México SA Carlos Fernández-Vega Desfavorable para el país la balanza comercial Crece la importación de alimentos La “potencia exportadora” que es México, a partir del TLCAN (“que nos ha beneficiado a todos”, según el inquilino de Los Pinos), de plano no puede compatibilizar sus carencias internas, reales, con la imagen, virtual, de “progreso” y “liderazgo” que el gobierno intenta proyectar en el extranjero. Un año sí y el otro también, la balanza comercial del país reporta números rojos, y en este sentido en 2008 se impuso récord, como sucedió en 2007, 2006, 2005, etcétera, etcétera. Así, el Inegi reporta que en 2008 la balanza comercial mexicana registró un saldo deficitario cercano a 17 mil millones de dólares (equivalentes a dos refinerías nuevas de muy buen tamaño, según cálculos gubernamentales), un monto 67 por ciento superior al reportado en 2007, año en el que tal indicador aumentó con respecto al de 2006 y éste en relación con el de 2005, etcétera, etcétera. En el balance, las exportaciones crecieron 7.3 por ciento en 2008, pero las importaciones aumentaron 9.5 por ciento. El Inegi atribuye el abultado déficit a la “reducción en los últimos meses de 2008 del superávit de la balanza comercial de productos petroleros; de hecho, en septiembre, noviembre y diciembre el saldo comercial petrolero resultó deficitario”. Sin embargo, tal reducción, según sus propias cifras, no pasó de 760 millones de dólares en el periodo citado. De cualquier suerte la balanza comercial de productos petrolíferos favoreció a México (14 mil 368 millones de dólares). En fin, año tras año, la riqueza económica mexicana en creciente medida se destina a comprar en el extranjero mucho de lo que aquí se producía antes del TLCAN. Miles y miles de millones de dólares se gastan anualmente en la importación de todo tipo de bienes otrora producidos internamente (alimentos, por ejemplo), con el fin, dicen, de atemperar las carencias y deficiencias de la economía nacional, sin resultados concretos. Al mismo tiempo, muchos empresarios que antes del citado tratado eran productores a estas alturas obligadamente se han transformado en importadores, en meros agentes de ventas, ante la imposibilidad de mantener sus fábricas en funcionamiento. Que el TLCAN “nos ha beneficiado a todos” se constata en el hecho de que no más de 600 empresas que operan en el país (no necesariamente mexicanas, ni pertenecientes a igual número de dueños) concentran alrededor de 80 por ciento del pastel exportador del país. Ese minúsculo cuan acaparador núcleo empresarial apenas representa (cifras oficiales) el 1.6 por ciento del por sí angosto mundillo exportador que oficialmente opera en México, y apenas el 0.02 por ciento de las unidades económicas registradas y reconocidas oficialmente en esta heroica nación. Información oficial indica que, por lo que toca al mundillo de las importaciones, aquel sueño de un México industrializado y poderoso devino en pesadilla tercermundista. Con la indiscriminada apertura comercial y la entrada en vigor del TLCAN, miles de empresas mexicanas reventaron, dejándoles sólo dos opciones: cerrar sus puertas o “reconvertirse”, y muchas de ellas optaron por esta última “oportunidad”, es decir, de productores activos se “reconvirtieron” en importadores, en simples intermediarios, en agentes de ventas de productos fundamentalmente de procedencia estadunidenses. En este sentido, las cifras son devastadoras: de 62 mil empresas importadoras en 1993, el universo pasó a 423 mil y pico en 2005, un incremento cercano a 600 por ciento en el periodo, o lo que es lo mismo a un ritmo ocho veces superior al de las exportadoras. Tal “reconversión” se dio en tiempos del “cambio”, al grado de que en 2005, 14 de cada cien unidades económicas oficialmente registradas (aparte la informalidad) se dedicaban a importar lo que algún día produjeron. Y el problema se agudiza con el paso del tiempo. Cada vez más preocupante, la importación de alimentos crece sostenidamente. Así, hasta noviembre pasado, con 11 mil kilómetros de litorales y una flota pesquera que ni siquiera puede pagar el diesel que consumen sus embarcaciones, México se comió casi 400 millones de dólares en pescados, crustáceos y moluscos de terceros país, casi 20 por ciento más que en 2007. Se erogaron más de mil 400 millones de dólares por la importación de leche, lácteos, huevos y miel; casi 3 mil millones en carne y despojos comestibles (18 por ciento más que en 2007); 348 millones en hortalizas, plantas, raíces y tubérculos (15 por ciento de aumento); país productor de excelencia, México importó café, té, yerba mate y especias por 181 millones de billetes verdes (35 por ciento por arriba del año anterior); y se comió 770 millones de dólares en frutas y frutos comestibles importadas (12 por ciento de crecimiento). Por si fuera poco, destinó casi 4 mil 300 millones de dólares (hasta noviembre) para importar cereales, un monto 52 por ciento superior al erogado en 2007. De ese monto, más de 2 mil 260 millones fueron para adquirir maíz, principalmente en Estados Unidos (61 por ciento más que un año antes); la compra de a arroz en los mercados internacionales creció 57 por ciento, y 48 por ciento la de trigo y moliendas. Además, el país se comió más de 3 mil 300 millones en semillas y frutos oleaginosos, un monto 56 por ciento superior al de un año atrás. En síntesis, la “potencia exportadora”. Las rebanadas del pastel De los lectores y la obamanía: “sin ánimo de ser pesimista, creo que todo seguirá absolutamente igual, con algunos cambios en cuanto a las formas pero no de fondo. Si algo han mostrado los políticos de todo el orbe, sin importar lenguaje y denominación partidista, es la falta de cumplimiento de compromisos y de respeto a una ética elemental. El cinismo se ha implantado (junto con el libre mercado) como una forma de vida (…) Obama no tomaba las riendas del gobierno, cuando ya empezaba a pelearse con Hugo Chávez, al calificarlo de ser un obstáculo para el desarrollo de America Latina (¿quiere decir que la crisis y pobreza son atribuibles al venezolano?). Me pareció una declaración de lo más desafortunada (por no decir estúpida e imbécil), pero con estos desafortunados acontecimientos creo que ya empieza a dar color de lo que está hecho” (Manuel Alejandro Robles Chavira, profesor investigador, Universidad del Mar campus Puerto Escondido, robleschavira@gmail.com)... Pedir que Obama llame a cuentas a su antecesor, “es solicitar que se ahorque antes de tiempo, ¿tiene idea de cuántos y qué poder tienen los cínicos a los que se les movió el piso según el discurso de Obama? Y si otras entidades facultadas para esa denuncia, como un día fue Baltazar Garzón, lo hicieran ¿no sería más efectivo? No espero tanto de Obama, no es Jesucristo (pero) permítanle que se acabe de sentar en la presidencial. Por lo pronto los invito al Zócalo del DF el domingo 25. No le vayan a pedir a AMLO que se inmole porque no tenemos otro” (Yolanda Robles, yrogar@yahoo.com)... Que en febrero, dice el director de Pemex. cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx |
Los empleados de limpieza del aeropuerto capitalino consideran innecesario separar la basura porque revuelven los desperdicios en la misma bolsa.Jájajaaa, estamos fritos! SI ASÍ LOS CAPITALISTAS, YA NOS ECHAN CACAYACAS, AHORA VAN ESTAR COMO LOCOS, MENTÁNDONOS LA MADRE
SE LES DIJO MIL VECES , DERECHOSOS USTEDES SON LOS TIRANOS OPRESORES.
RAYUELAAmpliar la imagen José Ángel Ávila, Armando Quintero y Alejandra Barrales durante la sesión del Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática Foto: José Antonio López
Dicen en el PRD que para NI los acuerdos alcanzados en su consejo respecto a la capital y el estado de México no son más que una sopa de su propio chucholate.
MORALEJA
EL AMOR NACIDO DE LA TRAICIÓN ES MEJOR PERDERLO QUE VIVIRLO:
JESUS ORTEGA VIVIRÁ EL PEOR DESMADRE DE SU VIDA
LA RUTA NO ERA PEGARLE A AMLO NI AL MOVIMIENTO CIVIL, PERO LO HIZO PARA COMPLACER A CALDERÓN Y A LA DERECHA.
La Casta http://www.lacasta.org.mx
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Ana Lilia Pérez Un Beso para Ana Lilia: MARTELL De la redacción México DF, 19 enero 09 (CIMAC).- La periodista Ana Lilia Pérez, quien investigó y divulgó asuntos de corrupción en Petróleos Mexicanos que involucran a empresarios, funcionarios y políticos de muy alto nivel, se encuentra oculta como prevención ante las amenazas de muerte que ha recibido y para evitar su detención, derivada de una denuncia por "daño moral" interpuesto por empresarios gaseros. A través de un mensaje, leído por ella misma vía telefónica, ayer al mediodía, Ana Lilia explicó a la opinión pública, y a quienes se encontraban frente al Hemiciclo a Juárez durante un acto de solidaridad, los pormenores de la persecución de que es objeto, luego de que su coacusado, Miguel Badillo, director de la Revista Contralínea, fue detenido el viernes anterior. Este es el texto: He pasado las horas más terribles de mi vida. En estos momentos estoy escondida, resguardada porque un juez de Guadalajara liberó una orden de aprehensión en mi contra, simplemente porque cumplí con mi deber periodístico de investigar y divulgar asuntos de corrupción en Petróleos Mexicanos, y que involucran a empresarios, funcionarios y políticos de muy alto nivel. Es el costo que he pagado por revelar, hace casi un año, los contratos que firmó en Pemex Juan Camilo Mouriño, y por investigar y publicar los negocios en Pemex de otros empresarios vinculados con él y con quien hoy ostenta el cargo de presidente de la República. Pasé la noche en vela por segunda ocasión, atenta a que de un momento a otro mis captores me ubiquen y me lleven no sé a dónde y ni en qué condiciones. Mi familia no sabe de mí y ahora, por oídos de todos ustedes, les digo que espero seguir viva. Mis temores no son en vano. Desde el año pasado denuncié ante las autoridades judiciales, ante la Fiscalía de Protección a Periodistas, ante el Congreso de la Unión, el acoso en mi contra, las amenazas de muerte, la persecución, la vigilancia en mi domicilio, pero ninguna autoridad, en absoluto, movió un dedo No sé si el día de mañana mi abogado me pueda conseguir un amparo y si mañana, al tenerlo, habrá otra acusación en mi contra. No maté, no robé, no violente ley alguna. Mi única arma es la palabra, y con ella, hice lo único que sé hacer: periodismo, honrosa profesión de la que me sostengo con un salario ganado decorosamente, sin pretensiones de enriquecimiento, como me han ofrecido los empresarios y funcionarios a quienes he investigado. ¿Y saben por qué los he investigado? Porque es derecho de todas las mexicanas y los mexicanos conocer qué se hace con su empresa: Pemex, cuyos ingresos sostienen la economía de este país y de la que pocos, muy pocos, se han hecho inmensamente ricos. En mi vida nunca he tenido algún conflicto con la ley y, sin embargo, hoy estoy escondida, como no lo están siquiera los narcotraficantes o defraudadores de cuello blanco de este país, no puedo ni siquiera asomarme a una ventana y mucho menos buscar contacto en el exterior. Agradezco de antemano a las y los colegas y miembros de la sociedad civil, organizaciones y defensores de derechos humanos preocupados por mi situación y la del resto del equipo de Contralínea LOS MOTIVOS Les explicaré los motivos que me orillaron a convertirme en una prófuga de las autoridades judiciales, que no de la ley ni la justicia: La mañana del viernes, camino a mi trabajo me enteré que mi compañero, jefe y amigo, el periodista Miguel Badillo Cruz, director de las revistas Contralínea y Fortuna --en las cuales desde hace seis años me desempeño como reportera-- había sido detenido al sur de la ciudad, por elementos policíacos, en circunstancias completamente oscuras. La detención era inverosímil, aun en el acoso y las agresiones que los dos hemos vivido en los últimos meses. Ya en la redacción, las y los trabajadores de Contralínea vivimos momentos de zozobra por desconocer su estado físico y situación jurídica. Hacia el medio día, estando preso en El Torito, Miguel se enteró de que existía también una orden de aprehensión contra mí, y por terceros me lo hizo saber. La noticia me cayó como un balde de agua fría. En ningún momento hubo autoridad alguna que me notificara del supuesto desacato en el cual incurrí, y por mi compañero preso supe que yo enfrentaba una orden de aprehensión. A medida que las horas transcurrían se reducía mi posibilidad de obtener un amparo. Aumentó mi desolación. Con el riesgo de que mis captores me ubicaran, al ser yo la autora de las investigaciones periodísticas publicadas en las revistas Contralínea y Fortuna relacionadas con el consorcio denominado Zeta Gas, por las cuales se detuvo a Miguel Badillo, me correspondió explicar a las y los colegas de los medios de comunicación el origen de la detención, así como el acoso que desde hace más de un año hemos padecido, por parte del poderoso empresario Jesús Alonso Zaragoza López, accionista mayoritario y presidente del Consejo de Administración de las 80 empresas que integran el consorcio, dedicado al almacenamiento y distribución de gas licuado de petróleo. Acoso ejercido de forma directa por sus abogados, sus guardaespaldas, además de funcionarios públicos locales y federales que se han prestado a sus arbitrariedades. Ante las declaraciones que se fueron vertiendo sobre la detención de Badillo, comprendí que las autoridades no solamente eran indolentes, sino cómplices de los ataques de Jesús Alonso Zaragoza López en contra de un medio de comunicación que no hizo otra cosa que cumplir con su deber de informar a la sociedad de los negocios que se hacen con el dinero público, específicamente con el de Petróleos Mexicanos. Tan cómplices fueron quienes detuvieron a Miguel, como lo fueron los jueces y magistrados que durante el año pasado emitieron un veredicto en el que resolvieron que yo no tenía derecho a publicar las entrevistas que me concedió Zaragoza López, entre otras razones, porque los hechos narrados tuvieron lugar en la frontera norte y yo radico en el Distrito Federal. Así que, al escuchar a las autoridades declarar que la detención de Badillo había sido "legal", aún cuando nunca hubo notificación alguna, supe que tenía que huir. Me fui con la ropa que traía puesta. Dejé trabajo, escuela, casa y familia, por el riesgo de, en el mejor de los casos, ser detenida por la policía, al igual que Miguel, por una orden de aprehensión que un juez de Guadalajara giró en mi contra, por un supuesto desacato de un requerimiento judicial del cual nunca tuve conocimiento. Y digo "en el mejor de los casos", porque hace 16 meses que vivo amenazada, acosada, vigilada, y perseguida por órdenes de Jesús Alonso Zaragoza López, quien me demandó por "daño moral" después de que publiqué dos entrevistas que él mismo me concedió, y luego de que rechacé todos los ofrecimientos de sobornos que me hizo. ¿Qué fue lo que me dijo Zaragoza López en las dos entrevistas? Detalló aquel pasaje de su vida, cuando la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) abrió una investigación en su contra, y en contra de sus hermanos, de su papá y de sus empresas, luego de que las autoridades de ese país descubrieron un cargamento de cocaína en una de sus pipas que trasportaba gas licuado de petróleo de México a Estados Unidos. -- ¿Y el chofer de la pipa, don Jesús? – le pregunté. -- Desapareció, nunca más se supo de él. Desapareció toda su familia. -- ¿Cuántos años llevaba trabajando con usted? -- 20 años --respondió en la entrevista. Una familia entera incómoda a la familia Zaragoza desapareció, y al empresario nadie le preguntó nada. Jesús Zaragoza me dijo que en el sexenio de Vicente Fox, el secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa, lo recibía en sus oficinas para "ayudarle" en sus negocios y que, a cambió, él lo apoyó económicamente para su campaña a la presidencia de la República. Me contó cómo los directivos de Pemex le ofrecieron el negocio de los ductos, mucho antes de que se hablara de una reforma energética. Me dijo cómo el secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, le ayudó a instalar su planta de gas de Manzanillo, la cual le renta a Pemex Gas para almacenar el gas que luego Pemex le vende a él, y a su vez él distribuye a millones de consumidores. Me detalló cómo soborna alcaldes y autoridades locales y federales para que le permitan instalar sus plantas de gas en zonas prohibidas y, por encima de las protestas ciudadanas, como lo hizo en el pueblo de Campos, según documentamos entre los pobladores. LA DEMANDA Todo ello fue grabado con el consentimiento de Jesús Alonso Zaragoza López, quien al concluir las entrevistas me ofreció llevarme de compras a Estados Unidos y viajar en sus aviones privados. Lo rechacé, y en respuesta, en agosto de 2007, presentó la primer demanda en contra de la revista Contralínea, de su director, Miguel Badillo, y en contra mía. Durante el juicio, Zaragoza reconoció como suya la voz de las grabaciones que exhibimos como prueba de nuestro dicho, aunque sus abogados: Graham Alberto Zubía Félix, Francisco Cuéllar Ontiveros, Diego Romero Velasco y Juan Manuel Aguilar Maya intentaron que el juez no la desechara. En septiembre de 2008 estos mismos abogados, con sus guardaespaldas armados y elementos de seguridad pública, allanaron nuestras instalaciones y nos amenazaron con confiscar nuestras computadoras. En el juicio, Zaragoza López no aportó una sola prueba que sostuviera sus acusaciones en contra nuestra. Nosotros aportamos, además de las grabaciones, cientos de documentos que respaldan las investigaciones periodísticas publicadas, incluidos los que Zaragoza me proporcionó, emitidos por Calderón Hinojosa. Durante el juicio solicitamos los testimonios de los funcionarios que, según dijo Zaragoza, le han facilitado sus negocios: Felipe Calderón Hinojosa y algunos directivos de Pemex, sin embargo, los jueces se abstuvieron de citar a ninguno de ellos. El argumento central de Zaragoza López, validado por los jueces del Tribunal Superior de Justicia es que él es dueño de 80 empresas, y que yo soy "una pobre reportera". A él se le permitió entrar al juzgado con guardaespaldas armado, a mí ni siquiera se me permitió declarar: el juez me declaró confesa. Durante el juicio sus abogados amenazaron a Miguel Badillo y a mí de que nos desaparecerían y que acabarían con Contralínea. Se nos advirtió que con su dinero y sus influencias Zaragoza acabarían con nosotros, que una tras otra, nos presentaría 80 demandas. Hoy vemos cumplir las amenazas. INFORMAR, MI PROFESIÓN Hace diez años que ejerzo el periodismo. He desempeñado mi profesión con estricto apego a la ética, sin otro interés que informar a la sociedad. El acoso de los contratistas de Pemex en contra mía se recrudeció en febrero del año pasado, cuando investigué y publiqué en Contralínea los contratos que firmó en Pemex Juan Camilo Mouriño en su dualidad de funcionario público y empresario privado. Cuando le entregué los contratos a Andrés Manuel López Obrador, se desataron las amenazas directas de funcionarios públicos en contra mía. He recibido llamadas telefónicas donde se me amenaza de muerte. Mi domicilio está constantemente vigilado. He padecido seguimientos y me han tomado fotografías. Todo ello lo denuncié desde 2008 ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante la Fiscalía Especializadas de delitos en contra de periodistas, de la Procuraduría General de la República. Aun cuando las investigaciones en torno a la familia Zaragoza me llevaron a descubrir sus negocios oscuros y aun cuando sus propios trabajadores me habían advertido que "son gente de cuidado", hasta ahora me doy cuenta que la impunidad con la que actúan supera todo lo que pensaba. Conozco mi deber como periodista, obedezco a mi ética; soy respetuosa de la ley y de las instituciones, tan es así, que he cumplido cabalmente con todo el proceso judicial al que se me ha sometido, pese a estar plagado de irregularidades. Sin embargo, el día de hoy tengo que permanecer escondida sin haber cometido delito alguno. Pero he de confesar que huí más por miedo de las amenazas de la familia Zaragoza, que por la detención. Es lamentable que ni siquiera mi familia pueda saber de mi paradero. Aun en este panorama adverso, reflexiono que seguiré con mi trabajo, pues, sin hacer juramento alguno, como los médicos, los periodistas nos debemos a la sociedad, y ello implica defender la libertad de expresión, así como el derecho ciudadano de estar informado. Tengo claro que éste es un asunto en el que se pretende callar a los periodistas que investigamos la corrupción que impera en Pemex, un tema de interés nacional, puesto que se trata de una empresa propiedad de todas las mexicanas y los mexicanos, y la principal generadora de divisas. Hago responsable a Jesús Alonso Zaragoza López de lo que pueda ocurrirme a mí, a mi familia, o a cualquiera de los trabajadores de Contralínea. |
Autor: José Reveles Lear Jet: mentiras e irregularidades El Lear Jet 45, matrícula XC-VMC, que se estrelló llevándose con la explosión en tierra 16 vidas, entre ellas la del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y la del exzar antidrogas, José Luis Santiago Vasconcelos, tenía apenas cinco horas de vuelo desde que salió certificado de los talleres de Standard Aereo de Houston, Texas, y verificado por la Federal Aviation Administration (FAA) de Estados Unidos. Se puede concluir que mintió el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, al afirmar que la última grabación en la caja negra –que registra los datos técnicos y mecánicos de la aeronave– contenía únicamente datos de junio a septiembre de 2006. Eso es absolutamente imposible. De lo contrario, México podría reclamar una indemnización de cientos de millones de dólares a la empresa que hizo al avión un overhaul completo, el 24 de octubre, y que no habría checado la inoperancia de esa caja negra. Contralínea puede probar que el avión fue “overholeado” apenas 12 días antes del siniestro, un servicio mayor para sus 2 mil 486 horas de vuelo acumuladas, y que en esa reparación fue minuciosamente revisado. El repaso incluyó, como aparece en documentos inéditos, la grabadora de datos marca “L-3 Communications, modelo FA2100 128 World Digital”. Si la caja negra hubiese tenido problemas, en cualquier momento los pilotos habrían visto un “FDR Fail” en el Sistema de Alerta a la Tripulación e Indicación de Motor (Engine Indication and Crew Alert System, EICAS), pero eso no lo detectaron ni los mecánicos estadunidenses, ni los expertos mexicanos, ni los verificadores de la FAA, ni los mismos pilotos que condujeron el Lear Jet de Houston a México, luego del Distrito Federal a San Luis Potosí y de allí otra vez a la capital del país, donde ocurrió el fatal percance. Estamos en presencia de una operación mediática diseñada desde el gobierno, en la que se culpa de la tragedia a los pilotos, quienes habrían entrado en una turbulencia provocada por un Boeing 767 que precedía al Lear Jet 45 de la Secretaría de Gobernación –según conclusión oficial–, mientras que a la aseguradora AXA se le ofrecieron pruebas de que hubo fallas mecánicas en la aeronave. De otra manera hubiese sido virtualmente imposible cobrar el seguro del aparato. ¿O se nos quiere hacer creer que en más de dos años nadie se percató de que su caja negra tenía saturado el tiempo de grabación, aunque bastaba introducirle un nuevo casete para activarla? A pilotos y mecánicos con 30 y 40 años de experiencia les parece “insólito”, “increíble” y “vergonzoso” que, habiéndose encontrado en el lugar de la tragedia del 4 de noviembre, esa “caja negra” se haya enviado a Estados Unidos y desde allá se nos informe que las 134 horas de información de datos de vuelo abarcan únicamente de junio a septiembre de 2006. Hay que agregar que videastas y expertos en manipulación de imágenes no se tragan la versión de una cámara de seguridad que habría tomado los instantes precisos en los que se precipita la aeronave de la Secretaría de Gobernación. “Tiene un brillo que sobrepasa cualquier posibilidad con las fuentes de luz que había en el momento del percance. En menos de dos segundos desaparece de pantalla, pero igual podría haberse insertado la imagen de un avión cayendo y haciendo piruetas durante varios segundos más”. Trascendió que el gobierno del Distrito Federal entregó una segunda filmación desde alguno de los edificios cercanos al siniestro. La compra insólita Fue el Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) el encargado de adquirir el Lear Jet de la tragedia. Hasta parecía que le quemaban las manos las decenas de millones de pesos que le liberó la Secretaría de Hacienda, el 24 de noviembre de 2003, mediante el oficio de autorización de inversión 315-A-12312. En unos cuantos días, en fin de año, a un costo que sugiere sobreprecio y mediante una triangulación a través de Servicios Aéreos Estrella (SAE), el máximo centro de espionaje e información sensible del país, sin mayor pesquisa de mercadeo, decidió comprar un jet ejecutivo de la misma serie que acababa de ser boletinada por la FAA, por fallas de fabricación estructurales en el estabilizador horizontal trasero. No cuesta ningún esfuerzo instalarse en la sospecha, pues las bases de la licitación exigían que el “avión ejecutivo seminuevo” estuviera por fuerza en el hangar de Gobernación antes del 30 de diciembre, 33 días después de que el ingeniero Gerardo Castro Estrada, subdirector de Recursos Materiales del Cisen, emitió las bases de esa licitación pública internacional (27 de noviembre de 2003). Los plazos para la compra se precipitaron en cascada: el 2 de diciembre había junta de aclaraciones; el 8, con el registro de licitantes, presentación y apertura de las propuestas técnicas; el 15, apertura de ofertas económicas, y el 16 selección del paquete ganador. Cinco días después se aprobaba la adquisición del Lear Jet 45 a través de SAE. De la lectura de la licitación se infiere que tenía dedicatoria para ese avión específico y para la empresa ganadora. En todo caso, las prisas tendrían que ver con calendarios fiscales y de gasto y la generación de un Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 1 millón de dólares, agregados a los 7 millones que costó la nave. Lo cierto es que en la página 12 de las bases, el punto 16 Condiciones de Pago establece, en su segundo párrafo: “El pago que realice la dependencia no podrá exceder del presente ejercicio fiscal, pero será posterior a la fecha en que se haya entregado totalmente el bien adjudicado, así como la factura debidamente requisitada”. Junta de aclaraciones De las propias preguntas de más de media docena de aspirantes a surtir esa aeronave usada, se puede colegir que ya todo estaba resuelto de antemano. Uno de los licitantes preguntó sobre las garantías exigidas “contra fallas o vicios ocultos” del avión: ¿podrían indicarnos claramente a qué se refieren, ya que la aeronave es usada o semi usada (sic)? La respuesta textual del Cisen delata las prisas o los arreglos previos: “Garantía mínima de un mes o 30 horas de vuelo a partir del reinicio de operaciones de la aeronave por la convocante”. Otro interesado en obtener la licitación interrogó sobre la normatividad de las leyes de Estados Unidos cuando se adquiere un avión. Dijo que la FAA tarda, en entregar el certificado de la inspección anual o equivalente de revisión en talleres certificados que autorizan la exportación, hasta dos o tres semanas. Respuesta: “La nave será entregada el 30 de diciembre de 2003. En el contrato respectivo quedarán debidamente estipulados los datos necesarios para dar respuesta a la pregunta presentada”. En realidad el Lear Jet 45 no fue adquirido en Estados Unidos ni en Canadá, en donde hay plantas del fabricante Bombardier. Fue comprado en Suiza a la empresa TAG, en una triangulación que involucró a SAE, con sede en Toluca. La factura que emitió SAE, aseguran contralores que tienen en sus manos los expedientes, es hechiza, como si se hubiera mandado a imprimir en los portales de Santo Domingo, en el centro del Distrito Federal. Para una aeronave que terminó costando 8 millones de dólares, con todo e IVA, se pedía una absurda “garantía mínima de un mes o 30 horas de vuelo”. Pilotos con décadas de experiencia explicaron a esta columna que, tanto empresarios como dependencias oficiales, pueden comprar en Estados Unidos sus jets ejecutivos –ahí hay plantas de Bombardier, la fabricante de los Lear Jet– sin pagar IVA, pues pueden introducir a México esos aviones con permisos de “importación temporal” de hasta 20 años. Dicho de manera pragmática, por los mismos 8 millones de dólares pudo adquirirse un Lear nuevo, directo en fábrica. Desde la licitación se habla de “aeronave ejecutiva seminueva”, pero no se alude a algún estudio previo de mercado. Otro licitante preguntó: ¿Qué día se tiene programado para el fallo?, dado que la apertura económica de las propuestas era el 15 de diciembre. La respuesta escueta: “16 de diciembre de 2003”. Un día para analizar y aprobar la compra entre las empresas Aeronet, Alfredo Galland Sánchez, Aerolíneas Ejecutivas, Avemex, EZC Inc, Consorcio Aeronáutico Mexicano, Servicios Aéreos Estrella, Spite y Aeromilenio. Sin embargo, en las actas de la compraventa, en poder de Contralínea, aparecen firmas de funcionarios suficientes para frenar la presunta búsqueda de irregularidades, anunciada por el secretario de la Función Pública Salvador Vega Casillas: –El titular del Órgano Interno de Control en el Cisen, en 2003, era Jesús Meza Zapata. Ocupa hoy el mismo puesto y difícilmente investigaría si sus propios actos se apegaron a la normatividad. –El coordinador de Asuntos Jurídicos que presidía las juntas de aclaraciones, Ernesto Vargas Rosas, hoy es director de Control de Procesos de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de la República (PGR). Su jefe, cuando se compró el Lear Jet 45, era Eduardo Medina-Mora en el Cisen y sigue siendo su superior como titular de la PGR. Los tiempos conspiran contra el hallazgo de la verdad y la inhabilitación y consignación de presuntos responsables de una probable compra corrupta, pues este diciembre se cumplen cinco años desde que se autorizó la compra del Lear Jet y sobreviene la prescripción de cualquier acción administrativa o penal contra funcionarios que autorizaron y promovieron la compra de un avión del tipo que había sido reportado con fallas de origen, apenas el 13 de agosto de ese mismo 2003. Se sabe que el caso de la adquisición del Lear Jet fatal ha conducido a otras pesquisas, sobre todo en la Dirección de Adquisiciones e Inventarios de Gobernación. Por encima de obstáculos que se colocan desde la Secretaría de la Función Pública, el nuevo titular de Segob, Fernando Gómez Mont, dio luz verde a la indagatoria que podría derivar en arraigos o arrestos de funcionarios que habrían hecho compras viciadas para beneficiarse económicamente. Fuente: Contralínea. |
ESOS "PLURINOMINAL" IGUALITOS A RUTH ZAVALETA, SANGUIJUELAS
¡¡QUE SU MAMÁ LA SAQUE!!
BAJEN PRECIOS, ELIMINEN EL IETU, BÁJENLE AL ROBO EN DESPOBLADO, NO SE COBREN A LO CHINO.
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