Jacinta, Alberta, Teresa
Miguel Ángel Granados Chapa
13 Mar. 09
Tres mujeres indígenas de un poblado queretano están acusadas de secuestrar a seis miembros de la Agencia Federal de Investigación, en un señalamiento que sería hilarante de no ser extremadamente trágico porque implica destrozar sus vidas injustamente
Por diversos motivos, la atención pública está puesta en el caso de Florence Cassez, una ciudadana francesa sentenciada en primera y segunda instancia por diversos delitos, secuestro entre ellos. Debido a su oriundez y el pedido de que cumpla tal condena en su patria, como lo permite la ley, en Francia su caso está tomando el carácter de ejemplo de una deplorable administración de justicia. Para infortunio de todos, es posible que en efecto la culpabilidad de la señora Cassez haya sido fraguada para efectos mediáticos y políticos. Al menos, es un hecho indubitable que su detención fue escenificada para que la televisión mostrara la eficacia de la Agencia Federal de Investigación, dirigida en diciembre de 2005, cuando se montó el suceso, por Genaro García Luna, ascendido no obstante ése y otros lamentables lances de la corporación a su cargo a la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública.
Es deseable que el mismo interés dirigido al caso de la señora Cassez se concentre en la desgracia que viven tres mujeres queretanas, de habla ñahñú, presas injustamente desde hace dos años y medio, sujetas a procesos que pueden concluir en penas de prisión mayores de 20 años cada una. Son ellas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, cuya vida ha sido profundamente perturbada por lo que puede ser un abominable acto que busca mantener la vigencia del acto de autoridad, de respeto a agentes del gobierno a los que debe obedecerse y callar.
Se les acusa de haber retenido, privado de la libertad a seis miembros de la misma AFI que preparó artificiosamente la filmación de la captura de Cassez y sus cómplices. El señalamiento sería risible de no ser trágico. Difícilmente se puede imaginar a tres señoras de apariencia frágil a la cabeza de una acción colectiva en la que los habitualmente bruscos y prepotentes policías hayan quedado reducidos y mantenidos en calidad de rehenes como lo pretende la acusación y la sentencia de primera instancia, dictada ya en agravio de la señora Jacinta.
Ella y sus compañeras realizaban hace tres años, el 26 de marzo de 2006, su actividad habitual en el tianguis del poblado de Santiago Mexquititlán, perteneciente al municipio de Amealco, no lejos de San Juan del Río y de la propia capital queretana. Se ocupaban en su comercio normalmente -Jacinta vendiendo aguas frescas- cuando media docena de miembros de la AFI irrumpió en el tianguis, en busca de discos piratas. Se comportaron con tal insolencia, destruyendo lo que encontraban a su paso, que la gente en el mercado, vendedores y compradores reaccionaron indignados y sometieron a los depredadores. Un agente del Ministerio Público y un jefe de los policías se apersonaron en el lugar de los hechos y reconocieron los destrozos y estuvieron dispuestos a resarcirlos. Mientras lo hacían, un agente quedó por así decirlo en prenda de que se restituiría lo perdido, mismo que se marchó cuando en efecto se cubrió el monto de los daños y perjuicios provocados por la arbitraria acción policiaca, emprendida no digamos sin orden judicial sino ni siquiera previa identificación de los dizque agentes del orden.
El episodio parecía haber quedado zanjado. Pero al parecer los policías quedaron ofendidos por la contención de sus desmanes y su breve detención, y decidieron hacerlo pagar. En agosto siguiente, inopinadamente, las tres señoras mencionadas, a quienes se imputó haber encabezado la operación de resistencia fueron detenidas y llevadas a proceso.
El de Jacinta Francisco Marcial, desarrollado ante el juez federal Rodolfo Estrada Longi, terminó dos años después de su captura, con una aberrante sentencia a 21 años de prisión y el pago de una multa por más de 90 mil pesos, una fortuna inmensa para muchas personas, inimaginable en el caso de una señora que vende aguas frescas y a la que, para agravar su situación, le fueron sembradas varias dosis de cocaína, para simular que se dedicaba al tráfico de ese estupefaciente, como si en ese poblado la droga vendible fuera ese alcaloide, cuya cotización en el mercado es alta.
En diciembre pasado, tanto el Ministerio Público como la señora afectada apelaron la sentencia y el caso se ventila en el tribunal unitario del vigésimo segundo circuito judicial, donde de un momento a otro el magistrado Hanz Eduardo López Muñoz dictará la sentencia de segunda instancia. A la señora Jacinta y sus compañeras Alberta y Teresa las asesora en este momento el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que ha conseguido que varias oficinas y representantes populares se interesen en el caso. Lo han hecho la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y diputados federales y locales. Anteayer viajaron desde San Lázaro los legisladores Carlos Alberto Navarro y María de los Ángeles Jiménez, del PAN, y Alliet Bautista, del PRD. Igualmente se ocupa del caso la diputada local perredista Carmen Consolación González Loyola. Se trata de que las acusadas sean puestas en libertad, ya sea mediante una mejor tipificación de las conductas que se les achacan, ya a través del desvanecimiento de pruebas, ficción jurídica que en el fondo reconoce que no hubo nunca tales probanzas contra las detenidas, que si bien no hablan sólo su lengua materna, no estuvieron en condición de comprender la naturaleza de los procesos en su contra porque carecieron de la asistencia legal especializada que ordena la Constitución.
Han de quedar en libertad. La merecen.
Cajón de Sastre
La formación y la experiencia del nuevo subsecretario de Gobierno de la Segob no parecen los antecedentes necesarios para quien ha de ejercer la política interior, es decir, tratar con los poderes Judicial y Legislativo y con los gobernadores, entre otras tareas. Licenciado en economía en el ITAM, posgraduado en administración pública en Harvard, dirigió la fundación Miguel Estrada Iturbide de los parlamentarios panistas antes de ingresar en el gobierno en el 2000, al lado del secretario de Economía Luis Ernesto Derbez, como responsable de la Unidad de Planeación, Comunicación y Enlace. El propio Derbez, al caminar a la Cancillería, lo hizo subsecretario para América del Norte, y su sucesora Patricia Espinosa lo trasladó a la subsecretaría de América Latina.
Por diversos motivos, la atención pública está puesta en el caso de Florence Cassez, una ciudadana francesa sentenciada en primera y segunda instancia por diversos delitos, secuestro entre ellos. Debido a su oriundez y el pedido de que cumpla tal condena en su patria, como lo permite la ley, en Francia su caso está tomando el carácter de ejemplo de una deplorable administración de justicia. Para infortunio de todos, es posible que en efecto la culpabilidad de la señora Cassez haya sido fraguada para efectos mediáticos y políticos. Al menos, es un hecho indubitable que su detención fue escenificada para que la televisión mostrara la eficacia de la Agencia Federal de Investigación, dirigida en diciembre de 2005, cuando se montó el suceso, por Genaro García Luna, ascendido no obstante ése y otros lamentables lances de la corporación a su cargo a la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública.
Es deseable que el mismo interés dirigido al caso de la señora Cassez se concentre en la desgracia que viven tres mujeres queretanas, de habla ñahñú, presas injustamente desde hace dos años y medio, sujetas a procesos que pueden concluir en penas de prisión mayores de 20 años cada una. Son ellas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, cuya vida ha sido profundamente perturbada por lo que puede ser un abominable acto que busca mantener la vigencia del acto de autoridad, de respeto a agentes del gobierno a los que debe obedecerse y callar.
Se les acusa de haber retenido, privado de la libertad a seis miembros de la misma AFI que preparó artificiosamente la filmación de la captura de Cassez y sus cómplices. El señalamiento sería risible de no ser trágico. Difícilmente se puede imaginar a tres señoras de apariencia frágil a la cabeza de una acción colectiva en la que los habitualmente bruscos y prepotentes policías hayan quedado reducidos y mantenidos en calidad de rehenes como lo pretende la acusación y la sentencia de primera instancia, dictada ya en agravio de la señora Jacinta.
Ella y sus compañeras realizaban hace tres años, el 26 de marzo de 2006, su actividad habitual en el tianguis del poblado de Santiago Mexquititlán, perteneciente al municipio de Amealco, no lejos de San Juan del Río y de la propia capital queretana. Se ocupaban en su comercio normalmente -Jacinta vendiendo aguas frescas- cuando media docena de miembros de la AFI irrumpió en el tianguis, en busca de discos piratas. Se comportaron con tal insolencia, destruyendo lo que encontraban a su paso, que la gente en el mercado, vendedores y compradores reaccionaron indignados y sometieron a los depredadores. Un agente del Ministerio Público y un jefe de los policías se apersonaron en el lugar de los hechos y reconocieron los destrozos y estuvieron dispuestos a resarcirlos. Mientras lo hacían, un agente quedó por así decirlo en prenda de que se restituiría lo perdido, mismo que se marchó cuando en efecto se cubrió el monto de los daños y perjuicios provocados por la arbitraria acción policiaca, emprendida no digamos sin orden judicial sino ni siquiera previa identificación de los dizque agentes del orden.
El episodio parecía haber quedado zanjado. Pero al parecer los policías quedaron ofendidos por la contención de sus desmanes y su breve detención, y decidieron hacerlo pagar. En agosto siguiente, inopinadamente, las tres señoras mencionadas, a quienes se imputó haber encabezado la operación de resistencia fueron detenidas y llevadas a proceso.
El de Jacinta Francisco Marcial, desarrollado ante el juez federal Rodolfo Estrada Longi, terminó dos años después de su captura, con una aberrante sentencia a 21 años de prisión y el pago de una multa por más de 90 mil pesos, una fortuna inmensa para muchas personas, inimaginable en el caso de una señora que vende aguas frescas y a la que, para agravar su situación, le fueron sembradas varias dosis de cocaína, para simular que se dedicaba al tráfico de ese estupefaciente, como si en ese poblado la droga vendible fuera ese alcaloide, cuya cotización en el mercado es alta.
En diciembre pasado, tanto el Ministerio Público como la señora afectada apelaron la sentencia y el caso se ventila en el tribunal unitario del vigésimo segundo circuito judicial, donde de un momento a otro el magistrado Hanz Eduardo López Muñoz dictará la sentencia de segunda instancia. A la señora Jacinta y sus compañeras Alberta y Teresa las asesora en este momento el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que ha conseguido que varias oficinas y representantes populares se interesen en el caso. Lo han hecho la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y diputados federales y locales. Anteayer viajaron desde San Lázaro los legisladores Carlos Alberto Navarro y María de los Ángeles Jiménez, del PAN, y Alliet Bautista, del PRD. Igualmente se ocupa del caso la diputada local perredista Carmen Consolación González Loyola. Se trata de que las acusadas sean puestas en libertad, ya sea mediante una mejor tipificación de las conductas que se les achacan, ya a través del desvanecimiento de pruebas, ficción jurídica que en el fondo reconoce que no hubo nunca tales probanzas contra las detenidas, que si bien no hablan sólo su lengua materna, no estuvieron en condición de comprender la naturaleza de los procesos en su contra porque carecieron de la asistencia legal especializada que ordena la Constitución.
Han de quedar en libertad. La merecen.
Cajón de Sastre
La formación y la experiencia del nuevo subsecretario de Gobierno de la Segob no parecen los antecedentes necesarios para quien ha de ejercer la política interior, es decir, tratar con los poderes Judicial y Legislativo y con los gobernadores, entre otras tareas. Licenciado en economía en el ITAM, posgraduado en administración pública en Harvard, dirigió la fundación Miguel Estrada Iturbide de los parlamentarios panistas antes de ingresar en el gobierno en el 2000, al lado del secretario de Economía Luis Ernesto Derbez, como responsable de la Unidad de Planeación, Comunicación y Enlace. El propio Derbez, al caminar a la Cancillería, lo hizo subsecretario para América del Norte, y su sucesora Patricia Espinosa lo trasladó a la subsecretaría de América Latina.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
kikka-roja.blogspot.com/
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