La reforma petrolera de Calderón puede impulsar la formación de grupos paramilitares de seguridad, como las guardias blancas formadas antes de la expropiación o como las fuerzas castrenses contratadas hoy en Ecuador por la española Repsol. En 2007, la estadunidense SY Coleman convocó a exmilitares para vigilar instalaciones de Pemex en Veracruz. Y aunque Pemex negó a Proceso tener vínculos con ella, especialistas consultados advierten que la iniciativa del Ejecutivo puede abrir las puertas del país “a los llamados Perros de Guerra”Jorge Carrasco Araizaga/ Proceso
MEXICO, D.F. En agosto de 2007, la firma estadunidense SY Coleman Corporation lanzó dos convocatorias de empleo en busca de exmilitares de Estados Unidos con experiencia internacional para realizar labores de vigilancia aérea y mantenimiento en “varias localidades de Veracruz, México”. A pesar de que el lugar de trabajo propuesto fue en espacio aéreo y territorio mexicanos, se previó que el personal quedara bajo jurisdicción estadunidense. El propósito de SY Coleman, que según diputados federales por Veracruz era vigilar instalaciones de Pemex, representa lo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha advertido sobre una de las consecuencias de la privatización de recursos estratégicos: la presencia de empresas trasnacionales de seguridad que bajo sus propias reglas contratan a mercenarios para vigilar los nuevos negocios de las corporaciones energéticas. No es la única manera en que las petroleras trasnacionales vigilan “sus” instalaciones estratégicas. La empresa española de petróleo y gas Repsol-YPF, una de las primeras favorecidas con la apertura del sector energético de México a la inversión extranjera, ha contratado unidades del Ejército de Ecuador para que le vigile las zonas indígenas donde explora y explota el crudo. Compañías estadunidenses han hecho lo mismo. Aunque Petróleos Mexicanos rechaza que SY Coleman realice labores de vigilancia de sus instalaciones, la proyección de la firma estadunidense sobre México va todavía más allá de la infraestructura estratégica del país.
SY Coleman es subsidiaria de L-3 Communications, firma de seguridad que como parte de sus negocios en la “guerra global contra el terrorismo” participa en la construcción del muro que levanta Estados Unidos en su frontera con México. Además, L-3 vendió los equipos de detección de explosivos para las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero sus principales contratos están en Irak y Afganistán, donde ha aumentado la presencia de mercenarios al amparo de contratos entre empresas militares y de seguridad privadas con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Cinco meses antes de que SY Coleman lanzara su convocatoria para México, la ONU ya había advertido sobre los efectos nocivos que ha tenido la presencia de este tipo de empresas en los procesos de privatización de los recursos nacionales. El 7 de febrero de 2007, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dio a conocer a la Asamblea General del organismo el “informe del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación”. El documento dejó en claro que la contratación de elementos en funciones militares y de seguridad es un fenómeno creciente en el caso de los conflictos armados en el mundo; pero en América Latina y el Caribe está asociado a los procesos de privatización de los recursos estratégicos. En su capítulo dedicado a la región, señala que los Estados “delegan cada vez más funciones militares y de seguridad básicas en empresas privadas, con el riesgo de que éstas sean cómplices en violaciones a los derechos humanos con total impunidad”. El Grupo de Trabajo, dice, “es consciente de que las zonas en que se encuentran los recursos petroleros, hídricos y minerales y sus infraestructuras son instalaciones estratégicas que pueden necesitar una protección especial del Estado por razones de seguridad nacional”.
Pero bajo ese argumento, continúa, ha surgido la tendencia hacia la privatización de dicha actividad. Se ha llegado al extremo de que algunas fuerzas militares han privatizado y ofrecido sus servicios a industrias extractivas, “principalmente empresas petroleras”, como en Ecuador. El informe menciona que desde el año 2000 el Ejército ecuatoriano ha establecido contratos con empresas de Estados Unidos para proteger los pozos de petróleo, oleoductos y demás instalaciones, con lo que en la práctica se ha convertido en una empresa privada de seguridad. El Grupo de Trabajo de la ONU, que estuvo en el país andino entre agosto y septiembre del 2006 y presentó su informe en febrero siguiente, precisó que en el año 2000 el Ministerio de Defensa de Ecuador firmó un “convenio de cooperación militar” con la Occidental Exploration and Production Company. Luego, en 2001, suscribió un “convenio marco” por cinco años con 16 compañías petroleras para garantizar la seguridad de las instalaciones y de las personas que trabajan en ellas mediante patrullajes, desplazamientos terrestres y fluviales. También, para efectuar misiones de información y contraespionaje, controlar armas y explosivos y personas indocumentadas en su jurisdicción, además de crear una red de comunicaciones. En 2004, firmó un convenio similar con la Texas Petroleum Company.
SY Coleman es subsidiaria de L-3 Communications, firma de seguridad que como parte de sus negocios en la “guerra global contra el terrorismo” participa en la construcción del muro que levanta Estados Unidos en su frontera con México. Además, L-3 vendió los equipos de detección de explosivos para las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero sus principales contratos están en Irak y Afganistán, donde ha aumentado la presencia de mercenarios al amparo de contratos entre empresas militares y de seguridad privadas con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Cinco meses antes de que SY Coleman lanzara su convocatoria para México, la ONU ya había advertido sobre los efectos nocivos que ha tenido la presencia de este tipo de empresas en los procesos de privatización de los recursos nacionales. El 7 de febrero de 2007, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dio a conocer a la Asamblea General del organismo el “informe del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación”. El documento dejó en claro que la contratación de elementos en funciones militares y de seguridad es un fenómeno creciente en el caso de los conflictos armados en el mundo; pero en América Latina y el Caribe está asociado a los procesos de privatización de los recursos estratégicos. En su capítulo dedicado a la región, señala que los Estados “delegan cada vez más funciones militares y de seguridad básicas en empresas privadas, con el riesgo de que éstas sean cómplices en violaciones a los derechos humanos con total impunidad”. El Grupo de Trabajo, dice, “es consciente de que las zonas en que se encuentran los recursos petroleros, hídricos y minerales y sus infraestructuras son instalaciones estratégicas que pueden necesitar una protección especial del Estado por razones de seguridad nacional”.
Pero bajo ese argumento, continúa, ha surgido la tendencia hacia la privatización de dicha actividad. Se ha llegado al extremo de que algunas fuerzas militares han privatizado y ofrecido sus servicios a industrias extractivas, “principalmente empresas petroleras”, como en Ecuador. El informe menciona que desde el año 2000 el Ejército ecuatoriano ha establecido contratos con empresas de Estados Unidos para proteger los pozos de petróleo, oleoductos y demás instalaciones, con lo que en la práctica se ha convertido en una empresa privada de seguridad. El Grupo de Trabajo de la ONU, que estuvo en el país andino entre agosto y septiembre del 2006 y presentó su informe en febrero siguiente, precisó que en el año 2000 el Ministerio de Defensa de Ecuador firmó un “convenio de cooperación militar” con la Occidental Exploration and Production Company. Luego, en 2001, suscribió un “convenio marco” por cinco años con 16 compañías petroleras para garantizar la seguridad de las instalaciones y de las personas que trabajan en ellas mediante patrullajes, desplazamientos terrestres y fluviales. También, para efectuar misiones de información y contraespionaje, controlar armas y explosivos y personas indocumentadas en su jurisdicción, además de crear una red de comunicaciones. En 2004, firmó un convenio similar con la Texas Petroleum Company.
El caso de Repsol
El informe de la ONU dejó fuera un contrato del 2003 por medio del cual una unidad del Ejército ecuatoriano quedó completamente subordinada a la petrolera y gasera española Repsol-YPF, empresa que en los últimos años se ha convertido en la mayor compañía privada energética en América Latina por lo que hace a sus activos. En México, Repsol-YPF ha tenido una amplia consideración por parte de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. En ese mismo año, fue la primera beneficiaria internacional de los contratos de servicios múltiples ofrecidos por Pemex para exploración y producción de gas en el país. Por decisión del gobierno de Fox, con el respaldo de su entonces secretario de Energía, Felipe Calderón, Pemex le adjudicó en la modalidad de contratos de servicios múltiples la operación de 16 campos de gas del bloque Reynosa-Monterrey, en la cuenca de Burgos. Con esa determinación, la firma española “se convirtió – según su propia información corporativa– en la primera compañía internacional en participar en actividades de desarrollo y explotación de hidrocarburos en México”. Como una de las potenciales beneficiarias en caso de prosperar la reforma de Pemex propuesta por Calderón, Repsol dio un segundo paso importante en México al convertirse en proveedora de gas natural para la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En 2007, la CFE le adjudicó una licitación internacional para el suministro de gas natural licuado durante 15 años a partir del 2010.
El gas procederá de una planta de Perú de la que Repsol es comercializador exclusivo, y llegará a la terminal de gas natural de Manzanillo, Colima. En diciembre de ese mismo año, Repsol entró al mercado mexicano de generación eléctrica como segundo operador privado al adquirir en Tamaulipas las centrales Anáhuac (Río Bravo II), Lomas del Real (Río Bravo III), Vallehermoso (Río Bravo IV) y Electricidad Águila de Altamira (Altamira II). Además, se quedó con el gasoducto de 54 kilómetros que suministra el energético a esas instalaciones. En Coahuila, adquirió la central de Saltillo. Hasta ahora, Repsol no ha hecho pública su intención de repetir en México la medida que tomó en Ecuador para proteger las instalaciones energéticas que le han sido adjudicadas: promover la privatización de las tareas de vigilancia encomendadas al Ejército y mantener alejados a “delincuentes y elementos subversivos” dentro de la región de operaciones, habitada por indígenas guaraníes. Ese contrato fue dado a conocer en 2006 por los altermundistas franceses Alain Durand y Nicolas Pinet en el libro L´Amerique Latine en mouvement. De acuerdo con esa publicación, Repsol propició la privatización de tareas reservadas a las Fuerzas Armadas. El acuerdo de Repsol con el Ministerio de Defensa ecuatoriano fue firmado el 1 de octubre de 2003, con el número CO13.00009.2003, para el bloque 16 Ecuador, y con una duración de un año 11 meses, prorrogable. En la definición de las partes contratantes, el Ejército de ese país asumió funciones de una empresa de seguridad al servicio de la petrolera española.
El contrato fue firmado por “Repsol-YPF Ecuador, S.A., constituida bajo la protección de las leyes de España y domiciliada en Ecuador, llamada ‘La Compañía’, y por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, representado por el coronel Juan Arnulfo Reinoso Sola, en su calidad de comandante, denominado ‘Contratante’”. En total, dos oficiales, dos sargentos, dos soldados de comunicaciones y 36 soldados integraron la unidad del Ejército ecuatoriano puesto bajo las órdenes de la petrolera española. El propósito del contrato quedó establecido de la siguiente manera: “El objeto (…) es que el Contratante provea una seguridad integral en la región de operaciones de la Compañía mediante patrullajes, un control militar permanente en todos los lugares, rutas de acceso y embarcaderos de ríos y afluentes, con el objetivo fundamental de impedir la entrada de delincuentes y/o subversivos en la región de operaciones, así como dentro de las regiones de influencia de la Compañía”. El pacto comercial precisó que la Compañía trataría con las comunidades indígenas en la región de operaciones y establecería las directrices que el Contratante debe observar respecto a ellas. Las disposiciones obedecieron a que el Bloque 16, Ecuador, se ubica en territorios de los indígenas guaraníes. La tarea de este grupo militar, conforme al contrato, fue la de trabajar en comunicación, en coordinación y bajo las órdenes del coordinador de seguridad de la Compañía. En casos de conflicto o de enfrentamiento, el Contratante dispuso que el personal actuara a las órdenes del Comandante militar e informara constantemente al coordinador de seguridad de la Compañía sobre el estado de las instalaciones y las actividades puestas en práctica.
El gas procederá de una planta de Perú de la que Repsol es comercializador exclusivo, y llegará a la terminal de gas natural de Manzanillo, Colima. En diciembre de ese mismo año, Repsol entró al mercado mexicano de generación eléctrica como segundo operador privado al adquirir en Tamaulipas las centrales Anáhuac (Río Bravo II), Lomas del Real (Río Bravo III), Vallehermoso (Río Bravo IV) y Electricidad Águila de Altamira (Altamira II). Además, se quedó con el gasoducto de 54 kilómetros que suministra el energético a esas instalaciones. En Coahuila, adquirió la central de Saltillo. Hasta ahora, Repsol no ha hecho pública su intención de repetir en México la medida que tomó en Ecuador para proteger las instalaciones energéticas que le han sido adjudicadas: promover la privatización de las tareas de vigilancia encomendadas al Ejército y mantener alejados a “delincuentes y elementos subversivos” dentro de la región de operaciones, habitada por indígenas guaraníes. Ese contrato fue dado a conocer en 2006 por los altermundistas franceses Alain Durand y Nicolas Pinet en el libro L´Amerique Latine en mouvement. De acuerdo con esa publicación, Repsol propició la privatización de tareas reservadas a las Fuerzas Armadas. El acuerdo de Repsol con el Ministerio de Defensa ecuatoriano fue firmado el 1 de octubre de 2003, con el número CO13.00009.2003, para el bloque 16 Ecuador, y con una duración de un año 11 meses, prorrogable. En la definición de las partes contratantes, el Ejército de ese país asumió funciones de una empresa de seguridad al servicio de la petrolera española.
El contrato fue firmado por “Repsol-YPF Ecuador, S.A., constituida bajo la protección de las leyes de España y domiciliada en Ecuador, llamada ‘La Compañía’, y por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, representado por el coronel Juan Arnulfo Reinoso Sola, en su calidad de comandante, denominado ‘Contratante’”. En total, dos oficiales, dos sargentos, dos soldados de comunicaciones y 36 soldados integraron la unidad del Ejército ecuatoriano puesto bajo las órdenes de la petrolera española. El propósito del contrato quedó establecido de la siguiente manera: “El objeto (…) es que el Contratante provea una seguridad integral en la región de operaciones de la Compañía mediante patrullajes, un control militar permanente en todos los lugares, rutas de acceso y embarcaderos de ríos y afluentes, con el objetivo fundamental de impedir la entrada de delincuentes y/o subversivos en la región de operaciones, así como dentro de las regiones de influencia de la Compañía”. El pacto comercial precisó que la Compañía trataría con las comunidades indígenas en la región de operaciones y establecería las directrices que el Contratante debe observar respecto a ellas. Las disposiciones obedecieron a que el Bloque 16, Ecuador, se ubica en territorios de los indígenas guaraníes. La tarea de este grupo militar, conforme al contrato, fue la de trabajar en comunicación, en coordinación y bajo las órdenes del coordinador de seguridad de la Compañía. En casos de conflicto o de enfrentamiento, el Contratante dispuso que el personal actuara a las órdenes del Comandante militar e informara constantemente al coordinador de seguridad de la Compañía sobre el estado de las instalaciones y las actividades puestas en práctica.
Represión de movimientos sociales
En su informe del 7 de febrero de 2007, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas expresó “su preocupación por las complejas relaciones entre la protección de los recursos nacionales y su importancia geoestratégica, las actividades y los intereses de las empresas militares y de seguridad privadas, y la represión de los movimientos sociales”. Agregó que “la creación de ejércitos privados y la explotación ilegal de los recursos naturales están inextricablemente ligadas a la continuación de los conflictos armados en diversas situaciones en todo el mundo, como por ejemplo en América Latina”. En 2001 entró en vigor la Convención Internacional contra el Reclutamiento, Utilización y Entrenamiento de Mercenarios, a la luz de la cual el Grupo de Trabajo visitó Ecuador. Además, estuvo en Perú, Colombia, Chile y Honduras para investigar la contratación de ciudadanos de esos países por parte de empresas extranjeras, sobre todo estadunidenses, para ser enviados a Irak. México todavía no es parte de la Convención, pues no ha entregado su firma de adhesión. En 2005 era uno de los pocos Estados que había respondido a un cuestionario enviado por el Grupo de Trabajo sobre las actividades de las empresas de seguridad privadas que ofertan servicios de asistencia y asesoramiento militares, así como de seguridad privada. Las respuestas de México –que están contenidas en un informe del Grupo del Trabajo a la Asamblea General de la ONU, registrado como A/61/341/– son muy genéricas y no constituyen ningún compromiso expreso de evitar la contratación de ese tipo de empresas en el país. A lo más que se comprometió fue a ser sede de una conferencia internacional sobre el tema.
Pero la posición de México ante la contratación de estas empresas la dio a conocer SY Coleman el 9 de agosto de 2007 al colocar en su sitio de internet las convocatorias para contratar a personal militar con experiencia internacional para trabajar con personal de seguridad mexicano en la protección de infraestructura en Veracruz, donde se encuentran instalaciones estratégicas tanto de Pemex como de la CFE. Ambas niegan haber firmado algún contrato con esa empresa, que provee servicios de ingeniería, programáticos y de comunicaciones tanto al Departamento de Defensa como a sectores comerciales en Estados Unidos y en el extranjero. En respuesta a una petición de información mediante la Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental que Proceso le hizo a Pemex cuando se dio a conocer la convocatoria de SY Coleman, la paraestatal negó cualquier relación con la firma estadunidense. “No hay ningún contrato que haya sido celebrado con empresas privadas, nacionales o extranjeras, para ejercer la labor de vigilancia terrestre, aérea o marítima de las instalaciones de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios”, respondió la entidad. Precisó que tiene firmados convenios de colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y con la Secretaría de Marina para la vigilancia de sus instalaciones. Sin embargo, el director de la paraestatal, Jesús Reyes Heroles, aseguró que ni con las Fuerzas Armadas, Pemex puede resguardar sus 19 mil instalaciones de superficie terrestre. Consultada la semana pasada, la CFE también negó cualquier vínculo con SY Coleman.
“No tenemos ni hemos tenido relación con la empresa”, aseguró a través de Comunicación Social. El diputado del PRD por el Distrito Federal, Alfonso Suárez del Real, integrante de la Comisión de Defensa Nacional, manifiesta que la apertura del sector energético a empresas extranjeras puede derivar en el control de instalaciones estratégicas por parte de compañías internacionales de seguridad que, para sus operaciones, contratan mercenarios. En su convocatoria para México, SY Coleman estableció requisitos que sólo pueden cumplirse si se ha participado en operaciones militares internacionales: más de tres años de experiencia militar, en operaciones de Vehículos Aéreos automáticos, en centros de operaciones tácticas o de seguridad, en apoyo de aviación y/o programas de seguridad para clientes de Centro o Sudamérica, en helicópteros y en mantenimiento de los mismos. En la época del apogeo de las petroleras extranjeras en México se padeció el fenómeno de las guardias blancas, que eran grupos paramilitares financiados por aquéllas para establecer un control alrededor de las áreas que dominaban, dice Suárez del Real. Advierte que la historia puede repetirse, pues empresas petroleras maquiladoras previstas en la reforma de Calderón podrían proveer la seguridad de sus instalaciones mediante servicios de seguridad privados. Estas empresas, dice, operan como ejércitos de mercenarios que están fuera de cualquier regulación civil o militar en los lugares adonde llegan, e inclusive en territorio estadunidense.
El general retirado Roberto Badillo Martínez, diputado del PRI por Veracruz que el año pasado denunció los planes de SY Coleman en México, asegura que en casi todos los países petroleros las instalaciones estratégicas “están protegidas por las fuerzas de seguridad del Estado, y México no debe ser la excepción”. Pero la reforma petrolera del Ejecutivo, puntualiza, “puede abrir las puertas para que entren al país los llamados Perros de Guerra”.
Kikka Roja
Pero la posición de México ante la contratación de estas empresas la dio a conocer SY Coleman el 9 de agosto de 2007 al colocar en su sitio de internet las convocatorias para contratar a personal militar con experiencia internacional para trabajar con personal de seguridad mexicano en la protección de infraestructura en Veracruz, donde se encuentran instalaciones estratégicas tanto de Pemex como de la CFE. Ambas niegan haber firmado algún contrato con esa empresa, que provee servicios de ingeniería, programáticos y de comunicaciones tanto al Departamento de Defensa como a sectores comerciales en Estados Unidos y en el extranjero. En respuesta a una petición de información mediante la Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental que Proceso le hizo a Pemex cuando se dio a conocer la convocatoria de SY Coleman, la paraestatal negó cualquier relación con la firma estadunidense. “No hay ningún contrato que haya sido celebrado con empresas privadas, nacionales o extranjeras, para ejercer la labor de vigilancia terrestre, aérea o marítima de las instalaciones de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios”, respondió la entidad. Precisó que tiene firmados convenios de colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y con la Secretaría de Marina para la vigilancia de sus instalaciones. Sin embargo, el director de la paraestatal, Jesús Reyes Heroles, aseguró que ni con las Fuerzas Armadas, Pemex puede resguardar sus 19 mil instalaciones de superficie terrestre. Consultada la semana pasada, la CFE también negó cualquier vínculo con SY Coleman.
“No tenemos ni hemos tenido relación con la empresa”, aseguró a través de Comunicación Social. El diputado del PRD por el Distrito Federal, Alfonso Suárez del Real, integrante de la Comisión de Defensa Nacional, manifiesta que la apertura del sector energético a empresas extranjeras puede derivar en el control de instalaciones estratégicas por parte de compañías internacionales de seguridad que, para sus operaciones, contratan mercenarios. En su convocatoria para México, SY Coleman estableció requisitos que sólo pueden cumplirse si se ha participado en operaciones militares internacionales: más de tres años de experiencia militar, en operaciones de Vehículos Aéreos automáticos, en centros de operaciones tácticas o de seguridad, en apoyo de aviación y/o programas de seguridad para clientes de Centro o Sudamérica, en helicópteros y en mantenimiento de los mismos. En la época del apogeo de las petroleras extranjeras en México se padeció el fenómeno de las guardias blancas, que eran grupos paramilitares financiados por aquéllas para establecer un control alrededor de las áreas que dominaban, dice Suárez del Real. Advierte que la historia puede repetirse, pues empresas petroleras maquiladoras previstas en la reforma de Calderón podrían proveer la seguridad de sus instalaciones mediante servicios de seguridad privados. Estas empresas, dice, operan como ejércitos de mercenarios que están fuera de cualquier regulación civil o militar en los lugares adonde llegan, e inclusive en territorio estadunidense.
El general retirado Roberto Badillo Martínez, diputado del PRI por Veracruz que el año pasado denunció los planes de SY Coleman en México, asegura que en casi todos los países petroleros las instalaciones estratégicas “están protegidas por las fuerzas de seguridad del Estado, y México no debe ser la excepción”. Pero la reforma petrolera del Ejecutivo, puntualiza, “puede abrir las puertas para que entren al país los llamados Perros de Guerra”.
Entradas
