AMLO: por un acuerdo nacional
notaEl ex candidato presidencial por la coalición Por el Bien de Todos y máximo dirigente del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, Andrés Manuel López Obrador, planteó ayer en el Zócalo capitalino, ante decenas de miles de seguidores suyos, la posibilidad de que ese movimiento ciudadano establezca acuerdos con el grupo en el poder, en el marco del Poder Legislativo, a condición de que el actual gobierno renuncie, “en cualquier modalidad”, a su empeño de privatizar la industria petrolera y otorgue su apoyo al Programa de Acción Inmediata para el Fortalecimiento de Pemex, elaborado recientemente por un comité de intelectuales y expertos; que remueva a los secretarios de Gobernación y Seguridad Pública y al procurador general de la República, y que acepte el plan de rescate de la economía popular propuesto por él el pasado 15 de septiembre en esa misma plaza: cancelación de las alzas en el precio de los combustibles y electricidad; otorgamiento de becas a los estudiantes de preparatoria en todo el país; incremento al presupuesto de las universidades públicas; establecimiento de una pensión alimentaria de medio salario mínimo a todos los adultos mayores del territorio nacional; entrega de los ahorros de los ex braceros; aumento al presupuesto al agro, restablecimiento de los precios de garantía y subsidios al fertilizante; construcción de tres refinerías; cancelación de la llamada Alianza por la Calidad Educativa recientemente firmada por Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo; inicio de un programa de construcción de obras públicas orientado a reactivar la economía y generar empleos.
Los fondos necesarios para la aplicación de este plan –400 mil millones de pesos– pueden obtenerse, dijo el político tabasqueño, mediante un recorte de 200 mil millones de pesos en los gastos suntuarios de la administración pública federal y la suma similar que se espera recibir este año por la diferencia entre los precios petroleros previstos en el presupuesto y las cotizaciones internacionales reales del crudo.
Con este planteamiento, que puede interpretarse como una respuesta a las insistentes y no siempre pertinentes demandas de “unidad nacional” formuladas en el discurso del Ejecutivo federal, el dirigente opositor propone una salida a la crisis de legitimidad que padece la autoridad federal desde hace dos años, señala contenidos concretos para la construcción de un acuerdo de unidad que vaya más allá de la aceptación acrítica de las políticas calderonistas en materia de economía, seguridad y política social y educativa y abre, con ello, una perspectiva de solución al empantanamiento y enrarecimiento a los que el panismo gobernante ha conducido a la vida republicana del país.
Por añadidura, López Obrador ofrece un programa económico factible, orientado a enfrentar la recesión, reactivar la economía y empezar el combate contra la extendida pobreza y la pavorosa desigualdad social que impera en el país.
A primera vista, el acuerdo señalado por López Obrador puede parecer inviable, porque para realizarse se requiere que el actual gobierno deshaga sus alianzas con los núcleos empresariales, políticos y sindicales a los que ha estado beneficiando en lo que va de la administración; sin embargo, ese es precisamente el viraje que se necesita para enfrentar las actuales circunstancias mundiales e internas, y así se ha señalado en múltiples instancias políticas, académicas, periodísticas y sociales: la parálisis y la impotencia del equipo gobernante se explican, en buena medida, por el cobro de facturas al que está siendo sometido por parte de quienes consideran, con razón o sin ella, que Calderón Hinojosa les debe el cargo que actualmente ocupa.
Acosado por su déficit de legitimidad, por una crisis económica que avanza y causa estragos –a pesar de la reticencia del gabinete para reconocerla en sus dimensiones reales–, por la persistencia de la corrupción, por la descoordinación y la falta de disciplina interna y por el colapso de la seguridad pública y el auge indetenible de la delincuencia, el grupo gobernante tendría mucho que ganar si se aviniera a establecer un acuerdo de unidad nacional en los términos propuestos ayer por el principal dirigente de la oposición ciudadana. Con ello se revertiría la actual perspectiva de inestabilidad y descontrol por la que se adentra el país y se establecerían bases sólidas para la reconstrucción institucional que se requiere, para hacer frente a la crítica situación económica nacional, a la tempestad financiera del exterior y a la gravísima inseguridad que padece el país en su conjunto.
Kikka Roja
Los fondos necesarios para la aplicación de este plan –400 mil millones de pesos– pueden obtenerse, dijo el político tabasqueño, mediante un recorte de 200 mil millones de pesos en los gastos suntuarios de la administración pública federal y la suma similar que se espera recibir este año por la diferencia entre los precios petroleros previstos en el presupuesto y las cotizaciones internacionales reales del crudo.
Con este planteamiento, que puede interpretarse como una respuesta a las insistentes y no siempre pertinentes demandas de “unidad nacional” formuladas en el discurso del Ejecutivo federal, el dirigente opositor propone una salida a la crisis de legitimidad que padece la autoridad federal desde hace dos años, señala contenidos concretos para la construcción de un acuerdo de unidad que vaya más allá de la aceptación acrítica de las políticas calderonistas en materia de economía, seguridad y política social y educativa y abre, con ello, una perspectiva de solución al empantanamiento y enrarecimiento a los que el panismo gobernante ha conducido a la vida republicana del país.
Por añadidura, López Obrador ofrece un programa económico factible, orientado a enfrentar la recesión, reactivar la economía y empezar el combate contra la extendida pobreza y la pavorosa desigualdad social que impera en el país.
A primera vista, el acuerdo señalado por López Obrador puede parecer inviable, porque para realizarse se requiere que el actual gobierno deshaga sus alianzas con los núcleos empresariales, políticos y sindicales a los que ha estado beneficiando en lo que va de la administración; sin embargo, ese es precisamente el viraje que se necesita para enfrentar las actuales circunstancias mundiales e internas, y así se ha señalado en múltiples instancias políticas, académicas, periodísticas y sociales: la parálisis y la impotencia del equipo gobernante se explican, en buena medida, por el cobro de facturas al que está siendo sometido por parte de quienes consideran, con razón o sin ella, que Calderón Hinojosa les debe el cargo que actualmente ocupa.
Acosado por su déficit de legitimidad, por una crisis económica que avanza y causa estragos –a pesar de la reticencia del gabinete para reconocerla en sus dimensiones reales–, por la persistencia de la corrupción, por la descoordinación y la falta de disciplina interna y por el colapso de la seguridad pública y el auge indetenible de la delincuencia, el grupo gobernante tendría mucho que ganar si se aviniera a establecer un acuerdo de unidad nacional en los términos propuestos ayer por el principal dirigente de la oposición ciudadana. Con ello se revertiría la actual perspectiva de inestabilidad y descontrol por la que se adentra el país y se establecerían bases sólidas para la reconstrucción institucional que se requiere, para hacer frente a la crítica situación económica nacional, a la tempestad financiera del exterior y a la gravísima inseguridad que padece el país en su conjunto.
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