Javier González Garza
18 Abr. 09 reforma.com
La Secretaría de la Función Pública ha sido utilizada únicamente como trampolín político. Desde Francisco Barrio hasta Salvador Vega Casillas no ha habido una preocupación real por la transparencia
Esta semana, en el Poder Legislativo de la Unión sucedió un hecho inédito en la vida parlamentaria del país. El pleno de la Cámara de Diputados en uso de una de sus atribuciones exclusivas rechazó la cuenta pública del gobierno de Vicente Fox de los años 2002 y 2003. Aquel apodo de "zar anticorrupción" con que Fox bautizara al secretario de la Función Pública quedó como otra anécdota chusca de la estéril historia de la alternancia. Los alarmantes niveles de corrupción e impunidad generados a la sombra del gobierno, ahora panista, se deben en mucho a la poca atención otorgada al establecimiento de un verdadero régimen de rendición de cuentas en el país, a pesar de la puesta en marcha de la Ley Federal de Transparencia y la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y otros avances importantes, los controles establecidos hasta hoy no han sido suficientes.
No se olvida el blindaje de impunidad que el panismo le regalara a sus camaradas priistas, desde el propio Carlos Salinas de Gortari hasta el sindicato de trabajadores petroleros con su "Pemexgate" y la enraizada corrupción en el SNTE, pasando por cientos o tal vez miles de funcionarios y gobernantes corruptos exonerados de fraudes y desvíos escandalosos en Banrural, Nafinsa, el ISSSTE, el Seguro Social y un largo etcétera. Tal pareciera que el corrupto régimen tricolor tan sólo se hubiera pintado de azul.
Hoy a casi una década de que el PAN controla el Poder Ejecutivo, la Secretaría de la Función Pública ha quedado reducida a un mero trampolín político. Primero fue Francisco Barrio, quien brincó a la Cámara de Diputados, luego Germán Martínez utilizó la Secretaría para llegar a la presidencia del PAN, y más recientemente Salvador Vega Casillas, quien ha buscado también posicionarse para una curul en la próxima legislatura. Ninguno se ha preocupado genuinamente por la ética pública, la transparencia, la eficacia gubernamental, ni mucho menos por el combate frontal de la corrupción. Esa Secretaría es tradicionalmente ocupada por "leales" al gobernante.
La Auditoría Superior de la Federación luego de revisar las cuentas del autodenominado "Gobierno del Cambio" encontró los peores resultados de los últimos tres sexenios. Las irregularidades son insultantes no sólo por su tamaño, 131 mil 931 millones de pesos tan sólo en 2002 y 2003, sino por la magnitud del daño que ese gobierno hizo a la confianza del pueblo. Pero son razones técnicas, jurídicas y éticas por las que se rechazan las cuentas de esos años, que se sometieron a votación hasta ahora, por la renuencia del PAN desde la legislatura anterior.
El reciente informe de la Auditoría Superior es tan sólo la punta del iceberg, ya que audita apenas el 5 por ciento de las cuentas y arroja suficientes datos para demostrar que Vicente Fox fue un administrador inepto y corrupto. Existe una larga serie de irregularidades cometidas por servidores públicos de diversas entidades públicas, pero las "anomalías" se concentran en las secretarías de Energía, Comunicaciones y Transportes, y desde luego Hacienda y Crédito Público. Las "irregularidades" gozan de total impunidad y aún hoy luego de varios años de transcurridas no se han podido solventar en su totalidad. Tampoco se han concluido los procesos punitivos a los servidores públicos involucrados y las irregularidades probadas ya prescribieron o bien lo harán en breve.
En los informes del resultado correspondiente a dos cuentas públicas, se consignan 6 mil 837 acciones emprendidas por la Auditoría Superior, pero la Auditoría Superior de la Federación no puede sino hacer observaciones, formular recomendaciones y, en todo caso, promover que intervenga la Secretaría de la Función Pública para fincar responsabilidades administrativas, o presentar denuncias al Ministerio Público.
El problema es que ambas instancias son en los hechos tapaderas de los actos de corrupción del gobierno, pues en el gobierno federal, pero también en los estados, los nombramientos de los titulares de ambas dependencias son realizadas por el Ejecutivo y los encargados de castigar los actos ilícitos de los gobiernos son empleados de aquellos a quienes se supone vigilarán.
Hemos propuesto, en distintos momentos, mecanismos para enfrentar esos nichos de impunidad, diversas reformas que ayudarían a resolver este problema. Estas dos instancias primordiales para cualquier gobierno, la Procuraduría y la Contraloría, que tienen un papel central en el ejercicio del gasto del gobierno, no deben ser designadas por el titular del Ejecutivo, presidente, gobernador o presidente municipal, pues para cumplir cabalmente con sus funciones no debería existir ningún tipo de subordinación al Ejecutivo. Distintas propuestas se han presentado para ello: podrían ser designados por la segunda fuerza política del ámbito que se trate; también podrían ser nombrados por otro poder, como el Legislativo, o dado los alarmantes niveles de corrupción incluso podrían ser electos por la propia ciudadanía. Lo importante es diseñar un modelo alternativo para combatir la corrupción e impunidad imperante en el país.
kikka-roja.blogspot.com/
Esta semana, en el Poder Legislativo de la Unión sucedió un hecho inédito en la vida parlamentaria del país. El pleno de la Cámara de Diputados en uso de una de sus atribuciones exclusivas rechazó la cuenta pública del gobierno de Vicente Fox de los años 2002 y 2003. Aquel apodo de "zar anticorrupción" con que Fox bautizara al secretario de la Función Pública quedó como otra anécdota chusca de la estéril historia de la alternancia. Los alarmantes niveles de corrupción e impunidad generados a la sombra del gobierno, ahora panista, se deben en mucho a la poca atención otorgada al establecimiento de un verdadero régimen de rendición de cuentas en el país, a pesar de la puesta en marcha de la Ley Federal de Transparencia y la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y otros avances importantes, los controles establecidos hasta hoy no han sido suficientes.
No se olvida el blindaje de impunidad que el panismo le regalara a sus camaradas priistas, desde el propio Carlos Salinas de Gortari hasta el sindicato de trabajadores petroleros con su "Pemexgate" y la enraizada corrupción en el SNTE, pasando por cientos o tal vez miles de funcionarios y gobernantes corruptos exonerados de fraudes y desvíos escandalosos en Banrural, Nafinsa, el ISSSTE, el Seguro Social y un largo etcétera. Tal pareciera que el corrupto régimen tricolor tan sólo se hubiera pintado de azul.
Hoy a casi una década de que el PAN controla el Poder Ejecutivo, la Secretaría de la Función Pública ha quedado reducida a un mero trampolín político. Primero fue Francisco Barrio, quien brincó a la Cámara de Diputados, luego Germán Martínez utilizó la Secretaría para llegar a la presidencia del PAN, y más recientemente Salvador Vega Casillas, quien ha buscado también posicionarse para una curul en la próxima legislatura. Ninguno se ha preocupado genuinamente por la ética pública, la transparencia, la eficacia gubernamental, ni mucho menos por el combate frontal de la corrupción. Esa Secretaría es tradicionalmente ocupada por "leales" al gobernante.
La Auditoría Superior de la Federación luego de revisar las cuentas del autodenominado "Gobierno del Cambio" encontró los peores resultados de los últimos tres sexenios. Las irregularidades son insultantes no sólo por su tamaño, 131 mil 931 millones de pesos tan sólo en 2002 y 2003, sino por la magnitud del daño que ese gobierno hizo a la confianza del pueblo. Pero son razones técnicas, jurídicas y éticas por las que se rechazan las cuentas de esos años, que se sometieron a votación hasta ahora, por la renuencia del PAN desde la legislatura anterior.
El reciente informe de la Auditoría Superior es tan sólo la punta del iceberg, ya que audita apenas el 5 por ciento de las cuentas y arroja suficientes datos para demostrar que Vicente Fox fue un administrador inepto y corrupto. Existe una larga serie de irregularidades cometidas por servidores públicos de diversas entidades públicas, pero las "anomalías" se concentran en las secretarías de Energía, Comunicaciones y Transportes, y desde luego Hacienda y Crédito Público. Las "irregularidades" gozan de total impunidad y aún hoy luego de varios años de transcurridas no se han podido solventar en su totalidad. Tampoco se han concluido los procesos punitivos a los servidores públicos involucrados y las irregularidades probadas ya prescribieron o bien lo harán en breve.
En los informes del resultado correspondiente a dos cuentas públicas, se consignan 6 mil 837 acciones emprendidas por la Auditoría Superior, pero la Auditoría Superior de la Federación no puede sino hacer observaciones, formular recomendaciones y, en todo caso, promover que intervenga la Secretaría de la Función Pública para fincar responsabilidades administrativas, o presentar denuncias al Ministerio Público.
El problema es que ambas instancias son en los hechos tapaderas de los actos de corrupción del gobierno, pues en el gobierno federal, pero también en los estados, los nombramientos de los titulares de ambas dependencias son realizadas por el Ejecutivo y los encargados de castigar los actos ilícitos de los gobiernos son empleados de aquellos a quienes se supone vigilarán.
Hemos propuesto, en distintos momentos, mecanismos para enfrentar esos nichos de impunidad, diversas reformas que ayudarían a resolver este problema. Estas dos instancias primordiales para cualquier gobierno, la Procuraduría y la Contraloría, que tienen un papel central en el ejercicio del gasto del gobierno, no deben ser designadas por el titular del Ejecutivo, presidente, gobernador o presidente municipal, pues para cumplir cabalmente con sus funciones no debería existir ningún tipo de subordinación al Ejecutivo. Distintas propuestas se han presentado para ello: podrían ser designados por la segunda fuerza política del ámbito que se trate; también podrían ser nombrados por otro poder, como el Legislativo, o dado los alarmantes niveles de corrupción incluso podrían ser electos por la propia ciudadanía. Lo importante es diseñar un modelo alternativo para combatir la corrupción e impunidad imperante en el país.
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