Una “verdad histórica” a base de intimidación y falsedades Ayotzinapa Marcela Turati 2028 PROCESO
Una “verdad histórica” a base de intimidación y falsedades
La “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, presentada el pasado enero por el entonces procurador Jesús Murillo Karam, y que concluye que los 43 normalistas fueron incinerados en un basurero de Cocula, se armó al vapor y basándose en párrafos de literatura científica sacados de contexto. Está llena de datos falsos, salpicada de omisiones y suposiciones. Y cuando los testimonios y los estudios serios empiezan a demoler las increíbles hipótesis de la PGR, o cuando algunos indicios apuntan hacia el ámbito militar, se recurre a las amenazas y al hostigamiento de testigos.
El gobierno federal hizo cuadrar los hechos que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó como la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa y borró evidencias que incriminaban a instancias federales en la desaparición de los 43 normalistas. Se usaron maniobras como amenazar a testigos clave para que se retractaran de lo dicho inicialmente a Proceso, falseamiento de bitácoras oficiales y manipulación de estudios científicos contenidos en los peritajes.
Datos recabados para esta investigación dan cuenta de que distintas dependencias estatales y federales también entregaron a periodistas información oficial falseada o mutilada, cuando no pudieron evadir las leyes de transparencia. Además hubo un intento del Ejército por quedarse con el video que implica a personal del 27 Batallón de Infantería en los hechos de Iguala. Estos datos son independientes al Informe Ayotzinapa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que entre otras cosas encontró: uso generalizado de tortura a los presuntos perpetradores (cuyas versiones de los hechos no concuerdan); borrado de los expedientes de uno de los autobuses atacados esa noche y destrucción de un video con imágenes de ese camión; así también las diligencias no hechas o realizadas hasta que el grupo lo sugirió: toma de declaraciones de importantes testigos, peritajes a los autobuses o estudio de las ropas halladas en esos vehículos, entre otras.
Dos testigos a quienes la PGR silenció fueron los empleados del servicio de limpia del municipio de Cocula, Rosí Millán y Wenceslao Rifas, tripulantes del camión recolector que lleva la basura al tiradero municipal donde supuestamente incineraron a los normalistas. Su testimonio apareció en la página de internet de Proceso el 29 de octubre del año pasado; afirmaron que aproximadamente el día 23 –una semana antes de que la PGR anunciara que los 43 podrían haber sido cremados ahí–, militares les impidieron el paso argumentando razones de seguridad. “Dijeron: ‘Procuren no venir aquí, porque tarde o temprano puede haber un tiroteo’… y no vaya a ser la de malas, mejor ya no subimos”, dijo Millán esa vez. Hasta ese momento no habían sido citados a declarar. Ambos aseguraron que siguieron usando el tiradero desde el día de la supuesta quema de los 43 y durante casi un mes, y nunca se percataron de que en ese lugar hubiera habido algún hecho extraordinario. Parte de su trabajo consistía en vigilar de lejos el basurero para detectar cualquier humo. Millán insistía en que la noche del 26 de septiembre no hubo fuego; llovía y él no vio humareda alguna.
Sin embargo, en la conferencia de enero de este año, en la cual la PGR presentó su “verdad histórica” sobre el destino de los normalistas, el entonces procurador Jesús Murillo Karam mencionó un testimonio de los recolectores de basura opuesto a esa primera versión: en esta, los dos empleados municipales habrían dicho que narcotraficantes les impidieron el paso y que por miedo habían dejado de usar el basurero. Esta reportera visitó varias veces Cocula para reconfirmar esa nueva versión. Una vez la casa de los Millán estaba cerrada; una segunda vez, la familia entera mintió y negó que Rosí estuviera ahí. Su madre y hermanos se notaban asustados. Él estaba escondido. Cuando se decidió a salir, temblaba. Antes de negarse a dar la entrevista dijo: “No voy a hablar, porque luego me acusan de mentiroso”. Su miedo tiene explicación: el 2 de noviembre, cuatro días después de la publicación de su testimonio, personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) trasladó al Distrito Federal a los dos empleados municipales y los sometió a dos días de interrogatorios sin darles comida.
Les preguntaron los hechos, les mostraron un ejemplar de la revista Proceso y los amenazaron. Una persona cercana a ellos revela que en la SEIDO les dijeron que “si no recordaban” y “si no dejaban de decir mentiras” iban a terminar presos en Nayarit con los funcionarios y delincuentes de Guerreros Unidos. Entonces declararon lo contrario. Este dato fue confirmado por dos fuentes.
A ambos les hicieron firmar papeles cuyo contenido desconocían. Wences –ayudante de Rosí– no sabe leer. Cuando fue entrevistado por un grupo de reporteros este año, seguía sosteniendo que en el basurero no hubo incineración. De los militares nada dijo.
Ese no fue el único operativo para silenciar testigos o borrar evidencias.
También la Sedena
Tras darse a conocer el Informe Ayotzinapa, donde se mencionan los documentos que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) les entregó a los expertos del GIEI, queda al descubierto que la dependencia respondió a las solicitudes de información pública con informes mutilados o datos falsos. En su edición 2003 de este semanario se publicaron las bitácoras del Ejército sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala. Desde ahí se evidenciaban varios errores: uno de ellos fue el borrado de los croquis de la escena del crimen de un quinto camión tomado por los normalistas y que –confirmó la investigación del GIEI– fue borrado de todas las diligencias ministeriales de la PGR y pudo haber sido la causa del feroz ataque contra los estudiantes pues podría haber estado cargado de heroína.
Uno de los croquis entregados por el Ejército (folio 22638) a Proceso describía la escena del crimen donde perdieron la vida los jugadores de futbol Los Avispones, pero omitía el quinto autobús, que estaría a pocos metros en la misma carretera. El croquis anexo describía la posición de dos autobuses atacados en la calle Juan N. Álvarez y la ubicación de los estudiantes asesinados. Omitía otro autobús. También el reporte sobre el normalista Julio César Mondragón, encontrado por el Ejército muerto y torturado, tenía datos falsos, como el lugar de su hallazgo. Los reportes del personal de Inteligencia Militar que testificó cómo los normalistas eran atacados tampoco fueron entregados.
Desde que se recibió esa información se metió un recurso de inconformidad ante la Sedena por la información falseada e incompleta que había entregado y porque no aparecían otros elementos que se sabía que existían, como las fotografías tomadas por los militares a los estudiantes que encontraron escondidos en el Hospital Cristina la noche del 26 de septiembre. Según los normalistas, en ese encuentro fueron amenazados por la patrulla comandada por el capitán José Martínez Crespo. Ese encuentro en el Hospital Cristina fue la evidencia de que los militares estuvieron informados de los ataques y no hicieron nada para ayudar a los estudiantes. Los militares se cercioraron de que no quedara evidencia.
En octubre, en entrevista realizada por esta reportera, el médico Ricardo Herrera, director de dicho hospital, informó que días antes personal del Ejército se había presentado a pedirle los videos de las cámaras de seguridad de su clínica. Según su testimonio, su cámara estaba descompuesta y no grabó nada. En la entrevista publicada el 11 de octubre en este semanario (Proceso 1980) él defendió la actuación de los militares y el buen trato que le dieron a los estudiantes.
El Informe Ayotzinapa del GIEI revela que antes de rendir su declaración judicial, ese médico había sido invitado a la sede del 27 Batallón por el general Alejandro Saavedra, entonces comandante de la 35 Zona Militar, de Chilpancingo, y responsable del cuartel de Iguala. No se sabe de qué hablaron.
“El médico fue llamado, según sus palabras, por los militares debido ‘a que el general Saavedra quería que platicara con unas personas de justicia militar y me dijo que si nos veíamos en el hospital o en el 27 Batallón. Yo fui al Batallón 27. El capitán Crespo pide que no lo anoten en el libro de entrada porque es invitado de mi general. Después lo llamó el mayor T y le dijo que la primera declaración había sido informal y que le iba a tomar otra, así que esa sí la firmé y le puse la huella”, se lee en el pie de página 196 del informe.
Las bitácoras del C-4 (Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo) obtenidas y publicadas por Anabel Hernández y Steve Fisher (Proceso 2027) también muestran que la información fue mutilada y dista de la que ese mismo órgano entregó a los expertos del GIEI.
Los expertos mencionaron que la noche del 26 la Sedena tomó el control del C-4 y dejó de transmitir información.
Ciencia a conveniencia
Personal de la PGR también manipuló los peritajes realizados en el basurero de Cocula para que cuadraran con la versión presentada por Murillo Karam. Ya antes el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), coadyuvante del caso por parte de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, había señalado que no había evidencia que ligara al basurero de Cocula con el pedazo de hueso recuperado del río San Juan, con el que se identificó al normalista Alexander Mora Venancio y cuyo hallazgo sustentaba la versión de Murillo sobre la incineración de los 43.
Los expertos argentinos, inconformes con la versión oficial, informaron que no tenían certeza de dónde fue obtenido el hueso de Alexander, por la falta de la cadena de custodia que certificara su origen y las manos por las cuales había pasado. También denunciaron que la PGR había compilado evidencias sin avisarles. El pasado 11 de septiembre el equipo de Aristegui Noticias informó que la PGR “tergiversó investigaciones científicas” para afirmar que el incendio en el basurero de Cocula llegó a mil 600 grados centígrados, suficientes para incinerar los cuerpos de los 43 estudiantes, y que para tal efecto usó el estudio Valoración energética de neumáticos fuera de uso, del académico Olegario Martínez Morán, del Departamento de Química y Física Aplicadas de la Universidad de León, España.
'El equipo de Aristegui demostró que la dependencia usó sólo dos párrafos de ese estudio para armar su “verdad histórica” y los sacó de contexto, pues dicho investigador concluye que tal temperatura sólo se puede alcanzar bajo condiciones industriales o controladas en un laboratorio.
No es el único caso de manipulación. El peritaje al basurero contiene ejemplos similares.
Aunque la PGR informó que la detención el 16 de octubre del líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, aportó pistas para concluir que los estudiantes habían sido asesinados en el basurero e incinerados, uno de sus oficios (el número 82867) menciona que desde el día 14 ya se había solicitado personal para que acudiera a inspeccionar el basurero. Dos semanas antes de que Murillo Karam lo anunciara a los medios. En los peritajes a los que este semanario tuvo acceso se lee cómo se fue engarzando “la verdad histórica”. De cada hallazgo, fuera un hueso, una lata de aluminio quemada, un casquillo percutido, una roca fragmentada, se sacó como conclusión que el asesinato y la incineración de los estudiantes sí podían haber ocurrido, aunque no parece haber elementos científicos que concatenaran esos hallazgos.
Muestra de ello es el folio 78362 que, después de mencionar que en el basurero se encontraron casquillos, concluye el peritaje balístico con la siguiente afirmación: “Se analizaron elementos balísticos en elementos de distintos calibres, por lo que se determina que en alto grado de probabilidad una de las formas de privar la vida (en el basurero) era usado armas de fuego”.
Mediante cálculos matemáticos, y con policías que servían como modelos, mezclados con literatura médica se estableció cuántos estudiantes cabían en una camioneta Ford F 350 Super Duty, como la que la PGR presentó, y cuántos deberían de haberse asfixiado en el camino, según el peso de otros estudiantes que llevaban encima. Se dejaron de lado los datos recabados que hacían que la verdad presentada por Murillo no coincidiera. Un ejemplo: un fragmento del folio 82967 de la Coordinación General de Servicios Criminales en el que se lee: “(en) la planicie del tiradero de basura, se localizaron múltiples casquillos de calibre .223” (equivalente al calibre 5.56 mm.) lo que indica que en esta zona se realizaron disparos con armas de este calibre, sin embargo algunos de estos indicios se encontraban con restos de óxido o semienterrados en la superficie, lo que implica que probablemente no podrían ser compatibles con los hechos que nos atañen”.
En los peritajes se mencionaba que las osamentas encontradas, los casquillos, las llantas podrían haber correspondido a otros eventos. Eso no se mencionó en la versión de la PGR. Un ejemplo es el folio 82867 en el que un perito no identificado mencionó que los restos de llantas encontrados ahí estaban oxidados, por lo que podrían haber sido quemadas antes de los hechos de Iguala. En este se describe: “Se encontraron 28 fragmentos y/o anillos metálicos de los utilizados para la composición de neumáticos, que en su mayoría se encontraban en la periferia del lugar, por oxidación (herrumbre), mismos que no corresponden a este daño con el lugar en donde se encontraba, por lo que se infiere que estos fueron depositados después del hecho. Debido a esto sólo se identifican en el croquis para referencia de la cantidad posible de neumáticos, debido a que se desconoce el origen de donde fueron retirados”.
El basurero –según quedó asentado en un acta ministerial– fue protegido por personal militar y policías ministeriales federales.
Aunque se solicitó al Instituto de Biología de la UNAM el estudio de las plantas existentes en el basurero, con el que colaboró para sustentar la versión de la PGR, éste respondió que era confidencial.
Con maniobras como estas se fue armando la “verdad histórica”
Revista Proceso 2028, 13 de septiembre de 2015
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kikka-roja.blogspot.com
Una “verdad histórica” a base de intimidación y falsedades
El gobierno federal hizo cuadrar los hechos que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó como la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa y borró evidencias que incriminaban a instancias federales en la desaparición de los 43 normalistas. Se usaron maniobras como amenazar a testigos clave para que se retractaran de lo dicho inicialmente a Proceso, falseamiento de bitácoras oficiales y manipulación de estudios científicos contenidos en los peritajes.
Datos recabados para esta investigación dan cuenta de que distintas dependencias estatales y federales también entregaron a periodistas información oficial falseada o mutilada, cuando no pudieron evadir las leyes de transparencia. Además hubo un intento del Ejército por quedarse con el video que implica a personal del 27 Batallón de Infantería en los hechos de Iguala. Estos datos son independientes al Informe Ayotzinapa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que entre otras cosas encontró: uso generalizado de tortura a los presuntos perpetradores (cuyas versiones de los hechos no concuerdan); borrado de los expedientes de uno de los autobuses atacados esa noche y destrucción de un video con imágenes de ese camión; así también las diligencias no hechas o realizadas hasta que el grupo lo sugirió: toma de declaraciones de importantes testigos, peritajes a los autobuses o estudio de las ropas halladas en esos vehículos, entre otras.
Dos testigos a quienes la PGR silenció fueron los empleados del servicio de limpia del municipio de Cocula, Rosí Millán y Wenceslao Rifas, tripulantes del camión recolector que lleva la basura al tiradero municipal donde supuestamente incineraron a los normalistas. Su testimonio apareció en la página de internet de Proceso el 29 de octubre del año pasado; afirmaron que aproximadamente el día 23 –una semana antes de que la PGR anunciara que los 43 podrían haber sido cremados ahí–, militares les impidieron el paso argumentando razones de seguridad. “Dijeron: ‘Procuren no venir aquí, porque tarde o temprano puede haber un tiroteo’… y no vaya a ser la de malas, mejor ya no subimos”, dijo Millán esa vez. Hasta ese momento no habían sido citados a declarar. Ambos aseguraron que siguieron usando el tiradero desde el día de la supuesta quema de los 43 y durante casi un mes, y nunca se percataron de que en ese lugar hubiera habido algún hecho extraordinario. Parte de su trabajo consistía en vigilar de lejos el basurero para detectar cualquier humo. Millán insistía en que la noche del 26 de septiembre no hubo fuego; llovía y él no vio humareda alguna.
Sin embargo, en la conferencia de enero de este año, en la cual la PGR presentó su “verdad histórica” sobre el destino de los normalistas, el entonces procurador Jesús Murillo Karam mencionó un testimonio de los recolectores de basura opuesto a esa primera versión: en esta, los dos empleados municipales habrían dicho que narcotraficantes les impidieron el paso y que por miedo habían dejado de usar el basurero. Esta reportera visitó varias veces Cocula para reconfirmar esa nueva versión. Una vez la casa de los Millán estaba cerrada; una segunda vez, la familia entera mintió y negó que Rosí estuviera ahí. Su madre y hermanos se notaban asustados. Él estaba escondido. Cuando se decidió a salir, temblaba. Antes de negarse a dar la entrevista dijo: “No voy a hablar, porque luego me acusan de mentiroso”. Su miedo tiene explicación: el 2 de noviembre, cuatro días después de la publicación de su testimonio, personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) trasladó al Distrito Federal a los dos empleados municipales y los sometió a dos días de interrogatorios sin darles comida.
Les preguntaron los hechos, les mostraron un ejemplar de la revista Proceso y los amenazaron. Una persona cercana a ellos revela que en la SEIDO les dijeron que “si no recordaban” y “si no dejaban de decir mentiras” iban a terminar presos en Nayarit con los funcionarios y delincuentes de Guerreros Unidos. Entonces declararon lo contrario. Este dato fue confirmado por dos fuentes.
A ambos les hicieron firmar papeles cuyo contenido desconocían. Wences –ayudante de Rosí– no sabe leer. Cuando fue entrevistado por un grupo de reporteros este año, seguía sosteniendo que en el basurero no hubo incineración. De los militares nada dijo.
Ese no fue el único operativo para silenciar testigos o borrar evidencias.
También la Sedena
Tras darse a conocer el Informe Ayotzinapa, donde se mencionan los documentos que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) les entregó a los expertos del GIEI, queda al descubierto que la dependencia respondió a las solicitudes de información pública con informes mutilados o datos falsos. En su edición 2003 de este semanario se publicaron las bitácoras del Ejército sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala. Desde ahí se evidenciaban varios errores: uno de ellos fue el borrado de los croquis de la escena del crimen de un quinto camión tomado por los normalistas y que –confirmó la investigación del GIEI– fue borrado de todas las diligencias ministeriales de la PGR y pudo haber sido la causa del feroz ataque contra los estudiantes pues podría haber estado cargado de heroína.
Uno de los croquis entregados por el Ejército (folio 22638) a Proceso describía la escena del crimen donde perdieron la vida los jugadores de futbol Los Avispones, pero omitía el quinto autobús, que estaría a pocos metros en la misma carretera. El croquis anexo describía la posición de dos autobuses atacados en la calle Juan N. Álvarez y la ubicación de los estudiantes asesinados. Omitía otro autobús. También el reporte sobre el normalista Julio César Mondragón, encontrado por el Ejército muerto y torturado, tenía datos falsos, como el lugar de su hallazgo. Los reportes del personal de Inteligencia Militar que testificó cómo los normalistas eran atacados tampoco fueron entregados.
Desde que se recibió esa información se metió un recurso de inconformidad ante la Sedena por la información falseada e incompleta que había entregado y porque no aparecían otros elementos que se sabía que existían, como las fotografías tomadas por los militares a los estudiantes que encontraron escondidos en el Hospital Cristina la noche del 26 de septiembre. Según los normalistas, en ese encuentro fueron amenazados por la patrulla comandada por el capitán José Martínez Crespo. Ese encuentro en el Hospital Cristina fue la evidencia de que los militares estuvieron informados de los ataques y no hicieron nada para ayudar a los estudiantes. Los militares se cercioraron de que no quedara evidencia.
En octubre, en entrevista realizada por esta reportera, el médico Ricardo Herrera, director de dicho hospital, informó que días antes personal del Ejército se había presentado a pedirle los videos de las cámaras de seguridad de su clínica. Según su testimonio, su cámara estaba descompuesta y no grabó nada. En la entrevista publicada el 11 de octubre en este semanario (Proceso 1980) él defendió la actuación de los militares y el buen trato que le dieron a los estudiantes.
El Informe Ayotzinapa del GIEI revela que antes de rendir su declaración judicial, ese médico había sido invitado a la sede del 27 Batallón por el general Alejandro Saavedra, entonces comandante de la 35 Zona Militar, de Chilpancingo, y responsable del cuartel de Iguala. No se sabe de qué hablaron.
“El médico fue llamado, según sus palabras, por los militares debido ‘a que el general Saavedra quería que platicara con unas personas de justicia militar y me dijo que si nos veíamos en el hospital o en el 27 Batallón. Yo fui al Batallón 27. El capitán Crespo pide que no lo anoten en el libro de entrada porque es invitado de mi general. Después lo llamó el mayor T y le dijo que la primera declaración había sido informal y que le iba a tomar otra, así que esa sí la firmé y le puse la huella”, se lee en el pie de página 196 del informe.
Las bitácoras del C-4 (Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo) obtenidas y publicadas por Anabel Hernández y Steve Fisher (Proceso 2027) también muestran que la información fue mutilada y dista de la que ese mismo órgano entregó a los expertos del GIEI.
Los expertos mencionaron que la noche del 26 la Sedena tomó el control del C-4 y dejó de transmitir información.
Ciencia a conveniencia
Personal de la PGR también manipuló los peritajes realizados en el basurero de Cocula para que cuadraran con la versión presentada por Murillo Karam. Ya antes el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), coadyuvante del caso por parte de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, había señalado que no había evidencia que ligara al basurero de Cocula con el pedazo de hueso recuperado del río San Juan, con el que se identificó al normalista Alexander Mora Venancio y cuyo hallazgo sustentaba la versión de Murillo sobre la incineración de los 43.
Los expertos argentinos, inconformes con la versión oficial, informaron que no tenían certeza de dónde fue obtenido el hueso de Alexander, por la falta de la cadena de custodia que certificara su origen y las manos por las cuales había pasado. También denunciaron que la PGR había compilado evidencias sin avisarles. El pasado 11 de septiembre el equipo de Aristegui Noticias informó que la PGR “tergiversó investigaciones científicas” para afirmar que el incendio en el basurero de Cocula llegó a mil 600 grados centígrados, suficientes para incinerar los cuerpos de los 43 estudiantes, y que para tal efecto usó el estudio Valoración energética de neumáticos fuera de uso, del académico Olegario Martínez Morán, del Departamento de Química y Física Aplicadas de la Universidad de León, España.
'El equipo de Aristegui demostró que la dependencia usó sólo dos párrafos de ese estudio para armar su “verdad histórica” y los sacó de contexto, pues dicho investigador concluye que tal temperatura sólo se puede alcanzar bajo condiciones industriales o controladas en un laboratorio.
No es el único caso de manipulación. El peritaje al basurero contiene ejemplos similares.
Aunque la PGR informó que la detención el 16 de octubre del líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, aportó pistas para concluir que los estudiantes habían sido asesinados en el basurero e incinerados, uno de sus oficios (el número 82867) menciona que desde el día 14 ya se había solicitado personal para que acudiera a inspeccionar el basurero. Dos semanas antes de que Murillo Karam lo anunciara a los medios. En los peritajes a los que este semanario tuvo acceso se lee cómo se fue engarzando “la verdad histórica”. De cada hallazgo, fuera un hueso, una lata de aluminio quemada, un casquillo percutido, una roca fragmentada, se sacó como conclusión que el asesinato y la incineración de los estudiantes sí podían haber ocurrido, aunque no parece haber elementos científicos que concatenaran esos hallazgos.
Muestra de ello es el folio 78362 que, después de mencionar que en el basurero se encontraron casquillos, concluye el peritaje balístico con la siguiente afirmación: “Se analizaron elementos balísticos en elementos de distintos calibres, por lo que se determina que en alto grado de probabilidad una de las formas de privar la vida (en el basurero) era usado armas de fuego”.
Mediante cálculos matemáticos, y con policías que servían como modelos, mezclados con literatura médica se estableció cuántos estudiantes cabían en una camioneta Ford F 350 Super Duty, como la que la PGR presentó, y cuántos deberían de haberse asfixiado en el camino, según el peso de otros estudiantes que llevaban encima. Se dejaron de lado los datos recabados que hacían que la verdad presentada por Murillo no coincidiera. Un ejemplo: un fragmento del folio 82967 de la Coordinación General de Servicios Criminales en el que se lee: “(en) la planicie del tiradero de basura, se localizaron múltiples casquillos de calibre .223” (equivalente al calibre 5.56 mm.) lo que indica que en esta zona se realizaron disparos con armas de este calibre, sin embargo algunos de estos indicios se encontraban con restos de óxido o semienterrados en la superficie, lo que implica que probablemente no podrían ser compatibles con los hechos que nos atañen”.
En los peritajes se mencionaba que las osamentas encontradas, los casquillos, las llantas podrían haber correspondido a otros eventos. Eso no se mencionó en la versión de la PGR. Un ejemplo es el folio 82867 en el que un perito no identificado mencionó que los restos de llantas encontrados ahí estaban oxidados, por lo que podrían haber sido quemadas antes de los hechos de Iguala. En este se describe: “Se encontraron 28 fragmentos y/o anillos metálicos de los utilizados para la composición de neumáticos, que en su mayoría se encontraban en la periferia del lugar, por oxidación (herrumbre), mismos que no corresponden a este daño con el lugar en donde se encontraba, por lo que se infiere que estos fueron depositados después del hecho. Debido a esto sólo se identifican en el croquis para referencia de la cantidad posible de neumáticos, debido a que se desconoce el origen de donde fueron retirados”.
El basurero –según quedó asentado en un acta ministerial– fue protegido por personal militar y policías ministeriales federales.
Aunque se solicitó al Instituto de Biología de la UNAM el estudio de las plantas existentes en el basurero, con el que colaboró para sustentar la versión de la PGR, éste respondió que era confidencial.
Con maniobras como estas se fue armando la “verdad histórica”
Revista Proceso 2028, 13 de septiembre de 2015
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