La exclusión ideológica es una política oficial de EEUU
El gobierno usa La Ley Patriota para prohibir la entrada de extranjeros que critican las políticas de Washington Eva Golinger (29-05-2009)
Revisado para Rebelión por Caty R.
MAIL DE CONNY A.
A su llegada a Venezuela para participar en una conferencia de la derecha latinoamericana patrocinada por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE), entidad ultraconservadora financiada por el Departamento de Estado de EEUU a través de la USAID y la NED, el escritor peruano y político derechista Mario Vargas Llosa declaró que “en cualquier país donde hay libertad existe el derecho al libre pensamiento”, afirmando además que él podría “hacer declaraciones políticas contra el gobierno de Venezuela libremente” estando en Venezuela. Tal vez sea así en Venezuela, donde existe una amplia democracia participativa y una libertad de expresión casi absoluta, evidenciada por la constante agresión y manipulación de los medios de comunicación privados y los dirigentes de la oposición contra la información veraz. Pero en países que supuestamente representan “la auténtica democracia” y la “esencia de la libertad”, como Estados Unidos, ese derecho que tanto valora el Sr. Vargas Llosa, no existe.
En Estados Unidos, existe una ley que se implementó primero en 1952, conocida como la Ley McCarren-Walter o Ley sobre Inmigración y Nacionalidades de 1952, codificada en el título ocho del Código de Estados Unidos. Esta ley restringió la emigración a Estados Unidos e impuso una serie de limitaciones sobre la cantidad de inmigrantes de ciertos países que podían entrar al territorio estadounidense. Adicionalmente, la Ley McCarren-Walter incluyó una cláusula que prohibía la entrada a Estados Unidos de “potenciales subversivos” y autorizaba la deportación de inmigrantes o ciudadanos naturalizados involucrados en “actividades subversivas”. La ley se utilizó durante más de treinta años para excluir a miembros y antiguos miembros del Partido Comunista de Estados Unidos y para prohibir la entrada de cualquier persona que expresase una visión política alternativa al capitalismo estadounidense. A notables artistas e intelectuales se les denegó la entrada a Estados Unidos, exclusivamente por razones ideológicas, a lo largo de los años, incluidos el gran escritor colombiano Gabriel García Márquez, el novelista argentino Julio Cortázar, el poeta chileno Pablo Neruda, el académico uruguayo Ángel Rama, el filósofo francés Michel Foucault, el poeta palestino Mahmoud Darwish, el autor inglés Graham Greene, el mexicano Carlos Fuentes, los autores Doris Lessing de Inglaterra, Dennis Brutus de Suráfrica, Farley Mowat de Canadá, Kobo Abe de Japón, Jan Myrdal de Suecia y Pierre Trudeau de Canadá, quien luego fue Primer Ministro.
En 1990, al final de la Guerra Fría, la sección ideológica de la Ley McCarren-Walter se retiró. Sin embargo, en 2001, el Congreso de Estados Unidos volvió a autorizar la exclusión ideológica como política oficial con la aprobación de la Ley Patriota. La Sección 411(a)(1)(A)(iii) de la Ley Patriota USA, permite que el gobierno niegue la entrada a Estados Unidos de cualquier individuo que “haya utilizado su posición de prestigio en cualquier país para endosar o promover actividades terroristas o persuadir a otros para apoyar actividades terroristas u organizaciones terroristas, de cualquier manera que el Secretario de Estado haya determinado que socava los esfuerzos de Estados Unidos para reducir o eliminar actividades terroristas.” La Sección 411 se ha utilizado desde entonces para revocar visas de prominentes académicos críticos con la política exterior estadounidense, como el intelectual musulmán Tariq Ramadan, quien fue invitado por la Universidad de Notre Dame para trabajar como profesor en dicha institución en el año 2004. En ese caso, el gobierno de George W. Bush declaró que Ramadan, un conocido académico suizo de origen palestino, había apoyado económicamente a una organización sospechosa de tener conexiones terroristas. Hay que señalar que Ramadan había visitado Estados Unidos más de 24 veces durante los tres años anteriores, dando conferencias en las universidades de Harvard, Princeton, Dartmouth y hasta en el Departamento de Estado.
Otros casos de conocidos intelectuales excluidos de Estados Unidos por razones ideológicas durante los últimos años incluyen a la profesora nicaragüense Dora María Téllez, quien había recibido una oferta para trabajar en la distinguida universidad de Harvard y se le negó una visa para entrar al país. Téllez fue funcionaria pública durante el primer gobierno sandinista de Nicaragua en los años ochenta. También a un grupo de 61 académicos cubanos se les denegó la entrada a Estados Unidos en octubre 2004 para participar en una conferencia sobre estudios latinoamericanos en Las Vegas. Y más recientemente, a principios de 2009, el escritor colombiano Hernando Calvo Ospina se enteró de que lo habían incluido en la famosa lista “No-Fly” (no volar) de Estados Unidos, cuando se encontraba en un vuelo de Air France que iba de París a Nicaragua y que se vio obligado a hacer una escala de emergencia. El aeropuerto más cercano estaba en territorio estadounidense, pero la escala urgente se denegó debido a la presencia de Calvo Ospina, clasificado (sin su conocimiento) como una persona “excluida” de Estados Unidos, según la Sección 411 de la Ley Patriota. Calvo Ospina, colombiano residente en Francia, es un conocido crítico de la política exterior de Estados Unidos en América Latina y ha denunciado contundentemente en sus libros los vínculos entre Washington y los grupos terroristas de los cubanos exiliados en Miami.
Bajo esa ley, fueron detenidos y enjuiciados criminalmente dos empresarios de Brooklyn, Nueva York, por haber transmitido un canal de televisión del grupo libanés Hizbolá a través de su servicio de televisión por satélite. ¿Su crimen? La transmisión de material “anti estadounidense” y contra “los valores de Estados Unidos”. Globovisión, canal privado de televisión venezolano que ocupa el espectro radioeléctrico público, transmite programación de diferentes canales de televisión en América Latina, como RCN de Colombia y Todo Noticias de Argentina, que son abiertamente hostiles y agresivos contra el gobierno venezolano, sin ninguna restricción. Y el propio canal Globovisión transmite todos los días material que incita a la violencia en el país, manipula los hechos y provoca desestabilización, con plena libertad. Sin embargo, cuando las entidades del Estado encargadas de imponer la ley reclaman a la televisora privada por sus múltiples violaciones, los dueños y periodistas del canal gritan que se está violando la libertad de expresión. Siempre utilizan a Estados Unidos como ejemplo de esa “libertad” y, sin embargo, si existiera un canal que transmitiera material como el de Globovisión en EEUU se habría clausurado hace muchos años bajo las leyes de ese país.
Varios abogados y grupos que defienden los derechos humanos han protestado contra la Ley de Exclusión Ideológica en Estados Unidos, y hasta han presentado demandas legales contra el gobierno estadounidense por dicha ley. Pero los casos se han resuelto en los tribunales federales a favor del gobierno. Para el año 2009, dos de ellos estaban en proceso de apelación, sin un futuro muy optimista.
Desde la exclusión de reconocidos socialistas y comunistas a principios del siglo XX, y poco después la época del famoso “blacklisting” del senador Joseph McCarthy, hasta hoy, Estados Unidos siempre ha mantenido una política de exclusión ideológica. La élite política y económica no quiere que el público en general tenga acceso a voces críticas ni pensamiento alternativo. También por eso han mantenido el bloqueo contra Cuba durante cincuenta años.
Por lo tanto, que el Sr. Mario Vargas Llosa y sus compañeros de la extrema derecha reaccionaria disfruten de la libertad que gozamos en un país verdaderamente democrático, como es Venezuela. Porque cuando vuelvan a Estados Unidos u otros países similares, no podrán ejercer ese derecho sagrado del libre pensamiento con tanta plenitud. Nunca podrían entrar a Estados Unidos –su modelo de democracia– si no estuvieran de acuerdo con las políticas de Washington, y menos podrían entrar con el objetivo de participar en una conferencia con organizaciones involucrados en actividades criminales, como golpes de Estado, sabotajes económicos y acciones terroristas.
*Eva Golinger, estadounidense-venezolana, es Doctora en Derecho Internacional, escritora e investigadora, y autora de los libros El Código Chávez; Bush vs. Chávez: La Guerra de Washington Contra Venezuela; La Telaraña Imperial: Enciclopedia de Injerencia y Subversión; y La Mirada del Imperio Sobre el 4F: Los Documentos Desclasificados de Washington Sobre la Rebelión Militar del 4 de Febrero de 1992. Su contacto: evagolinger@gmail.com.
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