La rebelión
sergioaguayo@infosel.net.mx
www.sergioaguayo.org
Es innecesario abundar sobre la dominación impuesta por los medios electrónicos a la clase política. Resulta pertinente abundar sobre la rebelión contra la imposición de las televisoras. Es una insubordinación que incluye actores cuyo desplante parecía impensable hace algunas semanas.
El ministro Sergio Aguirre Anguiano sorprendió con el proyecto de sentencia, y la Suprema Corte con la forma en que están manejando la explosiva Ley Televisa. Es un ejercicio de independencia que tiene de trasfondo el fortalecimiento del Poder Judicial cuyo presupuesto aumentó en seis años en un 146 por ciento mientras que el de otro peso pesado, la secretaría de la Defensa Nacional, sólo creció en el mismo periodo en un 25 por ciento. La fortaleza financiera apuntala la autonomía frente a los otros poderes, formales e informales y lo imbuye de una sensación de orgullo y fuerza. Durante décadas la Suprema Corte vivió encerrada en sí misma. Al igual que las Fuerzas Armadas fueron saliendo del aislamiento e interactuando con un país en mutación. Destacaría tres consecuencias: su creciente transparencia; su preocupación por la forma en que los juzga el Tribunal de la opinión pública —después de todo, se juegan su lugar en la historia— y la comprensión de que su papel trasciende lo jurídico y tiene un impacto enorme en la sociedad. En 2006 Televisa y TV Azteca aprovecharon el contexto electoral para imponer una Ley a su conveniencia. Lo hicieron sin aceptar modificación alguna y fue tanta su rigidez y arrogancia que lastimaron la dignidad y orgullo de un buen número de políticos. La reacción tardó en gestarse porque en la vida pública provoca escalofríos el veto de la pantalla y el micrófono. Pero la imposición fue tan grosera y el maltrato al país tan evidente que 47 de ellos suscribieron una controversia constitucional que, según diversas fuentes jurídicas, tiene un excelente sustento jurídico, lo que tiene su importancia porque en las cortes el detalle es soberano.
La Ley Televisa también excluyó y menospreció a los medios públicos, a las radios comunitarias y a empresarios interesados en invertir en las comunicaciones. Existen medios impresos dispuestos a invertir en esa esfera siempre y cuando se modifiquen las reglas. En parte por ello se resquebrajó el control sobre la noticia y puntos de vista contrarios a la Ley han aparecido constantemente en la prensa escrita creándose, por cierto, una clara asimetría entre la letra impresa y la voz e imagen. La actitud del Gobierno Federal también se modificó en 2007. Vicente y Marta se desvivieron por ayudar a las televisoras. Felipe Calderón ha sido más cuidadoso y hay indicios de que favorecería mayores contenciones al excesivo poder acumulado por las televisoras. El indicador más claro de esta actitud estaría en la disputa por la integración de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), una de las dependencias encargadas de supervisar medios. El senado anterior rechazó, sin dar razones, la propuesta que hizo el ejecutivo de Rafael Del Villar Aldrich y Gonzalo Martínez Pous, quienes reaccionaron al veto amparándose ante la justicia federal. Lo peculiar del caso es que sostuvieron la demanda aun después de ser nombrados subsecretario (Del Villar) y titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Martínez Pous). Como queriendo subrayar la opinión del ejecutivo el titular de la SCT, Luis Téllez, declaró al Financial Times que la Cofetel había sido capturada por las empresas que debía regular.
Para los propietarios de los medios electrónicos ya era inquietante que una Presidencia tan decidida a controlar a sus funcionarios permitiera que dos de ellos persistieran en una demanda que los afecta. El asunto se ha hecho crítico a raíz de que un juez federal dio la razón a ambos funcionarios lo que provocará una reestructuración de la Cofetel. Aun cuando Calderón ceda en ese punto ya tiene una carta de negociación con las televisoras. Cuando la Suprema Corte empezó a posicionarse frente a la Ley Televisa era bastante obvia la fragmentación del poder y la rebelión frente a televisoras que, desde una perspectiva jurídica, representan intereses particulares en un caso en el que se juega el interés nacional. Para “blindarse” recurrieron a la transparencia que coloca a las televisoras frente a un difícil dilema: si desencadenan el linchamiento mediático denunciando, por ejemplo, los excesivos salarios del Poder Judicial pueden provocar la unidad de los ministros en un gremio conocido por su “espíritu de cuerpo”; si se van con cautela y simplemente informan puede interpretarse como señal de debilidad lo que extendería la rebelión. Falta una semana (aproximadamente) para que conozcamos el desenlace de una batalla que debe analizarse día con día. De entrada, el Poder Judicial ya dio una cátedra de pulcritud republicana al Legislativo y Ejecutivo. Es notable el contraste entre la disposición judicial a la transparencia con la sumisión, entreguismo y opacidad del legislativo que aprobó la Ley Televisa y del Ejecutivo que se apresuró, servil, a publicar la Ley. La razón de Estado es, en el fondo, la suma de voluntades particulares y se manifiesta cuando un buen número de actores coincide en una posición después de tomar en cuenta sus intereses e ideas. En el caso de esta Ley se gestó una rebelión de quienes consideramos peligroso que tanto poder se acumule en tan pocas manos. Tal vez por ello es posible un desenlace inesperado.
La miscelánea
Entretanto, en la Cámara de Diputados sigue el cambalache de legisladores. Para ser fracción un partido necesita tener cinco diputados. En 2006 el Partido del Trabajo (PT) le “prestó” un diputado a Alternativa para convertirse en fracción. Hace unos días, Eduardo de la Torre renunció a Alternativa para irse a Acción Nacional y el partido encabezado por Alberto Begne corrió el riesgo de desaparecer como fracción con lo cual perdería millones de pesos al año. ¿La solución? Pedirle “prestado” otro diputado al PT a cambio de algunas prebendas. Nadie sabe en qué terminará el fandango, pero mientras Alternativa se distingue en el Distrito Federal por la defensa de causas, en la Cámara de Diputados su fracción resucita viejas prácticas y le añade al nombre de su partido dos signos ortográficos que modifican de raíz el sentido de su nombre: ¿Alternativa?
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Es innecesario abundar sobre la dominación impuesta por los medios electrónicos a la clase política. Resulta pertinente abundar sobre la rebelión contra la imposición de las televisoras. Es una insubordinación que incluye actores cuyo desplante parecía impensable hace algunas semanas.El ministro Sergio Aguirre Anguiano sorprendió con el proyecto de sentencia, y la Suprema Corte con la forma en que están manejando la explosiva Ley Televisa. Es un ejercicio de independencia que tiene de trasfondo el fortalecimiento del Poder Judicial cuyo presupuesto aumentó en seis años en un 146 por ciento mientras que el de otro peso pesado, la secretaría de la Defensa Nacional, sólo creció en el mismo periodo en un 25 por ciento. La fortaleza financiera apuntala la autonomía frente a los otros poderes, formales e informales y lo imbuye de una sensación de orgullo y fuerza. Durante décadas la Suprema Corte vivió encerrada en sí misma. Al igual que las Fuerzas Armadas fueron saliendo del aislamiento e interactuando con un país en mutación. Destacaría tres consecuencias: su creciente transparencia; su preocupación por la forma en que los juzga el Tribunal de la opinión pública —después de todo, se juegan su lugar en la historia— y la comprensión de que su papel trasciende lo jurídico y tiene un impacto enorme en la sociedad. En 2006 Televisa y TV Azteca aprovecharon el contexto electoral para imponer una Ley a su conveniencia. Lo hicieron sin aceptar modificación alguna y fue tanta su rigidez y arrogancia que lastimaron la dignidad y orgullo de un buen número de políticos. La reacción tardó en gestarse porque en la vida pública provoca escalofríos el veto de la pantalla y el micrófono. Pero la imposición fue tan grosera y el maltrato al país tan evidente que 47 de ellos suscribieron una controversia constitucional que, según diversas fuentes jurídicas, tiene un excelente sustento jurídico, lo que tiene su importancia porque en las cortes el detalle es soberano.
La Ley Televisa también excluyó y menospreció a los medios públicos, a las radios comunitarias y a empresarios interesados en invertir en las comunicaciones. Existen medios impresos dispuestos a invertir en esa esfera siempre y cuando se modifiquen las reglas. En parte por ello se resquebrajó el control sobre la noticia y puntos de vista contrarios a la Ley han aparecido constantemente en la prensa escrita creándose, por cierto, una clara asimetría entre la letra impresa y la voz e imagen. La actitud del Gobierno Federal también se modificó en 2007. Vicente y Marta se desvivieron por ayudar a las televisoras. Felipe Calderón ha sido más cuidadoso y hay indicios de que favorecería mayores contenciones al excesivo poder acumulado por las televisoras. El indicador más claro de esta actitud estaría en la disputa por la integración de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), una de las dependencias encargadas de supervisar medios. El senado anterior rechazó, sin dar razones, la propuesta que hizo el ejecutivo de Rafael Del Villar Aldrich y Gonzalo Martínez Pous, quienes reaccionaron al veto amparándose ante la justicia federal. Lo peculiar del caso es que sostuvieron la demanda aun después de ser nombrados subsecretario (Del Villar) y titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Martínez Pous). Como queriendo subrayar la opinión del ejecutivo el titular de la SCT, Luis Téllez, declaró al Financial Times que la Cofetel había sido capturada por las empresas que debía regular.
Para los propietarios de los medios electrónicos ya era inquietante que una Presidencia tan decidida a controlar a sus funcionarios permitiera que dos de ellos persistieran en una demanda que los afecta. El asunto se ha hecho crítico a raíz de que un juez federal dio la razón a ambos funcionarios lo que provocará una reestructuración de la Cofetel. Aun cuando Calderón ceda en ese punto ya tiene una carta de negociación con las televisoras. Cuando la Suprema Corte empezó a posicionarse frente a la Ley Televisa era bastante obvia la fragmentación del poder y la rebelión frente a televisoras que, desde una perspectiva jurídica, representan intereses particulares en un caso en el que se juega el interés nacional. Para “blindarse” recurrieron a la transparencia que coloca a las televisoras frente a un difícil dilema: si desencadenan el linchamiento mediático denunciando, por ejemplo, los excesivos salarios del Poder Judicial pueden provocar la unidad de los ministros en un gremio conocido por su “espíritu de cuerpo”; si se van con cautela y simplemente informan puede interpretarse como señal de debilidad lo que extendería la rebelión. Falta una semana (aproximadamente) para que conozcamos el desenlace de una batalla que debe analizarse día con día. De entrada, el Poder Judicial ya dio una cátedra de pulcritud republicana al Legislativo y Ejecutivo. Es notable el contraste entre la disposición judicial a la transparencia con la sumisión, entreguismo y opacidad del legislativo que aprobó la Ley Televisa y del Ejecutivo que se apresuró, servil, a publicar la Ley. La razón de Estado es, en el fondo, la suma de voluntades particulares y se manifiesta cuando un buen número de actores coincide en una posición después de tomar en cuenta sus intereses e ideas. En el caso de esta Ley se gestó una rebelión de quienes consideramos peligroso que tanto poder se acumule en tan pocas manos. Tal vez por ello es posible un desenlace inesperado.
La miscelánea
Entretanto, en la Cámara de Diputados sigue el cambalache de legisladores. Para ser fracción un partido necesita tener cinco diputados. En 2006 el Partido del Trabajo (PT) le “prestó” un diputado a Alternativa para convertirse en fracción. Hace unos días, Eduardo de la Torre renunció a Alternativa para irse a Acción Nacional y el partido encabezado por Alberto Begne corrió el riesgo de desaparecer como fracción con lo cual perdería millones de pesos al año. ¿La solución? Pedirle “prestado” otro diputado al PT a cambio de algunas prebendas. Nadie sabe en qué terminará el fandango, pero mientras Alternativa se distingue en el Distrito Federal por la defensa de causas, en la Cámara de Diputados su fracción resucita viejas prácticas y le añade al nombre de su partido dos signos ortográficos que modifican de raíz el sentido de su nombre: ¿Alternativa?
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