LA JORNADA
La visita a México del presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, que se inicia formalmente mañana, tiene como inevitable telón de fondo la presión ejercida por ese país a las autoridades mexicanas para repatriar a Florence Cassez, ciudadana francesa inculpada por pertenecer a la banda de secuestradores Los Zodiaco, reconocida por distintas víctimas de plagio y condenada en dos ocasiones –primero a 96 y posteriormente a 60 años de prisión– por los delitos de privación ilegal de la libertad y delincuencia organizada.
Al respecto, son significativas las declaraciones realizadas por Luc Chatel, el portavoz de Sarkozy, en el sentido de que el presidente francés tiene como objetivo repatriar a Cassez y de que el tema será tratado con el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, y los asertos de este último en el sentido de que Cassez podría solicitar su transferencia a un centro de reclusión en su país natal, de conformidad con lo estipulado en la Convención de Estrasburgo. Tales afirmaciones ponen en evidencia que la discusión sobre ese eventual traslado de la ciudadana francesa –un tema que debería permanecer en el ámbito jurídico– se ha politizado al grado de ser considerado para incluirlo en la agenda bilateral.
La situación comentada da cuenta, en primer lugar, de que el gobierno de Francia se ha erigido en defensor de sus ciudadanos que han infringido la legalidad en otros países. Es inevitable remitirse a la intercesión realizada por el propio Sarkozy ante las autoridades de Chad por los franceses integrantes de la organización Arca de Zoé, que pretendía trasladar a Europa a una centena de niños africanos presuntamente huérfanos, como parte de una misión humanitaria, menores que, según declaraciones posteriores del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, no habían perdido a sus padres, y cuyo traslado obedecía a que iban a ser vendidos a familias que habían pagado ya cierta cantidad de dinero para quedarse con ellos. Dicha actitud da cuenta de un espíritu intervencionista y hasta colonialista en los actuales ocupantes del Palacio del Eliseo.
Es claro, por lo demás, que a las autoridades mexicanas les corresponde una cuota de responsabilidad en el enrarecimiento y el cariz sensacionalista que ha adquirido el caso Florence Cassez en Francia. Baste mencionar las irregularidades que se dieron durante la detención de los integrantes de Los Zodiaco, el 9 de diciembre de 2005, cuando la Agencia Federal de Investigación, entonces a cargo de Genaro García Luna, hoy titular de Seguridad Pública federal, reconstruyó, a petición de las dos principales televisoras del país, el operativo de captura de Florence Cassez y otros presuntos integrantes de la banda referida, a fin de que pudiera ser transmitido en vivo. Posteriormente el propio García Luna reconoció que todo se había tratado de un montaje, declaración que acabó por dar municiones a los defensores de la ciudadana francesa y que sin duda empeoró la imagen de la institucionalidad de procuración de justicia mexicana en el exterior.
Con todo, sería inadmisible que, en la actual circunstancia, el gobierno calderonista cediera ante las presiones y permitiera el regreso de Cassez a su país. Ello resultaría un agravio para el conjunto de la sociedad mexicana, en un momento en que el flagelo de la criminalidad ha sembrado un enorme sentir de zozobra, temor y desamparo en la población, y pondría en evidencia que el supuesto compromiso del calderonismo con la legalidad termina en donde comienzan los intereses de las potencias internacionales.
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Al respecto, son significativas las declaraciones realizadas por Luc Chatel, el portavoz de Sarkozy, en el sentido de que el presidente francés tiene como objetivo repatriar a Cassez y de que el tema será tratado con el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, y los asertos de este último en el sentido de que Cassez podría solicitar su transferencia a un centro de reclusión en su país natal, de conformidad con lo estipulado en la Convención de Estrasburgo. Tales afirmaciones ponen en evidencia que la discusión sobre ese eventual traslado de la ciudadana francesa –un tema que debería permanecer en el ámbito jurídico– se ha politizado al grado de ser considerado para incluirlo en la agenda bilateral.
La situación comentada da cuenta, en primer lugar, de que el gobierno de Francia se ha erigido en defensor de sus ciudadanos que han infringido la legalidad en otros países. Es inevitable remitirse a la intercesión realizada por el propio Sarkozy ante las autoridades de Chad por los franceses integrantes de la organización Arca de Zoé, que pretendía trasladar a Europa a una centena de niños africanos presuntamente huérfanos, como parte de una misión humanitaria, menores que, según declaraciones posteriores del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, no habían perdido a sus padres, y cuyo traslado obedecía a que iban a ser vendidos a familias que habían pagado ya cierta cantidad de dinero para quedarse con ellos. Dicha actitud da cuenta de un espíritu intervencionista y hasta colonialista en los actuales ocupantes del Palacio del Eliseo.
Es claro, por lo demás, que a las autoridades mexicanas les corresponde una cuota de responsabilidad en el enrarecimiento y el cariz sensacionalista que ha adquirido el caso Florence Cassez en Francia. Baste mencionar las irregularidades que se dieron durante la detención de los integrantes de Los Zodiaco, el 9 de diciembre de 2005, cuando la Agencia Federal de Investigación, entonces a cargo de Genaro García Luna, hoy titular de Seguridad Pública federal, reconstruyó, a petición de las dos principales televisoras del país, el operativo de captura de Florence Cassez y otros presuntos integrantes de la banda referida, a fin de que pudiera ser transmitido en vivo. Posteriormente el propio García Luna reconoció que todo se había tratado de un montaje, declaración que acabó por dar municiones a los defensores de la ciudadana francesa y que sin duda empeoró la imagen de la institucionalidad de procuración de justicia mexicana en el exterior.
Con todo, sería inadmisible que, en la actual circunstancia, el gobierno calderonista cediera ante las presiones y permitiera el regreso de Cassez a su país. Ello resultaría un agravio para el conjunto de la sociedad mexicana, en un momento en que el flagelo de la criminalidad ha sembrado un enorme sentir de zozobra, temor y desamparo en la población, y pondría en evidencia que el supuesto compromiso del calderonismo con la legalidad termina en donde comienzan los intereses de las potencias internacionales.
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