- Como Ulises Ruiz, la SG cuestiona fuentes informativas de Amnistía Internacional
- Rechaza el gobierno federal culpa en la crisis de Oaxaca
- Khan expresa preocupación por "la inhabilidad del Estado" para atender recomendaciones
- La administración calderonista otorga especial atención al respeto a los derechos humanos
FABIOLA MARTINEZ
Robert Knox e Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, en conferencia de prensa en la Secretaría de Gobernación Foto: Marco PeláezEl titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, no ofreció ningún compromiso adicional a Amnistía Internacional (AI) acerca de la responsabilidad del gobierno calderonista para atender el conflicto en Oaxaca. En cambio, el responsable de conducir la política interna del país sí preguntó a la secretaria general de AI, Irene Khan, "acerca de sus fuentes de información" del más reciente reporte de aquella entidad, en el cual el organismo advierte sobre graves violaciones a las garantías básicas, especialmente abusos de grupos policiacos, detenciones arbitrarias y torturas. El pasado martes, el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, rechazó el informe presentado por AI, y aseguró que el texto de 22 páginas "fue elaborado por consejeros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)". El mandatario priísta consideró que el reporte es parcial e incompleto, porque sólo presenta la visión de una de las partes.
La respuesta del gobernador oaxaqueño fue rechazada por Khan -quien está de visita varios días en México- porque, dijo, este organismo civil mantiene una reputación que habla por sí misma. En entrevista con La Jornada, advirtió que el mandatario estatal no tiene voluntad política para hacer frente a las graves violaciones a los derechos humanos y a las deficiencias en seguridad pública. Dos días después de las declaraciones de Ruiz, la representante de AI tuvo su primera reunión con funcionarios de alto nivel de la administración calderonista, pero en Gobernación encontró una inquietud similar a la que escuchó en su visita a Oaxaca, respecto de la recopilación del material y pruebas que dan sustento a su informe sobre la problemática de esa entidad. El secretario de Gobernación, precisó Khan en conferencia de prensa posterior al encuentro con funcionarios federales, nos preguntó acerca de nuestras fuentes de información; cómo habíamos elaborado nuestro informe de Oaxaca. Ante ello, le expliqué que AI tiene una metodología muy desarrollada para la publicación de sus reportes, no sólo sobre México, sino de todos los países del mundo. Señaló que para el caso Oaxaca recibimos pruebas de individuos cuyos derechos han sido violados, de organizaciones no gubernamentales, de autoridades del estado y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), es decir, fuentes diversas. El secretario, agregó Khan a pregunta expresa, no "apoyó ni mencionó la declaración del gobernador" Ruiz. La credibilidad de AI habla por sí sola, desde 1961 hemos redactado muchos informes sobre México y ningún gobierno a escala estatal o federal ha declarado que (los informes) hayan sido escritos por otros. Me gustaría aclarar que son escritos por nuestros investigadores de Amnistía Internacional en Londres (sede del organismo).
"Hemos utilizado otro tipo de fuentes objetivas, como informes médicos dados por autoridades establecidas. Es decir, hemos documentado lo que se encuentra en ese informe", insistió. Tras la primera reunión con Ramírez Acuña, Khan manifestó su preocupación por "la inhabilidad del Estado" para atender, de manera efectiva, las recomendaciones en materia de investigación de los hechos ocurridos en Oaxaca. "Le explicamos al secretario de Gobernación que es muy importante que se lleve a cabo una investigación imparcial de cómo las autoridades estatales están tratando de resolver las acusaciones criminales y de abusos a los derechos humanos. Esa es la única vía para garantizar la impartición de justicia", dijo. Insistió en la necesidad de esclarecer los hechos en Oaxaca: tanto las "ofensas criminales (como incendio o portación de armas) por parte de los movimientos de protesta", como el abuso de autoridad de las corporaciones policiacas estatales y federales. Al respecto, Rupert Knox, investigador de AI para México -uno de los responsables del reporte Oaxaca-, reiteró que es obligación del Estado mexicano realizar sus propias investigaciones y no esperar a que las víctimas presenten todas las pruebas. "Cuando el Estado dice 'no vemos las denuncias a nivel Oaxaca' es porque no quiere verlas; están ahí. Eso es necesario para garantizar la impartición de justicia para todos. Entonces, si no existe esa imparcialidad, igualdad en el trato, entonces el Estado no está sirviendo a la población", dijo.
Tras el encuentro, integrantes de la comitiva de AI entrevistados por este diario calificaron la cita de "interesante", pero admitieron que no encontraron "respuesta plena" porque el gobierno debe emprender acciones que demuestren que existe un "compromiso real" para atender las denuncias de violaciones a los derechos humanos en aquella entidad. Ramírez Acuña dijo a Khan que el gobierno federal atiende la problemática mediante la investigación de los homicidios de 2006 (cuyos expedientes fueron atraídos por la Procuraduría General de la República) y acatando las recomendaciones de la CNDH. Sin embargo, de acuerdo con la versión de la representante de AI, el funcionario no hizo alusión alguna a los comentarios del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, de que los investigadores de AI son consejeros de la APPO. Reconocemos, dijo Irene Khan, que las autoridades federales han atraído alguno de los casos de muertes que han ocurrido en Oaxaca; (aunque) esperamos que el gobierno federal encuentre la forma de discutir las fallas sistémicas respecto de cómo se administra la justicia en ese estado. Entonces volvió a defender el trabajo que desde 1961 realiza esta organización. Es decir, antes de las declaraciones de Ulises Ruiz, los reportes nunca habían sido cuestionados de tal forma. Ramírez Acuña recibió en su oficina a la representante de AI y sostuvo una conversación de casi una hora. Al encuentro acudieron la canciller Patricia Espinosa; Susan Lee, directora del Programa de América Latina; Rupert Knox y Liliana Velásquez, presidenta de este organismo, sección México.
En la reunión se discutió la propuesta del plan nacional de derechos humanos, así como la iniciativa de reforma al sistema judicial del gobierno calderonista; en especial lo que se refiere a intervenir en asuntos estatales cuando el caso lo amerite. Por la noche, Gobernación emitió un comunicado en el cual señala que el gobierno ha atendido todas las recomendaciones que formuló la CNDH. Respecto de la APPO, Ramírez Acuña "le externó a la representante de AI que se han cumplido los compromisos contraídos en las mesas de negociación". "El gobierno del presidente Felipe Calderón es reformador y transformador; trabaja en poner al día las instituciones para abatir rezagos y otorga especial atención al respeto de los derechos humanos", señaló el funcionario en el encuentro privado, según difundió Gobernación en un boletín. Al respecto, AI recomendó la construcción de una estructura "fuerte y efectiva" de rendición de cuentas de las corporaciones policiales, y reconoció al gobierno mexicano como firmante de convenios internacionales en materia de derechos humanos.
Esperan reportes sobre desaparecidos del EPR
Acerca de los dos desaparecidos (Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez) que reclama el Ejército Popular Revolucionario (EPR), Rupert Knox dijo que han recibido, por parte de los familiares de los aludidos, una solicitud para intervenir, y será hasta que completen la recopilación de datos cuando se formen una opinión acerca del caso. "Esperamos más información para tener un indicio más claro, (porque) actualmente no tenemos los elementos (necesarios)".
La respuesta del gobernador oaxaqueño fue rechazada por Khan -quien está de visita varios días en México- porque, dijo, este organismo civil mantiene una reputación que habla por sí misma. En entrevista con La Jornada, advirtió que el mandatario estatal no tiene voluntad política para hacer frente a las graves violaciones a los derechos humanos y a las deficiencias en seguridad pública. Dos días después de las declaraciones de Ruiz, la representante de AI tuvo su primera reunión con funcionarios de alto nivel de la administración calderonista, pero en Gobernación encontró una inquietud similar a la que escuchó en su visita a Oaxaca, respecto de la recopilación del material y pruebas que dan sustento a su informe sobre la problemática de esa entidad. El secretario de Gobernación, precisó Khan en conferencia de prensa posterior al encuentro con funcionarios federales, nos preguntó acerca de nuestras fuentes de información; cómo habíamos elaborado nuestro informe de Oaxaca. Ante ello, le expliqué que AI tiene una metodología muy desarrollada para la publicación de sus reportes, no sólo sobre México, sino de todos los países del mundo. Señaló que para el caso Oaxaca recibimos pruebas de individuos cuyos derechos han sido violados, de organizaciones no gubernamentales, de autoridades del estado y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), es decir, fuentes diversas. El secretario, agregó Khan a pregunta expresa, no "apoyó ni mencionó la declaración del gobernador" Ruiz. La credibilidad de AI habla por sí sola, desde 1961 hemos redactado muchos informes sobre México y ningún gobierno a escala estatal o federal ha declarado que (los informes) hayan sido escritos por otros. Me gustaría aclarar que son escritos por nuestros investigadores de Amnistía Internacional en Londres (sede del organismo).
"Hemos utilizado otro tipo de fuentes objetivas, como informes médicos dados por autoridades establecidas. Es decir, hemos documentado lo que se encuentra en ese informe", insistió. Tras la primera reunión con Ramírez Acuña, Khan manifestó su preocupación por "la inhabilidad del Estado" para atender, de manera efectiva, las recomendaciones en materia de investigación de los hechos ocurridos en Oaxaca. "Le explicamos al secretario de Gobernación que es muy importante que se lleve a cabo una investigación imparcial de cómo las autoridades estatales están tratando de resolver las acusaciones criminales y de abusos a los derechos humanos. Esa es la única vía para garantizar la impartición de justicia", dijo. Insistió en la necesidad de esclarecer los hechos en Oaxaca: tanto las "ofensas criminales (como incendio o portación de armas) por parte de los movimientos de protesta", como el abuso de autoridad de las corporaciones policiacas estatales y federales. Al respecto, Rupert Knox, investigador de AI para México -uno de los responsables del reporte Oaxaca-, reiteró que es obligación del Estado mexicano realizar sus propias investigaciones y no esperar a que las víctimas presenten todas las pruebas. "Cuando el Estado dice 'no vemos las denuncias a nivel Oaxaca' es porque no quiere verlas; están ahí. Eso es necesario para garantizar la impartición de justicia para todos. Entonces, si no existe esa imparcialidad, igualdad en el trato, entonces el Estado no está sirviendo a la población", dijo.
Tras el encuentro, integrantes de la comitiva de AI entrevistados por este diario calificaron la cita de "interesante", pero admitieron que no encontraron "respuesta plena" porque el gobierno debe emprender acciones que demuestren que existe un "compromiso real" para atender las denuncias de violaciones a los derechos humanos en aquella entidad. Ramírez Acuña dijo a Khan que el gobierno federal atiende la problemática mediante la investigación de los homicidios de 2006 (cuyos expedientes fueron atraídos por la Procuraduría General de la República) y acatando las recomendaciones de la CNDH. Sin embargo, de acuerdo con la versión de la representante de AI, el funcionario no hizo alusión alguna a los comentarios del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, de que los investigadores de AI son consejeros de la APPO. Reconocemos, dijo Irene Khan, que las autoridades federales han atraído alguno de los casos de muertes que han ocurrido en Oaxaca; (aunque) esperamos que el gobierno federal encuentre la forma de discutir las fallas sistémicas respecto de cómo se administra la justicia en ese estado. Entonces volvió a defender el trabajo que desde 1961 realiza esta organización. Es decir, antes de las declaraciones de Ulises Ruiz, los reportes nunca habían sido cuestionados de tal forma. Ramírez Acuña recibió en su oficina a la representante de AI y sostuvo una conversación de casi una hora. Al encuentro acudieron la canciller Patricia Espinosa; Susan Lee, directora del Programa de América Latina; Rupert Knox y Liliana Velásquez, presidenta de este organismo, sección México.
En la reunión se discutió la propuesta del plan nacional de derechos humanos, así como la iniciativa de reforma al sistema judicial del gobierno calderonista; en especial lo que se refiere a intervenir en asuntos estatales cuando el caso lo amerite. Por la noche, Gobernación emitió un comunicado en el cual señala que el gobierno ha atendido todas las recomendaciones que formuló la CNDH. Respecto de la APPO, Ramírez Acuña "le externó a la representante de AI que se han cumplido los compromisos contraídos en las mesas de negociación". "El gobierno del presidente Felipe Calderón es reformador y transformador; trabaja en poner al día las instituciones para abatir rezagos y otorga especial atención al respeto de los derechos humanos", señaló el funcionario en el encuentro privado, según difundió Gobernación en un boletín. Al respecto, AI recomendó la construcción de una estructura "fuerte y efectiva" de rendición de cuentas de las corporaciones policiales, y reconoció al gobierno mexicano como firmante de convenios internacionales en materia de derechos humanos.
Esperan reportes sobre desaparecidos del EPR
Acerca de los dos desaparecidos (Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez) que reclama el Ejército Popular Revolucionario (EPR), Rupert Knox dijo que han recibido, por parte de los familiares de los aludidos, una solicitud para intervenir, y será hasta que completen la recopilación de datos cuando se formen una opinión acerca del caso. "Esperamos más información para tener un indicio más claro, (porque) actualmente no tenemos los elementos (necesarios)".
Intercambian Amnistía y SSP propuestas sobre derechos humanos
Los titulares de la SSP, Genaro García Luna, y de Amnistía Internacional (AI), Irene Khan, se comprometieron a intercambiar propuestas para fortalecer a la policía y el uso de la fuerza en manifestaciones públicas respetando los estándares internacionales de los derechos humanos. En conferencia de prensa, la secretaria general de Amnistía, Irene Khan, señaló que se mantendrá un diálogo permanente a fin de establecer mecanismos para rendir cuentas sobre las actividades conjuntas que realizan el Ejército y la Policía Federal.
- Una política fuerte de seguridad debe basarse en el respeto a las garantías fundamentales
- Fracasa la justicia en México; urge atender la impunidad: AI
- Necesario, preservar libertad de expresión y de asociación; son base de la democracia, advierte la secretaria general del organismo
- Vital, actuación del Congreso para someter a escrutinio al Ejército
ROBERTO GARDUÑO
La secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan (izquierda), en reunión con diputados y senadores en el Palacio Legislativo de San Lázaro Foto: Carlos Ramos Mamahua
El Congreso mexicano juega un papel fundamental para someter al Ejército al escrutinio y la rendición de cuentas, sostuvo Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional (AI). Al reunirse con diputados y senadores, refirió que ante el exterior, México mantiene un papel positivo en la promoción de los derechos humanos, no obstante -advirtió-, paradójicamente la situación de las garantías individuales es muy frágil.
"El acceso a la justicia no está disponible para muchos sectores de la población mexicana y, específicamente, lo que me asombró fue que aquellos a quienes se les ha privado de la justicia tienden a provenir de las áreas más marginadas y vulnerables de la sociedad. Indígenas, mujeres, migrantes, los casos de Oaxaca y de San Salvador Atenco demuestran claramente la urgencia de atender la impunidad y el fracaso de la justicia".
La representante de AI refirió con dureza que en México los derechos de expresión, reunión y asociación deben garantizarse y no sacrificarse en nombre de la ley y el orden, porque protestar y disentir es un aspecto fundamental de la democracia. Reunidos en el salón de protocolo del Palacio Legislativo de San Lázaro, legisladores de todos los partidos escucharon con atención a Irene Khan, quien dio énfasis a la denuncia referente a la violación sistemática de las garantías individuales en Oaxaca. "Las autoridades estatales no han investigado de manera efectiva o han investigado parcialmente las violaciones de derechos humanos por funcionarios públicos, o no han indagado adecuadamente las acciones criminales que se cometieron durante el transcurso de las protestas del movimiento social".
El MP termina por ser inculpado
Al comentar la postura de la secretaria general de Amnistía Internacional, el coordinador del grupo parlamentario del PRD, Javier González Garza, coincidió en que el Ministerio Público (MP), encargado de seguir las pesquisas en torno a la violación de derechos humanos, termina por ser la parte inculpada. Refirió que en México se ha permitido la utilización del Ejército en labores que no le son propias, mucho menos fundadas en el mandato constitucional: "nos hemos opuesto porque no podemos abrir una situación donde empiece a pedirse la fuerza, cuando estamos violentando no sólo derechos humanos, sino la propia Constitución". González Garza también apuntó en su crítica al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes. "Estamos en desacuerdo con las opiniones del presidente de la CNDH. Es una lástima y una pena, porque es del dominio público la situación. Conocemos los asesinatos, a la gente que fue capturada ilesa, y después fue presentada desfigurada y golpeada".
La diputada del PAN Violeta del Pilar Lagunas -quien arrojó envases de refresco en la tribuna de la Cámara a un legislador del PRD durante el zafarrancho que precedió a la rendición de protesta de Felipe Calderón- sorprendió a propios y extraños al considerar que la violación a los derechos humanos tiene que ver con la cultura del pueblo mexicano y con la escasez de recursos por parte de las instituciones del Estado.
Antes, Irene Khan argumentó que la seguridad por sí sola se debilita: los derechos humanos y la seguridad no son dos cosas distintas. "Es mediante la seguridad y los derechos humanos que se puede tener una seguridad efectiva y sustentable, y lo que nos demuestra la historia de México y lo que observamos en los actos a lo largo de todo el mundo es que se sacrifican los derechos humanos en nombre de la seguridad, pero eso no nos lleva ni a la libertad ni a la seguridad." Al enfocar su postura en torno a la ambivalencia entre lo que no se hace en el país y sí se manifiesta en el ámbito internacional, Khan expuso la urgencia de cerrar esa brecha. Dijo que una política fuerte de seguridad pública debe basarse en un compromiso fuerte con los derechos humanos, no "nada más con un compromiso retórico con las garantías individuales". En ese terreno, la tesis de la secretaria general de Amnistía Internacional establece que la seguridad pública es más efectiva cuando trabaja en el contexto del derecho, y para garantizar una democracia verdadera el Estado debe respetar las garantías de todos sus ciudadanos y crear instituciones para hacer cumplir ese precepto.
Tal consideración la llevó a manifestar una crítica abierta al contenido de la Constitución mexicana.
Aun cuando los principios de las garantías individuales están en la Constitución, hace mucho tiempo más que están plasmados en el derecho internacional; México ha jugado un papel clave en el desarrollo de esas normas y de esos derechos, por lo tanto, nosotros sentimos que la Constitución, como está ahora, no refleja de manera adecuada el rango de los derechos establecidos y plasmados en los tratados de los que México es parte, señaló.
Así, desglosó tres principios que la reforma judicial del país debe incluir: Los derechos de las víctimas y de los sospechosos deben ser garantizados por igual, incluyendo el reconocimiento constitucional de la presunción de inocencia, para que la carga de la culpa no recaiga sobre el sospechoso; monitorear y vigilar las investigaciones efectuadas por los fiscales y los ministros, y sancionar y castigar a aquellos que se ven implicados en el abuso de derechos humanos; los mecanismos de revisión de cuentas de la policía deben ser efectivos, imparciales e independientes, de manera que puedan crear confianza de parte del público. "Nosotros sugerimos que el Congreso estudie las prácticas eficientes de otros países para establecer un mecanismo de quejas independientes para reforzar la rendición de cuentas".
El Congreso mexicano juega un papel fundamental para someter al Ejército al escrutinio y la rendición de cuentas, sostuvo Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional (AI). Al reunirse con diputados y senadores, refirió que ante el exterior, México mantiene un papel positivo en la promoción de los derechos humanos, no obstante -advirtió-, paradójicamente la situación de las garantías individuales es muy frágil.
"El acceso a la justicia no está disponible para muchos sectores de la población mexicana y, específicamente, lo que me asombró fue que aquellos a quienes se les ha privado de la justicia tienden a provenir de las áreas más marginadas y vulnerables de la sociedad. Indígenas, mujeres, migrantes, los casos de Oaxaca y de San Salvador Atenco demuestran claramente la urgencia de atender la impunidad y el fracaso de la justicia".
La representante de AI refirió con dureza que en México los derechos de expresión, reunión y asociación deben garantizarse y no sacrificarse en nombre de la ley y el orden, porque protestar y disentir es un aspecto fundamental de la democracia. Reunidos en el salón de protocolo del Palacio Legislativo de San Lázaro, legisladores de todos los partidos escucharon con atención a Irene Khan, quien dio énfasis a la denuncia referente a la violación sistemática de las garantías individuales en Oaxaca. "Las autoridades estatales no han investigado de manera efectiva o han investigado parcialmente las violaciones de derechos humanos por funcionarios públicos, o no han indagado adecuadamente las acciones criminales que se cometieron durante el transcurso de las protestas del movimiento social".
El MP termina por ser inculpado
Al comentar la postura de la secretaria general de Amnistía Internacional, el coordinador del grupo parlamentario del PRD, Javier González Garza, coincidió en que el Ministerio Público (MP), encargado de seguir las pesquisas en torno a la violación de derechos humanos, termina por ser la parte inculpada. Refirió que en México se ha permitido la utilización del Ejército en labores que no le son propias, mucho menos fundadas en el mandato constitucional: "nos hemos opuesto porque no podemos abrir una situación donde empiece a pedirse la fuerza, cuando estamos violentando no sólo derechos humanos, sino la propia Constitución". González Garza también apuntó en su crítica al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes. "Estamos en desacuerdo con las opiniones del presidente de la CNDH. Es una lástima y una pena, porque es del dominio público la situación. Conocemos los asesinatos, a la gente que fue capturada ilesa, y después fue presentada desfigurada y golpeada".
La diputada del PAN Violeta del Pilar Lagunas -quien arrojó envases de refresco en la tribuna de la Cámara a un legislador del PRD durante el zafarrancho que precedió a la rendición de protesta de Felipe Calderón- sorprendió a propios y extraños al considerar que la violación a los derechos humanos tiene que ver con la cultura del pueblo mexicano y con la escasez de recursos por parte de las instituciones del Estado.
Antes, Irene Khan argumentó que la seguridad por sí sola se debilita: los derechos humanos y la seguridad no son dos cosas distintas. "Es mediante la seguridad y los derechos humanos que se puede tener una seguridad efectiva y sustentable, y lo que nos demuestra la historia de México y lo que observamos en los actos a lo largo de todo el mundo es que se sacrifican los derechos humanos en nombre de la seguridad, pero eso no nos lleva ni a la libertad ni a la seguridad." Al enfocar su postura en torno a la ambivalencia entre lo que no se hace en el país y sí se manifiesta en el ámbito internacional, Khan expuso la urgencia de cerrar esa brecha. Dijo que una política fuerte de seguridad pública debe basarse en un compromiso fuerte con los derechos humanos, no "nada más con un compromiso retórico con las garantías individuales". En ese terreno, la tesis de la secretaria general de Amnistía Internacional establece que la seguridad pública es más efectiva cuando trabaja en el contexto del derecho, y para garantizar una democracia verdadera el Estado debe respetar las garantías de todos sus ciudadanos y crear instituciones para hacer cumplir ese precepto.
Tal consideración la llevó a manifestar una crítica abierta al contenido de la Constitución mexicana.
Aun cuando los principios de las garantías individuales están en la Constitución, hace mucho tiempo más que están plasmados en el derecho internacional; México ha jugado un papel clave en el desarrollo de esas normas y de esos derechos, por lo tanto, nosotros sentimos que la Constitución, como está ahora, no refleja de manera adecuada el rango de los derechos establecidos y plasmados en los tratados de los que México es parte, señaló.
Así, desglosó tres principios que la reforma judicial del país debe incluir: Los derechos de las víctimas y de los sospechosos deben ser garantizados por igual, incluyendo el reconocimiento constitucional de la presunción de inocencia, para que la carga de la culpa no recaiga sobre el sospechoso; monitorear y vigilar las investigaciones efectuadas por los fiscales y los ministros, y sancionar y castigar a aquellos que se ven implicados en el abuso de derechos humanos; los mecanismos de revisión de cuentas de la policía deben ser efectivos, imparciales e independientes, de manera que puedan crear confianza de parte del público. "Nosotros sugerimos que el Congreso estudie las prácticas eficientes de otros países para establecer un mecanismo de quejas independientes para reforzar la rendición de cuentas".
- Las fuerzas armadas deben someterse a escrutinio civil, dice
- AI: el Congreso, fundamental para acotar al Ejército
- "Poco claro", el papel de los militares y la PFP en operativos conjuntos
- Vastos sectores carecen de acceso a la justicia, plantea Khan en San Lázaro
- Subraya que la población marginada y vulnerable es la más afectada
- Alta delegación de la CIDH viajará a Oaxaca para documentar abusos
ROBERTO GARDUÑO, GUSTAVO CASTILLO,
EMIR OLIVARES Y GEORGINA SALDIERNA
Kikka Roja
Entradas
