lajornada
A dos días de que se inició formalmente el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, ocho legisladoras, pertenecientes a los partidos Verde Ecologista de México, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y del Trabajo, solicitaron licencia por tiempo indefinido, sin exponer causas específicas, a efecto de que sus curules sean ocupadas por diputados suplentes, todos varones.
La pretensión de las diputadas –cuya renuncia reduciría la representación política de las mujeres en San Lázaro a 25 por ciento– generó severos cuestionamientos de los distintos grupos parlamentarios, a grado tal que el pleno de la Cámara de Diputados rechazó las solicitudes y las devolvió a la Junta de Coordinación Política.
El episodio resulta lamentable no sólo porque exhibe el empleo faccioso de las leyes en lo relativo a equidad de género, en este caso el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) –que estipula que de las candidaturas que presenten los partidos políticos a las elecciones al menos 40 por ciento debe ser para aspirantes de un mismo género–, sino también porque pone en relieve la incapacidad de las autoridades competentes para corregir tales vicios. Significativamente, apenas el pasado 10 de agosto el titular del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita, se felicitaba por el cumplimiento de las cuotas de género por parte de todos los partidos políticos en el proceso electoral del 5 de julio, habida cuenta de que, del total de candidatos y candidatas registrados, 43 por ciento habían sido mujeres. Hoy es claro que el requisito formal al que hizo alusión el funcionario pudo haberse cumplido, pero que ello no implicó satisfacer el propósito originario de la ley, que es justamente avanzar en la representación política de las mujeres y garantizar el pleno acceso de éstas a los espacios de toma de decisiones.
Por el contrario, las solicitudes de licencia comentadas dan cuenta de que, pese a las estipulaciones legales, en distintos círculos del poder político se mantiene un empeño por perpetuar, así sea a través de subterfugios, una estructura de dominio en esencia patriarcal, que a lo largo de la historia ha relegado a la población femenina a un plano secundario en prácticamente todos los ámbitos del ejercicio público.
Resulta lamentable que las diputadas Carolina García, María Ivette Ezeta, Laura Elena Ledezma, Kattia Garza, Yulma Rocha, Ana María Rojas, Olga Luz Espinoza y Anel Nava se hayan prestado a un ejercicio de simulación, y que hayan exhibido con ello un sometimiento inaceptable a sus contrapartes masculinas, un nulo interés por el electorado y, lo que es peor aún, una notable falta de ética y un marcado desprecio por la ley y su espíritu.
Ante el panorama descrito, reviste especial importancia que los órganos electorales y los propios partidos políticos promuevan más y mejores candados en las normativas vigentes, a efecto de garantizar el cumplimiento efectivo de las cuotas de género en las instancias legislativas y evitar la repetición de escenarios vergonzosos como el que tuvo lugar ayer en San Lázaro.
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La pretensión de las diputadas –cuya renuncia reduciría la representación política de las mujeres en San Lázaro a 25 por ciento– generó severos cuestionamientos de los distintos grupos parlamentarios, a grado tal que el pleno de la Cámara de Diputados rechazó las solicitudes y las devolvió a la Junta de Coordinación Política.
El episodio resulta lamentable no sólo porque exhibe el empleo faccioso de las leyes en lo relativo a equidad de género, en este caso el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) –que estipula que de las candidaturas que presenten los partidos políticos a las elecciones al menos 40 por ciento debe ser para aspirantes de un mismo género–, sino también porque pone en relieve la incapacidad de las autoridades competentes para corregir tales vicios. Significativamente, apenas el pasado 10 de agosto el titular del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita, se felicitaba por el cumplimiento de las cuotas de género por parte de todos los partidos políticos en el proceso electoral del 5 de julio, habida cuenta de que, del total de candidatos y candidatas registrados, 43 por ciento habían sido mujeres. Hoy es claro que el requisito formal al que hizo alusión el funcionario pudo haberse cumplido, pero que ello no implicó satisfacer el propósito originario de la ley, que es justamente avanzar en la representación política de las mujeres y garantizar el pleno acceso de éstas a los espacios de toma de decisiones.
Por el contrario, las solicitudes de licencia comentadas dan cuenta de que, pese a las estipulaciones legales, en distintos círculos del poder político se mantiene un empeño por perpetuar, así sea a través de subterfugios, una estructura de dominio en esencia patriarcal, que a lo largo de la historia ha relegado a la población femenina a un plano secundario en prácticamente todos los ámbitos del ejercicio público.
Resulta lamentable que las diputadas Carolina García, María Ivette Ezeta, Laura Elena Ledezma, Kattia Garza, Yulma Rocha, Ana María Rojas, Olga Luz Espinoza y Anel Nava se hayan prestado a un ejercicio de simulación, y que hayan exhibido con ello un sometimiento inaceptable a sus contrapartes masculinas, un nulo interés por el electorado y, lo que es peor aún, una notable falta de ética y un marcado desprecio por la ley y su espíritu.
Ante el panorama descrito, reviste especial importancia que los órganos electorales y los propios partidos políticos promuevan más y mejores candados en las normativas vigentes, a efecto de garantizar el cumplimiento efectivo de las cuotas de género en las instancias legislativas y evitar la repetición de escenarios vergonzosos como el que tuvo lugar ayer en San Lázaro.
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