John Saxe-Fernández: Paralelismos y autonomía de gestión

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Paralelismos y autonomía de gestión

Calderón anunció en la promoción de su “iniciativa” que Petróleos Brasileños es modelo para Pemex, por lo que conviene revisar ambas experiencias. Los paralelismos se detectan en la sustancial entrevista de Fernando Siqueira, director de la Asociación de Ingenieros de Petrobras (La Jornada, 12/3/08, p. 28). Imitar cuando, como advierte Siqueira, la firma se abrió a empresas extranjeras, “que pronto se hicieron propietarias del crudo”, es un golpe a la Constitución y al pueblo, dueño del recurso. Fueron las reformas del Banco Mundial (BM) aplicadas por el gobierno de Fernando E. Cardoso en 1997, cuando llegó a su punto culminante el esquema para “llevar la empresa a un punto de venta” como sucede en México.

Petrobras, con una intención similar al asalto fiscal que Hacienda ejerce contra Pemex, fue obligada a comprar el crudo “a precios internacionales de 25 dólares por barril y venderlo en el mercado interno a 14 dólares”. ¿Objetivo? Como acá, secar los recursos para invertir y descapitalizar la empresa.

En 1995 Cardoso reprimió la resistencia a la privatización que incluía al sindicato petrolero. Prohibió a los empleados públicos trasladarse a Brasilia para evitar protestas contra sus “iniciativas”, “so pena de despido”. En México el gobierno de Salinas ordenó un asalto policial-militar no contra la corrupción sindical imperante en Pemex, sino para desactivar la resistencia del líder sindical La Quina a la privatización. En Brasil el BM lanzó una ofensiva para deshacerse de “pasivos laborales”. Fue implacable el despido de trabajadores y técnicos. La planta laboral se redujo de 60 mil a 30 mil empleados. Pero en esto Salinas y Zedillo estaban en la vanguardia: en 1989 Pemex tenía 280 mil trabajadores y en 1998 sólo 121 mil. En Imperialismo en México (Debate, 2005) se recuerda que el reajuste de 150 mil plazas en las áreas de perforación, construcción, mantenimiento y servicios generales no acarreó “una mayor eficiencia organizativa, funcional y productiva” como proclamó el BM y el director de entonces, Francisco Rojas, hoy “crítico” de la “iniciativa”, sino todo lo contrario.

Con la apertura formalizada en el TLC de licitaciones del sector público a empresas extranjeras bajo la noción de “trato nacional”, Pemex se inundó de contratistas del exterior porque el TLC derogó requisitos a esas firmas, como la utilización de insumos y servicios nacionales o el empleo de personal mexicano. Pronto nuestros trabajadores y técnicos fueron jubilados y desalojados a favor de sus pares del exterior. En Brasil también.

Aunque la cúpula priísta considere insultante el “diagnóstico” del gobierno sobre Pemex algunos de sus integrantes, como Rojas, cuya dirección en Pemex procedió con el desmembramiento administrativo de la empresa “sugerido” por el BM, ahora ofrecen diseños “alternativos” ajustados a los esquemas del Banco para incentivar el manejo privado del “portafolio de negocios”, por la vía de una no aclarada “autonomía de gestión”. Así ocurrió en Venezuela y Brasil. Cardoso “reconformó” el consejo de administración de Petrobras para incluir consejeros externos brasileños, “representantes de los intereses del sistema financiero internacional”. A partir de ahí, dice Siqueira, “se perdió el control sobre las decisiones y la información estratégica”.

Esa “autonomía” iría acompañada de una burocracia, como en Estados Unidos, auspiciada por las petroleras, “para administrar los hidrocarburos”: una “agencia federal separada de Pemex y encargada”, dice el BM, “de tareas de exploración y producción que negocia y firma los contratos sobre todas las áreas existentes y las que existan en el futuro”. (p. 43)

Coda: en Brasil y en México se despliega a los cuatro vientos un drama edípico que aporrea el inconsciente colectivo: Cardoso hijo rompió el sueño de su padre que proclamó: “o petroleo e nosso”. En México otro hijo desgarra su apellido ante una nación atónita, que resiste el despojo.

Kikka Roja

John Saxe-Fernández: Pemex: tejiendo su democratización

John Saxe-Fernández
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Pemex: tejiendo su democratización

Todo en la política tiene sus tiempos, sean acciones electorales, financieras o mediáticas, en especial si son iniciativas legislativas que acarrean fabulosos beneficios para algunos grupos de interés: tal es el caso de los esfuerzos dirigidos a “legalizar” –por la vía de 18 ordenamientos legales– la privatización del patrimonio petrolero y eléctrico de la nación. En este caso esos tiempos están imbricados con el “escudo” que Los Pinos ofrece a las complejas gestiones de ingeniería financiera de este magno despojo. Es toda una hazaña anti-nacional y anti-popular en la que se juega el destino nacional. El sector energético es el principal eje de acumulación y además, la primordial fuente de recursos fiscales del gobierno, en porcentajes cercanos a 50 por ciento del presupuesto federal.

Dado que el llamado “capital político” del calderonismo se agota velozmente ante la desaceleración económica, las calamidades de la temeraria militarización de la campaña contra el crimen organizado –en detrimento de los derechos humanos, legales y políticos de la población–, así como por el brutal asalto del modelo vigente contra la economía familiar, los tiempos para tejer redes financieras se acortan rápido.

Los costos políticos de la iniciativa son muy altos y el calendario electoral legislativo, en 2009, acecha. Por lo que PRI-AN y Prisa tienen prisa para que se abra el sector y se dé cubierta legal a los negocios y contratos en curso. Al inicio mismo de 2008 Prisa sentó las bases del “escenario de línea dura” en radio y televisión en torno al debate “energético” mediante el despido “preventivo” de Carmen Aristegui. Seguro que en la disputa por el petróleo se contempló la necesidad de que imperara la unanimidad de opinión a favor de los privatizadores por lo que los valores, la agudeza analítica y el profesionalismo de Aristegui, expresado en su apertura a un amplio espectro de opiniones sobre cualquier tema, simplemente no “calzara” y les resultó estorboso. La actuación drástica de Prisa es porque en Washignton, Madrid y Los Pinos-Bucareli quieren el negocio “hoy, hoy, hoy”.

El PRI también tiene urgencias. En los albores del año Emilio Gamboa Patrón, su coordinador en la Cámara de Diputados, se apresuró a remachar las argucias usadas por el gobierno y las empresas interesadas en el desvalijamiento: “que por falta de recursos y tecnología era necesario abrir a la participación privada las operaciones de exploración y explotación de petróleo en aguas profundas, y también en la generación de energía eléctrica”, agregando que “no se trata de modificar la Constitución”. No sería una “privatización plena”, sino una “reforma integral”.

En la argumentación de la derecha antinacional, de sus aliados en el PRI y unos adeptos vergonzantes del PRD, se reproduce lo que Carlos Montemayor ve como expresión –patente y patética– del “realismo mágico”, ya que se nos informa, con toda la cara dura del caso, que además de “modernizar”, la “iniciativa” no privatiza sino que “democratiza” a Pemex-CFE, “bursatilizándolas”.

Los registros de intentos similares, realizados en el último tramo del gobierno de Zedillo, indican que es un proceso “democratizador” complejo y poco transparente en el que participa la International Finance Corporation y la Agencia Internacional de Acuerdos Multilaterales, ambas orgánicamente vinculadas al Banco Mundial. Un diseño de ingeniería financiera planteados para Pemex, a cargo de la empresa Agincourt se realizaría por medio del Investors Guaranty Fund LTD (IGF). En La compra-venta de México (Plaza & Janés, 2002, p 353 y ss) describo un diseño de 1997 para crear el Programa Mexicano de Desarrollo por medio de la inversión directa de IGF. El capital se generaría colocando títulos conocidos como “Mexico Energy and Export Development Series Adjustable Rate Guaranteed Investment Agreements” o MEXDS GIA en dólares, con la participación de bancos internacionales e inversionistas institucionales bajo liderazgo de empresas de solvencia moral, contable y técnica –como Enron–, otras tipo Halliburton y varias de acá.

Siguiendo sus costumbres Agincourt seleccionó a las Bermudas como base jurisdiccional de operación por “su estable medio ambiente económico, su excelente infraestructura tecnológica y profesional y su compromiso, no superado, a favor de los negocios internacionales y en especial de los servicios financieros” de Wall Street. Estos son los paraísos financieros –y fiscales– escogidos en el pasado reciente como ideales para “democratizar” a Pemex y tejer la ingeniería financiera-especulativa que le permita a los gobernantes, legisladores, sus socios y cabilderons, “flexibilidad” para hacer sus negocios: los impulsores de la iniciativa deben informar desde cuál paraíso fiscal van a “no-privatizar” y “democratizar” a Pemex, arrojando la renta petrolera y el futuro de la nación, al piso de remates de Wall Street. Esperaríamos que nos recuerden desde sus villas en la Costa Azul. Como diría Roberto Hernández, “allá los mexicanos que se hagan bolas”.

Kikka Roja

John Saxe-Fernández : Geopolítica del desalojo

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Geopolítica del desalojo

“Imperialización” y no “globalización” es la categoría adecuada para explicar lo que ocurre en la economía y la política del país. La privatización y extranjerización sigilosa e inconstitucional de Pemex-CFE y la apertura total a la producción subsidiada de maíz, frijol, caña de azúcar y leche en polvo de EU, al entrar en vigor el capítulo agropecuario del TLCAN en 2008, son ejemplos de un fenómeno de larga data, cuya intensidad y ritmo se acelera. Es, además, un “diseño demográfico” que expulsa anualmente a 600 mil connacionales, centrado en una guerra de clase desplegada en nombre de la tasa de ganancias desde el Banco Mundial (BM), el FMI y el BID, con las desleales complicidades empresarial-gubernamentales de acá. Pero no es un proceso lineal: la imperialización sucede bajo una dinámica compleja con una atroz ruina de la economía popular y de la clase media, que incluye una “geopolítica del desalojo”, en medio de agudas contradicciones y, paradójicamente, de una “crisis oligárquico-imperial” con fuertes impactos constitucionales y en los equilibrios cívico-militares.
La historia del país muestra que desregulación bancaria, aperturismo comercial, especulación financiera, explotación de la fuerza de trabajo y depredación de los recursos naturales desembocaron en ciclos de guerra civil que cobraron poco más de un millón de vidas. El subdesarrollo, el desempleo y la polarización, lejos de aminorar, se acrecientan con el TLC, gestado bajo impulso, préstamos y recetas del BM-FMI y del BID, parte de un “bilateralismo intensivo” que ahora Bush, con el aval de Calderón, amplía a la “seguridad nacional”, el derecho penal y el Poder Judicial.

El proceso, con nombres y apellidos, emana de una red de complicidades, intereses y transas de clase acentuadas desde la crisis de 1982 y del sometimiento neoliberal a las ambiciones y lucros del capital monopolista de dentro y de fuera, consignados en Forbes y en el portafolio de negocios de Pemex. Ello con su cauda de despidos –cientos de miles de ferrocarrileros, trabajadores y técnicos de Pemex-CFE, “desalojados” de sus puestos de trabajo– y del desarme de los contratos colectivos.El “modelo”, lejos de conducirnos al primer mundo, como proclamaban tecnocracia e intelectuales “anexos”, ahogó al país y su vital sector agropecuario en más desempleo, sometimiento y subdesarrollo, “expulsando” a millones, en su mayoría hombres entre los 15 y 45 años, forzados a migrar. El BM, promotor de la apertura, reconoce que el campo expelió a un cuarto de su población en 10 años. En EU ya residen 29 millones de mexicanos, 19 millones de ellos nacidos allá.

La “geopolítica del “desalojo”, que envía al norte a millares de personas para que se desempeñen como nannies, cocineros, domésticas, jardineros, recolectores de basura, etcétera, se intensificará 10 por ciento en 2008, dejando en el camino miles de “indocumentados”, perseguidos, rechazados, muertos o ingresados en campos de detención. Lo que es acompañado de un asimétrico flujo migratorio “de norte a sur”, como detectó Mike Davis (TomDispatch.com 12/10/07), compuesto de masas de estadunidenses que ingresan a México “para gozar de retiros gloriosos de bajo presupuesto y de segundos hogares comprables en México”. Según Davis, el número de “gringos” que viven en México creció con el TLCAN “de 200 mil a un millón (una cuarta parte de todos los expatriados de EU)”. Y con más de 70 millones de ellos “aguardando expectantes su retiro dentro de las próximas dos décadas, los expertos predicen una marejada de inmigración barata buscando climas cálidos… La demanda de tierra está subiendo el valor de la propiedad en detrimento de los habitantes locales, que junto a sus niños terminan viviendo en tugurios o simplemente se ven forzados a emigrar al norte, mostrando el lado de la medalla del aumento de la invasión”.

Debe concitar atención el magno desalojo de mexicanos de su espacio nacional y la mencionada “invasión” (silenciosa), como otro motivo de fondo de la política económica, demográfica y de seguridad de EU, impulsada desde Los Pinos y Hacienda. Las consecuencias geopolíticas, perceptibles en Baja California, son extensivas a todo México. No es algo nuevo, como apreciará quien recuerde el papel de los “colonos” en la anexión de Texas a EU: Davis advierte que la generación de baby-boomers (nacidos entre 1946 y 1964) no está sólo preparando “un retiro eventual”, sino que “está especulando cada vez más en propiedades y condominios mexicanos llevándose sus tiendas tipo Hooters, Burger King y Starbucks”. Si no es frenado, este asimétrico dinamismo “migratorio”, de ida y vuelta, “probablemente produzca una marginalización social intolerable y la devastación ecológica”.

Ya docenas de grupos campesinos, de trabajadores y derechos humanos y los comercializadores agrícolas (La Jornada, 31/12/07, p. 7) advierten que este esquema provocará “una catástrofe económica y social para la mayoría de los productores, inseguridad alimentaria y vulnerabilidad para la seguridad y gobernabilidad” del país.

Kikka Roja

John Saxe-Fernández : Acoso estratégico

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Acoso estratégico

“Si este sistema de misiles se pone en funcionamiento lo hará automáticamente como parte de toda la infraestructura nuclear de Estados Unidos. Será parte integral de la capacidad nuclear de EU.” Vladimir Putin describió así la médula de la iniciativa del gobierno de Bush para instalar sistemas antibalísticos, interceptores y radares en Polonia y la República Checa. Hecha ante Europa –y el mundo–, en la Conferencia sobre Política de Seguridad que se celebró en Munich a principios de año, los eventos demostraron que no fue una declaración menor: al colocar las fuerzas balísticas y nucleares estadunidenses en las puertas mismas de Rusia, la Casa Blanca intenta crear una capacidad de “primer ataque nuclear”. El propósito de corto plazo es paralizar a Rusia, por ejemplo, ante un eventual ataque de Bush-Cheney contra Irán, nación poseedora de la segunda reserva petrolera del planeta. Pero después de que 16 agencias de inteligencia de EU dieron a conocer hace poco que Irán había cancelado su programa nuclear militar desde 2003, en contradicción con los dichos de la Casa Blanca, se derrumbó la justificación para la guerra y para el “escudo antimisiles”, erigido, según Bush, “para proteger a Europa” de un ataque iraní con cohetes. Así lo enfatizó la prensa checa y polaca en encabezados de primera página. Pero el Pentágono persiste con el “escudo antimisiles”, haciendo ostensibles dos designios de la ultraderecha militar (neocon): uno interno, centrado en grandes negocios derivados de jugosas subvenciones bélico-industriales del “escudo” y en los presuntos beneficios electorales de otra guerra durante los comicios presidenciales; y otro externo: para frenar el desplome hegemónico de EU, propiciando el control militar sobre la principal cuenca petrolera (y un insostenible “patrón petróleo-dólar”); acorralando a Moscú y China desde la OTAN y azuzando conflictos euroasiáticos, cruciales al ascenso hegemónico de EU durante el siglo XX.

Es claro que el escudo “antibalístico” de Bush es, en verdad, “una declaración de guerra de facto” contra la Federación Rusa, pues es como si Rusia hiciera lo mismo en Chihuahua y Alberta. Se induce así otra guerra fría con su carrera armamentista, la competencia por el dominio de áreas de alta tecnología –microelectrónica, espionaje satelital, “nano y bio tecnología”, etcétera– y su secuela de guerra propagandística y fortalecimiento de redes de espionaje. Pero la actual guerra fría difiere de la anterior en al menos tres aspectos: 1) el crudo antagonismo geopolítico en torno a asuntos demográficos y de recursos naturales estratégicos (petróleo, minerales, agua, biodiversidad) sustituye la confrontación ideológica; 2) con el colapso medioambiental en curso se crean otros conflictos –y oportunidades de intervención–, y 3) existe una probabilidad mayor de que, en los tiempos del peak oil, la nueva guerra fría mute en “guerra general termonuclear” (GGT) de manera vertiginosa. La inestabilidad e incertidumbre creadas por el “acoso antibalístico” son riesgosas. Yuri Baluyevski, jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas de Rusia, se refirió la semana pasada a la moratoria impuesta por Moscú al Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa (FACE). Adujo la desventaja militar que ocasiona porque EU y la OTAN lo usan para presionar a Rusia y consideró necesario “recordar”, no en estricto sigilo –nótese–, sino urbe et orbi, que el “escudo” que EU intenta desplegar en Europa “podría provocar una respuesta con un proyectil balístico intercontinental”. Luego agregó: “el lanzamiento de un proyectil antimisiles desde Polonia podría ser considerado por el sistema autómata de Rusia como el lanzamiento de un misil balístico, lo que podría provocar un asalto en respuesta” (La Jornada, 16/12/07, p. 25).

El “sistema autómata” mencionado se refiere a una postura estratégica y capacidad operativa (balística-satelital-computacional) conocida como Launch-on-Warning (LoW), desarrollada por EU, la URSS y Rusia. Aunque la documentación desclasificada es escasa, documentos del Archivo de Seguridad Nacional indican que en el otoño de 1969 Georgy Arbatov, del Instituto de Estudios sobre EU y Canadá de Moscú, comentó a Helmut Sonnenfeldt del Consejo Nacional de Seguridad de EU sobre las dificultades estratégicas de LoW. Irónico dijo que “no había problema”, porque “ninguno de los dos esperaría en caso de recibir advertencia de un ataque. En lugar de ello, vaciarían sus silos lanzando un contrataque de manera inmediata”. Años después H. Kissinger, irresponsable y con calculada ambivalencia, “aceptó y desestimó” los altos riesgos de GGT “accidental” o por una “falsa alarma” del LoW. Son contingencias advertidas por Robert McNamara y Fred Ikle con aprensión y alarma comprensibles: EU y Rusia cuentan con 13 mil armas nucleares y unos 4 mil 400 cohetes en estado de máxima alerta desde que EU anunció que ampliaría su infraestructura nuclear a Polonia y la República Checa.El de Bush es un corrupto “acoso estratégico” con alto riesgo de catástrofe humana y ecológica terminal.

Kikka Roja

John Saxe-Fernández BLOG

Montebello: saqueo de México
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John Saxe-Fernández

La Jornada, México,
8 de noviembre de 2007

Poco después del cónclave secreto en Montebello, Canadá, de la Alianza para la Prosperidad y Seguridad de América del Norte (ASPAN), de la cual el Consejo de la Competitividad de América del Norte (CCAN) es “brújula”, Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia, insta a “proteger a los consumidores” ante monopolios “que frenan la competitividad y por ende el crecimiento económico”: entre ellos mencionó los de telecomunicaciones, transporte, servicios financieros y “el de energía”.

Toda una prestidigitación seguida poco después por el PAN, transformado en vergonzoso cabildo de las petroleras extranjeras, para llevar hasta sus últimas consecuencias lo que Jorge F. Moncada y Mario di Costanzo han calificado, en relación al “rescate bancario”, como El saqueo a los mexicanos (Grijalbo, 2007): un magno atraco que dejó al país sin banca y lo colocó a merced de la usura “legalizada”. Con parte mínima de los intereses de ese “rescate”, ardientemente promovido por tecnócratas y oligarcas locales, podría duplicarse el presupuesto de salud y “duplicar la capacidad de refinamiento de petróleo y reducir así al mínimo la importación de gasolina” (p.11).

Ni lerdos ni perezosos, los integrantes mexicanos del CCAN lanzan otra cruzada para “la apertura de ciento por ciento” a favor de la inversión extranjera directa (IED), “en sectores estratégicos”, metiendo en el mismo saco a los monopolios privados y a los sectores constitucionalmente reservados a la nación. Es una maña vieja: con Salinas (1988-1994) el Banco Mundial (BM) desató sobre Pemex un diseño de desmembramiento y desarticulación, conocido en Estados Unidos como divestiture, que el Senado de ese país a principios de los 70 amenazó, pero decidió no aplicar, a sus monopolios petroleros porque los llevaría a la ruina ante una competencia externa con sólida integración vertical. Con aval de Salinas, el BM lo hizo, “marcando su territorio” sobre Pemex, como perro por su jardín.

Ahora se lanzan sobre los principales “trozos” de Pemex bajo el ropaje de la “competitividad”.¿Objetivo?: medio tapar el hedor de las transas de las privatizaciones-rescates (bancos, carreteras, azúcar, etcétera) para que el CCAN, integrado por promotores de la IED, como Claudio X. González, procedan con un “fobaproa petroeléctrico”: la receta para terminar de hacer pedazos la economía y la paz social del país.

Esta estafa en curso dentro del vital sector energético se realiza por la vía de la subcontratación –Halliburton/Bechtel–, el “manejo” opaco del portafolio de negocios de Pemex-CFE y de una vil agresión fiscal perpetrada por el FMI-Hacienda. Se ataca el corazón del país en momentos en que la capacidad mundial de producción de crudo convencional ya no cubre la demanda y por tanto el control nacional del sector es crucial para que la nación no se nos deshaga en las manos.

Pero las grandes petroleras, en pos del negocio del crudo, cuentan con los cómplices de siempre. En 1996 en un sobrio análisis sobre procesos e intereses implicados en la enajenación del sector petroeléctrico, eje principal de acumulación de México, Gastón García Cantú señalaba que la dirigencia empresarial es “fundamental” en la transformación de las empresas públicas que quedan, “en botín a repartirse entre mexicanos, primero, y extranjeros después, con el argumento de que en poder del Estado no hay negocio próspero”.

Es el “guión” que usan Acción Nacional y algunos bribones de la “oposición” legislativa para entregar Pemex a la IED: para el BM es un ente poco competitivo que llegó al límite de su endeudamiento siendo los privados los únicos que pueden aportar los capitales requeridos para su expansión. Pero como demuestra José Luis Manzo (http://www.untcip.net/) con datos recientes del Estado de resultados y balance general de Pemex, en los 18 años comprendidos entre 1989 y 2006 ésta acumuló (en dólares constantes de 2006) utilidades por 471 mil millones de dólares (mmdd). Entre 1989-1997 los ingresos totales fueron de 264 mmdd y los costos de 107 mmdd, con utilidades de 157 mmdd e impuestos pagadores por 145 mmdd, arrojando una utilidad de 12 mmdd. Sólo en el sexenio de Fox, por el alza de precios, se lograron ingresos por 441 mmdd, generó utilidades por 240 mmdd, pero Hacienda, bajo lacayos de Washington, la asaltó con una carga fiscal de 258 mmdd.

En el periodo 1998-2005 la codicia y el entreguismo se salieron de control. Zedillo y Fox perpetraron un crimen de lesa patria: después de restar a los ingresos (471 mmdd) los costos (215 mmdd), Pemex registró una utilidad de 256 mmdd, “superior en casi 100 mil millones de dólares a la del periodo anterior (...) Sin embargo, como el importe de impuestos pagados fue todavía mayor (284 mmdd) ello provocó a Pemex una pérdida contable acumulada de 28 mmdd en este periodo” (¡!). Y claro, comparada con las empresas privadas en México y otras petroleras extranjeras, resulta que Pemex no es “competitiva”: su carga fiscal cuadruplica la de las empresas privadas en el país y casi triplica la de otras petroleras.

Kikka Roja