Policías militares: el crimen del general Tello
Miguel Ángel Granados Chapa
8 Feb. 09
Ante la lucha contra el narcotráfico el gobierno mexicano requiere proyectar una imagen de eficacia y probidad en el desempeño de mandos militares en funciones policiales; Tello Quiñones tuvo un desempeño polémico
El general Mauro Enrique Tello Quiñones fue asesinado la noche del lunes pasado en Cancún. Su cadáver fue hallado poco después junto con el del teniente Gertulio César Román y el señor Juan Ramírez, quienes probablemente murieron sólo por la mala fortuna de acompañar al destinatario del atentado. El general fue ultimado con saña perversa: le rompieron los brazos y las piernas y lo golpearon en todo el cuerpo, especialmente el tórax y el rostro. Recibió 11 disparos. Se supuso de inmediato que fue víctima de la delincuencia organizada. Tras el comienzo de la averiguación correspondiente a cargo del Ministerio Público local, la Procuraduría General de la República se hizo cargo del caso.
Aunque fuera el militar de más alto rango asesinado en los años recientes, las autoridades castrenses no concedieron especial importancia al suceso. El martes la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un escueto comunicado sin número -más tarde nos enteraríamos que era el número 21- en que sólo se confirmaba "la muerte" (no se aclaró que se trataba de un homicidio) de Tello Quiñones, "General de Brigada Diplomado de Estado Mayor retirado". Se explicó que "pasó a situación de retiro con fecha 1 de enero de 2009 y se encontraba realizando funciones de asesor del Alcalde del municipio de Benito Juárez, Q.R.". Y se afirmó que "las autoridades correspondientes se encuentran realizando las investigaciones del caso".
Más tarde, en una situación poco usual en las oficinas de prensa (había ocurrido antes sólo en el sórdido caso de la señora Ernestina Ascensio Rosario, oficialmente muerta por causas naturales, presumiblemente por una agresión perpetrada por militares), se remitió una "ampliación del comunicado número 21" en que se enumeraron los atributos del "ameritado general" y se anunciaba que un representante del titular de la Sedena presidiría "los honores fúnebres con los cuales los miembros del Ejército Mexicano despiden al extinto General de Brigada". Así fue: el inspector y contralor del propio Ejército, general Jorge Juárez Loera, encabezó el funeral en el campo militar de Cancún, y luego los restos del militar asesinado fueron llevados a la Ciudad de México, donde las honras fúnebres contaron con la presencia del presidente Calderón y del secretario Guillermo Galván.
En esa ampliación del comunicado 21 se resumió la hoja de servicios de Tello Quiñones en que a los datos secos de sus cargos se agregaron juicios encomiásticos: se habló de su "fructífera carrera", su desempeño "sobresaliente", su "destacada" labor como diplomático, y se concluyó que "por los valores de lealtad y patriotismo demostrados durante su carrera militar, fue llamado como asesor del Alcalde del municipio de Benito Juárez, Q.R.".
En efecto, la misma fecha, el primer día de este año, marcó el comienzo del retiro del general y su alta como asesor de Gregorio Sánchez Martínez, el singular alcalde cancunense. Elegido hace un año, apoyado por los partidos del Frente Amplio Progresista (PRD, Convergencia y PT), el antiguo cantante grupero (conocido en ese ambiente como Grez) y empresario ha tenido una actuación polémica, salvo en lo que toca a la precaria labor municipal en materia de seguridad pública, en que hay unanimidad para condenarla. El crecimiento del narcomenudeo y de la violencia criminal atribuida a Los Zetas, el brazo armado del cártel del Golfo, obligó al alcalde a solicitar un militar de alto rango para dar un giro a la situación. De la propia Secretaría de la Defensa el recomendado fue Tello Quiñones, que utilizó las primeras semanas de su comisión para organizar dos unidades policiacas, una de inteligencia e información y otra de acción directa. Se presumía que de asesor del alcalde pasaría a encabezar la dirección de seguridad pública del municipio y, eventualmente, la del estado, urgido de una renovación de sus cuadros. No puede dejar de recordarse en este momento que el único político de alto nivel preso por su involucramiento con el narcotráfico es Mario Villanueva ex gobernador de Quintana Roo, que permitió el crecimiento de una célula del cártel de Juárez en ese estado caribeño.
El recuerdo de otras situaciones tal vez condujo a la revaloración de su figura a la hora de su muerte. Es que antes del que iniciaba ahora Tello Quiñones tuvo participación en episodios en que la actuación policiaca de militares generó graves problemas por la comisión de delitos y violaciones a los derechos humanos. Evocar ahora esas malas experiencias sería contrario a la necesidad del gobierno y del Ejército de proyectar una imagen de eficacia y probidad en el desempeño de funciones policiales.
Tello Quiñones fue parte de un desastroso experimento para militarizar la seguridad pública en el Distrito Federal. Lo encabezó el general Enrique Salgado Cordero, responsable de esa función en el último gobierno priista de la capital, encabezado por Óscar Espinosa Villarreal. Otros generales, desde mucho tiempo atrás, habían estado al frente de la policía metropolitana: Othón León Lobato, Antonio Gómez Velasco, Luis Cueto Ramírez, Renato Vega Amador, Daniel Gutiérrez Santos. (No incluyo a Arturo Durazo porque él no fue militar nunca, su generalato era artificial y reconocido sólo en la corporación que encabezó). Pero Salgado Cordero llenó de militares la policía. Creó con ellos unidades especiales, como los Jaguares y los Zorros, a las órdenes de superiores que a su vez respondían ante el jefe de Agrupamientos Especiales, el coronel Tello Quiñones.
El 8 de septiembre de 1997 esos agrupamientos asaltaron la colonia Buenos Aires, conocida por su dedicación al comercio de autopartes, buena parte de ellas de origen ilícito. Fueron detenidos seis muchachos que no quedaron sometidos a proceso. Se les asesinó en una suerte de justicia sumaria. Cuando la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, entonces presidida por Luis de la Barreda, hizo conocer las responsabilidades en que incurrieron los jefes de la operación, el presidente Zedillo autorizó o cedió ante la presión castrense y los responsables fueron juzgados en el fuero militar como si hubieran cometido infracciones a la disciplina militar y no cometido delitos del fuero común. Tello Quiñones fue sometido a proceso por encubrimiento de homicidio pero unos meses más tarde quedó en libertad, exonerado.
Por lo visto, ese episodio no manchó su hoja de servicios pues al reincorporarse a filas ascendió a general brigadier y luego a general de brigada. Con ese rango en enero de 2007 se hizo comandante de la 21 Zona Militar con sede en Morelia. Un mes antes se había iniciado el Operativo Michoacán, episodio inicial de la estrategia del nuevo gobierno panista para enfrentar a la delincuencia organizada. De nuevo involucrado en funciones policiacas, ahora como principal responsable, el general Tello Quiñones dispuso la movilización castrense en busca de narcotraficantes. El 1o. de mayo de aquel año, en Carácuaro, una operación militar realizada desaprensivamente fue enfrentada por delincuentes, que asesinaron a cinco soldados.
Esa ofensa provocó una reacción desproporcionada en diversos municipios, entre ellos el de Nocupétaro. No fueron hallados los responsables del ataque en Carácuaro, pero en cambio la tropa agredió a la población civil. Ante las quejas de los afectados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación en que se afirma que "58 personas sufrieron trato cruel y/o degradante", mientras que 17 personas "presentaron lesiones que tardan en sanar menos de quince días, cuatro con lesiones que tardan en sanar más de ese lapso y una con lesiones que ameritaron hospitalización". Lo más grave, sin embargo, fue el ataque a cuatro mujeres menores de edad, a las que se hizo víctimas de abuso sexual y violación. Eso ocurrió, según comprobó la CNDH, durante su traslado y retención en el cuartel militar de la 21 Zona Militar, de donde salieron el 3 de mayo de 2007 después de 24 horas de horror. En diciembre siguiente el general Tello Quiñones fue relevado del mando de esa zona, y poco después se le designó director general de infantería, cargo que desempeñaba al retirarse.
Su cruel asesinato no puede quedar perdido en la impunidad, como los de decenas de militares a los que se ha arrastrado a una lucha para la que no están preparados.
El general Mauro Enrique Tello Quiñones fue asesinado la noche del lunes pasado en Cancún. Su cadáver fue hallado poco después junto con el del teniente Gertulio César Román y el señor Juan Ramírez, quienes probablemente murieron sólo por la mala fortuna de acompañar al destinatario del atentado. El general fue ultimado con saña perversa: le rompieron los brazos y las piernas y lo golpearon en todo el cuerpo, especialmente el tórax y el rostro. Recibió 11 disparos. Se supuso de inmediato que fue víctima de la delincuencia organizada. Tras el comienzo de la averiguación correspondiente a cargo del Ministerio Público local, la Procuraduría General de la República se hizo cargo del caso.
Aunque fuera el militar de más alto rango asesinado en los años recientes, las autoridades castrenses no concedieron especial importancia al suceso. El martes la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un escueto comunicado sin número -más tarde nos enteraríamos que era el número 21- en que sólo se confirmaba "la muerte" (no se aclaró que se trataba de un homicidio) de Tello Quiñones, "General de Brigada Diplomado de Estado Mayor retirado". Se explicó que "pasó a situación de retiro con fecha 1 de enero de 2009 y se encontraba realizando funciones de asesor del Alcalde del municipio de Benito Juárez, Q.R.". Y se afirmó que "las autoridades correspondientes se encuentran realizando las investigaciones del caso".
Más tarde, en una situación poco usual en las oficinas de prensa (había ocurrido antes sólo en el sórdido caso de la señora Ernestina Ascensio Rosario, oficialmente muerta por causas naturales, presumiblemente por una agresión perpetrada por militares), se remitió una "ampliación del comunicado número 21" en que se enumeraron los atributos del "ameritado general" y se anunciaba que un representante del titular de la Sedena presidiría "los honores fúnebres con los cuales los miembros del Ejército Mexicano despiden al extinto General de Brigada". Así fue: el inspector y contralor del propio Ejército, general Jorge Juárez Loera, encabezó el funeral en el campo militar de Cancún, y luego los restos del militar asesinado fueron llevados a la Ciudad de México, donde las honras fúnebres contaron con la presencia del presidente Calderón y del secretario Guillermo Galván.
En esa ampliación del comunicado 21 se resumió la hoja de servicios de Tello Quiñones en que a los datos secos de sus cargos se agregaron juicios encomiásticos: se habló de su "fructífera carrera", su desempeño "sobresaliente", su "destacada" labor como diplomático, y se concluyó que "por los valores de lealtad y patriotismo demostrados durante su carrera militar, fue llamado como asesor del Alcalde del municipio de Benito Juárez, Q.R.".
En efecto, la misma fecha, el primer día de este año, marcó el comienzo del retiro del general y su alta como asesor de Gregorio Sánchez Martínez, el singular alcalde cancunense. Elegido hace un año, apoyado por los partidos del Frente Amplio Progresista (PRD, Convergencia y PT), el antiguo cantante grupero (conocido en ese ambiente como Grez) y empresario ha tenido una actuación polémica, salvo en lo que toca a la precaria labor municipal en materia de seguridad pública, en que hay unanimidad para condenarla. El crecimiento del narcomenudeo y de la violencia criminal atribuida a Los Zetas, el brazo armado del cártel del Golfo, obligó al alcalde a solicitar un militar de alto rango para dar un giro a la situación. De la propia Secretaría de la Defensa el recomendado fue Tello Quiñones, que utilizó las primeras semanas de su comisión para organizar dos unidades policiacas, una de inteligencia e información y otra de acción directa. Se presumía que de asesor del alcalde pasaría a encabezar la dirección de seguridad pública del municipio y, eventualmente, la del estado, urgido de una renovación de sus cuadros. No puede dejar de recordarse en este momento que el único político de alto nivel preso por su involucramiento con el narcotráfico es Mario Villanueva ex gobernador de Quintana Roo, que permitió el crecimiento de una célula del cártel de Juárez en ese estado caribeño.
El recuerdo de otras situaciones tal vez condujo a la revaloración de su figura a la hora de su muerte. Es que antes del que iniciaba ahora Tello Quiñones tuvo participación en episodios en que la actuación policiaca de militares generó graves problemas por la comisión de delitos y violaciones a los derechos humanos. Evocar ahora esas malas experiencias sería contrario a la necesidad del gobierno y del Ejército de proyectar una imagen de eficacia y probidad en el desempeño de funciones policiales.
Tello Quiñones fue parte de un desastroso experimento para militarizar la seguridad pública en el Distrito Federal. Lo encabezó el general Enrique Salgado Cordero, responsable de esa función en el último gobierno priista de la capital, encabezado por Óscar Espinosa Villarreal. Otros generales, desde mucho tiempo atrás, habían estado al frente de la policía metropolitana: Othón León Lobato, Antonio Gómez Velasco, Luis Cueto Ramírez, Renato Vega Amador, Daniel Gutiérrez Santos. (No incluyo a Arturo Durazo porque él no fue militar nunca, su generalato era artificial y reconocido sólo en la corporación que encabezó). Pero Salgado Cordero llenó de militares la policía. Creó con ellos unidades especiales, como los Jaguares y los Zorros, a las órdenes de superiores que a su vez respondían ante el jefe de Agrupamientos Especiales, el coronel Tello Quiñones.
El 8 de septiembre de 1997 esos agrupamientos asaltaron la colonia Buenos Aires, conocida por su dedicación al comercio de autopartes, buena parte de ellas de origen ilícito. Fueron detenidos seis muchachos que no quedaron sometidos a proceso. Se les asesinó en una suerte de justicia sumaria. Cuando la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, entonces presidida por Luis de la Barreda, hizo conocer las responsabilidades en que incurrieron los jefes de la operación, el presidente Zedillo autorizó o cedió ante la presión castrense y los responsables fueron juzgados en el fuero militar como si hubieran cometido infracciones a la disciplina militar y no cometido delitos del fuero común. Tello Quiñones fue sometido a proceso por encubrimiento de homicidio pero unos meses más tarde quedó en libertad, exonerado.
Por lo visto, ese episodio no manchó su hoja de servicios pues al reincorporarse a filas ascendió a general brigadier y luego a general de brigada. Con ese rango en enero de 2007 se hizo comandante de la 21 Zona Militar con sede en Morelia. Un mes antes se había iniciado el Operativo Michoacán, episodio inicial de la estrategia del nuevo gobierno panista para enfrentar a la delincuencia organizada. De nuevo involucrado en funciones policiacas, ahora como principal responsable, el general Tello Quiñones dispuso la movilización castrense en busca de narcotraficantes. El 1o. de mayo de aquel año, en Carácuaro, una operación militar realizada desaprensivamente fue enfrentada por delincuentes, que asesinaron a cinco soldados.
Esa ofensa provocó una reacción desproporcionada en diversos municipios, entre ellos el de Nocupétaro. No fueron hallados los responsables del ataque en Carácuaro, pero en cambio la tropa agredió a la población civil. Ante las quejas de los afectados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación en que se afirma que "58 personas sufrieron trato cruel y/o degradante", mientras que 17 personas "presentaron lesiones que tardan en sanar menos de quince días, cuatro con lesiones que tardan en sanar más de ese lapso y una con lesiones que ameritaron hospitalización". Lo más grave, sin embargo, fue el ataque a cuatro mujeres menores de edad, a las que se hizo víctimas de abuso sexual y violación. Eso ocurrió, según comprobó la CNDH, durante su traslado y retención en el cuartel militar de la 21 Zona Militar, de donde salieron el 3 de mayo de 2007 después de 24 horas de horror. En diciembre siguiente el general Tello Quiñones fue relevado del mando de esa zona, y poco después se le designó director general de infantería, cargo que desempeñaba al retirarse.
Su cruel asesinato no puede quedar perdido en la impunidad, como los de decenas de militares a los que se ha arrastrado a una lucha para la que no están preparados.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
kikka-roja.blogspot.com/
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