Bolivia: la refundación de un país
Ante decenas de miles de personas –campesinos, indígenas, dirigentes sociales, funcionarios de gobierno, elementos de la fuerza pública, representantes de la prensa nacional e internacional, ciudadanos comunes– el presidente de Bolivia, Evo Morales, proclamó ayer, día de la promulgación de la nueva Constitución –aprobada por amplia mayoría en el referéndum del pasado 26 de enero–, la refundación del país andino como un “Estado plurinacional, unitario, social y económicamente de socialismo comunitario”, en un acto que fue calificado por el mandatario como una “segunda independencia, la verdadera liberación del pueblo boliviano”.
La promulgación de la nueva Carta Magna reviste especial importancia por cuanto salda algunas de las deudas históricas y contribuye a corregir injusticias sociales que recorren el país andino. Entre otras cosas, el nuevo texto constitucional estipula la libre determinación “de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos”; consagra la potestad de la nación sobre los recursos naturales; reconoce un conjunto de autonomías étnicas, regionales, departamentales y municipales; promueve la reforma agraria y la eliminación de los latifundios –la propiedad agrícola no podrá ser mayor a 5 mil hectáreas–, y rompe, en suma, con una estructura de dominación de corte colonialista, basada en el poder de una minoría criolla y en la exclusión, la marginación y la explotación de los pueblos indios de ese país, que constituyen un porcentaje mayoritario de la población.
La recién promulgada Constitución representa un avance en el reconocimiento de la realidad multicultural de Bolivia, en la reivindicación de los derechos de amplias franjas de habitantes y en la consolidación de una sociedad plural y respetuosa. En contraste con lo que han señalado algunos sectores de la oposición boliviana, en el sentido de que la nueva ley suprema distingue entre “ciudadanos de primera y de segunda”, el texto apunta a la construcción de un país inequívocamente incluyente y, como lo señaló ayer el propio mandatario, “protege igual a todos los bolivianos y bolivianas; garantiza la igualdad de oportunidades para la gente del campo, garantiza la igualdad, dignidad y libertad” para todos los habitantes de la nación andina.
La refundación de ese país se da –es cierto– en un ambiente de confrontación y polarización política que, en meses y semanas recientes, se ha expresado a través de enfrentamientos violentos en distintas regiones del territorio. El gobierno y el pueblo bolivianos enfrentan la embestida de una oligarquía que se niega a renunciar a los privilegios que han sido afectados tras la llegada de Morales al poder y para ello se han valido de acciones abiertamente subversivas, secesionistas y hasta golpistas. Al respecto, es por demás significativo el hecho de que en la nueva Constitución haya sido incluido el añejo reclamo en torno a las autonomías, demanda que había sido explotada por la oposición oligarca con fines políticos, y en nombre de la cual se han cometido flagrantes violaciones a la legalidad, acciones fraudulentas y antidemocráticas como el referendo para aprobar el “estatus autonómico” de Santa Cruz de la Sierra, en mayo del año pasado.
Otro elemento de suma importancia en el nuevo texto constitucional es la ruptura con la tradición de injerencias por parte de Estados Unidos y la reivindicación de la soberanía nacional, elementos presentes en la prohibición a la instalación de bases militares en territorio boliviano y en el refrendo de la potestad del Estado sobre los recursos naturales, que protegen a ese país y a sus habitantes de los afanes hegemónicos de Washington y de la voracidad de las empresas energéticas trasnacionales.
Con la promulgación de la nueva Constitución concluye un arduo proceso iniciado hace casi tres años, cuando se lanzó convocatoria a la Asamblea Constituyente; se erige un marco legal que responde a la actualidad social y política de esa nación y a los cambios ocurridos en esos ámbitos tras el arribo de Evo Morales a la presidencia, y se inaugura una nueva etapa en la vida republicana de ese país. Ayer, en suma, se vivió una jornada histórica para Bolivia y para toda América Latina, y cabe felicitarse por ello.
La promulgación de la nueva Carta Magna reviste especial importancia por cuanto salda algunas de las deudas históricas y contribuye a corregir injusticias sociales que recorren el país andino. Entre otras cosas, el nuevo texto constitucional estipula la libre determinación “de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos”; consagra la potestad de la nación sobre los recursos naturales; reconoce un conjunto de autonomías étnicas, regionales, departamentales y municipales; promueve la reforma agraria y la eliminación de los latifundios –la propiedad agrícola no podrá ser mayor a 5 mil hectáreas–, y rompe, en suma, con una estructura de dominación de corte colonialista, basada en el poder de una minoría criolla y en la exclusión, la marginación y la explotación de los pueblos indios de ese país, que constituyen un porcentaje mayoritario de la población.
La recién promulgada Constitución representa un avance en el reconocimiento de la realidad multicultural de Bolivia, en la reivindicación de los derechos de amplias franjas de habitantes y en la consolidación de una sociedad plural y respetuosa. En contraste con lo que han señalado algunos sectores de la oposición boliviana, en el sentido de que la nueva ley suprema distingue entre “ciudadanos de primera y de segunda”, el texto apunta a la construcción de un país inequívocamente incluyente y, como lo señaló ayer el propio mandatario, “protege igual a todos los bolivianos y bolivianas; garantiza la igualdad de oportunidades para la gente del campo, garantiza la igualdad, dignidad y libertad” para todos los habitantes de la nación andina.
La refundación de ese país se da –es cierto– en un ambiente de confrontación y polarización política que, en meses y semanas recientes, se ha expresado a través de enfrentamientos violentos en distintas regiones del territorio. El gobierno y el pueblo bolivianos enfrentan la embestida de una oligarquía que se niega a renunciar a los privilegios que han sido afectados tras la llegada de Morales al poder y para ello se han valido de acciones abiertamente subversivas, secesionistas y hasta golpistas. Al respecto, es por demás significativo el hecho de que en la nueva Constitución haya sido incluido el añejo reclamo en torno a las autonomías, demanda que había sido explotada por la oposición oligarca con fines políticos, y en nombre de la cual se han cometido flagrantes violaciones a la legalidad, acciones fraudulentas y antidemocráticas como el referendo para aprobar el “estatus autonómico” de Santa Cruz de la Sierra, en mayo del año pasado.
Otro elemento de suma importancia en el nuevo texto constitucional es la ruptura con la tradición de injerencias por parte de Estados Unidos y la reivindicación de la soberanía nacional, elementos presentes en la prohibición a la instalación de bases militares en territorio boliviano y en el refrendo de la potestad del Estado sobre los recursos naturales, que protegen a ese país y a sus habitantes de los afanes hegemónicos de Washington y de la voracidad de las empresas energéticas trasnacionales.
Con la promulgación de la nueva Constitución concluye un arduo proceso iniciado hace casi tres años, cuando se lanzó convocatoria a la Asamblea Constituyente; se erige un marco legal que responde a la actualidad social y política de esa nación y a los cambios ocurridos en esos ámbitos tras el arribo de Evo Morales a la presidencia, y se inaugura una nueva etapa en la vida republicana de ese país. Ayer, en suma, se vivió una jornada histórica para Bolivia y para toda América Latina, y cabe felicitarse por ello.
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