La crisis del México actual es producto del agravamiento de dos males endémicos: la corrupción y la desigualdad.
Es indudable que siempre se ha padecido de estas calamidades. Pero de 1983 a la fecha, la corrupción y la desigualdad se han fomentado desde el poder público; es decir, se han institucionalizado.
Durante el periodo llamado neoliberal lo que realmente ha predominado es una política excluyente y de pillaje. Aquí insisto: desde 1983, un grupo muy selecto de traficantes de influencias, especuladores, banqueros, grandes empresarios y políticos corruptos se apoderaron del gobierno, se han venido apropiando de los bienes del pueblo y de la Nación y han utilizado el presupuesto público para su exclusivo beneficio.
Todo este proceso ha sido operado por tecnócratas formados en escuelas del extranjero, donde se elaboran los sofismas o falsedades para justificar el predominio del interés económico de una minoría y la apropiación de los recursos naturales de las naciones por encima del bienestar de los pueblos.
Incluso, como borregos, muchos intelectuales y comunicadores al servicio de la derecha repetían y consideraban válida la seudo teoría del goteo, según la cual, si le iba muy bien a los de arriba les iría bien a los de abajo. Si llovía fuerte arriba, goteaba abajo; como si la riqueza en sí misma fuese permeable o contagiosa.
Veamos con precisión y objetividad cuál es el saldo de esta política de pillaje llamada neoliberal:
De 1983 a la fecha, se han privatizado más de mil empresas públicas (entre ellas bancos, teléfonos, acero, minas, puertos, aeropuertos, líneas aéreas, ferrocarriles, electricidad). En los últimos veintiséis años se ha extraído tres veces más petróleo que todo lo producido en 81 años (de 1901, cuando inició la explotación petrolera, hasta 1982). De 1983 a la fecha, la deuda pública creció de 80 mil a 300 mil millones de dólares.
En el periodo neoliberal se ha construido menos infraestructura y obras públicas (carreteras, hospitales, escuelas, presas, sistemas de riego), se abandonó el campo; se suprimió toda la política de fomento económico; se arruinó al pequeño y al mediano comercio; se ha desmantelado la industria nacional, y estas actividades pasaron casi por completo a manos de extranjeros.
De 1982 a la actualidad, el salario mínimo ha perdido el 85 por ciento de su poder adquisitivo. En aquel entonces, el salario mínimo alcanzaba para comprar 56 kilos de tortilla, hoy sólo permite comprar 5 kilos; en 1982, del total de la población económicamente activa, 35 por ciento tenía empleo en la economía formal. Hoy sólo tiene ocupación formal 22 por ciento y, según cifras oficiales, 12 millones trabajan en la economía informal. En 1982, salieron del país a buscar trabajo al extranjero 210 mil mexicanos; en 2007 tuvieron la necesidad de emigrar 582 mil. En este periodo, mientras las universidades privadas aumentaron seis veces el número de sus estudiantes, las universidades públicas apenas duplicaron su matrícula.
Este ha sido el periodo de mayor concentración de la riqueza en toda la historia de México. Un dato: en 2006, según Forbes y cifras del INEGI, el patrimonio de los 10 mexicanos más ricos era equivalente al ingreso de un año de la mitad de la población de nuestro país. Así mismo, en ese año, el 70 por ciento de las familias mexicanas vivía con ingresos menores a 8 mil pesos. Uno de los resultados más lamentables de esta política discriminatoria, es que de 1982 a la fecha, el número de pobres pasó de 32 millones a más de 60 millones; es decir, se duplicó.
Aunque cruda, esta es la realidad. La espeluznante verdad: en México la riqueza de unos (pocos) se ha edificado con la miseria de otros (muchos).
Por eso sostenemos que para enfrentar la crisis actual, lo primero que tiene que hacerse es cambiar esta política injusta y excluyente, que es la causa principal del empobrecimiento, de la inseguridad y de la violencia.
En otras palabras, debe aplicarse una nueva política que tenga como objetivo central la atención a las necesidades del pueblo y no el lucro y los privilegios de una minoría.
Este debe ser el gran tema del debate nacional. Sobre esta base es que estamos dispuestos a dialogar y a llegar a un acuerdo con otras fuerzas políticas y sectores sociales.
Desde esta plaza pública defino con toda claridad lo siguiente: primero, rechazamos la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, nuestro movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico. Aquí abro un paréntesis para condenar una vez más, el acto terrorista de Morelia, que causó la muerte de 8 seres humanos y lesionó a más de 100 personas inocentes.
Segundo, es necesario aclarar que no estamos en contra quienes, con esfuerzo, trabajo y de conformidad con la ley, crean riquezas y generan empleos, sino de aquellos que de la noche a la mañana amasan grandes fortunas en la ilegalidad o al amparo del poder público. Estamos a favor de una iniciativa privada con cultura productiva, con responsabilidad cívica y dimensión social.
Tercero, siempre por encima de nuestros legítimos intereses personales o de grupo, estará el bienestar del pueblo y de la Nación.
Cuarto, para rescatar al país de la crisis actual, estamos dispuestos a construir un acuerdo con todas las fuerzas políticas y con los representantes de todos los sectores sociales de México, siempre y cuando se convenga cambiar la política económica para apoyar a la mayoría de los mexicanos, y en especial a los pobres y desposeídos de nuestro país. Y todos nos comprometamos a no permitir la privatización de la industria petrolera en ninguna de sus modalidades.
Quiero explicar a ustedes con mayor detalle por qué es indispensable cambiar la actual política y qué proponemos de manera concreta.
Es innegable que la situación económica del país está en franco deterioro y si no se corrige el rumbo, la situación va a empeorar y será el pueblo pobre el que resulte más afectado. Aunque todos lo padeceremos porque en una sociedad siempre el destino de unos, está atado al de otros.
Este año, el crecimiento económico de México es el más bajo de todos los países de América Latina y el Caribe.
En los últimos tiempos ha sido mayor la pérdida de empleos. El salario y los ingresos están resultando insuficientes ante la carestía. Está creciendo la cartera vencida. Los bancos han reducido sus créditos. Las tiendas departamentales están bajando sus ventas. En estos días, la industria de la construcción no está creciendo.
Por los efectos de la recesión en Estados Unidos, se está reduciendo el monto de las remesas de los trabajadores mexicanos en el extranjero; está cayendo la producción y las exportaciones mexicanas son menores; están bajando los niveles de ocupación en los destinos turísticos; hay falta de crédito internacional para proyectos de inversión.
No quisiéramos que ocurriera, pero lo más lógico es que con el deterioro de la economía mundial habrá menores flujos de divisas hacia México por concepto de inversión, de crédito y de exportaciones. Adicionalmente, la caída en la producción de Pemex, ocasionada por su mal manejo, y una probable baja en los precios del petróleo, automáticamente plantea el riesgo del déficit creciente en la balanza de pagos.
Sin considerar las exportaciones de petróleo, el déficit comercial, (es decir, cuando se compra en el extranjero más de lo que vendemos afuera) en el 2000, fue de 14 mil 149 millones de dólares; en 2007, de 53 mil 92 millones de dólares, y en 2008, según proyecciones, será de 68 mil 374 millones de dólares; es decir, crecerá 15 mil millones de dólares en un año. Y es importante señalar que el 86 por ciento de este incremento, se debe a la creciente compra en el extranjero de alimentos y petrolíferos, principalmente gasolinas. Y todavía así, el gobierno usurpador se ha negado a construir nuevas refinerías y no ha apoyado a los productores del campo mexicano para lograr la autosuficiencia alimentaria. Pareciera como si estuviera esperando una gran crisis de balanza de pagos para actuar.
No es ningún secreto que un ambiente de turbulencia financiera internacional y de crédito restringido, un déficit de gran magnitud podría llevar a que la crisis económica pasara a crisis financiera, con consecuencias negativas para las tasas de interés o el tipo de cambio.
Añadir una crisis cambiaria a la crisis que hoy padecemos por falta de crecimiento, empleo y falta de seguridad tendría efectos muy graves para el bienestar de los mexicanos.
Por esta razón, desde esta plaza pública, proponemos al Congreso la aplicación de un plan anticrisis, bajo los siguientes lineamientos:
Consideramos que en materia económica, para enfrentar la crisis y evitar un mayor agravamiento, se debe fortalecer nuestra producción interna para, cuando menos, evitar un mayor desempleo y disminuir el déficit comercial.
Esto lo podemos lograr aumentando la producción para depender menos de las importaciones de gasolinas, diesel, gas natural, alimentos y toda la gama de productos manufacturados que no son competitivos por los altos costos de los energéticos y del crédito.
Los fondos para este plan anticrisis pueden obtenerse si se reduce en 200 mil millones de pesos el gasto superfluo del gobierno y se utilizan los 200 mil millones de pesos de excedentes que se recibirán este año por precios altos de petróleo.
Con esta bolsa de 400 mil millones de pesos, se deben financiar proyectos de alto impacto económico para mejorar el nivel de empleo, la competitividad y atemperar la crisis social y el clima de inseguridad.
El día 15, por la noche, propuse que se llevaran a cabo las siguientes medidas que ahora repito:
1. Que se cancelen los aumentos de precios de la gasolina, el diesel, el gas y la electricidad. Aquí añado que con esto lograremos mejorar la competitividad de la industria; dar alivio a los consumidores y reducir la presión inflacionaria.
2. Que se otorguen becas a todos los estudiantes de preparatoria del país como se hace en el Distrito Federal. Es necesario ver el gasto destinado a la juventud como una inversión social.
3. Que se aumente el presupuesto de las universidades públicas para resolver el problema de miles de jóvenes que son rechazados, con el pretexto de que no pasan el examen de admisión, cuando en realidad lo que sucede es que las universidades no tienen cupo o espacio por falta de presupuesto. Debe repararse el daño que se ha hecho con la política neoliberal, que ha dejado a los jóvenes sin oportunidad de trabajo y de estudio, y los ha orillado a emigrar o a tomar el camino de las conductas antisociales.
4. Que se otorgue una pensión alimentaria a todos los adultos mayores del país, equivalente a medio salario mínimo, como se lleva a cabo en el Distrito Federal. Este apoyo debe otorgarse desde los 65 años, cuando menos, en regiones indígenas y en las zonas de mayor pobreza del campo y la ciudad.
5. Que se entreguen de inmediato los ahorros de los exbraceros.
6. Que se aumente el presupuesto destinado al campo; se establezcan precios de garantía y subsidios al fertilizante y a otros insumos. Con ello se pueden reducir las importaciones de alimentos; evitar más aumentos en los precios de los alimentos básicos; mejorar la economía de campesinos y productores, y atemperar el fenómeno migratorio.
7. Que se construyan las tres refinerías que se necesitan en el país para dejar de comprar gasolinas en el extranjero. Con esta decisión se reducirían las importaciones de gasolina que ya se acercan al 50 por ciento de lo que consumimos, se daría valor agregado al petróleo crudo, se generarían empleos y se ahorrarían divisas.
8. Que se cancele la llamada Alianza Educativa, y en particular, que no se permita el cierre de las escuelas normales y se otorguen plazas a todos sus egresados.
9. Que se lleve a cabo un programa de construcción de obras públicas para reactivar la economía y generar empleos; de manera particular, que se atienda la falta de servicios públicos y de vivienda, en beneficio de la gente pobre de los centros urbanos y de las ciudades fronterizas.
10. Que renuncien de inmediato los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública y el procurador General de la República, por carecer de integridad y ser ineficaces en el combate a la inseguridad y la violencia.
Adicionalmente, nosotros estaríamos dispuestos a llegar a un acuerdo con nuestros adversarios, si además, repito, se hace el compromiso de retirar en definitiva las iniciativas de privatización de Pemex y a cambio de ello, se apoya el Programa de Acción Inmediata para el Fortalecimiento de Pemex, que ha sido elaborado por un grupo muy diverso de personas de diferentes ideologías, militantes de varios partidos, y otros que no militan en ninguno. Este programa, según ellos mismos, atiende la urgencia de rescatar a Pemex de la postración en que lo han sumido las políticas de los últimos gobiernos. Con este programa se asignarán mayores recursos a Pemex para que los destine a actividades que se han rezagado: exploración, refinación, conservación y mantenimiento de equipos y plantas, petroquímica, ductos, almacenamiento, e investigación y desarrollo.
Con este programa, sin ninguna reforma legal y mucho menos violando el espíritu y la letra de la Constitución, se demuestra que existen recursos suficientes para garantizar el sano crecimiento y diversificación de las actividades de Pemex y para comenzar a fortalecer su infraestructura e iniciar nuevas plantas de refinación e instalaciones de transporte y almacenamiento. Se demuestra, también, que no se requiere invitar a inversionistas del exterior para fortalecer a Pemex.
Amigas y amigos:
Si se aplica todo lo aquí expresado, se puede frenar la crisis, enfrentar la incertidumbre y crear un ambiente de seguridad, de aliento y de esperanza al pueblo de México.
Si aceptan estas propuestas, vamos al acuerdo para salvar al país y proteger a nuestro pueblo.
Este acuerdo podría llevarse a cabo en el Poder Legislativo, donde están representadas todas las fuerzas políticas del país y desde el Congreso, podría convocarse al resto de la sociedad. Además, la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto y la mayor parte de nuestras propuestas, dependen de una nueva orientación del gasto público. En pocas palabras, se necesita que el destinatario del presupuesto sea el pueblo y no los potentados y la alta burocracia. En consecuencia, voy a solicitar respetuosamente a los legisladores del Frente Amplio Progresista que presenten a sus homólogos de otros partidos este plan anticrisis.
Claro está, se trata de algo serio, que exige voluntad, compromisos y responsabilidad de todos. También es obvio que no aceptaremos la simulación ni el engaño.
Si nuestros adversarios optan por seguir haciendo la política de siempre, esa donde sólo cuentan los intereses de una minoría y no las demandas y aspiraciones del pueblo. De una vez les decimos, que sigan su camino, que nosotros vamos a continuar ejerciendo el legítimo derecho de hacer una nueva política para construir una República más justa, más humana y más igualitaria.
Por eso también aprovecho esta reunión para convocarlos a seguir trabajando en defensa del pueblo, de los bienes nacionales y de la transformación del país. De manera particular, les pido que estemos atentos a cualquier llamado, porque si Calderón y las cúpulas del PRI y del PAN insisten en aprobar un dictamen que privatice la industria petrolera, vamos a movilizarnos, habrá resistencia civil pacífica. Y no habrá multa o sanción que nos impida ejercer el derecho constitucional de manifestación. Además, la libertad y la justicia no se imploran, se conquistan.
Amigas y amigos:
Desde esta plaza pública exigimos que se atienda el grave problema de contaminación del Río Santiago que afecta a los habitantes de los municipios de Juanacatlán y El Salto en Jalisco, donde está en peligro la salud de la gente, e inclusive, perdió la vida recientemente un niño por la terrible contaminación de las aguas.
Reiteramos nuestro rechazo al basurero de residuos tóxicos de una empresa española en Zimapán, Hidalgo. A la destrucción del cerro de San Pedro por la minera canadiense San Xavier, en San Luis Potosí, y a la devastación de Huizopa, Chihuahua, por otra minera canadiense.
También expresamos nuestro apoyo a las luchas en defensa del agua, los bosques y el medio ambiente. Nuestra solidaridad con los trabajadores y maestros que luchan en contra de las reformas a la Ley del ISSSTE y de la llamada Alianza Educativa.
Exigimos la libertad de los presos políticos de Atenco y a todos los luchadores sociales que se encuentran privados de su libertad por la defensa de causas populares.
En cuatro días se cumplen cuarenta años del movimiento estudiantil y popular de 1968. Desde esta plaza queremos rendir un sincero homenaje a esos jóvenes que abrieron los cauces democráticos en nuestro país. Cuarenta años después, como ellos, seguimos luchando por la justicia, la democracia y la libertad.
También nuestra solidaridad con los mexicanos que están siendo maltratados y deportados de Estados Unidos por las medidas injustas del gobierno de ese país.
Amigas y amigos:
Aquí repito lo fundamental: mantengamos la convicción de que en el camino hacia la construcción de una nueva República tenemos que ir creando, y eso es lo que estimo más importante, una nueva corriente de pensamiento que se arraigue y permanezca en la conciencia del pueblo. Una nueva corriente de pensamiento que reconozca y exalte la cultura y la inmensa bondad que hay en nuestro pueblo. Una nueva corriente de pensamiento que haga surgir una voluntad colectiva para impedir que en la política y en la vida pública predominen el engaño, la intolerancia, la corrupción y el afán de lucro, en vez de la verdad, la diversidad, los valores morales y el amor al prójimo. Una nueva corriente de pensamiento para evitar que el dinero triunfe sobre la dignidad y el ser humano valga por su trabajo, rectitud y generosidad.
Sigamos luchando con la moral en alto, sabedores que la verdadera felicidad se alcanza cuando se está bien con uno mismo, con nuestras conciencias y con nuestros semejantes.
Hoy estamos aquí para defender a PEMEX. Ayer estuvimos aquí para defender a PEMEX. Estaremos aquí y en otras partes para defenderlo también, de una manera pacífica y organizada, con la fuerza de la razón.
Al tomar las tribunas de la Cámara de Diputados y del Senado, los legisladores del FAP impedimos que el gobierno ilegítimo y sus funcionarios pusieran en manos de empresarios lo que es de todos los mexicanos.
Impedimos un albazo legislativo del PRI-AN.
El que hoy se ostenta como titular del poder ejecutivo federal, ha tratado, a través de muchos medios de comunicación, hacer creer al pueblo de México que la de PEMEX no es una privatización, sino una reforma.
Los mexicanos sabemos que es una información manipulada, donde ellos quieren aparecer como los que van a salvar al país de la catástrofe. Tratan de hacerle creer al ciudadano que se va a empobrecer aún más si no se llega a tal reforma. Nosotros no podemos aceptar más chantajes y mentiras.
No nos importan las amenazas del Instituto Federal Electoral de multar al PRD por estas acciones. Estamos dispuestos a muchas otras en defensa de la nación.
Hay datos claros que desmienten al ejecutivo y sus campañas mentirosas.
PEMEX, la empresa más importante del país, tiene ventas anuales de más de un billón de pesos, que significan alrededor del 12% del Producto Interno Bruto. Desde el año 2000 a la fecha, PEMEX ha registrado ventas por más de 6 billones 500 mil millones de pesos. Y ha entregado ingresos a la Secretaría de Hacienda por cerca de 5 billones de pesos, que son alrededor del 76% de sus ventas.
Ninguna empresa en el mundo, ¡ninguna empresa en el mundo! ha pagado esos porcentajes de impuestos.
Aquí empiezan los problemas de PEMEX. En estos ocho años sólo se han destinado el 2.5% de sus ventas para la inversión en investigación, desarrollo e infraestructura.
El trato fiscal y presupuestario, las ineficientes decisiones en materia de inversión, y la corrupción generada como resultado de los procesos en que han participado empresas privadas, han tenido como efecto una baja dramática de nuestras reservas probadas y una creciente importación de gas natural, gasolinas, petroquímicos y refinados, la descapitalización de PEMEX y la consecuente disminución en su capacidad de crecimiento.
¿Dónde están esos recursos entregados por PEMEX a Hacienda? ¿Dónde están las promesas de empleo que ofrecía en campaña quién hoy vive en los Pinos? Las cifras hablan por si solas. En 21 meses de lo que lleva este gobierno, la tasa oficial de desempleo abierto se ha incrementado en un 17%. Tan sólo en el mes de agosto de este año se perdieron 22 mil empleos en el sector formal de la economía.
¿Y dónde están las manos limpias que presumía? Siguen protegiendo los delitos de la familia Fox-Sahagún, y no esclarecen los contratos que han beneficiado a su hoy Secretario de Gobernación.
¿Dónde está la seguridad de las familias? En esta ineficaz y equivocada lucha contra el crimen organizado, en lo que va del año hay más de 3 mil 500 ejecutados. Con todas estas cifras y preguntas, ¿podemos creerle cuando dice que es tan sólo una reforma la de PEMEX?
PEMEX no debe ser puesto a remate al mejor postor. ¿Qué acaso con la venta de PEMEX seremos del primer mundo? ¿Cuántos millones de mexicanos se van a beneficiar? ¿No será que con esta reforma más bien unos cuantos se llevarían los millones que PEMEX produce?
Con los recursos económicos generados por PEMEX, en la actualidad nos alcanzaría para construir una refinería completa y funcional y la infraestructura que se requiere para la exploración en todo el territorio nacional, esto sin requerir de la inversión extranjera.
PEMEX es de todos los mexicanos, por herencia, y como futuro de nuestro hijos.
PEMEX es y será el soporte de la economía nacional de los 110 millones de mexicanos que somos, y no de un puñado de empresarios nacionales o extranjeros que hacen negocio desde puestos en el gobierno.
Con estas y otras acciones los legisladores del FAP tratamos, y lo haremos siempre, de garantizar a los mexicanos un futuro claro y cierto.
No un futuro lleno de incertidumbre, inseguridad y pobreza como el que hoy atravesamos por culpa de un gobierno irresponsable e indolente.
Defendamos lo que es de todos los mexicanos, hoy mañana y siempre. La patria no se vende, La patria se defiende.
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