca que el sector de comerciantes mayoristas incurran en un delito fiscal. Las ventas en este sector han disminuido”, advirtió.
En entrevista, Escalante explicó que hasta el 2009 los comerciantes contaban con facilidades fiscales para poder autofacturar las compras que realizaban con el campesino nacional; demostrando la salida y entrada de la mercancía podían validar el gasto sin necesidad de presentar un comprobante.
Hoy, refirió, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) les exige a los comerciantes que el proveedor (campesino) le emita una factura electrónica para validar todas sus compras y poder deducir sus gastos. Lo cierto es que “la gran mayoría de los productores a nivel nacional no emiten una factura, es una carga fiscal y administrativa de la que carece el campo porque no cuentan con la tecnología necesaria”, precisó.
Con ello, advirtió que la carga fiscal para que el comerciante cumpla con las obligaciones que marca la ley se incrementó entre 30 y 40%, y por ende, el costo de una incertidumbre jurídica se le traslada al consumidor final con un incremento del precio de los productos del mismo rango.
En consecuencia, advirtió que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del SAT, obliga a los comerciantes mayoristas del país a caer en un delito fiscal.
Explicó: “El SAT fuerza a los comerciantes a inscribir, sin autorización, a sus pequeños proveedores agropecuarios al Programa del Sector Fiscal Primario con un RFC, lo que genera descontento en el eslabón de esta cadena económica”.
En al país, calculó Perla Escalante, hay alrededor de 64 centrales de abasto, y para no afectar su productividad y ganancias, como mínimo, cada comerciante se ve obligado a registrar -de manera arbitraria- a 10 pequeños y medianos productores agropecuarios.
“Ello da como resultado, en el caso de la Central de Abasto del Distrito Federal, el registro ante el SAT de 900,000 nuevos contribuyentes, pero incorporados sin su autorización”, puntualizó.
Dicha situación, consideró, afecta al sector en su totalidad, desde el mayorista hasta el comerciante del mercado y el consumidor final, ya que el producto que llega a su mesa lo hace a un costo más elevado”, acotó.
Raúl Yáñez, académico de la Escuela de Contaduría de la Universidad Panamericana, opinó que cada sector productivo aboga por sus intereses, “es común que haya resistencia a acatar lo que marca la ley y los cambios tecnológicos que implica”.
Sin embargo, aclaró que tanto los productores como los comerciantes deben visualizar que todo cambio les genera un beneficio, ya que formalizar a un contribuyente le abre la puerta a tocar otros mercados y conseguir mayores ganancias.
No son tomados en cuenta
Escalante evidenció que la actitud de las autoridades hacendarias ante dicha problemática es negativa, incluso, dijo que se cuenta con una recomendación por parte de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) donde se evidencian las dos problemáticas señaladas.
Recomendación que en voz de la dirigente fue omitida y no se ha tomado en cuenta. “Le hemos propuesto alternativas a dicha problemática a la autoridad fiscal pero su disposición es nula, no está abierta a encontrar una solución”.
karla.gomez@eleconomista.mx
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kikka-roja.blogspot.com
DENUNCIAN COMERCIANTES DE LA CENTRAL DE ABASTOS
Alimentos aumentan 40% por mayor carga fiscal
Productores son inscritos por el comerciante, sin su consentimiento, a la base del SAT, lo que implica un delito; se exige factura electrónica para validar compras y esto aumenta costos.
PAULINA GÓMEZ ROBLES JUN 25, 2015 |
Finanzas Públicas Alza De Alimentos Centrales De Abasto Finanzas Públicas Impreso Reforma Hacendaría Valores En el país hay alrededor de 64 centrales de abasto. Foto Archivo EE: Francisco Peña
Pacto fiscal no se respetará en el presupuesto del 2016
En el 2016, recorte de $135,000 millones
Se extenderá política de protección
La carga fiscal que arrojó la reforma hacendaria a los comerciantes de la central de abasto y mercados del país provocó que se incrementaran hasta en 40% los precios de los alimentos de la canasta básica que se comercializan en este sector, denunció Perla Escalante.
La presidenta de la Asociación de Comerciantes y Productores de la Central de Abasto del Distrito Federal aseguró que dicha situación afecta de manera directa a la población (amas de casa) y a la economía nacional.
“Es un problema grave para las familias, comercios y la economía nacional, que provoca que el sector de comerciantes mayoristas incurran en un delito fiscal. Las ventas en este sector han disminuido”, advirtió.
En entrevista, Escalante explicó que hasta el 2009 los comerciantes contaban con facilidades fiscales para poder autofacturar las compras que realizaban con el campesino nacional; demostrando la salida y entrada de la mercancía podían validar el gasto sin necesidad de presentar un comprobante.
Hoy, refirió, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) les exige a los comerciantes que el proveedor (campesino) le emita una factura electrónica para validar todas sus compras y poder deducir sus gastos. Lo cierto es que “la gran mayoría de los productores a nivel nacional no emiten una factura, es una carga fiscal y administrativa de la que carece el campo porque no cuentan con la tecnología necesaria”, precisó.
Con ello, advirtió que la carga fiscal para que el comerciante cumpla con las obligaciones que marca la ley se incrementó entre 30 y 40%, y por ende, el costo de una incertidumbre jurídica se le traslada al consumidor final con un incremento del precio de los productos del mismo rango.
En consecuencia, advirtió que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del SAT, obliga a los comerciantes mayoristas del país a caer en un delito fiscal.
Explicó: “El SAT fuerza a los comerciantes a inscribir, sin autorización, a sus pequeños proveedores agropecuarios al Programa del Sector Fiscal Primario con un RFC, lo que genera descontento en el eslabón de esta cadena económica”.
En al país, calculó Perla Escalante, hay alrededor de 64 centrales de abasto, y para no afectar su productividad y ganancias, como mínimo, cada comerciante se ve obligado a registrar -de manera arbitraria- a 10 pequeños y medianos productores agropecuarios.
“Ello da como resultado, en el caso de la Central de Abasto del Distrito Federal, el registro ante el SAT de 900,000 nuevos contribuyentes, pero incorporados sin su autorización”, puntualizó.
Dicha situación, consideró, afecta al sector en su totalidad, desde el mayorista hasta el comerciante del mercado y el consumidor final, ya que el producto que llega a su mesa lo hace a un costo más elevado”, acotó.
Raúl Yáñez, académico de la Escuela de Contaduría de la Universidad Panamericana, opinó que cada sector productivo aboga por sus intereses, “es común que haya resistencia a acatar lo que marca la ley y los cambios tecnológicos que implica”.
Sin embargo, aclaró que tanto los productores como los comerciantes deben visualizar que todo cambio les genera un beneficio, ya que formalizar a un contribuyente le abre la puerta a tocar otros mercados y conseguir mayores ganancias.
No son tomados en cuenta
Escalante evidenció que la actitud de las autoridades hacendarias ante dicha problemática es negativa, incluso, dijo que se cuenta con una recomendación por parte de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) donde se evidencian las dos problemáticas señaladas.
Recomendación que en voz de la dirigente fue omitida y no se ha tomado en cuenta. “Le hemos propuesto alternativas a dicha problemática a la autoridad fiscal pero su disposición es nula, no está abierta a encontrar una solución”.
karla.gomez@eleconomista.mx
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