Acuerdo de EPN Peña pretendía culpar a empresarios de los errores de su gobierno: Coparmex
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dejó claro que el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar firmado este lunes, quería culpar a los empresarios de los errores cometidos por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
En rueda de prensa realizada en el Club de Banqueros, el presidente del organismo empresarial, Gustavo de Hoyos Walther soltó:
“La propuesta inicial del acuerdo era un error, porque responsabilizaba a los empresarios de los incrementos de precios y los culpaba de las propias equivocaciones de la administración federal”.
Aún más, el acuerdo firmado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organizaciones sindicales, campesinas y el gobierno federal “contiene tintes polarizantes, ya que ponía al sector sindical y a organizaciones campesinas a estar al pendiente de los precios al consumidor”.
En este contexto, la Coparmex planteó la necesidad de un acuerdo que sea incluyente a todos los partidos políticos, las organizaciones sociales “para que haya un consenso amplio” y se pueda firmar un documento el 5 de febrero próximo.
“México exige un compromiso sí, pero no que tenga objetivos políticos o mediáticos solamente, sino uno que realmente toque la realidad de nuestro país, la economía familiar, la clase media, que ponga la mirada en nuestras fortalezas y no en nuestras debilidades”, consideró De Hoyos Walther.
La Coparmex planteó tres líneas de acción con parámetros concretos. El primer eje es impulsar el crecimiento económico y el empleo digno.
De entrada, el organismo patronal propuso eliminar por lo menos a la mitad los 37 programas sociales duplicados que ha identificado el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
“Se estima que en 2017 se gastan más de 200 mil millones de pesos en estos programas, incluyendo algunos que tienen un alto riesgo de ser clientelares como los comedores comunitarios y los llamados ‘servicios a grupos con necesidades especiales’”, denunció la Coparmex.
También planteó establecer un mapa de ruta puntual con acciones detalladas para lograr tener un padrón único de beneficiarios de programas sociales a nivel federal y estatal en 2018. El padrón debe incluir todos los programas sociales para evitar que el clientelismo electoral duplique el número de beneficiarios.
Asimismo consideró necesario establecer un calendario para implementación y armonizar las legislaciones estatales en materia regulatoria y una ventanilla única a más tardar en 2018; así como aprobar de inmediato la deducibilidad al 100% de las prestaciones laborales a fin de fortalecer de verdad, la economía familiar.
Sobre el alza del precio de las gasolinas, dijo que se requiere crear de la mano con la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) un plan para asegurar condiciones de competencia en gasolinas y combustibles, a fin de que los precios sean lo más competitivos posibles.
El segundo eje de acción tiene que ver con mejorar las finanzas públicas y promover la macroeconomía.
Sobre el costo de los combustibles, el organismo advirtió que se necesita evitar más aumentos de precio en la gasolina en los meses subsecuentes, dado que existen recursos excedentes del Impuesto Especial de Producción y Servicios (IEPS) y de la venta de petróleo.
En 2016, precisó, el IEPS por gasolinas recaudó 29.3% más de lo esperado, esto es 67 mil millones de pesos adicionales a lo presupuestado, que bien pudieran ser utilizados en la reducción de los precios de la gasolina.
La Coparmex no quedó ahí y planteó establecer una partida presupuestal específica de inversión pública para crear refinación doméstica y ductos que reduzcan el costo de la transportación de la gasolina. Al momento, importamos el 60% de esos combustibles.
También sugirió la creación de un Consejo Fiscal Independiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como lo ha propuesto ya el Fondo Monetario Internacional, a fin de evitar que la deuda continúe aumentado a tasas cercanas al 14% anual.
Junto a ello, pidió implementar verdaderos recortes al presupuesto público. El gasto del gobierno federal creció 5.9% en términos reales de enero a noviembre del año pasado, lo que muestra que los supuestos recortes al gasto que se hicieron en 2016 simplemente no fueron implementados.
El último eje se refiere a promover el Estado de Derecho y el combate real a la corrupción.
Al respecto, consideró reducir la tasa de incremento de homicidios dolosos, ya que los homicidios se incrementaron en 21.5% del año pasado; también establecer metas para reducir anualmente el robo de las gasolinas que, según las fuentes más confiables, se ha quintuplicado en años recientes.
Dentro de este eje, estableció sanciones fiscales para los estados que no cumplan con la implementación de los sistemas locales anticorrupción, y para aquellos que no homologuen su ley de la cuenta pública o que no mejoren los índices de transparencia presupuestal.
El organismo fue más allá y planteó fijar un calendario para atender y solventar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a nivel federal, estatal y municipal.
“Hay que decirlo: la Secretaría de Hacienda sigue repartiendo recursos a programas que tienen observaciones. Esto se debe detener y darle, en su lugar, a los programas que sí funcionan según las evaluaciones de CONEVAL”.
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kikka-roja.blogspot.com
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dejó claro que el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar firmado este lunes, quería culpar a los empresarios de los errores cometidos por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
En rueda de prensa realizada en el Club de Banqueros, el presidente del organismo empresarial, Gustavo de Hoyos Walther soltó:
“La propuesta inicial del acuerdo era un error, porque responsabilizaba a los empresarios de los incrementos de precios y los culpaba de las propias equivocaciones de la administración federal”.
Aún más, el acuerdo firmado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organizaciones sindicales, campesinas y el gobierno federal “contiene tintes polarizantes, ya que ponía al sector sindical y a organizaciones campesinas a estar al pendiente de los precios al consumidor”.
En este contexto, la Coparmex planteó la necesidad de un acuerdo que sea incluyente a todos los partidos políticos, las organizaciones sociales “para que haya un consenso amplio” y se pueda firmar un documento el 5 de febrero próximo.
“México exige un compromiso sí, pero no que tenga objetivos políticos o mediáticos solamente, sino uno que realmente toque la realidad de nuestro país, la economía familiar, la clase media, que ponga la mirada en nuestras fortalezas y no en nuestras debilidades”, consideró De Hoyos Walther.
La Coparmex planteó tres líneas de acción con parámetros concretos. El primer eje es impulsar el crecimiento económico y el empleo digno.
De entrada, el organismo patronal propuso eliminar por lo menos a la mitad los 37 programas sociales duplicados que ha identificado el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
“Se estima que en 2017 se gastan más de 200 mil millones de pesos en estos programas, incluyendo algunos que tienen un alto riesgo de ser clientelares como los comedores comunitarios y los llamados ‘servicios a grupos con necesidades especiales’”, denunció la Coparmex.
También planteó establecer un mapa de ruta puntual con acciones detalladas para lograr tener un padrón único de beneficiarios de programas sociales a nivel federal y estatal en 2018. El padrón debe incluir todos los programas sociales para evitar que el clientelismo electoral duplique el número de beneficiarios.
Asimismo consideró necesario establecer un calendario para implementación y armonizar las legislaciones estatales en materia regulatoria y una ventanilla única a más tardar en 2018; así como aprobar de inmediato la deducibilidad al 100% de las prestaciones laborales a fin de fortalecer de verdad, la economía familiar.
Sobre el alza del precio de las gasolinas, dijo que se requiere crear de la mano con la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) un plan para asegurar condiciones de competencia en gasolinas y combustibles, a fin de que los precios sean lo más competitivos posibles.
El segundo eje de acción tiene que ver con mejorar las finanzas públicas y promover la macroeconomía.
Sobre el costo de los combustibles, el organismo advirtió que se necesita evitar más aumentos de precio en la gasolina en los meses subsecuentes, dado que existen recursos excedentes del Impuesto Especial de Producción y Servicios (IEPS) y de la venta de petróleo.
En 2016, precisó, el IEPS por gasolinas recaudó 29.3% más de lo esperado, esto es 67 mil millones de pesos adicionales a lo presupuestado, que bien pudieran ser utilizados en la reducción de los precios de la gasolina.
La Coparmex no quedó ahí y planteó establecer una partida presupuestal específica de inversión pública para crear refinación doméstica y ductos que reduzcan el costo de la transportación de la gasolina. Al momento, importamos el 60% de esos combustibles.
También sugirió la creación de un Consejo Fiscal Independiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como lo ha propuesto ya el Fondo Monetario Internacional, a fin de evitar que la deuda continúe aumentado a tasas cercanas al 14% anual.
Junto a ello, pidió implementar verdaderos recortes al presupuesto público. El gasto del gobierno federal creció 5.9% en términos reales de enero a noviembre del año pasado, lo que muestra que los supuestos recortes al gasto que se hicieron en 2016 simplemente no fueron implementados.
El último eje se refiere a promover el Estado de Derecho y el combate real a la corrupción.
Al respecto, consideró reducir la tasa de incremento de homicidios dolosos, ya que los homicidios se incrementaron en 21.5% del año pasado; también establecer metas para reducir anualmente el robo de las gasolinas que, según las fuentes más confiables, se ha quintuplicado en años recientes.
Dentro de este eje, estableció sanciones fiscales para los estados que no cumplan con la implementación de los sistemas locales anticorrupción, y para aquellos que no homologuen su ley de la cuenta pública o que no mejoren los índices de transparencia presupuestal.
El organismo fue más allá y planteó fijar un calendario para atender y solventar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a nivel federal, estatal y municipal.
“Hay que decirlo: la Secretaría de Hacienda sigue repartiendo recursos a programas que tienen observaciones. Esto se debe detener y darle, en su lugar, a los programas que sí funcionan según las evaluaciones de CONEVAL”.
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